El virtual presidente electo de México declaró que esa decisión es una muestra de su política de austeridad.
El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al salir de una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el lunes 9 de julio de 2018.
Moises Castillo / AP
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Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, anunció este miércoles que cancelará el contrato de compra de los ocho helicópteros MH60R de combate, de la empresa Lockheed Martin, que el actual gobierno pretendía adquirir de Estados Unidos.
A pesar de que la venta de las aeronaves ya fue autorizado por la administración de Donald Trump, López Obrador dijo que la anulación del acuerdo es una muestra de la política de austeridad que pondrá en marcha cuando inicie su gobierno, ya que la adquisición representaría un gasto de 1.200 millones dólares.
En una conferencia de prensa, el político tabasqueño señaló: "Esa compra se va a cancelar porque no podemos hacer ese gasto", informó AP.
El Departamento de Estado estadounidense aprobó en abril pasado la venta de los ocho helicópteros de combate, que tendrían por objetivo combatir al crimen organizado y ayudarían a mejorar la seguridad del país vecino.
Las declaraciones de López Obrador ocurren a días de que se reúna en su casa de campaña, en la Ciudad de México, con el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, y el asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner.
Durante su campaña electoral, López Obrador criticó la compra de equipo militar, al tiempo que insistió en que la postura que se precisa no es la carrera armamentística sino la paz.
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmará a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, el respaldo de su Gobierno a la independencia y la autodeterminación de Cuba, en el marco de una visita de Estado que realizará el líder de la isla caribeña.
"Vamos a refrendar ese compromiso y esa tradición de nuestra política exterior, de respeto al pueblo cubano, a su independencia, a su derecho a la autodeterminación", dijo el gobernante mexicano en su conferencia de prensa cotidiana en el Palacio Nacional.
López Obrador afirmó que esos principios han sido las características de la política exterior mexicana.
"Es lo que establece nuestra Constitución, en el artículo 89, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias", agregó.
El presidente anunció que dialogará con su homólogo caribeño "sobre cooperación y desarrollo, como lo estamos haciendo con otros países, igual, para desarrollar a los dos países en lo que podamos considerar conveniente, en salud, educación en deporte, en varios campos".
Agregó que en el encuentro, que se realizará en el Palacio Nacional, sede del Gobierno mexicano, hablarán "en general de un programa a desarrollar en el corto y mediano plazo, no hay nada preciso, pero sí la voluntad de que haya cooperación para el desarrollo".
El líder de la izquierda nacionalista mexicana dijo que "es una visita importante, he tenido la dicha y la oportunidad de recibir a otros mandatarios de otros países, tomé la determinación de no salir del país, pero todos los que solicitan venir a México y entrevistarse con nosotros son bien recibidos".
La administración, que recién cumplió 10 meses, tiene "buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo, y en este caso, ha habido una relación histórica con Cuba, con el pueblo y Gobierno cubano", recordó.
López Obrador agregó que a lo largo del resto de este año tendrá otras visitas de presidentes.
Díaz-Canel acudió a la toma de posesión del mandatario mexicano el 1 de diciembre pasado, y representó a su país en la Cumbre Iberoamericana en el puerto de Veracruz en 2014, cuando era vicepresidente.
La más reciente visita de un líder cubano a México la realizó el expresidente Raúl Castro, en noviembre de 2015.
En agosto de 2017, el Banco Mexicano de Comercio Exterior y Banco de Cuba firmaron un acuerdo para ampliar la línea de crédito que financia exportaciones mexicanas a la isla.
Cuba es el tercer socio comercial de México en el Caribe, pero su comercio es magro y ronda los 350 millones de dólares.
Cámara de Diputados de México exige fin del bloqueo contra Cuba
Los diputados mexicano reiteraron que el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba le ha causado pérdidas económicas que ascienden a 138 mil 843,4 millones de dólares. Foto: Prensa Latina.
La Cámara de Diputados del Congreso de México exigió eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero que mantienen Estados Unidos contra Cuba.
La moción de dicho acuerdo fue presentada por la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en lo establecido en el articulado de la Ley Orgánica del Congreso y de conformidad con la posición del gobierno de México de rechazo a medidas unilaterales que contradicen el derecho internacional.
El texto aprobado señala que la Cámara de Diputados pide al Congreso de Estados Unidos que ponga fin al bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba y reitera que protegerá a las empresas mexicanas que decidan invertir en la isla.
Agrega que dicha disposición se toma en base a los principios de la política exterior de México que se sustenta en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales.
También en la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, además de la lucha por la paz y la seguridad internacional.
En sus consideraciones la Mesa, presidida por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández e integrada por los vice Dolores Padierna, Marco Antonio Adame, María Sauri Riancho y Karla Yuritzi Almazán, advirtió que el gobierno de Donald Trump ha revivido la amenaza del bloqueo a Cuba.
Según estimaciones, solo el recrudecimiento del bloqueo de abril de 2018 a marzo de 2019 representó un costo para la isla de cuatro mil 300 millones de dólares. Esto ha provocado severas afectaciones en los servicios de salud y de transporte.
Los diputados mexicanos denuncian que el sistema de salud cubano es de los más afectados al no poder el país acceder a medicamentos, reactivos, piezas de repuesto para equipos de diagnóstico, instrumental médico y otros insumos necesarios para la atención médica.
Se estima que las pérdidas económicas sufridas por Cuba a lo largo de seis décadas de bloqueo ascienden a 138 mil 843,4 millones de dólares a precios corrientes.
Estas pérdidas, añade, han lastrado el desarrollo económico y social cubano y, de continuar así, será imposible cumplir el compromiso de los países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas respecto a alcanzar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.
Denuncian que el presidente estadounidense implementó como medida de presión el Título III de la Ley Helms-Burton, que recrudece el bloqueo, y reiteraron que el gobierno mexicano rechaza las leyes unilaterales con carácter extraterritorial que violan las normas del derecho internacional.
López Obrador anuncia aumento de 20 % del salario mínimo en México para 2020, el mayor incremento en 44 años
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El presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, 10 de diciembre de 2019.Henry Romero / Reuters
El Gobierno de México anunció este lunes un importante incremento al salario mínimo, tras una negociación entre trabajadores y el sector empresarial.
