La secretaría general de Interpol propuso en 2008 la formación de una Comité Jurídico Mixto argentino-iraní “que pudiera resolver las ambigüedades y malos entendidos que rodean la instrucción de la causa. Tal Comité podría trazar una hoja de ruta o acordar un Memorándum de Entendimiento para avanzar en la resolución del caso”. La propuesta fue trasladada al fiscal Alberto Nisman quien contestó tres veces “que toda medida que implique cooperación que tenga por finalidad materializar y dar respuesta eficaz a los requerimientos, la recibe esta Unidad Fiscal con beneplácito y la encuentra altamente positiva”. La documentación demuestra que lo que para Nisman era altamente positivo no sólo se convirtió después en negativo sino incluso en un delito, pese a que el Memorandum del que se hablaba en ese diálogo con Irán y con Interpol se convirtió después en una ley votada por las dos cámaras del Congreso. El fiscal Gerardo Pollicita prepara a las apuradas y para meterlo en tiempos electorales el pedido de indagatoria para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman porque lo que Nisman vio como altamente positivo es calificado ahora como un encubrimiento y hasta un acto de traición a la patria. 

La secuencia documental empezó en febrero de 2008 cuando la Policía Federal, que es la sección argentina de Interpol, le informó al ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, de la existencia de una comunicación de Interpol. El 8 de febrero de 2008, con la firma del comisario Néstor Valleca, la Federal le señaló al ministro que la secretaría general de Interpol recibió una propuesta de Irán para iniciar un diálogo en el marco de la organización internacional de policía sobre la causa AMIA. En concreto lo que se propone es “discutir la cooperación de ambos países” en el expediente del atentado. 

A lo largo de los años, desde que la justicia argentina imputó a los ciudadanos iraníes por el atentado, Interpol buscó algún tipo de acercamiento. Es que se trata de un caso atípico. Interpol normalmente busca prófugos en causas de narcotráfico o de organización criminal. En esos casos los Estados no respaldan a los prófugos. En la causa AMIA existe –según Interpol– un conflicto entre dos Estados que son miembros y por eso la actitud siempre fue buscarle una solución negociada. 

Después que Aníbal Fernández recibió aquella primera nota de la Policía Federal, le trasladó la cuestión a quien estaba encargado de la investigación, el fiscal Nisman. La nota del entonces ministro tiene fecha del 20 de febrero de 2008. Nisman contestó a la notificación de Aníbal Fernández señalando que “que toda medida que implique futura cooperación la recibe la fiscalía con beneplácito y la encuentra altamente constructiva”. Firman la respuesta el propio Nisman y su secretario Fernando Scorpaniti. 

El 1º de abril de 2008 la gestión sale de la órbita policial y se afina la propuesta a través de una carta que el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino le envía a Nisman. La Cancillería transmite las precisiones a partir de un diálogo mantenido en Irán por la representación diplomática argentina en Teherán. 

En concreto lo que se propone es lo siguiente:

• Irán pregunta por la disponibilidad argentina para constituir “un Comité Mixto” de juristas.
• Ese Comité podría trazar una hoja de ruta o “acordar la firma de un Memorandum de Entendimiento” que podría avanzar concretamente en la resolución del caso. 

La nota está firmada por la directora de asistencia jurídica de la Cancillería, María Seoane de Chiodi. Además, se acompaña un texto del Encargado de Negocios de Argentina en Irán, Mario Quinteros, quien además detalla que las autoridades de Teherán proponen la visita del juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Nisman y la defensora oficial para que se avance en las tratativas. Quinteros menciona la idea de que Irán incluso estaría dispuesto a redactar un texto–borrador del eventual acuerdo. 

Nisman vuelve a contestar el 8 de abril de 2008 con un oficio muy similar al anterior. Toda iniciativa de cooperación es “recibida con beneplácito y resulta altamente constructiva”. No es que el fiscal pusiera alguna condición o sugiriera que no se puede negociar nada que no sea la presencia en la Argentina de los sospechosos o que no corresponde ninguna comisión mixta. Nisman y su secretario vuelven a contestar, por segunda vez, que es positiva la búsqueda de cooperación con Irán, aún cuando ya está claro que se habla de Memorándum y de Comisión Jurídica Mixta. El texto se adjunta a la causa y, además, se realiza una transcripción en forma de respuesta a la Cancillería. O sea, hay tres aceptaciones de Nisman respecto de avanzar en la cooperación con Irán para buscar algún camino e incluso firmar un Memorándum. 

Es público y notorio que los sucesivos cancilleres argentinos, por instrucciones de Néstor y Cristina Kirchner, siempre buscaron alternativas. La idea de hacer un juicio en un tercer país se barajó varias veces, incluso se mencionó a Marruecos como posible sede. La intención fue pública y replicaba lo ocurrido con el atentado de Lockerbie cuando el Reino Unido y Libia acordaron hacer el juicio a los dos supuestos terroristas en una base norteamericana en Holanda. En aquella oportunidad el mediador fue nada menos que Nelson Mandela. 

Después de firmado el Memorandum, en enero de 2013, el texto pasó por el juez, luego por la Cámara Federal, por el Congreso, después nuevamente por el juez Daniel Rafecas, otra vez la Cámara y luego la Casación lo declaró inconstitucional. En todo el proceso, ni siquiera los que se opusieron, los que votaron en contra ni los que declararon la inconstitucionalidad sostuvieron que podría tratarse de un delito. Y como se ve, hasta Nisman dio su visto bueno en 2008. 

