El problema radica en quiénes están detrás, quiénes se benefician": El senador Iván Cepeda analiza los asesinatos de líderes sociales en Colombia
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La pregunta surge conforme avanzan las cifras de líderes sociales y excombatientes asesinados en Colombia: ¿por qué aumentan las víctimas, incluso en la cuarentena decretada como medida preventiva ante la crisis generada por el coronavirus?
El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registra en lo que va de año 138 líderes y defensores de los derechos humanos asesinados, al igual que 35 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
Estos homicidios, focalizados en algunas regiones, habitualmente son presentados por los medios de comunicación como consecuencia de la disputa de organizaciones criminales, narcotraficantes y grupos residuales de la guerrilla por el control del territorio. Sin embargo, una mirada más profunda podría arrojar otras razones.
Para analizar este repunte de violencia, RT ha entrevistado al senador colombiano Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos, fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y facilitador del proceso de conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC.
RT: ¿Cuáles son los factores que pueden afectar el aumento de asesinatos de líderes sociales y excombatientes durante el confinamiento por el coronavirus?
I.C.: La Fundación Ideas para la Paz recoge en un informe que los asesinatos de líderes sociales aumentaron 53 % entre enero y abril. En esto hay que examinar las dinámicas de las regiones porque el asesinato de líderes sociales se concentra en pocas zonas del país, que son extensas pero muy focalizadas. En el Cauca hemos tenido un recrudecimiento de la violencia, allí hay una situación muy grave que tiene que ver con la lucha por la tierra y la violencia contra los pueblos indígenas, que está relacionada también con la lucha de control territorial de grupos armados que han llegado ahí y tiene que ver con las relaciones que tienen las fuerzas militares y de policía con el narcotráfico y minería ilegal. Algo similar pasa en el Catatumbo (Norte de Santander) y en el Bajo Cauca (Antioquia).
Protesta en contra del asesinato de líderes sociales en Bogotá, Colombia el 26 de julio de 2019.Luisa Gonzalez / Reuters
La acción de estos grupos ocurre en zonas en las que no hay mecanismos que permitan generar una visibilidad y un control social, lo que hace que se recrudezca. Se está aprovechando la pandemia para golpear organizaciones comunitarias, a los líderes sociales, sin que se produzca una reacción de la opinión pública, de los medios de comunicación y, por supuesto, sin una acción estatal.
RT: Si organismos internacionales como la ONU le han pedido reiteradamente al Gobierno garantizar la seguridad de los luchadores sociales, ¿por qué pareciera no haber respuesta?
I.C.: Uno de los conceptos más claros lo dio el relator especial de la ONU para los derechos humanos, Michel Forst, que dijo que Colombia es el país más peligroso en el mundo para los defensores de derechos humanos. Ahora, habiendo tanta recomendación, ¿por qué no hay una reacción? Porque hay que entender de qué fenómeno estamos hablando. El Gobierno ha planteado la tesis de que la muerte violenta de los líderes sociales obedece al narcotráfico, con lo cual se ocultan varias realidades: una lucha intensa por la tierra, la verdad de las víctimas y las responsabilidades.
Si uno profundiza, encuentra que detrás del asesinato de líderes que tienen que ver con los problemas de tierra, están los terratenientes
El propio problema del narcotráfico, en la versión del Gobierno, sigue siendo presentado como la existencia de unos carteles, de unas organizaciones criminales pero sin focalizar el problema: el narcotráfico no puede existir en Colombia y en el mundo sin un cierto nivel de connivencia con el Estado.
Es inexplicable que en las zonas más militarizadas del país, sea donde florezca el narcotráfico. Eso tiene que ver con un profundo fenómeno de descomposición de la Fuerza Armada y de la Policía. Es muy difícil que pueda haber una acción contra quienes están asesinando a los líderes sociales, si políticos y fuerzas militares, que son los encargados de garantizar desde el Estado esa protección, están de alguna manera involucrados, bien sea directamente con los crímenes o con la omisión de hacer algo para contrarrestarlos.
Soldados patrullan las calles de Tibú, en el Catatumbo, departamento del Norte Santander en Colombia, el 27 de abril de 2018.John Vizcaino / AFP
RT: ¿Esos grupos perciben que hay complicidad del Estado?