Durante una reunión encabezada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo en el centro del país pasará de 102,68 a 123,22pesos al día (aproximadamente 6,51 dólares). Esto significa un aumento de alrededor de 20 % para 2020, en comparación al aumento registrado en 2019.
El aumento del salario mínimo en los estados de la zona de la frontera norte, que se duplicó hace un año, pasará de los 176,72 pesos diarios a los 185,56 pesos (9,79 dólares). Este anuncio, representa el segundo incremento significativo al sueldo tras la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Hoy anunciamos el aumento en un 20 % para 2020, el mayor en términos reales de los últimos 44 años", reza una publicación en la cuenta de la Presidencia del Gobierno de México en Twitter.
Para Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social, el anuncio salda una "deuda histórica" con las personas de menores recursos, al sacar de la pobreza laboral a 1,23 millones de mexicanos.
El lunes en la mañana, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y un opositor al actual Gobierno mexicano, reconoció que la negociación para aumentar los ingresos mínimos de los trabajadores era de carácter "histórico".
Impacto
En un análisis publicado en septiembre, la Conasami documentó que el aumento al salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) representó "efectos positivos y significativos" para los trabajadores, y negó que hubiera afectado en el desempleo o en una alza en la inflación.
"Se encontró un beneficio directo para la población trabajadora formal, elevando en 6,7 % el poder adquisitivo de su salario", señaló la Comisión. En el caso de los jóvenes, la Conasami documentó que el poder adquisitivo de su salario se incrementó en 9,2%.
El gobierno de López Obrador ha dejado de manifiesto que no solamente es un cambio de administración, sino que es un cambio de régimen. Eso incluye ir avanzando contra las peores prácticas neoliberales, separar el poder político del económico y que el Estado mexicano retome la rectoría sobre cuestiones medulares como la economía, la educación, la seguridad y la salud. En cuanto al tema de la salud, AMLO suele utilizar el lema de Wiston Churchill para garantizar este derecho que tiene cada ciudadano "desde la cuna hasta la tumba". Y solo hay una forma para lograr que esto no siga siendo letra muerta: garantizar su universalidad y gratuidad.
López Obrador suele utilizar el lema de Wiston Churchill para garantizar este derecho que tiene cada ciudadano "desde la cuna hasta la tumba". Y solo hay una forma para lograr que esto no siga siendo letra muerta: garantizar su universalidad y gratuidad.
Por supuesto que esto no es una tarea sencilla. Va a contrapelo de lo que sucede en los regímenes neoliberales. Hasta los mismos ingleses ven cómo su mayor orgullo nacional, el National Health Service (NHS), vive embates continuos de los conservadores, con Boris Johnson a la cabeza, tratando de desmantelarlo. La salud de los ciudadanos no es vista por la mayoría de los gobiernos como un derecho humano sino como un lucrativo negocio. Ni que hablar por las farmacéuticas y las aseguradoras médicas, que son conocidas mundialmente por su voracidad y ser capaces de poner de rodillas a gobiernos enteros para que se cumplan sus intereses económicos.
El primer paso era mostrar que esto podía ser diferente. Ante una crisis inducida de abasto antirretrovirales, varios médicos honestos propusieron un cambio de paradigma en el tratamiento VIH. Los doctores Gustavo Reyes Terán y Juan Sierra Madero, las máximas eminencias en el estudio del VIH, y Andrea González, titular de la Clínica Condesa, el lugar donde más enfermos de SIDA son atendidos en el país, de la mano con varios activistas, propusieron un nuevo tratamiento que terminaría con años de obsolescencia que tenía el vigente. Esto lo hicieron reiteradamente médicos e investigadores, pero nunca fueron escuchados por los intereses creados que prevalecían tanto en el gobierno como en la industria farmacéutica.
De aquí surgió lo que el gobierno llama la triple optimización de la salud pública, que consiste en los mejores tratamientos para el mayor número de gente, a través de una demanda consolidada que por el volumen permite también los mejores precios. Del tratamiento del VIH ya se pasó al de la Hepatitis C (donde se busca su erradicación para el 2030) y al de Hemofilia, con resultados muy exitosos En la mira están nuevos tratamientos para la diabetes, la hipertensión y la salud mental. Con la voluntad política y la honestidad se avanzó en la solución de problemas de décadas.
Pero los intereses creados no se iban a dar por vencidos. Farmacéuticas, médicos y funcionarios corruptos, que siguen incrustados en las estructuras, están dispuestos a defender lo que consideran que es suyo: las ganancias inmorales y nada moderadas a costa de la salud de los mexicanos. Aprovecharon que hay una escasez de ciertos medicamentos oncológicos a nivel mundial para provocar un desabasto inducido y tratar de que obligar al gobierno mexicano a regresar a los viejos esquemas y prácticas de corrupción en el sector salud. El chantaje y la desinformación hicieron su aparición, encontrando un caldo de cultivo en las demandas legítimas de padres de familia preocupados por los oncológicos de sus hijos.
Farmacéuticas, médicos y funcionarios corruptos, que siguen incrustados en las estructuras, están dispuestos a defender lo que consideran que es suyo: las ganancias inmorales y nada moderadas a costa de la salud de los mexicanos.
Afortunadamente, el gobierno de López Obrador ha mostrado decisión y mandó traer medicamentos de otras partes del mundo (como Francia) y abrir las puertas a las compañías internacionales que cumplan con los parámetros que demanda la Organización Mundial de Salud (OMS). No solo esto. El gobierno redobló su vocación social y propuso un ambicioso programa que pretende garantizar el derecho a la salud de manera gratuita y universal, en diciembre de este mismo año, a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).
El primer objetivo del INSABI es ofrecer salud universal a toda la gente que no cuenta con seguridad social. Estamos hablando de universo 70 millones de personas que son ampliamente vulnerables en materia de salud, además de carecer de pensiones. En el pasado estas personas contaban con el servicio del Seguro Popular que subrogaba los servicios a privados quienes solían concebir a la salud simplemente como un negocio y, por lo tanto, estaban alejados de la mejor atención y de los mejores tratamientos.
Además, carecía de universalidad porque a más de 20 millones de personas nunca se les brindó este derecho, y a los que tenían acceso se les limitó la atención a un restringido catálogo de enfermedades, así como solo a 20 % de los medicamentos aprobados por las autoridades del sector salud. Encima, tenían que pagar en promedio el 45 % del costo del tratamiento, lo que afectaba directamente el ingreso familiar. Todo esto profundizó la inequidad social en los sectores más vulnerables de la población que justamente debieran ser los más protegidos.
