MAURICIO VICENT

Cuba ha dicho sí en el referéndum a un nuevo Código de las Familias que permitirá el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y la “gestación solidaria” o vientres de alquiler. La decisión supone un paso de gigante en un país que en los años sesenta marginó a los homosexuales y los internó en campos de trabajo forzado. El resultado de la votación, convocada por el Gobierno en un ambiente muy polarizado y en momentos de grave crisis económica y social, fue histórica no solo por este motivo. La abstención fue del 26% (unos 2,2 millones de personas), bastante elevada, dados los estándares de Cuba, mientras que el sí obtuvo cerca del 67% de los votos válidos (3.936.000 sufragios). El 32% de la población votó en contra (1.895.000 personas), pero si se suman abstenciones, los votos negativos, nulos y blancos, que diversos analistas consideran como posible expresión de un voto de castigo al Gobierno, resulta que de un censo total de 8,4 millones de cubanos, más de la mitad no apoyó la nueva legislación auspiciada por las autoridades, según datos del propio Consejo Electoral Nacional.

 

De cualquier modo, y en esto coinciden la mayoría de los juristas y expertos consultados, la aprobación del nuevo Código de la Familia es un paso histórico y una excelente noticia, pues se trata de una legislación muy avanzada, por la que defensores de los derechos de las minorías llevan años luchando y que está a la altura de las leyes más garantistas y modernas vigentes en el mundo. Eso, pese al enrarecido clima en que se celebró el polémico referéndum, que los detractores y partidarios del Gobierno convirtieron casi en un plebiscito para expresarse a favor o en contra del actual sistema socialista cubano.

 

El referéndum es el tercero que se realiza en la isla desde 1959 —los dos anteriores fueron convocados para aprobar la Constitución de 1976 y la de 2019—, y el primero que se hace para refrendar una norma jurídica específica. El nuevo Código de las Familias reconoce derechos por los que llevan décadas luchando el colectivo LGTBIQ+, pero la votación se ha realizado en un ambiente muy polarizado y enrarecido, marcado por la gravísima crisis económica que atraviesa el país y la desesperanza de la población, que ha derivado en un éxodo sin precedentes.

 

En las últimas semanas, incluso miembros del colectivo LGTBIQ+ y personas que históricamente han defendido la ampliación de derechos que concede el nuevo código, expresaron en redes sociales que votarían en contra de la legislación como castigo y manifestación de rechazo al Gobierno, ya que hay pocas posibilidades de hacerlo.

 

Las autoridades, que han auspiciado la norma y promovido su debate público durante meses, han protagonizado una omnipresente y agresiva campaña por el sí en los medios de prensa oficiales, afirmando que se trata de una legislación garantista que “promueve el amor y los afectos”. En vísperas de la votación, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, planteó que votar a favor era también “decir sí por la unidad, por la revolución, por el socialismo y sí por Cuba”, alentando todavía más esa sensación de que en el referéndum se decide más que la simple aprobación de una norma jurídica, y que es también una muestra de respaldo al Gobierno.

 

La televisión y la radio no han concedido espacios a los defensores del no para argumentar su postura, aunque la Iglesia católica y otras confesiones cristianas han expresado por diversas vías sus desacuerdos. También existe la percepción de que hay sectores ortodoxos, dentro o cerca de la oficialidad, que no entienden o ven con buenos ojos las libertades que ahora el Gobierno quiere conceder. En la calle, mientras, no son pocos los entrevistados que decían abiertamente que se abstendrán o votarán no, pese a estar a favor de la ampliación de derechos de una minoría que durante décadas fue aplastada por su opción sexual y su identidad de género, y que por ello incluso fue obligada a cumplir penas de internamiento en campos de trabajo forzado en los años sesenta, la famosa UMAP, de infausto recuerdo.

 

Esta paradoja ha exacerbado el debate, al punto de que pocos discuten ya si la legislación es buena o mala, o si se está a favor o en contra del matrimonio igualitario, los vientres de alquiler o el derecho de adopción por parejas del mismo sexo, mientras crecen las críticas al Gobierno por cómo han manejado y presentado el nuevo código y el referendo para aprobarlo.

 

Las objeciones son muchas y van desde por qué el Gobierno ha decidido someter a votación vinculante una norma legal que se pronuncia sobre derechos universales y de una minoría que ha sido históricamente marginada, cuando ninguna otra ley ha pasado por un trámite similar -ni siquiera el nuevo Código Penal, recientemente aprobado por el Parlamento, que endurece el marco penal contra las manifestaciones de disenso-.

 

También se critica que el Gobierno nunca haya pedido “perdón” por la UMAP, y que el Código de las Familias haya sido publicado ya en la Gaceta Oficial cuando la población ni siquiera se ha pronunciado, y algunos hasta afirman que la decisión de las autoridades de promover ahora, en medio de una de las mayores crisis del país, una legislación avanzada como esta es un simple “lavado de cara” para dar una falsa imagen democrática.

 

En vista de lo caldeado del ambiente, y de la posibilidad de que por expresar el rechazo al Gobierno muchos voten en contra de una legislación positiva a la que ha costado mucho llegar, relevantes sociólogos, historiadores, juristas y psicólogos, muchos de ellos críticos con el Gobierno, han querido exponer sus criterios, contribuyendo al debate.

 

Una de las opiniones más compartidas es la de la psicóloga Carolina de la Torre, autora del libro Benjamin, cuando morir es más sensato que esperar, un duro testimonio sobre la muerte de su hermano, que se suicidó en los años sesenta tras ser internado en los campos de la UMAP por su homosexualidad. Asegura De la Torre que ha “tratado, todo el tiempo, de enfrentar esta encrucijada pensando en el bien que se puede hacer por otros y no en rencores y venganzas que poco ayudaran a los que padecen ahora los sufrimientos” que su hermano, su familia y ella misma, antes tuvieron que soportar.

 

“Tanto como doliente de un trauma familiar, como en calidad de psicóloga y profesora, que durante más de 50 años he visto y ayudado a otros en similares angustias y humillaciones, no logro pensar en una mejor manera de honrar a mis muertos que no sea apoyando cualquier ley que otorgue a otros lo que mi hermano no pudo recibir”

 

De la Torre señala que “el mayor obstáculo no ha sido tomar una decisión, sino tratar de enfrentar el dilema político, evitando un voto de castigo que solo lograría contribuir a perpetuar el sufrimiento de muchos por vengar el que nosotros tuvimos que pasar”. Por otro lado, considera que “la campaña que refuerza el apoyo al referéndum como un apoyo al gobierno y al Partido Comunista, comete el mismo error que los que han batallado por sus derechos y no ven este código como un logro de sus luchas, sino como un fracaso frente al gobierno que no apoyan”.

 

En la misma línea, el periodista y director del festival de cine alternativo de Gibara, Sergio Benvenuto Solas, comentaba en vísperas del referéndum: “El sí sería un logro de la sociedad civil y de la justicia. Nunca debió ir a referéndum. Enfoquémonos en sus beneficios e ignoremos el componente político que corroe desde los extremos esta votación”.

 

FUENTE: EL PAÍS INTENACIONAL