I.C.: Hay complicidad, en algunos casos hay alianzas con unos grupos para golpear otros, y hay utilización de los servicios criminales de esos grupos. Se nos está diciendo que hay grandes avances en investigaciones, que supuestamente un número muy significativo de estos asesinatos están en vías de establecerse en la Fiscalía pero nadie responde la pregunta de quién es el que encarga a esos grupos, que son realmente ejecutores materiales la comisión de estos hechos criminales. Si uno profundiza, encuentra que detrás del asesinato de líderes que tienen que ver con los problemas de tierra, están los terratenientes; detrás de los que han sido asesinados por sus denuncias contra la corrupción, uno encuentra a los políticos o a los propios militares.
RT: ¿El Estado ha fallado con su compromiso de cumplir con lo establecido en los acuerdos?
I.C.: El primer punto está incumplido en su totalidad, el que tiene que ver con la reforma rural, no hay ningún cumplimiento serio del acuerdo de reforma política y el cumplimiento del enfoque social del problema del narcotráfico es también muy reducido.
El problema es que hay un sector que no quiere que se rompa el pico de la violencia
Reacción después de la firma de un acuerdo de paz final en La Habana, Cuba, 24 de agosto de 2016.Alexandre Meneghini / Reuters
RT: ¿Hay una percepción de impunidad en Colombia?
I.C.: Por supuesto. No basta con que haya la captura o la investigación de algunos autores materiales, y con que periódicamente se presente como un gran logro el haber golpeado de alguna manera a mandos de segundo nivel de estas organizaciones. Aquí el problema radica en quiénes están detrás, quiénes soportan las estructuras, quiénes se benefician en el plano político y económico de todo este negocio y de toda esta situación. Si se profundiza, es inevitable llegar a los clanes políticos, a las estructuras corruptas dentro de las fuerzas militares y de Policía, a los sectores económicos.
RT: ¿Sin Justicia puede haber paz?
I.C.: No. Como decía el defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez (asesinado en Medellín por grupos paramilitares en 1987): 'Sin Justicia no puede, ni debe, haber paz', porque efectivamente la paz no puede construirse si no hay un mínimo nivel de esclarecimiento, de rendición de cuentas, de responsabilidades.
RT: Viendo la paz como un acuerdo entre dos partes, pareciera que solo una de las partes es la interesada.
I.C.: Más allá de eso, el problema es que hay un sector que no quiere que se rompa el pico de la violencia. Se ha dicho que no es cierto que en Colombia hay enemigos de la paz, que es una manera de polarizar la situación pero no, lo que nos ha demostrado una y otra vez la tozuda realidad es que sí hay un sector que no quiere la paz, por lo menos que no quiere los cambios que podrían significar la paz.
RT: En un reciente registro de Indepaz, se incluyen los asesinatos de familiares de los líderes sociales. ¿La violencia va incrementando su radio de acción?
I.C.: En la violencia colombiana, que ha sido tan larga, hay una vertiente: cuando no se puede debilitar a las personas, a las organizaciones, se apela a amenazar a sus familias, a buscar que se quiebren moralmente y es posible que en esta etapa se esté recurriendo a eso. Una cosa es cuando uno sufre las amenazas y la persecución, y otra es cuando sobre los seres que uno quiere. Es una estrategia perversa.
El proceso de paz nos ha permitido mostrar algunas realidades que antes eran absolutamente imperceptibles
Hemos visto esto con relación a los exguerrilleros. A muchos de ellos se les ha ido asesinando porque no han transigido en volver a las armas, entonces ahora puede ser que en esa nueva modalidad se ejerce una presión sobre las familias y hay fenómenos de venganza.
Son presiones de todo tipo, permanentes, cuando se habla de lo que significa el proceso de paz hay que entender muy bien para hacer un balance serio de ese tipo de factores.
RT: ¿Considera que la situación que atraviesa Colombia ha sido poco difundida?
I.C.: Hemos avanzado considerablemente en ese campo. El proceso de paz nos ha permitido mostrar algunas realidades que antes eran absolutamente imperceptibles. Hemos pasado de la imagen de Colombia, de una democracia estable, respetable, a una comprensión más crítica, pero por supuesto sigue habiendo un nivel de complejidad para entender lo que pasa. Hay que entrar a mirar al fondo, a ver qué hay detrás de la apariencia de las noticias, de la fachada que se presenta. El problema es que el ser considerados una democracia, hace que se caiga fácilmente en el engaño de creer que ese sistema democrático es eficaz, que tiene la condición de garantizar los derechos de la gente. Ahí hay esa especie de esquizofrenia colombiana y también la realidad. Debe hacerse un trabajo explicativo muy serio para que la opinión internacional pueda captar lo que está ocurriendo.
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