Para poder cumplir con el objetivo de universalidad, el INSABI se ha propuesto robustecer la Atención Primaria en Salud (APS), que no es otra cosa que el fortalecimiento de las clínicas familiares. Llegar a cientos de comunidades y personas, que fueron marginadas en el pasado, permitirá la detección oportuna de enfermedades crónicas que podrían salvar millones de vidas y disminuir costos de tratamientos. Se les dará trabajo de tiempo completo a más de 80.000 trabajadores que hoy son eventuales o están contratados en 'outsourcing', además de ofertar 70.000 vacantes para médicos, especialistas y enfermeras.
Se terminará la construcción de decenas de hospitales que fueron abandonados a la mitad del proceso. Para hacer esto, tan solo este año, el gobierno le destinará al INSABI para atender a la población carente de seguridad social alrededor de 8.500 millones de dólares contra 3.500 millones, que era lo que se le destinaba a su antecesor, el Seguro Popular. En total, el gasto de salud será de alrededor de 32.000 millones dólares este año, un aumento de más del 10 % respecto al año anterior.
Tan solo este año, el gobierno le destinará al INSABI para atender a la población carente de seguridad social alrededor de 8.500 millones de dólares contra 3.500 millones, que era lo que se le destinaba a su antecesor, el Seguro Popular.
El reto que queda por delante es monumental. En países como Japón, Alemania y Suecia destinaron más del 9 % de su PIB al gasto público en salud, mientras que el promedio de la OCDE, a la cual pertenece México, es de 6,6 %. México, en cambio, tuvo un promedio en la última década de solamente 2,7 %. El presidente López Obrador debería llegar al final de su sexenio a por lo menos el 4 %, si es que pretende garantizar el derecho de acceso universal y gratuito a la salud. No será nada fácil, pero al menos existe ya el faro guía que habrá de orientar y dirigir los esfuerzos de este sexenio. Antes, ni la intención había.
Derecho a la salud gratuita y universal: la cuesta monumental de López Obrado
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El gobierno de López Obrador ha dejado de manifiesto que no solamente es un cambio de administración, sino que es un cambio de régimen. Eso incluye ir avanzando contra las peores prácticas neoliberales, separar el poder político del económico y que el Estado mexicano retome la rectoría sobre cuestiones medulares como la economía, la educación, la seguridad y la salud. En cuanto al tema de la salud, AMLO suele utilizar el lema de Wiston Churchill para garantizar este derecho que tiene cada ciudadano "desde la cuna hasta la tumba". Y solo hay una forma para lograr que esto no siga siendo letra muerta: garantizar su universalidad y gratuidad.
López Obrador suele utilizar el lema de Wiston Churchill para garantizar este derecho que tiene cada ciudadano "desde la cuna hasta la tumba". Y solo hay una forma para lograr que esto no siga siendo letra muerta: garantizar su universalidad y gratuidad.
Por supuesto que esto no es una tarea sencilla. Va a contrapelo de lo que sucede en los regímenes neoliberales. Hasta los mismos ingleses ven cómo su mayor orgullo nacional, el National Health Service (NHS), vive embates continuos de los conservadores, con Boris Johnson a la cabeza, tratando de desmantelarlo. La salud de los ciudadanos no es vista por la mayoría de los gobiernos como un derecho humano sino como un lucrativo negocio. Ni que hablar por las farmacéuticas y las aseguradoras médicas, que son conocidas mundialmente por su voracidad y ser capaces de poner de rodillas a gobiernos enteros para que se cumplan sus intereses económicos.
El primer paso era mostrar que esto podía ser diferente. Ante una crisis inducida de abasto antirretrovirales, varios médicos honestos propusieron un cambio de paradigma en el tratamiento VIH. Los doctores Gustavo Reyes Terán y Juan Sierra Madero, las máximas eminencias en el estudio del VIH, y Andrea González, titular de la Clínica Condesa, el lugar donde más enfermos de SIDA son atendidos en el país, de la mano con varios activistas, propusieron un nuevo tratamiento que terminaría con años de obsolescencia que tenía el vigente. Esto lo hicieron reiteradamente médicos e investigadores, pero nunca fueron escuchados por los intereses creados que prevalecían tanto en el gobierno como en la industria farmacéutica.
De aquí surgió lo que el gobierno llama la triple optimización de la salud gente, a través de una demanda consolidada que por el volumen permite también los mejores precios. Del tratamiento del VIH ya se pasó al de la Hepatitis C (donde se busca su erradicación para el 2030) y al de Hemofilia, con resultados muy exitosos En la mira están nuevos tratamientos para la diabetes, la hipertensión y la salud mental. Con la voluntad política y la honestidad se avanzó en la solución de problemas de décadas.
Pero los intereses creados no se iban a dar por vencidos. Farmacéuticas, médicos y funcionarios corruptos, que siguen incrustados en las estructuras, están dispuestos a defender lo que consideran que es suyo: las ganancias inmorales y nada moderadas a costa de la salud de los mexicanos. Aprovecharon que hay una escasez de ciertos medicamentos oncológicos a nivel mundial para provocar un desabasto inducido y tratar de que obligar al gobierno mexicano a regresar a los viejos esquemas y prácticas de corrupción en el sector salud. El chantaje y la desinformación hicieron su aparición, encontrando un caldo de cultivo en las demandas legítimas de padres de familia preocupados por los oncológicos de sus hijos.
Farmacéuticas, médicos y funcionarios corruptos, que siguen incrustados en las estructuras, están dispuestos a defender lo que consideran que es suyo: las ganancias inmorales y nada moderadas a costa de la salud de los mexicanos.
Afortunadamente, el gobierno de López Obrador ha mostrado decisión y mandó traer medicamentos de otras partes del mundo (como Francia) y abrir las puertas a las compañías internacionales que cumplan con los parámetros que demanda la Organización Mundial de Salud (OMS). No solo esto. El gobierno redobló su vocación social y propuso un ambicioso programa que pretende garantizar el derecho a la salud de manera gratuita y universal, en diciembre de este mismo año, a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).
