Hay una problemática social que se ha venido represando y se agudizó con las medidas de contención de la pandemia, que eran necesarias. Medidas relacionadas con una emergencia sanitaria muy grave. La pandemia nos dejó ver una parte de la problemática y emergieron situaciones nuevas.

¿Qué diferencia hay en Cali para que esté pasando lo que estamos viendo?

Lo primero es expresar la solidaridad y la cercanía con los habitantes de Cali, Popayán y los departamentos del Valle y Cauca. Cali es la capital de una parte muy importante de Colombia, ese punto de llegada de búsqueda de oportunidades, de medios de vida. Por lo tanto, allí se condensan las problemáticas que vienen de otros territorios, como el Pacífico y todo el suroccidente colombiano, donde el conflicto armado tuvo y sigue teniendo un impacto muy severo y donde ha habido históricamente situaciones de exclusión para las comunidades, dificultades para la integración de los que permanentemente están llegando. Pero también Cali es una ciudad con expresiones muy positivas en lo cultural, en lo social y en otros órdenes, que nos dan luces sobre mecanismos para superar la situación actual, a partir del liderazgo social y comunitario. Por lo tanto, allí el concurso de las empresas, comerciantes, sectores populares, juveniles, étnicos, la misma Iglesia, le darán a Cali una nueva configuración, donde realmente haya motivos para la esperanza y para construir reconciliación y convivencia. Es un trabajo que se está adelantando en estos momentos y me parece necesario profundizar en eso.

¿Qué significa que el Gobierno reconozca ahora que se trata de una ‘negociación’ y no de un ‘diálogo’, como lo planteó en 2019, en el momento de reunirse con el Comité del Paro?

El término de ‘conversación nacional’, que se usó en 2019, creó una dinámica y metodología que para muchos sectores sociales resultó no ser realmente transformadora de producir los cambios que se esperaban y no fue una dinámica que incluyera el sector que había estado promoviendo y elevando los reclamos. Bajo esa perspectiva, cuando aparecen las movilizaciones desde abril hasta ahora, el Gobierno empieza a recoger un reclamo cada vez más poderoso de incluir en un nuevo espacio, y con una nueva metodología y dinámica, al Comité Nacional del Paro, quienes aspiran a una negociación. Y la dinámica tiene sus características, porque debe tener objetivos, logros verificables, mecanismos de seguimiento. Debe tener definidos los sectores que participan y su calidad. Todas esas expectativas, además de una serie de hechos regionales y locales, donde se está viviendo con preocupación el derramamiento de múltiples violencias y la necesidad de dar soluciones a esas realidades complejas, el Gobierno y el Comité del Paro se inclinan por ir definiendo. Se vendrá una fase de negociación, que esperamos se instale lo más pronto posible.

Usted dice que los jóvenes han salido de forma autónoma, que muchos no pertenecen a ninguna organización, ¿cómo recoger todos sus reclamos para que sean representados por el Comité del Paro?

En el Comité del Paro ya hay organizaciones estudiantiles muy importantes, que están haciendo un aporte dinámico muy interesante. Son organizaciones que tienen propuestas y por eso se han presentado muchas de estas en el pliego de emergencias, que recoge una parte de lo que ha sido el clamor juvenil. Pero evidentemente quedan muchos sectores juveniles, que se están manifestando día a día, pidiendo empleo y oportunidades. Toca hacer un ejercicio de tres niveles. Uno a nivel nacional, con las priorizaciones del Comité Nacional del Paro. Otro más territorial, es decir, habría que pensar por ejemplo en Cali, en el ejercicio específico que requiere de acercamientos, de construir puentes, de relacionamientos que conduzcan a verdaderas transformaciones, y hacerlo igualmente en otras partes del país, porque también Bogotá requiere un ejercicio territorial específico. Y el tercero es lo intersectorial, es decir, cómo distinguir los niveles que hay dentro de las organizaciones juveniles o dentro del movimiento juvenil y cuáles serían los mecanismos para llegar a recoger ese clamor y las expresiones de cada uno de ellos. Esos son los niveles que veo.