Nueve años después, lo que prima es la alianza mediática-política-judicial, con sede en Comodoro Py, que no sólo tiene un eje electoral y, más allá de los comicios, busca desesperadamente una condena a la ex presidenta y al ex canciller. Sólo eso explica el pedido de indagatoria que prepara el fiscal.

raulkollmann@hotmail.com

La Cámara Federal puso en palabras lo que hace rato era evidente: la causa por presunto lavado de dinero que se abrió con el hallazgo de una cuenta con más de 600 mil dólares que el fallecido Alberto Nisman tenía en Estados Unidos a nombre de su hermana Sandra Nisman, su madre Sara Garfunkel y el técnico informático Diego Lagomarsino, está en la nada, tal como la dejó el fallecido juez Claudio Bonadio. Nisman sólo figuraba como apoderado, lo que en un comienzo había duplicado las sospechas de que podría haberla utilizado para mandar allí dinero que no podía explicar. Los camaristas Mariano Llorens y los reincorporados por un tiempo Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia señalaron en un recurso de otro de los imputados, el empresario Claudio Picón, que "a la luz de la demora que exhibe el trámite del presente legajo, se torna necesario instar al juez de la anterior instancia a arbitrar los medios necesarios para que se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita". 

En marzo de 2015, dos meses después de la muerte del fiscal, su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, sorprendió cuando se presentó a declarar ante la fiscal Viviana Fein e informó que Nisman y Lagomarsino --quien como es sabido es el dueño del arma de la que salió el disparo mortal-- tenían una cuenta en el banco Merrill Lynch de Nueva York. El dato, en rigor, venía de la hermana de Nisman, que quería acceder a la cuenta y no tenía la contraseña y en el banco le dijeron que la tenía Lagomarsino. A partir de esta situación se abrió una investigación en Comodoro Py, que en un comienzo estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Juan Pedro Zoni, luego deportado de los tribunales de Retiro por el procurador interino, Eduardo Casal. Según se pudo constatar entonces, la cuenta tuvo movimientos entre septiembre de 2012 y agosto de 2014 por lo menos. La AFIP reportó que no era una cuenta declarada. Algunas de las transferencias sospechosas que figuran son de una empresa en Hong Kong, Rodfa Limited, por 134 mil dólares, hay otra del financista Damián Stefanini por 150 mil dólares y el empresario Picón aparece con 72 mil dólares. Stefanini desapareció de la faz de la tierra tres meses antes de que Nisman apareciera muerto. Nunca se supo más nada de él.  

Tanto Sandra Nisman, como Garfunkel, Lagomarsino y Picón fueron imputados y llamados a indagatoria por el fiscal Zoni y el ex juez Canicoba Corral. El informático dijo que Nisman le había pedido que figurara su nombre, como una suerte de testaferro, porque él era una persona expuesta  y no podía por su cargo. Canicoba dijo públicamente que estaba convencido de la hipótesis del lavado y fue apartado de la causa por la Cámara Federal. Ahí fue cuando el caso pasó a manos de Bonadio, que dejó el expediente en el freezer. En la mayoría de los despachos de Comodoro Py hubo resistencias a avanzar con este expediente porque dejaba a la vista los posibles niveles de corrupción de Nisman, cuya muerte y figura fue utilizada para atacar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tal como fogoneaba el macrismo. Además, es factible que el dinero negro estuviera vinculado a organizaciones de la derecha de Estados Unidos y de Israel, interesados en financiar las acusaciones. De hecho, alguno de los movimientos de la cuenta en cuestión estarían vinculados a un banco israelí. 

Lo cierto es que la causa está en punto muerto, con la excusa de que hay recursos de los imputados pendientes de respuesta en la Corte Suprema. Pero además, hasta el juez actual, Marcelo Martínez de Giorgi, a comienzos de año y tras la muerte de Bonadio intentó mandar la causa al fuero penal económico, pero se la devolvieron. El único fiscal que avanzó fue Zoni. Luego lo sucedieron Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano y no hubo grandes movimientos. Además de la cuenta en Nueva York, en la causa también hay datos sobre otra cuenta en Uruguay y varias propiedades en ese país.   

Lo que resolvió la Cámara se desprende de una presentación de Picón, que figura como el dueño del auto de alta gama Audi que utilizaba Nisman. Picón reclama sus legajos del Registro Automotor de los vehículos de su empresa Palermopack SA. La Cámara decidió darle la razón y devolverle los papeles, en este fallo que destaca que en nada avanzó la investigación. Para hablar de la demora primero los camaristas aludieron al recurso de Picón: "Si bien pudo haber sido razonable requerir la documentación en cuestión en aquella oportunidad, el tiempo transcurrido desde la incorporación de los legajos al expediente, la ausencia de un concreto avance en el sentido de la hipótesis investigada, se presentan como factores suficientes para restar sustento al rechazo ahora cuestionado" (que venía de primera instancia). 

Cuando Zoni, cinco años atrás, pidió las indagatorias que quedaron en el aire, dijo que los imputados habían logrado "con su accionar que se introduzcan fondos de origen espurio en el circuito legal”. "Se ha logrado establecer --afirmaba-- la existencia de distintos bienes y fondos, que a pesar de aparecer vinculados a distintas personas que actuaran como testaferros, en realidad eran propiedad de Natalio Alberto Nisman”.