Número y características de las víctimas[editar]
La mayoría de los muertos fueron efectivos militares y policiales,1 casi todos por acciones del ERP y Montoneros, totalizando estos según las fuentes entre 492 y 547 personas.2 Hugo Gambini publicó dos listas que, además de los nombres de «547 militares, marinos y aeronáuticos (oficiales, suboficiales y soldados); personal de policía, gendarmería y de prefectura», contiene los de 230 civiles, «políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios, diplomáticos, jueces, niños y desertores de la guerrilla» víctimas de estas organizaciones.20
Entre las víctimas hubo filósofos como Carlos Alberto Sacheri,21 y Jordán Bruno Genta; políticos en actividad como Roberto Mario Uzal, o ya retirados como Arturo Mor Roig; sindicalistas que actuaban en la CGT como José Rucci y Dirck Kloosterman, o que pertenecían a la CGT de los Argentinos como Atilio Santillán;22 empresarios como Víctor Samuelson, Héctor Bartolomé Minetti, Bernardino Llaneza, Carlos Pulenta, Antonio Do Santos Larangueira,23 Francisco Soldati, Manuel Martínez, y Ramón Samaniego; empleados como Alberto Abeigon y Ricardo Durán,25 delegados gremiales como José Pedro Chirino; diplomáticos extranjeros como los cónsules de Paraguay Joaquín Waldemar Sánchez o del Reino Unido Stanley Silvester;26 funcionarios de empresas del Estado como Francisco Schwer (de YPF); funcionarios civiles como Walter Klein (secretario de Coordinación y Programación Económica) y su esposa, y jueces como Jorge V. Quiroga.
En los ataques a veces además del objetivo principal había víctimas que podían o no tener relación con este; así, por ejemplo en el asesinato del general Cesáreo Ángel Cardozo con una bomba tuvieron heridas su esposa e hijas,3031 la bomba que mató al comisario Alberto Villar lo hizo también con su esposa, en el asesinato del general Jorge Esteban Cáceres Monié fue muerta a tiros su esposa, al ser asesinado el capitán Humberto Viola también lo fue su hija María Cristina de 3 años en tanto la otra, María Fernanda, de 5 años, resultó gravemente herida,34 la esposa de Arturo Gay es muerta en el asalto al Regimiento de Azul, y Paula ―la hija de 15 años del almirante Armando Lambruschini― murió al estallar una bomba en su domicilio, hecho en el cual también murieron dos vecinos,35 y cuando mataron al general Juan Carlos Sánchez asesinaron también a una mujer que atendía un kiosko en el lugar.
En algunos casos sus asesinatos se produjeron en cautiverio tiempo después de haber sido secuestrados, como ocurrió con Pedro Eugenio Aramburu, Roberto Moisés Echegoyen,25 Jorge Roberto Ibarzábal y Oberdan Sallustro37 y en otros, como el de Argentino del Valle Larrabure, murieron en cautiverio estando discutidas las circunstancias.38 Un caso especial fue el de Liliana Sofía Novakovsky, una joven de 25 años secuestrada en 1972 por las Fuerzas Argentinas de Liberación con la finalidad de obtener fondos para su actividad.3940
Otro caso ocurrió el 8 de diciembre de 1975, cuando explotó un coche bomba estacionado enfrente de la Universidad de Belgrano, en donde falleció la estudiante de 18 años Laura Ferrari. Esta acción guerrillera no tenía como objetivo el asesinato de una persona específica. Por ello su madre, Lorenza Ferrari, considera que fue un acto de "terrorismo puro".41
Listado de acciones de la guerrilla[editar]
Los siguientes datos fueron dados por la defensa del dictador criminal Viola y las mismas fuentes ponen en duda la "atribución a las bandas terroristas": Según la Policía Federal entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 138 hechos delictivos protagonizados por los grupos guerrilleros contra civiles, 9 secuestros y 3 atentados. Según la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 20 homicidios de civiles y, según el Ejército Argentino, entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 21642 acciones de la guerrilla: 8000 atentados explosivos, 1052 atentados incendiarios, 1311 secuestros de artefactos explosivos y 132 secuestros de material incendiario, 2013 intimidaciones con arma, 252 actos contra medios de comunicación social, 1748 secuestros, 1501 asesinatos, 551 robos de dinero, 589 robos de vehículos, 2402 robos de armamentos, 36 robos de explosivos, 111 robos de documentos, 17 robos de uniformes, 19 robos de material de comunicaciones, 73 robos de material sanitario, 151 de materiales diversos, 20 copamientos de localidades, 45 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad, 22 copamientos de medios de comunicación social, 80 copamientos de fábricas, 5 copamientos de locales de espectáculos públicos, 261 repartos de víveres, 3014 actos de propaganda, 157 izamientos de bandera y 666 actos intimidatorios.42
Agrupaciones de familiares[editar]
Todas las asociaciones de familiares son fuertemente criticadas desde medios como Página/12, acusados de justificar los crímenes de la dictadura y de reivindicar el terrorismo de estado.43444546
Un sector de los familiares de las víctimas se agruparon en la asociación Familiares de Muertos por la Subversión (FAMUS) cuya vocera fue por muchos años Eve Solari de Berdina pero fue disuelta en 1991.47 FAMUS sostuvo públicamente que «la guerra no ha[bía] terminado», ya que los «asesinos» se convirtieron en «víctimas sacrificadas» y los «héroes» en «prisioneros de guerra».18
En 2006, Victoria Eugenia Villarruel fundó el CELTYV para agrupar a familiares de las víctimas de las organizaciones armadas.4843 El CELTYV se basa en testimonios directos de los familiares de las propias víctimas de la guerrilla y propone que otros familiares se acerquen a reclamar derechos equivalentes a los de las víctimas de lesa humanidad,49 en contra de los criterios de la justicia argentina.1471138