El primer objetivo del INSABI es ofrecer salud universal a toda la gente que no cuenta con seguridad social. Estamos hablando de universo 70 millones de personas que son ampliamente vulnerables en materia de salud, además de carecer de pensiones. En el pasado estas personas contaban con el servicio del Seguro Popular que subrogaba los servicios a privados quienes solían concebir a la salud simplemente como un negocio y, por lo tanto, estaban alejados de la mejor atención y de los mejores tratamientos.
Además, carecía de universalidad porque a más de 20 millones de personas nunca se les brindó este derecho, y a los que tenían acceso se les limitó la atención a un restringido catálogo de enfermedades, así como solo a 20 % de los medicamentos aprobados por las autoridades del sector salud. Encima, tenían que pagar en promedio el 45 % del costo del tratamiento, lo que afectaba directamente el ingreso familiar. Todo esto profundizó la inequidad social en los sectores más vulnerables de la población que justamente debieran ser los más protegidos.
Para poder cumplir con el objetivo de universalidad, el INSABI se ha propuesto robustecer la Atención Primaria en Salud (APS), que no es otra cosa que el fortalecimiento de las clínicas familiares. Llegar a cientos de comunidades y personas, que fueron marginadas en el pasado, permitirá la detección oportuna de enfermedades crónicas que podrían salvar millones de vidas y disminuir costos de tratamientos. Se les dará trabajo de tiempo completo a más de 80.000 trabajadores que hoy son eventuales o están contratados en 'outsourcing', además de ofertar 70.000 vacantes para médicos, especialistas y enfermeras.
Se terminará la construcción de decenas de hospitales que fueron abandonados a la mitad del proceso. Para hacer esto, tan solo este año, el gobierno le destinará al INSABI para atender a la población carente de seguridad social alrededor de 8.500 millones de dólares contra 3.500 millones, que era lo que se le destinaba a su antecesor, el Seguro Popular. En total, el gasto de salud será de alrededor de 32.000 millones dólares este año, un aumento de más del 10 % respecto al año anterior.
Tan solo este año, el gobierno le destinará al INSABI para atender a la población carente de seguridad social alrededor de 8.500 millones de dólares contra 3.500 millones, que era lo que se le destinaba a su antecesor, el Seguro Popular.
El reto que queda por delante es monumental. En países como Japón, Alemania y Suecia destinaron más del 9 % de su PIB al gasto público en salud, mientras que el promedio de la OCDE, a la cual pertenece México, es de 6,6 %. México, en cambio, tuvo un promedio en la última década de solamente 2,7 %. El presidente López Obrador debería llegar al final de su sexenio a por lo menos el 4 %, si es que pretende garantizar el derecho de acceso universal y gratuito a la salud. No será nada fácil, pero al menos existe ya el faro guía que habrá de orientar y dirigir los esfuerzos de este sexenio. Antes, ni la intención había.
Pero a pesar de la innovadora impronta social que distinguía a la Constitución mexicana, no se establecieron los mecanismos suficientes para hacer realidad estos propósitos. Eran más un faro guía de lo que la generación revolucionaria anhelaba construir para el futuro. Es hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas que se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia (1938), y mucho tiempo después el Instituto Mexicano del Seguro Social (I943) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (1955).
Estas medidas, aunque positivas en un principio, crearon una diferenciación en la seguridad social de los individuos dependiendo de si se gozaba con un trabajo formal o no. En las primeras décadas del periodo posrevolucionario había más de 90 % de trabajadores informales. En la actualidad todavía son más de un 60 % de trabajadores que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, como acceso a la salud, prestaciones laborales y pensiones. Durante más de un siglo, la gran mayoría de los mexicanos no han gozado de una plena ciudadanía. El acceso a la seguridad social ha sido una de las muchas cuestiones que dividieron al país en ciudadanos de primera clase y segunda.
Desde 2005 López Obrador tenía muy claro que quería un gobierno que empezara a saldar las deudas históricas con los grupos más vulnerables. Y contra eso se opuso la derecha, con tal vehemencia que prefirieron hacer un fraude electoral en 2006 y vulnerar la inacabada transición democrática con tal de no otorgarle derechos sociales a los sectores más desprotegidos
Consciente de esta deuda histórica, cuando López Obrador fue alcalde de la Ciudad de México, instauró un Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, un Programa de Gratuidad de medicamentos y servicios médicos para personas sin seguridad social, becas para estudiantes en vulnerabilidad social y el Programa para Madres Solteras. Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. Reclamaron que estos programas eran clientelares al más puro estilo priista del pasado. Falso. Omitieron de manera conveniente una diferencia sustancial: que estos programas se consagraron a través de un proceso legislativo en un derecho exigible y universal. Algo con lo que no contaban apoyos anteriores y que hace una enorme diferencia en materia de política social.
Desde 2005 que empezó su primera campaña presidencial, López Obrador tenía muy claro qué tipo de gobierno quería encabezar. Uno donde la base fuera la política social implementada en la Ciudad de México. Uno donde se hiciera patria para el oprimido y el humillado. Uno que empezara a saldar las deudas históricas con los grupos más vulnerables. Uno donde por el bien de todos fueran primero los pobres. Y contra eso se opuso la derecha desde un principio, con tal vehemencia que prefirieron hacer un fraude electoral en 2006 y vulnerar la inacabada transición democrática con tal de no otorgarle derechos sociales a los sectores más desprotegidos.
El argumento de la derecha es simple. Los programas serían una fuente del clientelismo político. Nunca repararon que su argumento le niega una ciudadanía plena a la mayoría de los mexicanos. O ignoraron que los grandes afectados son los que por décadas han financiado la modernización económica de México: los trabajadores del campo que subsidiaron la industrialización y los trabajadores informales que por décadas permitieron que los bajos salarios y las exiguas prestaciones del asalariado formal no terminaran en un estallido social similar al del proceso revolucionario.
Tampoco reparan en la otra cara de la moneda de sus argumentos. Muchos sectores de derecha, conservadores o simplemente sin imaginación económica, claman por una reforma fiscal que incluya a la informalidad laboral, mayoritariamente al comercio. ¿De verdad le exigen que paguen más impuestos (pagan permanente el Impuesto al Valor Agregado) a quienes carecen de servicios médicos, pensiones o las más mínimas prestaciones laborales? Es una irresponsabilidad y un descaro pedir esto sin que el Estado cumpla primero con sus obligaciones.
