Por Nicolás Centurión, Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2021.
En las próximas semanas Uruguay volverá a tener una nueva ley de medios propuesta por el gobierno derechista de la Coalición Multicolor liderada por Luis Lacalle Pou, una norma que reviste un retroceso en materia de derechos, de concentración de medios en pocas manos y falta de transparencia.
La Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) conocida popularmente como la “Ley de medios” fue aprobada al final del segundo gobierno del centroizquierdista Frente Amplio en el año 2014. Dicha ley fue contemplada en el primer programa de gobierno del Frente Amplio (2005-2010). En el 2006 inició su proceso y no fue hasta ocho años después, entre idas y vueltas, que vio la luz.
La LSCA de igual manera nunca se llegó a reglamentar del todo o como la propia ley especificaba.
El mapa de medios audiovisuales en Uruguay representa una hegemonía abrumadora de los medios privados. Dicho canales (Canal 4, 10 y 12) cuentan con más del 90% del público. Estudios como el de Gustavo Buquet y Edison Lanza -“La televisión privada comercial en Uruguay. Caracterización de la concentración de la propiedad, las audiencias y la facturación”- dan cuenta del panorama poco plural de los medios en Uruguay.
La ley en vigencia sigue recibiendo sus críticas por la propia fuerza política que la impulsó. Cabildo Abierto, parte de la coalición derechista, ratificó que mantine reparos sobre algunos artículos. Con sus bemoles, errores y aciertos la ley ha sido un avance (tímido, pero avance al fín) sobre todo en materia de derechos de las audiencias que contempla a las infancias.
El actual oficialismo cuando era oposición prometió que de ser gobierno derogaría la Ley 19.307. No solo que no lo hizo sino que propuso otro proyecto que contiene aspectos regresivos.
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El propio presidente Lacalle Pou tomó posición en el pasado sobre la LSCA. Siendo diputado, en declaraciones a Artigas Televisión dijo que le preocupa «el espíritu de la ley» y que «cuenta con por lo menos diez inconstitucionalidades». Vale aclarar que de 202 artículos que consta la ley solo dos fueron declarados inconstitucionales a posteriori de dichas declaraciones.
«Si me dicen que la mejor ley de medios es la que no existe, y por otro lado se manda una ley que desvía, o que orienta hacia un tipo de medio estatizado, no me parece lógico», continuó en ese momento precandidato presidencial, quien añadió que la experiencia de una ley de este tipo en Argentina fue negativa.
«Estamos acostumbrados a votar leyes que prohíban, que reglamenten, que dirijan. Yo soy partidario de las leyes de la libertad y cuando una ley no genera libertad es mejor no tenerla», señaló Lacalle.
El futuro del retroceso
La nueva ley estaba prevista para ser promulgada en el 2020 pero diferencias a la interna de la Coalición gobernante retrasaron su salida.
Dentro de sus consecuencias está la eliminación del concepto de grupo económico al evaluar la propiedad de los medios. El investigador Gabriel Kaplún señaló que “la realidad uruguaya mostraba –y sigue mostrando– que sin eso el límite no sirve de nada, porque distintas personas de un mismo grupo –familiares o testaferros– pueden acumular un gran número de licencias”.
Si una persona posee menos del 30% de las acciones de una emisora puede ser codueña de la cantidad de radios y canales que quiera en todo el país.
El argumento del gobierno ante la respuesta de especialistas sobre la concentración de medios, es que las radios sobre todo están en situación crítica porque el público consume contenido por otros medios. Entonces el gobierno consideró “viable reconocer situaciones de más cantidad de licencias, para dar soporte y sostenibilidad económica con una estructura compartida”.
La nueva ley permite la apertura a capitales extranjeros y la renovación de licencias en algunos casos casi in eternum. El proyecto descarta al fondo de promoción de la producción nacional de contenidos y el aporte económico que los medios privados debían hacer para conformarlo. La producción nacional seguirá rezagada con esta disposición.
Por esta misma línea, la Comisión Honoraria Asesora de los Medios Públicos desaparecerá. Dicha comisión era un organismo de amplia integración social que, también vale decir, nunca fue convocada por el gobierno anterior.
El Director de los medios públicos es Gerardo Sotelo, reconocido periodista que en los últimos años tuvo un rally tuitero casi de troll en las redes, designó él mismo una comisión de notables.
Con la nueva ley se elimina además la Defensoría del Público, que ejerce la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), una tarea con un gran potencial educativo y de promoción de derechos.
El Consejo de Comunicación Audiovisual corre la misma suerte que los anteriores. Su continuación hubiera significado un avance en cuanto a independencia del organismo regulador de las comunicaciones, en línea con los estándares internacionales en la materia.
Las motivaciones que esgrime el gobierno es el avance tecnológico, “los nuevos tiempos” que se avecinan. Palabras que pueden sonar progresistas, pero que simplemente apuestan a la piqueta fatal del progreso. Esta ley es un retroceso desde donde se la mire. Promueve la concentración de los medios en pocas manos.
Un gobierno que se ufana de ser transparente y desligado de cualquier dilema ético o de corrupción, elimina cualquier obligación de transparencia y garantía de participación ciudadana para fiscalizar tanto la política pública como la gestión de los medios públicos.
Esta boca es mía
Un informe de la cadena alemana Deutsche Welle en español sobre la libertad de expresión y de prensa en Uruguay desató una andanada de debates y dejó en la epidermis de la palestra pública el nivel de paranoia de algunos actores políticos del oficialismo.
El informe se complementa con una entrevista al periodista Edison Lanza, exrelator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que integra actualmente el equipo de comunicación del intendente de Canelones Yamandú Orsi (Frente Amplio), y encendió la mecha del barril del debate sobre la libertad de prensa.
Raudos salieron expresos senadores, diputados, ministros, el director de los medios públicos y demás a criticar ese informe donde se planteaba que -por ejemplo- en el 2020 se habían denunciado 49 casos de presión a periodistas.
Parece ser el número mágico 49, ya que Gerardo Sotelo al llegar a 40 despidos en los medios públicos, le fue pedido en noviembre de 2020 por el propio presidente de la República: “Tenés que sacar a alguno más”, y alcanzó los 49 despidos.
Hace pocas semanas se despidió a Eduardo Preve, coordinador de Subrayado, el noticiero de Canal 10, (el más visto en Uruguay) el mismo día de la Libertad de Prensa luego de 16 años de estar al frente de dicha tarea. Las razones aún no son claras pero tirios y troyanos coinciden en que las presiones vinieron desde la Presidencia.
Sendos casos de ataque y hostigamiento podemos sumar por parte de la senadora oficialista Graciela Bianchi, tachando de “traidores a la patria” a distintos periodistas, pidiendo que se cambien titulares de noticias vía Twitter. Incluso, amenazando con despedir por entero a portales informativos de internet. Incluso increpando a la Deutsche Welle, la NSBC, la CNN en español, el Washington Post y el New York Times de ser cuasi que órganos opositores al servicio del Frente Amplio.
El blindaje mediático está a la orden del día. Tampoco es infalible. Asimismo están los que son más realistas que el rey. Desde el gobierno se arenga y se promueve la libertad a toda hora, aunque sus hechos dicen lo contrario. Aunque se parezca más a una farsa, parafraseando a Rodolfo Walsh, seguirá existiendo periodismo que aspire a la libertad.
*Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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