Cecilia Pando, esposa de un mayor del ejército, fundó la «Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina» (AFYAPPA). También se formó la «Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Argentina» (AVTA) y la agrupación «Argentinos por la Memoria Completa».46
Comparación de los delitos de la guerrilla con el terrorismo de Estado[editar]
Las agrupaciones de familiares de víctimas consideran que la memoria social sobre la década de 1970 es una memoria “parcial”, por eso proponen la Memoria Completa. Este concepto, no sólo se apropia sino que también resignifica dos de las consignas históricamente levantadas por los organismos de Derechos Humanos: Memoria y Verdad. De modo tal de presentar un relato público sobre el pasado reciente tanto más verosímil cuanto más claramente se refleja y se contrapone a la memoria de los desaparecidos y a la lucha de los organismos de Derechos Humanos.18
Algunos sectores que exigen justicia y reparaciones para las víctimas de la guerrilla compararan los delitos imprescriptibles de lesa humanidad englobados en el terrorismo de Estado con los delitos de las organizaciones armadas guerrilleras. En 2008 la diputada Nora Ginzburg, presentó un proyecto, que no prosperó, para otorgar a los asesinatos a manos de la guerrilla estatus de crimen de lesa humanidad.50
La justicia argentina no aceptó colocar en un pie de igualdad ambos tipos de delitos a los efectos de la prescripción.147113815
Es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables.
Nuevo prólogo del
Nunca más, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, 2006.
51
En el caso del asesinato de Argentino del Valle Larrabure, secuestrado durante 372 días por el ERP, que lo torturó y ahorcó, Marcelo Martín Bailaque ―juez federal IV de Rosario― ratificó el dictamen del fiscal general, que lo consideraba un crimen de lesa humanidad.52 Este fallo fue rechazado por la agrupación HIJOS.7 El juez señaló que correspondía dar intervención a la «Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado», pero la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, a cargo del fiscal general Jorge Auat y el coordinador de la unidad, Pablo Parenti, elevaron un informe que se oponía al fallo del juez y explicaba por qué «no es posible aplicar al caso la categoría de los crímenes de lesa humanidad ni la de los crímenes de guerra».53
Luis Moreno Ocampo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, en una entrevista periodística, declaró que de ocurrir estos hechos en el contexto de las leyes internacionales actuales, podrían definirse como crímenes de lesa humanidad, ya que dichas leyes los definen como un ataque masivo y sistemático a la población civil, sin ser necesaria la intervención o aval del Estado.54
Según Gustavo Bossert, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es posible calificar los delitos cometidos por las organizaciones armadas como de lesa humanidad ya que, no se ha logrado hasta ahora una definición universalmente aceptada de terrorismo para calificarlo como "delito contra la humanidad" Ningún organismo internacional, ni la Convención Interamericana contra el Terrorismo ni el Estatuto de Roma han definido los crímenes cometidos por organizaciones terrorista como crímenes de lesa humanidad.13
Reparación y recuerdo de las víctimas[editar]
De las citadas diferencias entre crímenes imprescriptibles del Terrorismo de Estado y crímenes de la guerrilla se desprende que las reparaciones y recuerdo de las víctimas de ambos crímenes son también diferenciados, algo criticado por los sectores que buscan un reconocimiento de las víctimas de las guerrilla. En este sentido, el dirigente peronista Julio Bárbaro manifestó que éstas deberían estar en los museos de la memoria y que «nuestra sociedad necesita que esos grupos guerrilleros asuman sus responsabilidades de otros tiempos; de lo contrario, este conflicto y sus consecuencias parecen lejos de un posible final».55
La Cámara de Diputados aprobó en 2012 un luego fallido proyecto de ley de los diputados formoseños Buryaile (radical) y Díaz Roig (kirchnerista), que establecía que las familias de 16 personas muertas por los integrantes de Montoneros en el ataque al regimiento de infantería Monte 29 de Formosa ―diez conscriptos, dos policías provinciales, dos civiles y un subteniente y un sargento pertenecientes al Ejército―, percibirían como indemnización por única vez, un millón de pesos. La aprobación fue con 135 votos a favor, 18 en contra y 43 abstenciones, con votos cruzados entre los bloques kirchneristas, peronistas, radicales y socialistas.565758 Hubo declaraciones de rechazo al otorgamiento de indemnizaciones de la agrupación HIJOS59 y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre60 y finalmente la ley no fue tratada en el Senado, perdiendo en 2014 estado parlamentario.61
Homenaje en Formosa[editar]
En la provincia de Formosa, desde el año 2002 ―a partir de la sanción de la ley provincial n.º 1395―, los días 5 de octubre de cada año se conmemora el Día del Soldado Formoseño.62 En dicha fecha se realiza un acto homenaje público en la Plaza de Armas de la Victoria del Regimiento de Infantería de Monte 29, encabezado por el gobernador de la provincia y las autoridades de las fuerzas armadas.63
Véase también[editar]
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