Esto es lo que hace la reforma tan histórica: después de un siglo, los derechos se vuelven universales, gratuitos y exigibles para la mayoría de la población que había sido discriminada por décadas
Hablan de clientelismo político. ¿Qué tal si discutimos acerca de los más de 20.000 millones de dólares que se les condonaron en impuestos a un puñado de empresas en los últimos dos sexenios? Bajo el argumento esbozado por la derecha, durante el neoliberalismo se produjo un clientelismo político que vinculaba a los grandes grupos corporativos con los gobiernos corruptos del PRI y del PAN.
Afortunadamente, poco a poco se están sentando las bases de un nuevo régimen. El pasado 10 de marzo, la Cámara de Diputados votó por mayoría una reforma constitucional al Artículo 4º que vuelve universales y exigibles los derechos sociales de los que carece la mayoría de la clase trabajadora en México. Esto es lo que hace la reforma tan histórica: después de un siglo, los derechos se vuelven universales, gratuitos y exigibles para la mayoría de la población que había sido discriminada por décadas. Dejan de ser simples derechos laborales para abordarse como derecho sociales elementales, como derechos humanos.
Pero a la derecha sigue sin parecerle esto. El PAN fue el único en votar en contra que la mayoría de la población tenga derechos sociales. A ellos les parece buena idea mantener ciudadanías de primera y segunda clase y que los mexicanos sigan naufragando en la incertidumbre o que los individuos asuman las responsabilidades que deberían ser del Estado. Quisieran seguir negándonos a los mexicanos los derechos más básicos de los Estados de Bienestar de los que gozan muchas democracias liberales desde hace décadas.
Aunque todavía falta la aprobación del Senado para que la iniciativa tenga rango constitucional, es solo cuestión de tiempo para que esto pase. Igual que durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, los programas sociales ahora se convertirán en derechos sociales universales y demandables, garantizados por un transitorio que especifica que el monto del presupuesto anual para cumplir con estas obligaciones no podrá ser nunca menor a lo asignado durante el ejercicio anterior.
Más allá de lo económico está el rescate de la dignidad de la gente y reconocimiento a su valor no solo como trabajadores, sino a la propia condición humana. Pequeño detalle despreciado por la economía y jurisprudencia durante la larga noche neoliberal
Este año se destinarán a estos derechos sociales más de 22.000 millones de dólares, divididos en 6.500 millones para la Pensión Universal de Adultos Mayores; 3.500 para diferentes becas de estudio y capacitación laboral; 700 millones para personas con discapacidad permanente y alrededor de 12.000 millones de dólares para atención médica y medicamentos gratuitos para gente que en la actualidad carece del derecho a la salud. Para garantizar lo último, se ha constituido al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), cuyos retos y misión ya hemos tratado con anterioridad.
A manera de epílogo diré que la importancia histórica de esta reforma ha sido desdeñada por la comentocracia mexicana que suele pertenecer a estirpes de prosapia política o intelectual. Personalmente, como un hijo de alguien que empezó a trabajar desde los 12 años como campesino y continuó durante más de medio siglo en casi puros trabajos informales, y que prácticamente nunca contó con acceso a salud ni préstamos laborales y menos con los derechos de una pensión para su vejez después de una vida trabajo, sé de la importancia en términos económicos de lo que representa esta reforma. Y más allá de lo económico está el rescate de la dignidad de la gente y reconocimiento a su valor no solo como trabajadores, sino a la propia condición humana. Pequeño detalle despreciado por la economía y jurisprudencia durante la larga noche neoliberal.
Es cierto, falta mucho por recorrer y podría haber ciertos traspiés en el camino, pero es un paso histórico y firme para que se puedan materializar los principios de justicia social plasmados en nuestra Constitución en 1917. No está mal para este gobierno empezar con lo que se había postergado por cien años.
Antes de la pandemia del coronavirus, había una producción de 100 millones de barriles diarios. En las semanas subsecuentes la producción cayó 35%, pero a juzgar por la demanda decreciente seguía siendo un exceso para la situación actual, lo que facilitó que siguiera el hundimiento del precio del petróleo. La OPEP+ discutió un corte de 15 millones de barriles para mayo pero, ante las reticencias, se hizo la propuesta que el corte en la producción petrolera mundial fuera de 10 millones de barriles.
Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos eran los tres actores en el centro de esta negociación. Pero el sábado 11 de abril surgió un protagonista inesperado: México. En el acuerdo preliminar, donde se recortaban los 10 millones de barriles en la producción mundial, a México se le había asignado un recorte de 400.000, lo que implicaba casi el 25% de la producción nacional, cuando la mayoría de los países tenían un recorte de entre el 10 y el 15%. No era un buen acuerdo para México.
Rocío Nahle, Secretaria de Energía del gobierno mexicano, defendió como un león la postura mexicana en la que se accedía a una reducción, pero solamente de 100.000 barriles. Tras más de cinco horas en las que no cedió a las presiones de otros gobiernos, abandonó la reunión y mantuvo la resolución en vilo hasta el siguiente día. Las críticas no se hicieron esperar contra la posición mexicana, pero sobre todo contra la Secretaria de Energía. A nivel internacional se le acusó de no entender lo que se negociaba, aunque esto no era algo extraño considerando que quienes lo hacían son los mismos grupos que en el pasado habían destacado las "capacidades" financieras de Emilio Lozoya, otrora director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y hoy arrestado por sus vínculos con Odebrecht.
En un periodo donde la mayoría de las cadenas de suministro globales se ha interrumpido de manera indefinida, lo único que tenemos por seguro es que, cuando salgamos de esta hibernación, el Estado tendrá más peso que antes y será muy importante la autosuficiencia en sectores claves como el energético, el industrial o el alimentario
En territorio mexicano, la oposición y muchos opinólogos graduados de la Universidad de Twitter como expertos petroleros, así como negociadores internacionales, denostaron la posición de México y de Rocío Nahle. Dijeron que no se entendía la magnitud del evento, que era una postura aldeana y no se entendía de geopolítica; que México era el hazmerreír internacional. Señalaron a Rocío Nahle como inepta e irracional, y hubo quien sugirió que esto se debía a cuestiones hormonales, remarcando que era una mujer en un mundo de hombres. La testosterona como prueba argumentativa de la capacidad técnica y de negociación.
