Cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz tiene un costo elevado. De acuerdo con el Plan Marco de Implementación (PMI), el documento que orienta las políticas públicas necesarias para materializar el posconflicto, se requieren inversiones cercanas a los 129,5 billones de pesos en los próximos 15 años. Es el precio de transformar, de una vez y para siempre, la realidad de territorios que piden una reforma rural, infraestructura, atención a víctimas y alternativas a los cultivos de uso ilícito tras décadas de violencia y abandono estatal.

De los seis puntos que componen el acuerdo de paz, el que más inversión requiere es la Reforma Rural Integral. El PMI señala que se necesitan 110,6 billones de pesos para acabar con el retraso del campo colombiano y adelantar acciones como la formalización de tierras, la construcción de infraestructura rural, el catrastro multipropósito y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), hojas de ruta para superar la pobreza en cada región afectada por la guerra.

Aunque los otros cinco puntos contemplan inversiones más bajas, son igual de importantes en la construcción de la paz en los territorios. Por ejemplo, La solución al problema de las drogas Ilícitas requiere de 7,9 billones de pesos para transformar las zonas perjudicadas por el narcotráfico, un delito que ha estado relacionado al conflicto armado. Según el PMI, más de la mitad de esos recursos -5,2 billones- van al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado para apoyar la sustitución voluntaria de cultivos de coca o de otros que se emplean en la fabricación de drogas ilícitas, a cambio de proyectos productivos alternativos.

¿Y de dónde saldrán los 129,5 billones de pesos que se requieren para cumplir con el Acuerdo de Paz? El PMI acordó seis fuentes para financiar el posconflicto: el Presupuesto General de la Nación, de donde saldrán 46,7 billones; los sistemas generales de Participación y Regalías, que entregarán 47,7 y 18,1 billones respectivamente; las entidades territoriales como las alcaldías y las gobernaciones, a las que les corresponden 4,3 billones; la cooperación internacional, que donará 11,6 billones, y el sector privado, con 1,2 billones.

Esos recursos tienen como destino los programas y proyectos del posconflicto en 170 municipios priorizados por resultar fuertemente afectados por la guerra, con altos indicadores de pobreza, donde existen cultivos de uso ilícito y con débil presencia estatal.

EJECUCIÓN CON OBSTÁCULOS

La puesta en marcha del posconflicto ya presenta los primeros resultados tras dos años de la firma del Acuerdo de paz, pero ha sido un proceso repleto de obstáculos en la implementación

La Agencia de Renovación del Territorio (ART), una de las tres entidades creadas en el marco del acuerdo y que se encarga de gestionar los proyectos en las regiones, señala que en 2018 hizo una inversión estimada de 193.883 millones de pesos para adelantar obras como vías terciarias o adecuaciones urgentes a edificaciones rurales en 57 de los 170 municipios priorizados.

Sin embargo, la ART se tardó en la construcción de los 16 planes PDET, pues tenían que estar listos para mayo de 2018 y se entregaron en febrero de 2019. Buena parte del retraso se debió a problemas logísticos para llegar a los territorios y trabajar junto a las comunidades en cada plan. De acuerdo con una denuncia publicada por la W Radio, en abril de 2018, también hubo inconvenientes en la contratación de los enlaces municipales de la agencia, quienes se encargaron de apoyar la construcción de los planes.

En general, también se presentan demoras en los pagos y la ejecución de los proyectos productivos prometidos a las familias que se acogieron al programa PNIS. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz divulgado en abril de este año señaló que, mientras los inscritos al programa han cumplido con erradicar voluntariamente la siembra de coca en un 94 por ciento, los compromisos del Gobierno se cumplen a medias: además del retraso en la entrega de los subsidios, la asistencia técnica para los proyectos productivos tarda en arrancar, pues solo el 40 por ciento de los beneficiados con el programa cuenta con ese apoyo. Esto generó marchas y protestas en algunos municipios de Caquetá y la región de Catatumbo durante el año pasado.

La Contraloría le viene haciendo seguimiento a los avances en la implementación de los acuerdos de paz. Juan Carlos Gualdrón, jefe de la Unidad de Seguimiento al Posconflicto de esa entidad de control, asegura que además de los retrasos e incumplimientos, preocupa que aún no esté activo el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO). Esta plataforma, que debió entrar en funcionamiento en el primer semestre de 2018, tendría que haber almacenando los datos sobre dónde y cómo se invirtieron los dineros que ya se ejecutaron. Por ahora, el control se hace con información que entregan las alcaldías, gobernaciones y demás entes territoriales, pero no hay certeza si la suministran de manera completa y verídica.

Otra preocupación de la Contraloría es la lenta aprobación de los planes nacionales sectoriales. Estos fueron creados para que los ministerios y otras entidades del orden nacional desarrollen las condiciones aptas que necesitan los programas y proyectos del posconflicto. De los 16 propuestos, hasta la fecha solo tres están en marcha: el de vías terciarias, el de electrificación rural y el de vivienda social. Esto ralentiza aún más la implementación.

La cooperación internacional también le viene haciendo seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz, puntualmente a los dineros que entrega. Es el caso de la Unión Europea, que creó un fondo para apoyar las iniciativas del posconflicto. El dinero sale de 19 países miembros de esa organización más Chile, quienes destinaron 125 millones de euros para 24 programas de reconciliación, reincorporación de excombatientes de la Farc y proyectos productivos alternativos que se desarrollan en 73 municipios.

Paco García, jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, afirma que hasta julio del 2019 están ejecutándose 70 de los 125 millones de euros en programas de desarrollo económico -50 millones- y de reincorporación -20 millones- en departamentos como Caquetá, Putumayo, Nariño, Guaviare y Antioquia. Se espera que a finales de este año se invierta un total de 110 millones.

Ante la necesidad de rastrear los dineros del posconflicto, Consejo de Redacción se propuso hacerle un seguimiento a buena parte del dinero de la paz a través de una alianza periodística con medios locales de seis departamentos donde se llevan a cabo programas del posconflicto. En Norte de Santander, el diario La Opinión encontró que el Gobierno solo ha entregado un poco más de la mitad de los recursos para sustitución de cultivos ilícitos; en el Cauca, Co.Marca halló falta de planeación, contratos ejecutados a medias y poco control en el plan vial; y La Patria, en Caldas, encontró que el posconflicto llegó en forma de multimillonarios coliseos cuya utilidad y pertinencia todavía sigue en duda.

En Antioquia, la Agencia Prensa Rural indagó sobre el destino de los dineros de la paz ante el escaso margen de participación que se le permitió a la comunidad; El Pilón, en Cesar, demostró la imprecisión técnica y documental que casi le cuesta a un municipio su inclusión como territorio priorizado; y en Nariño, El Turbión puso en evidencia la feria de sobrecostos en los Centros de Integración Ciudadana. Fue tal el número de presuntas irregularidades en estos últimos que se convirtieron en una investigación más grande a escala nacional.

Los hallazgos revelan, en conjunto, que la implementación de la paz no se escapa a los ya conocidos pecados de la administración y la contratación pública. Hay fallas en la planeación y el cálculo, improvisación, vacíos documentales, feria de sobrecostos, intereses políticos y económicos en juego, dudas en la pertinencia de las obras e innumerables vacíos contractuales. Son pecados que cuestan muchísimo dinero, y que en tiempos de posconflicto podrían hacer la diferencia entre la esperanza de cambio o el regreso a la incertidumbre para los municipios más afectados por la violencia: un precio más alto del que Colombia se puede permitir.