Entre 2008 y 2015 la desigualdad en los ingresos disminuyó en promedio regional de un 0.5 a un 0.469 (índice de Gini), aunque enlenteciéndose la mejoría entre 2012 y 2015. En 2008, por cada moneda que conseguía un hogar del quinto más pobre, entraban casi 15 monedas en el quinto más rico de la sociedad. Los niveles actuales siguen siendo muy elevados, aunque la desproporción se redujo a “tan sólo” 12 veces. Venezuela, Uruguay y Argentina, en ese orden, presentan los menores índices de desigualdad (alrededor de 0.4). Guatemala, Colombia y Brasil van a la cabeza de la desigualdad (superior al 0.5).

El amesetamiento en los avances es congruente con los datos sobre pobreza e indigencia que refleja el Informe sobre el Progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ofrecido en la primera reunión de seguimiento efectuada en México, entre el 26 y el 28 de abril pasado. A inicios del milenio, había en la región 225 millones de pobres (44 por ciento) con casi 100 millones de indigentes (19,3 por ciento). Esta cifra cayó a 29 y 12 por ciento, respectivamente, lo que implica que al menos 50 millones de personas salieron de la pobreza y 25 millones de la indigencia. Sin embargo, desde 2012 se observa el estancamiento de esta mejoría, incluso comenzando a subir tanto el número de gente pobre como el de indigentes hacia finales de ciclo.

Los avances fueron impulsados por una mejoría relativa de los ingresos laborales de los sectores de menores ingresos, gracias a un aumento en la formalización del empleo y el aumento real de los salarios mínimos en varios países y el incremento de las transferencias monetarias hacia los estratos de menores ingresos (jubilaciones, subvenciones y programas de apoyo directo). Es decir, un conjunto de políticas activas de redistribución de ingresos que realzan el aporte efectivo de varios gobiernos de la región y la inacción, indiferencia o ineficacia de otros. Esto se refleja con claridad la inversión social que creció en promedio en la región aproximadamente un 30 por ciento entre 2000 y 2015, llegando a ser de un 14,5 del PIB, rubro en el que destacan positivamente Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, con más del 20 por ciento del PIB.

Pobreza

En 2014, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres, había 118 mujeres en esa situación. Los motivos son básicamente dos: el tiempo total de trabajo de las mujeres incluye muchas más horas dedicadas al trabajo doméstico y a cuidados no remunerados. Por otra parte, sus salarios son peores, a pesar de tener mayor cualificación educativa. Esto conlleva además una limitación en la autonomía financiera de la mujer, implicando una mayor dependencia.

La condición étnico-racial es otro factor de desigualdad estructural. En la región viven unas 130 millones de personas afrodescendientes (2015) y 48 millones pertenecientes a pueblos indígenas. O sea, una de cada cuatro personas es indígena o afrodescendiente.

Ambos grupos de la población son proporcionalmente más numerosos en el estrato más pobre y sufren desigualdades profundas en todas las áreas del desarrollo social, expresándose en mayores tasas de mortalidad infantil y materna, de embarazo adolescente, de desempleo y en menores ingresos laborales. Algo similar ocurre con los habitantes de áreas rurales y en las periferias urbanas, “donde se concentran los pobres y se acumulan las carencias”

Con respecto a la evolución a lo largo del ciclo vital, el 63 por ciento de los niños de América Latina y el Caribe –casi dos tercios del total– y 45 por ciento de los jóvenes son pobres, y un tercio de estos pobres, indigentes (2014). Muchos no tienen condiciones mínimas que les permitan completar el ciclo escolar y eso implica, en adelante, menores remuneraciones, menores jubilaciones, es decir, menores posibilidades durante toda su vida. En el área rural, la situación es aún peor, duplicándose la cifra de adolescentes que no asisten a la escuela secundaria.

O sea, la pobreza en América Latina tiene cara de mujer, rasgos indígenas o piel negra, vive en el campo o en los suburbios y además, si es niño o joven, la desigualdad lo perseguirá durante toda la vida.

Libreto

Para contrarrestar el flagelo de la desigualdad, recomienda la Cepal “políticas públicas que deben garantizar la titularidad de derechos, se debe reconocer y potenciar el trabajo productivo y de calidad como la llave de la igualdad y como instrumento por excelencia en la construcción del bienestar, y universalizar la protección social a lo largo del ciclo de la vida (la infancia y adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez), con una mirada sensible a las diferencias (Cepal, 2017)”.

En distintos informes se habla de la estrecha relación entre acceso a educación de calidad, mejoramiento de la situación sanitaria y de vivienda, acceso a la tecnología y otras condiciones para la consecución de empleo de mejor calidad, todo lo cual refiere a las mencionadas “políticas activas”. Aquí es donde aparece el Estado como único garante de principios, que deben dejar de ser aspiraciones y convertirse en derecho exigible.