Pero el domingo mostró lo infundadas de estas aseveraciones y diatribas. Una nueva ronda de negociaciones entre Donald Trump, Vladímir Putin y Mohammed bin Salman dio como resultado que el corte de barriles no fuera de 10 millones, sino de 9,7. ¿Por qué la diferencia de 300.000? Era la cantidad que México se negó a reducir al mantenerse en su postura inicial de solo recortar 100.000 barriles. Fue un triunfo político para el gobierno de López Obrador, como lo describió Amy Stillman, de Bloomberg. La delegación de Arabia Saudita le aplaudió al final de las negociaciones y periodistas de varias partes reconocieron la labor de Rocío Nahle para defender los intereses de México. Como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra.
La decisión del gobierno de López Obrador pasa por ser algo más estratégica que económica. Busca la soberanía energética. No depender de la compra de crudo ligero o de la importación de gasolina, que en la actualidad es del 70% del consumo nacional. En un periodo donde la mayoría de las cadenas de suministro globales se ha interrumpido de manera indefinida, lo único que tenemos por seguro es que, cuando salgamos de esta hibernación, el Estado tendrá más peso que antes y será muy importante la autosuficiencia en sectores claves como el energético, el industrial o el alimentario.
La globalización de los mercados y la producción de bienes van a ser remodeladas por cuestiones que el capitalismo había pretendido dejar atrás, como la soberanía nacional o las funciones rectoras del Estado
Todo el mundo habla que en estos tiempos de petróleo depreciado, México debe olvidarse de la refinería y comprar gasolina barata. Tiene sentido en un corto plazo, pero no a mediano, y menos cuando la geopolítica se redefinirá con base en las interrupciones y desfases que el comercio global experimenta debido a la pandemia. Esto cambiará las prioridades nacionales, como ya lo empezamos a ver con los clamores que hay en Europa por una reindustrialización del viejo continente. Así como la postura anterior, la decisión de México ante la OPEP+ no se debe simplemente a un criterio de racionalidad económica, sino a uno de soberanía nacional.
Europa ha empezado a preocuparse por si es autosuficiente en términos de material sanitario e insumos médicos por obvias razones. Se confiscan materiales antes de que salgan de los países o en una escala que hayan tenido que hacer para su comercialización. Cada país sabe que será imposible mantener la dependencia de productos que se fabrican al otro lado del mundo. Eso puede generar desabasto en momentos de crisis como el actual. La globalización de los mercados y la producción de bienes van a ser remodeladas por cuestiones que el capitalismo había pretendido dejar atrás, como la soberanía nacional o las funciones rectoras del Estado.
Durante su campaña, López Obrador prometió que iba a hacer lo necesario para recuperar la soberanía alimentaria y energética y los comentarios negativos no se hicieron esperar. Lo acusaron de tener una visión demasiado parroquial del mundo globalizado. De no entender la actualidad por no ser un viajero cosmopolita. La pandemia del coronavirus ha demostrado que lo que no funciona es el capitalismo, que todo el sistema está prendido de alfileres principalmente en los lugares donde adquirió uno de sus peores rostros: el neoliberal.
Después del triunfo político del domingo en la OPEP, esta semana ha entrado en vigor la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que fue resultado de un trabajo parlamentario de la coalición que impulsó a López Obrador y con el apoyo de más de 300 asociaciones civiles y miles de ciudadanos. Este ha sido un paso histórico en la lucha por la soberanía alimentaria. Tan histórico como la batalla ganada en la OPEP por la soberanía energética. No hay que leer estos eventos como entidades separadas, sino que se encuentran completamente entrelazados y son constitutivos del programa político del obradorismo.
Con acciones como las anteriores se construye la soberanía nacional en México y el Estado muestra su preocupación en defender los intereses de sus ciudadanos. En el futuro cercano veremos cómo estos dos elementos jugarán un papel cada vez más definitorio en las políticas internacionales y económicas de todos los países. Como se ha dicho, el coronavirus es el síntoma, pero la verdadera enfermedad es el capitalismo neoliberal que acabó con la seguridad social, los sistemas de salud pública y la soberanía de los países en sectores estratégicos. Habrá que empezar a recuperar estos elementos si queremos encontrar la cura al malestar social de nuestros tiempos.
¿Debe México invertir dinero público para rescatar empresas privadas en quiebra? El nuevo choque entre López Obrador y el sector empresarial
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El presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa. Ciudad de México, México, 27 de abril de 2020.presidente.gob.mx
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, protagonizó un nuevo choque discursivo con las cúpulas empresariales del país, luego de que el banco central aprobase entregar dinero de las reservas a bancos privados con el objetivo de promover créditos para las empresas afectadas por la epidemia del covid-19.
Un episodio en que el mandatario mexicano dejó claro que su prioridad es apoyar a los pobres, y su postura es impedir a toda costa que se repitan episodios como el rescate bancario, que tras más de 20 años de pagos ha dejado una deuda 76 % mayor a la que existía originalmente y representa una fuerte presión para las finanzas públicas.
Pero, al mismo tiempo, algunos líderes empresariales han criticado la manera en que el presidente López Obrador "no ayuda, ni se deja ayudar" ante la debacle económica derivada del coronavirus.
Recursos del Estado para la banca y empresas
El pasado 21 de abril, el Banco de México anunció una serie de medidas para inyectar dinero y garantizar "el funcionamiento del sistema financiero", con un monto de 750.000 millones de pesos (30.752 millones de dólares).
Una tercera parte de este dinero se entregará a bancos privados, para que estos a su vez otorguen créditos a las pequeñas y medianas empresas. El monto destinado a este rubro será de hasta 250.000 millones de pesos (10.250 millones de dólares), que saldrán de las reservas del organismo.
No se puede socializar las pérdidas y privatizar las ganancias
El plan del banco central busca "proveer liquidez para mejorar el funcionamiento de los mercados internos; fortalecer los canales de otorgamiento de crédito en la economía; y promover el comportamiento ordenado de los mercados de deuda y de cambios", según detalló el Banco de México en un comunicado.
El total de los recursos que inyectará el banco central se implementará a partir del 30 de septiembre, con el objetivo de mantener estable al peso mexicano en un ambiente de turbulencia financiera provocado por la epidemia global de covid-19. Esta decisión, sumada a las medidas anunciadas por el Ejecutivo, representarán un 3,3 % del Producto Interno Bruto mexicano.
