Este año empezó con sangre. Hasta ahora van 15 días y ya se han registrado el asesinato
de siete líderes sociales en diferentes zonas del país, una masacre en el Valle del Cauca
que dejó cuatro víctimas, un atentado a una fundación de víctimas de desaparición forzada en Bogotá
y un ataque que buscaba dejar sin vida a Alfamir Castillo, víctima de ejecuciones extrajudiciales.
Solo dos semanas han pasado y la lista sigue creciendo. El año 2019 tuvo un arranque violento en
una Colombia sin piedad. Una situación para la que, a pesar de los llamados de atención nacionales
e internacionales, hasta el momento no se han visto posibles soluciones o, al menos, signos de cambio.
Según cifras de la Fiscalía, aunque en las capitales la tasa de homicidio ha disminuido,
en los municipios que antes controlaban las Farc los asesinatos aumentaron 30 % en 2017
respecto al año anterior. Asimismo, en 2018, se cree que al menos 6.808 crímenes estuvieron
relacionados con disputas entre bandas criminales, que cada vez toman más fuerza en las
diferentes regiones del país. Para la Fiscalía, el incremento se debe, en parte, a la redistribución
y el reacomodamiento de grupos armados, ya sean disidencias de las Farc o bandas criminales
que buscan el control de territorios claves para las rutas de narcotráfico o el control de la región.
En la tarde del 11 de enero, los cuerpos de cuatro hombres fueron hallados en el corregimiento
de San Antonio, en Jamundí (Valle del Cauca). Las autoridades señalaron que los cuerpos
fueron arrojados a la vía desde una camioneta. Fue la segunda masacre cometida en menos de un mes,
pues el 17 de diciembre de 2018 fueron asesinadas seis personas en Mapiripán (Meta).
Aún se desconocen las causas del homicidio colectivo en Jamundí. Sin embargo, una líder social
del municipio aseguró a este diario que en el territorio hay presencia de diferentes grupos
armados que se asientan en la parte alta, pues la zona tiene comunicación directa con la región de
El Naya y el Cauca. Los Pelusos, el cartel de Sinaloa y Eln se disputan
el territorio que antes estaba bajo el mando de las Farc.
Más allá del aumento de la tasa de homicidio en comparación con años anteriores, o de la
violencia causada por grupos armados, es decir, asesinatos que podrían asumirse de forma
no sistemática, el problema más evidente en lo que va de 2019 no es novedad: las ejecuciones
de líderes sociales. Apenas en los primeros siete días de enero ya habían muerto siete.
En promedio, una víctima por día. La Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y hasta la Corte
Constitucional se pronunciaron al respecto y pidieron que en los estudios practicados
por la Unidad Nacional de Protección (UNP) se tenga en cuenta la situación
de violencia generalizada que está sufriendo esta población.
En Colombia se asesina a los líderes sociales que luchan por la paz, se ataca a la comunidad
que tiene que vivir en territorios en medio de conflicto armado y se amenaza a las víctimas,
que siguen sufriendo porque el despojo y la impunidad nunca terminan. Es el caso de
Alfamir Castillo, madre de Darbey Mosquera Castillo, joven víctima de ejecución extrajudicial.
La mujer fue atacada el 12 de enero, cuando le dispararon tres veces al carro en el que se
movilizaba entre Palmira y Pradera (Valle). Castillo contó a este diario que el atentado se produjo
el mismo día en que recibió dos amenazas de muerte en su teléfono. “De parte del Gobierno
no hemos recibido ninguna respuesta, a excepción de una reunión con la Unidad de Protección,
pero a solicitud nuestra. Alfamir Castillo está siendo amenazada desde 2012, cuando empezaron
las audiencias contra integrantes del Ejército”, señaló su abogado, Germán Romero.
En días pasados, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al término de una reunión con
el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero,
señaló que se encuentran definiendo estrategias para reforzar la seguridad.
“Existe la preocupación del Estado por el fenómeno de ataques, violaciones a los derechos
humanos contra los líderes sociales, y estamos, por lo tanto, generando una armonización
de acciones a efectos de poder dar resultados concretos en el territorio”. Sin embargo,
y aunque desde el año pasado diferentes autoridades ya habían afirmado que se debía
garantizar el bienestar de esta población, hasta el último día de 2018
y en la primera semana de 2019 no cesaron los asesinatos.
En entrevista con este diario, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, afirmó:
“El balance general de orden público en 2018 en Colombia presenta cifras favorables,
con ocasión de la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Lamentablemente, la excepción
es la imperante violencia desatada contra líderes sociales y defensores de derechos
humanos, hechos que la Defensoría ha advertido desde marzo de 2017 a través de
informes de riesgo y alertas tempranas que definen la necesidad de focalizar la
atención del Estado en este grupo poblacional.
“Vamos a fortalecer los instrumentos de denuncia y de reacción a
las alertas tempranas, para que no se sigan presentando
esos incidentes en el país”, dijo hace poco el presidente Iván Duque.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló este martes que el Gobierno
es el encargado de redoblar los esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz y de
entregar garantías para que en todo el territorio nacional se den las condiciones para
el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. La CIDH reiteró su preocupación
y agregó un componente más a las causas del incremento de violencia, pues
aseguró que los homicidios se están presentando en zonas con factores de riesgo
en donde hay una “implementación deficiente” del Acuerdo de Paz. Lo cierto es que,
por una razón u otra, los muertos siguen apareciendo en las carreteras, los defensores
siguen siendo hostigados y eliminados, y, aunque todas las autoridades lo saben
y manifiestan su preocupación, la lista de crímenes sigue creciendo.
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