¿Usted ve ánimo de concertar en el Gobierno y el Comité del Paro?

El domingo y el lunes, realmente, no se inició la mesa de negociación. Esta no ha comenzado a funcionar. Esos días se tuvieron unas reuniones especiales para que el Gobierno recibiera un documento del Comité del Paro con dos grandes capítulos, uno que tiene que ver con garantías para la protesta social y el segundo sobre garantías para la mesa de negociación. Normalmente, las negociaciones siempre están precedidas de reuniones donde se fijan la metodología, las condiciones, los alcances de la negociación. Estamos en esa fase, en la que se debe colocar sobre la mesa los prerrequisitos de la negociación y también toda la parte logística y metodológica. Esas reuniones permitieron que el Comité Nacional del Paro pusiera sus exigencias y se escucharan las primeras reacciones del Ejecutivo. La conclusión es que este documento del Comité requiere un estudio y un análisis para que el Ejecutivo responda sobre las exigencias, por lo que las conversaciones se retoman el jueves.

Con lo que dice, los medios estamos informando mal cuando decimos que las reuniones terminan sin acuerdo...

No podemos decir que no se llegó a acuerdos, porque lo que pasó fue la entrega de un documento que por sus complejidades requiere un estudio detallado y nos parece que es mucho más sano dar el espacio. Por eso la reunión del domingo no terminó y se hizo un receso para continuar el lunes, con el fin de que el Gobierno pudiera leer ese documento.

¿Cómo ve esos prerrequisitos que exige el Comité del Paro?

El Comité ha recogido de los territorios las distintas problemáticas que hay y que están siendo elevadas por cada uno de los sectores, donde ellos identifican que es necesario definir claramente la forma como se manejará la protesta social, ahora y en el futuro. Es decir, aquí hay un tema sobre la mesa y es quiénes deben intervenir, con qué tipo de métodos de contención, de qué manera, cómo intervienen los alcaldes. Es un asunto importante y que en realidad va a dar mayor claridad sobre la situación. Del otro lado, hay también obligaciones de los manifestantes de mantener la protesta en el marco de la no violencia. Estamos hablando de condiciones para que se ejerza la protesta pacífica.

¿Y usted lo ve como una precondición válida y viable?

Es muy difícil en el rol que estamos Naciones Unidas y nosotros hacer calificaciones de las condiciones que pone cada una de las partes. El rol nuestro es de acompañamiento, para que se avance en la discusión. Entiendo que lo que se puso en la mesa es un tema de garantías, no solamente de reconocer y admitir la protesta. Igualmente, para nosotros como Iglesia, todo lo que significa expresiones no violentas de lado y lado, está en su legítimo derecho.

Se dice que el presidente Duque no ha estado en las reuniones con el Comité del Paro, ¿qué esperar de su rol en este proceso?

Normalmente en una negociación se nombra un equipo para ella, el Gobierno nombró al suyo, igual que el Comité del Paro. Según la dinámica que se construya de común acuerdo, se definirá en qué momento es necesario que esté el presidente. De momento, la negociación siempre se hace con equipos negociadores.

¿Cuánto considera que se puede extender esta negociación?

Es muy difícil preverlo en este momento, porque la mesa como tal no ha sido instalada. Estamos a la expectativa de que eso se haga y se defina una metodología y quizás unos tiempos, porque allí se definirá cómo se van a votar los temas. En este momento la metodología no existe, aunque nosotros sí creemos importante tener esa precisión.

¿Y una vez definida la metodología sí se puede hablar de unos tiempos?

Sí, la metodología debería contener unos plazos y unas fases de la negociación y también la forma como se van a abordar los temas, porque es posible que no todos se aborden de la misma manera en la plenaria. Habrá que definir si se hace sectorial y específica para cada asunto, si hay temas que se puedan tratar simultáneamente, pero es la metodología la que define el orden y establece unos plazos.

Cuando se hablaba de un diálogo entre Gobierno y Comité del Paro, el comisionado de Paz reveló acercamientos con el Eln, después de años en los que han señalado que no negocian sin que la guerrilla cumpla unas condiciones. Hay quienes dicen se trata de una cortina de humo, ¿usted cómo lo ve?