El Consejo Coordinador Empresarial, que aglutina a las organizaciones empresariales más grandes del sector privado en el país, celebró la medida del Banco de México y pidió al Gobierno federal otorgar beneficios fiscales para que las empresas puedan sortear la crisis.
Las medidas adoptadas por el banco central, sin embargo, fueron criticadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien enfatizó su apoyo a la autonomía de este organismo pero, al mismo tiempo, pidió que dichos recursos se utilicen para las pequeñas empresas que así lo requieren, en lugar de rescatar con dinero público a grandes compañías, como ocurrió en el pasado.
"Ahora que el Banco de México ha decidido destinar unos fondos para apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, hay que tener también mucho cuidado, que en efecto sea la pequeña y la mediana empresa, no vaya a ser para rescatar empresas que desde antes del coronavirus ya tenían problemas financieros", dijo el mandatario el pasado 27 de abril en su conferencia de prensa matutina.
"Nada más imagínense que empiecen a rescatar a empresas quebradas y que suceda lo que pasó: bancos quebrados, banqueros ricos. No, no se puede socializar las pérdidas y privatizar las ganancias", agregó el presidente.
En este sentido, López Obrador recordó lo que pasó con el rescate bancario ocurrido en la década de 1990.
"No solo fue un rescate financiero a los de arriba, fue convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Eso nunca jamás se va a repetir", dijo López Obrador.
Tras la crisis económica derivada por el llamado 'efecto tequila', a finales de 1994, el Congreso y el Gobierno mexicano, durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, decidieron rescatar a los bancos privados con dinero público.
En aquel entonces, López Obrador, quien figuraba como líder de la oposición, criticó fuertemente que se destinaran recursos públicos para rescatar a la banca privada, en algo que calificó como "el mayor saqueo en la historia del país".
A más de dos décadas de distancia, los mexicanos siguen pagando el elevado costo de salvar a los bancos.
Banco de México, Ciudad de México, 28 de febrero de 2019.Daniel Becerril / Reuters
En 1999 la deuda original del rescate bancario era de 601.341 millones de pesos (24.656 millones de dólares a precios actuales), según datos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
Desde 1999 a 2018, los mexicanos han pagado un total de 2,68 billones de pesos (109.888 millones de dólares actuales) por el rescate bancario. Dicha cantidad, representa 4,4 veces el monto de la deuda original.
Sin embargo, lejos de disminuir, la deuda ha crecido 76 % desde entonces, debido a que el monto que se destina cada año se utiliza para pagar intereses y un pequeño porcentaje de la deuda.
Para diciembre de 2019, la deuda del rescate bancario era de 1,06 billones de pesos (43.545 millones de dólares a precios actuales), según un análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el análisis de la Cámara baja, los recursos destinados cada año al pago de la deuda del rescate bancario "continúan siendo elevados y manteniendo un efecto importante sobre la economía y las finanzas públicas".
"Nos afectó dos décadas. Y además de eso, la corrupción, porque no solo fue el rescate, sino los abusos que se cometieron", agregó López Obrador.
Un escenario que el Gobierno mexicano busca impedir con la crisis del covid-19 y que explica la renuencia del presidente mexicano para invertir recursos públicos en el rescate del sector privado.
¿Deuda con el BID?
Pero el asunto no quedó ahí, ya que el pasado 26 de abril, el Consejo Mexicano de Negocios anunció un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para otorgar créditos por 12.000 millones de dólares a 30.000 pequeñas y medianas empresas mexicanas.
De acuerdo con el boletín emitido por el BID y la organización empresarial, dicho acuerdo cuenta "con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
Una declaración que causó confusión y suscitó un nuevo choque entre el presidente López Obrador con las cúpulas empresariales.
"Si no le cuesta al pueblo, adelante, porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto, porque tenemos que rescatar a los que necesitan comer", dijo el mandatario.
Asimismo, el mandatario dijo no estar de acuerdo con el modo en que integrantes del sector empresarial buscan "imponer" su agenda al gobierno federal.
"No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes, cuando el poder económico y el poder político eran lo mismo", arremetió López Obrador. "Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y qué? ¿Nosotros estamos aquí de floreros, de adorno?", agregó.
López Obrador no ayuda ni se deja ayudar, pero sí miente
La declaración suscitó polémica y una aclaración por parte de Tomás Bermúdez, representante del BID en México, quien afirmó que el acuerdo "no implica deuda adicional para México ni ningún aval de la Secretaría de Hacienda", y que la participación de la dependencia federal solo será como asesor y acompañante.
Otro choque con el sector empresarial
Pero la polémica dio pie a que líderes del sector empresarial como Gustavo de Hoyos, dirigente de la organización patronal Coparmex, criticara que el presidente "no ayuda ni se deja ayudar, pero sí miente", asegurando que el programa no involucra recursos públicos.
Un episodio más de los múltiples choques que ha tenido López Obrador con el sector privado a raíz de la epidemia del covid-19.
En las últimas semanas, el presidente ha librado choques verbales con sus opositores, quienes han criticado el plan de reactivación económica propuesto por el mandatario para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.
En días recientes, el mandatario salió a defender públicamente a Televisión Azteca, la segunda televisora más grande del país, que llamó a no hacer caso al Gobierno mexicano sobre los datos oficiales de contagios de covid-19. Esto aún cuando el medio de comunicación es propiedad del segundo hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, quien ha sido beneficiado con contratos gubernamentales durante el actual sexenio.
El presidente López Obrador también acusó que el 13 % de las empresas con actividad no esencial "no han cumplido con la suspensión temporal de actividades" por la pandemia de coronavirus.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se investigue el rol de las agencias de seguridad estadounidenses en los delitos de narcotráfico por los que se acusa a exfuncionarios mexicanos.
La declaración de López Obrador, se da luego de que el pasado 15 de octubre, miembros de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) detuvieran al exsecretario de la Defensa Nacional de México Salvador Cienfuegos Zepeda por presuntos nexos con el crimen organizado.
