La Justicia de Paz de Colombia acredita al Partido Comunista como otra víctima del genocidio de la Unión Patriótica

La Jurisdicción Especial para la paz (JEP) reconoció al Partido Comunista Colombiano como otro afectado en el caso 06, que investiga la victimización de los miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado.

De acuerdo a un comunicado, la JEP acreditó que entre 1958 y 2016, unos 1.200 miembros del Partido Comunista sufrieron hechos victimizantes durante el conflicto armado, 100 de ellos documentados en el informe 'Banderas Rojas en Vuelo Libertario', que fue entregado a la Sala de Reconocimiento por parte de ese espacio político.

En ese informe se recuerda que durante 58 años de conflicto, hubo 304 homicidios; 35 desapariciones forzadas; y desplazamientos en zonas como el Meta, Magdalena Medio y Urabá, que pretendían "desestructurar al Partido Comunista y la JUCO [Juventud Comunista] en el ámbito local, regional y nacional".

Este paso de la JEP le otorga al partido el estatus de "víctima colectiva" en el Caso 06, ya que los relatores reconocieron que los miembros de esa agrupación política tenían "militancia, simpatía, movilización e identidad compartida con la Unión Patriótica".

¿Y ahora qué?

Reconocido ahora como víctima colectiva, el Partido Comunista podrá "obrar como interviniente especial" en medio de los procesos judiciales emprendidos en el expediente sobre el genocidio a la UP, lo que "garantizará sus derechos a la justicia, a la verdad plena, a presentar y solicitar pruebas y a la asistencia jurídica y sicológica", refiere la JEP.

La razón por la que se admite a otro partido en el caso es porque la UP era un movimiento "amplio, pluralista y de convergencia democrática", donde tenían cabida otras formaciones políticas, así como independientes y sin partido.

En febrero de 2019, la justicia de paz abrió el caso 06, basado en informes elaborados por la Secretaría Ejecutiva de la JEP, la Fiscalía General de la Nación, por el Centro Nacional de Memoria Histórica y por la Corporación Reiniciar, así como otros documentos que constataron la violencia sistemática sufrida por los miembros de la UP, un partido que nació en 1985, en el contexto de los diálogos de paz entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur.

De acuerdo al expediente, los miembros de la UP "fueron víctimas de hechos que atentan contra el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad física, sexual y psicológica, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario", que habrían sido perpetrados por agentes del Estado, civiles y paramilitares.

El número de víctimas fatales de la UP, que perdió su personería jurídica en 2002 –durante el primer Gobierno del Álvaro Uribe– y lo recuperó apenas en 2013, difiere dependiendo de las fuentes. La Fiscalía ha reconocido hasta ahora 1.620 homicidios, mientras que la Corporación Reiniciar identificó, entre los años 1984 y 2002, un total de 6.613 asesinatos contra ese partido.