Lo específico de la mesa de negociación entre el Comité del Paro y el Gobierno debe continuar, debe avanzar, tiene unos objetivos, hay que ir construyendo los acuerdos e ir creando los mecanismos para que puedan ser verificables y se le pueda hacer seguimiento. Si al mismo tiempo el Gobierno encuentra, junto al Eln, que es posible establecer una negociación, nos parece que eso sería motivo de gran esperanza para el país. Pero un escenario no puede, de ninguna manera, ser contrapuesto u opacar al otro. Son dos escenarios diferentes que, en principio, tendrían sus propias dinámicas. Por supuesto, vemos con mucha esperanza esta información y si eso se logra, en las regiones habría indudablemente una situación humanitaria muy diferente, lo cual traería consecuencias muy positivas para la sociedad y sería otro elemento de avance en la construcción de la paz. El proceso con el Comité tiene unos objetivos específicos y, por el momento, allí no existe un punto específico sobre el Eln.

¿No cree que la situación actual también tiene de fondo los problemas y la lentitud en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc?

Cuando comenzaron las marchas en 2019, uno de los más fuertes reclamos era la implementación integral del Acuerdo firmado con las Farc. Ese reclamo no ha desaparecido, está en muchas partes de lo que hay sobre la mesa. Indudablemente el tema de la implementación podría ser articulado con los distintos puntos planteados por el Comité. El Acuerdo de Paz existe, está dentro del marco jurídico colombiano y, por lo tanto, hay que mirar el modo en que su implementación ayude de manera eficiente a dar solución a los grandes reclamos que hay.

¿Qué soluciones ve a la situación social y económica del país?

Es necesario un plan de recuperación social y económica de largo plazo, que les dé vitalidad a las medianas, pequeñas y microempresas, que sea capaz de recuperar la empleabilidad, particularmente la de los y las jóvenes, porque las jóvenes resultan ser un sector especialmente golpeado por la situación de crisis económica que estamos viviendo y requerimos un plan donde se coloque la ética como un componente de reflexión. Tiene que ser un plan que se mire de forma incluyente y equitativa. Hay que colocar grandes principios éticos y también en esta reflexión para que las dinámicas conduzcan hacia un país que sea capaz de superar problemáticas históricas represadas, que vienen de muchos años atrás, no son nuevas, pero que se han agudizado a raíz de la situación de la pandemia y la emergencia sanitaria.

¿Y cómo aportar desde la mirada de cada ciudadano para evitar seguir alimentando esta crisis, para evitar situaciones como las de Cali, en la que vimos civiles armados apuntando contra la minga indígena, como represalia por los bloqueos?

Aquí hay dos principios que tenemos que aplicar para el manejo de la situación desde las ciudadanías. El uno tiene que ver con la dignidad humana, porque ese es el pilar más importante que eleva a una sociedad. Un acuerdo y un pacto social, como el que se busca, tiene que estar cimentado sobre la dignidad de todas las personas, independientemente de sus inclinaciones, pero la dignidad tiene que ser respetada, así como la vida humana tiene que ser central. Y el otro principio es el bien común, el bien de toda la sociedad. Hay que enfocarnos en construir una sociedad más incluyente y equitativa.

Y en cuanto al Gobierno, que debe contestar a la indignación de las personas, a la rabia y el dolor, que como respuesta, en muchos casos, ha sido reprimida por la Fuerza Pública...

Siempre se ha dicho que debe haber proporcionalidad en la respuesta. La respuesta no puede ser desmedida y tiene que hacerla la autoridad competente, en este caso la Policía y las autoridades del municipio o el departamento en cuestión. Ese es el esquema, ya está fijado legalmente por la Constitución. De lo que se trata aquí es que nos ajustemos a lo que está constitucionalmente establecido. Los ciudadanos deben ser conscientes de que hay unos deberes de quienes protestan y las autoridades tienen unos deberes en la forma como deben tratar la situación, no como un tema de orden público, sino como protesta social, porque ahí está la diferencia.