"[La DEA] estaba completamente metida en la Secretaría de Marina [Semar], había un operativo conjunto entre ambos gobiernos. ¿Por qué sólo se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen autocrítica? una reflexión de toda la intrusión de esas agencias en México, porque, sin duda, ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían. Claro, se los permitían", expresó el mandatario.
Además el mandatario mexicano criticó el hecho que EEUU no comparta información sobre sus investigaciones en México.
"Es un procedimiento que tiene el gobierno de Estados Unidos, ellos actúan con independencia, aquí lo importante es que nosotros también actuemos con independencia, lo que no se vale es que ellos participen en México, incluso se vincule a instituciones de México, y resuelven sin dar a conocer al gobierno de México lo que están investigando", subrayó.
López Obrador recordó que al llegar a la Presidencia, afirmó a los encargados de seguridad que México ya no iba a recibir órdenes de gobiernos extranjeros, debido a que se iba a cuidar la soberanía.
En entrevista con el diario La Jornada el 18 de octubre, durante la inspección del programa Sembrando Vida en la agencia Los Corazones, en Oaxaca, López Obrador dijo que respecto a la posible responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto en los delitos que se le imputan al general Cienfuegos esperará a recibir los resultados de la investigación para tomar una decisión.
Por otro lado, señaló que no se debe sentenciar a las Fuerzas Armadas por las acciones del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); además, aseguró que en su Gobierno ha inspeccionado cada una de las áreas —incluidas las instituciones de seguridad— para evitar casos como los de los exfuncionarios acusados por narcotráfico.
"No se puede [juzgar] por un mal comportamiento, en el caso de que se demuestre, porque no se puede juzgar a priori. (…) No me descuido, estoy pendiente, además uno se da cuenta cómo andan los funcionarios, qué están haciendo; entonces, es un estilo distinto completamente, yo no juzgo que los presidentes supieran, puede ser que no supieran, pero sí con más atención, no se deja uno manipular", comentó.
Respecto a otro tema, hizo referencia al operativo Rápido y furioso, un programa de colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y México, mediante el cual el Gobierno estadounidense introdujo más de 2.000 armas con chip al país para vender a presuntos delincuentes. La idea era rastrear el paradero de los compradores, pero la operación se salió de control y no se logró el objetivo.
"Toda la intromisión de esas agencias [estadounidenses] en México, porque sin duda ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían. Claro, se los permitían, imagínense, aceptar que metan armas para supuestamente de esa forma enfrentar a la delincuencia organizada, armas que se salieron de control, que causaron la muerte a muchos. No se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solamente corresponden a los mexicanos", acusó el titular del Ejecutivo.
Quisieron utilizar la pandemia para tumbar a Andrés Manuel López Obrador, pero les salió el tiro por la culata. La enorme popularidad del presidente se mantiene firme, su poder se consolida hoy más que nunca y, mientras, las tiendas de campaña de Frenaaa vuelan como papalotes.
Ningún líder político mundial ha salido ileso de esta terrible pandemia. Algunos incluso se han enfermado directamente del virus, como Donald Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro. En el mundo ya hay casi 40 millones de personas infectadas y más de un millón de muertos. Se estima que la economía global perderá un 5 % de su valor en 2020.
En América Latina, la situación ha sido particularmente preocupante: 10 millones se han enfermado y 150.000 han muerto. La Cepal anticipa un decrecimiento del 9,1 % en la región para 2020 y México no es excepción a esta regla. Tenemos ya más de 80.000 muy lamentables muertos, la economía ha sufrido duramente, con la pérdida de más de un millón de empleos y se estima una contracción del PIB del 10 % para 2020.
La oposición golpista ha querido utilizar esta crisis sanitaria y económica para atacar y deslegitimar a López Obrador. Se ha lanzado con todo. Un grupo de exsecretarios de salud del viejo régimen anunciaron que ellos podrían haber resuelto fácilmente, en un par de meses, el problema de la pandemia.
El grupo Frenaaa ha organizado marchas constantes en contra del presidente y hoy ocupa el Zócalo con tiendas de campaña: algunas habitadas y muchas, simplemente, vacías.
El líder de Frenaaa, Gilberto Lozano, ha sido perfectamente claro con respecto a su estrategia. Buscan seguir explícitamente el ejemplo del golpe de Estado en contra de Evo Morales, de acuerdo con el guión de golpe blando redactado por Gene Sharp.
Los oligarcas Claudio X. González y Gustavo de Hoyos han lanzado una Frenaaa 2, la iniciativa Sí por México: más perfumada que la de Lozano, pero con exactamente el mismo objetivo. Y el escritor Martín Moreno de plano ha hecho un llamado a quemar militantes de izquierda, como si estuviéramos en la época de la Inquisición.
Mientras, cada día se fortalece más el liderazgo de López Obrador. La tasa de aprobación para el presidente se mantiene en un firme 60 % de la población, con muy poca variación desde que ganó las elecciones hace dos años. El nivel de opiniones favorables para López Obrador se encuentra mucho más arriba de otros líderes mundiales, como Angela Merkel, Justin Trudeau, Jair Bolsonaro o Donald Trump.
México cada vez se afianza más como un líder mundial en materia política. Y no solamente hay transformaciones en el Poder Ejecutivo, también en las otras instituciones del Estado mexicano. La Suprema Corte ha aprobado la realización de una consulta popular sobre los crímenes y la corrupción de los expresidentes.
El Instituto Nacional Electoral rechazó el registro del partido del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y la Cámara de Diputados ha aprobado la eliminación de los fideicomisos en toda la Administración pública federal.
Estas transformaciones no implican la subordinación de otros poderes a la voluntad del presidente o la llegada de un dictador, como denuncian medios mal informados como el Financial Times e intelectuales como Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser y Jorge Castañeda.
Con el paso del tiempo, el liderazgo de López Obrador está generando un nuevo contexto político, más democrático y con más oxígeno ciudadano, que permite que las instituciones públicas vayan fortaleciendo su autonomía respectiva y desarrollando 'anticuerpos' frente a los poderes fácticos y las redes de complicidad del viejo régimen.
La subordinación de otros poderes al presidente fue la realidad del pasado. Hoy, tenemos la construcción colectiva de un nuevo compromiso con el interés público de parte del Estado mexicano en su conjunto.
¿O qué opinas tú? ¿México va a la deriva bajo el liderazgo de "un dictador populista" o empieza a abrir nuevos horizontes de esperanza?
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