Pero aún desde el esquema habitual de relativización de derechos que rige las prácticas sociales actuales, para que el Estado pueda hacer efectivas (y no declamativas) políticas activas de inclusión social, son evidentes dos condiciones mínimas: que el gestor (gobierno) tenga nítidas intenciones en ese sentido y que cuente con fondos para efectuar la tarea.

Las dificultades del primer término de la ecuación no son desconocidas para la Cepal. En un documento señala “la tensión permanente de sistemas políticos donde los sectores más favorecidos, generalmente asociados a actividades rentistas, usan la concentración del ingreso y el poder económico para mantener sus privilegios”. El tan mentado “giro a la derecha” en algunos países de la región es tan sólo expresión de esa reacción conservadora.

Paraísos fiscales

Con respecto a lo segundo, basta constatar la actividad ilegal que desarrollan los sectores opulentos para impedir todo avance de los sectores más oprimidos de la sociedad. Una de las principales herramientas es la subversión fiscal. O sea la evasión. Unos 700.000 millones de dólares que están en paraísos fiscales pertenecen a personas de América Latina, lo que a su vez representa el 22 por ciento de la riqueza financiera total de la región, y que la mayor parte de este monto (alrededor del 80 por ciento en promedio) no ha sido declarada a las respectivas administraciones tributarias.

Por otra parte, existen las maniobras dolosas de las empresas multinacionales, que sobrefacturan gastos e importaciones y subfacturan ventas y exportaciones. Unos 765.000 millones de dólares no han sido declarados entre 2004 y 2013, conspirando de esta manera contra las posibilidades de acción solidaria de los estados. Estas empresas manejan además gran parte de los medios y por ende, tienen una enorme influencia en la opinión pública, a través de la cual se “deciden” los gobiernos.

¿Cómo seguir entonces aquellas recomendaciones si apenas un Estado comienza a favorecer a los vulnerables se encuentra con la tremenda reacción de los sectores del poder? ¿Cómo pensar en mejores empleos, si las principales corporaciones planifican para la economía mundial un horizonte de simbiosis de alta tecnología en la producción? En conjunto con las ya abultadas dosis de economía especulativa, todo ello atenta contra la posibilidad de ingreso formalizado y suficiente. Aún si se piensa en servicios, la intención empresarial apunta a reducir costos, lo cual se traduce en reducción de cantidad de personas empleadas o de salarios. Nada hace pensar que ese modo antihumano de funcionar la economía varíe, de no mediar algún cambio sustancial.

Concentración

Hablar con propiedad es hablar de la propiedad. Y hablar de la propiedad es hablar de violencia económica. Es hablar, en general, de actividad delictiva. Calificar a la concentración de riqueza como delito no es tan sólo una alusión a su inmoralidad, aunque dicha actitud antisocial deba ser repudiada sin ambages en el campo valórico. Puede constatarse sin mayor dificultad cómo en la génesis misma y en el transcurso del proceso de acumulación de riqueza, se verifican numerosos delitos tipificados en los códigos civiles y penales vigentes. El dolo, el hurto, el robo, el fraude, la apropiación indebida, el plagio, la competencia desleal, la extorsión, la cartelización, la evasión y elusión fiscal son moneda corriente en la práctica de los grandes conglomerados empresariales. La corrupción que tanto irrita a la prensa dependiente tiene su origen en las empresas, no “en la política”. Corromper mediante dádiva, coima, prestaciones o apoyo electoral es para las empresas una práctica ordinaria que facilita “los buenos negocios”.

En cuanto a la dirección de los procesos humanos, los pueblos sólo pueden contar consigo mismos. Deben movilizarse y organizarse. La paradoja de estatalización –dependencia excesiva de una gestión– y movilización popular puede ser resuelta convirtiendo a lo político en cuestión existencial. Ya no simplemente relativa a la primaria subsistencia –la cual ciertamente está en riesgo–, sino en un sentido de cualidad ampliada, la de la existencia humana, relacionada con la posibilidad de crear y decidir, lo cual aparece hoy alejado de las expectativas y posibilidades de gran parte de la humanidad.

En términos sociales, los conjuntos organizados podrán así garantizarse una renta universal y avanzar por las vías del empleo cooperativo, es decir el autoempleo colectivo como factor primario de la producción y la economía.

Para que esto sea posible, necesitamos una ola de alfabetización transformadora. Para aprender a defendernos de la manipulación de los poderosos y de la naturalización de situaciones oprobiosas y evitables. Aprender que sólo habrá progreso si es de todos y para todos.

* Investigador perteneciente al Centro Mundial de Estudios Humanistas.

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