Junio 1 del 2021
Carta al Parlamento Europeo
Reciban un cordial saludo,
Nosotros, Alejandro Lanz Sánchez y Sebastián Lanz Sánchez, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, obrando como codirectores de Temblores ONG y Camilo González Posso, obrando como Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz, organizaciones no gubernamentales con sede en Bogotá, nos dirigimos a ustedes con el propósito de presentar ante sus respectivos despachos información actualizada sobre la gravísima situación de derechos humanos que atraviesa nuestro país por cuenta de la violencia con la que la fuerza pública ha reprimido a los manifestantes en el territorio nacional.
Temblores Ong es una organización no gubernamental que se dedica a la defensa y a la promoción de los derechos humanos en Colombia. En Temblores trabajamos por una reforma a la política de drogas que abogue por la descriminalización de los usuarios; nos dedicamos a promover estrategias comunitarias de construcción de paz en contextos locales que han sido afectados por el conflicto armado; y, así mismo, actuamos por la formalización del trabajo sexual y la des-estigmatización de las personas trabajadoras sexuales; por la des-estigmatización de prácticas sexuales que son condenadas y marginalizadas; por la construcción de estrategias socio-jurídicas frente a la violencia sexual; y por construir procesos pedagógicos y educativos en torno al sexo y la diversidad sexual. Así mismo, trabajamos con las víctimas de violencia policial y con los grupos poblacionales que son constantemente perseguidos por parte de la fuerza pública, como los jóvenes en riesgo de exclusión social.
La plataforma G.R.I.T.A (Graba, Registra, Investiga, Triangula y Asesora casos de violencia policial) de Temblores Ong tiene como objetivo ser una plataforma de denuncia que pretende contribuir a la eliminación de la violencia por parte de la fuerza pública en Colombia. Los cinco objetivos consignados en G.R.I.T.A. permiten (i) ofrecer a la ciudadanía herramientas accesibles y efectivas para prevenir, documentar y grabar hechos de violencia por parte de la fuerza pública, (ii) brindar a la ciudadanía un canal seguro para registrar hechos de violencia policial, (iii) investigar y caracterizar en tiempo real las prácticas de violencia por parte de la policía registrados por la ciudadanía, (iv) triangular a través de diferentes fuentes de información éstos hechos de violencia, y, (v) asesorar y acompañar legalmente a las víctimas de violencias policiales en sus procesos de denuncia ante las autoridades competentes y acceso a la justicia, a través de Policarpa, la Clínica de Justicia Ambulante de Temblores ONG. La Clínica busca garantizar el acceso a la justicia de las personas y poblaciones que han sido históricamente vulneradas y que, en su proceso de búsqueda de reparación y amparo de derechos fundamentales, han sido
ignoradas por el Estado y el sistema de administración de justicia.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ es una ONG integrada por personas que han construido relaciones de colaboración en la permanente actividad por la paz de Colombia. INDEPAZ se conformó en 1984 y desde entonces mantiene como ejes de trabajo la formación, la investigación, la generación de espacios de diálogo, e incursiona en temas de desarrollo y paz, fortalecimiento de organizaciones de base especialmente étnicas y de jóvenes, y diálogos multiactores incluyendo empresas, gremios, gobiernos, partidos y organizaciones sociales. Una de sus actividades es la de realizar el monitoreo, desde el Observatorio de DDHH, Paz y Conflictividades, al conflicto, la recomposición de grupos armados, complejo paramilitar, victimizaciones contra sociedad civil y las resistencias.
La Plataforma B.I.D.A (Búsqueda de Identidades Desaparecidas) de Temblores Ong e INDEPAZ es una herramienta que se ha creado en el marco del Paro Nacional por la gran cantidad de denuncias sobre personas detenidas y desaparecidas quienes, en su mayoría, estaban ejerciendo el libre derecho a la protesta social y pacífica. La ausencia de voluntad política por parte de los organismos de control y la lentitud con que opera el Mecanismo de Búsqueda Urgente MBU, nos ha obligado a desarrollar esta herramienta ágil y cercana a los familiares del desaparecido, la cual tiene permanente monitoreo y acompañamiento permanente.
En enero del año 2021, Temblores Ong publicó el informe Bolillo, Dios y Patria en el que documentó 239 homicidios, 39.613 hechos de violencia física y 102 hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por parte de la fuerza pública entre los años 2017, 2018 y 2019. En marzo del 2021, dicha organización actualizó las cifras de estas 3 violencias y encontró que durante el año 2020 la policía asesinó presuntamente a 89 personas, violentó físicamente a 7972 e incurrió en 30 hechos de violencia sexual.
El 28 de abril de 2021, la ciudadanía salió masivamente a las calles, entre otras, por la indignación y los cuestionamientos sobre la regresividad de la Reforma Tributaria que el gobierno promovió ante el Congreso de la República. Sin embargo, la ciudadanía expresó en las manifestaciones diferentes demandas de larga data, y que, además requieren pronta atención y solución por parte del gobierno. Las demandas de la población se relacionan con temas como: salud, educación, paz, violencia policial y ambiente. Las protestas se han prolongado hasta la fecha, en algunos casos convocadas por el Comité del Paro, en otras de manera espontánea por la ciudadanía.
El 1 de mayo, el gobierno acudió a la figura de “asistencia militar” para controlar centros urbanos. El 2 de mayo, el Presidente le solicitó al Congreso de la República retirar el proyecto de la Reforma Tributaria. Sin embargo, las manifestaciones han continuado, y se han sumado nuevos actores al paro, los transportadores que han protestado en varias vías del país, algunas principales, los sectores reunidos en la minga del suroccidente colombiano, las comunidades del puerto de Buenaventura, entre otros.
El gobierno ha anunciado que estaría evaluando la posibilidad de decretar el Estado de Conmoción Interior¹. El día 10 de mayo el Presidente de la República Iván Duque, después de 13 días de paro, se reunió con el comité del paro, el representante de Colombia ante la ONU, la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, entre otros actores políticos, con el fin de diseñar acuerdos y consensos en beneficio de los colombianos. No obstante, en esta reunión no se logró un acuerdo y tras su finalización se convocó a más manifestaciones, además de haber dejado fuera de la conversación a otros sectores como los sindicales, indígenas, juveniles, de transportadores y otros que se han expresado en estas movilizaciones.
Desde el inicio del paro hasta la fecha, diversas organizaciones de la sociedad civil han registrado hechos de violencia policial en diferentes lugares del país. El número de víctimas de homicidio, lesiones personales, agresiones sexuales y desaparición forzada, entre otros, aumenta de manera alarmante conforme pasan los días de movilización. La ciudadanía ha registrado de manera directa hechos cometidos por la fuerza pública en redes sociales por medio de videos, comunicados, reportes y anuncios que muestran altos niveles de violencia contra la población civil y uso de armas de impacto desproporcionado.
Entidades gubernamentales como la Defensoría del Pueblo lleva un registro propio de víctimas de violencia en el marco de las protestas. No obstante, sus cifras son significativamente menores a las registradas por las organizaciones de la sociedad civil en particular por Temblores, que se exponen en el siguiente punto. Este órgano del Ministerio Público ha sido muy cuestionado por la sociedad civil por la empobrecida gestión, especialmente porque su Director, Carlos Camargo, habría abandonado su responsabilidad de participar en el puesto de mando unificado los primeros días de las protestas, al parecer por estar en en su casa de recreo.
El uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales ha desencadenado una serie de pronunciamientos de la comunidad internacional que rechazan este tipo de violencia en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión emitieron el 7 de mayo un comunicado de prensa en el que “expresan su más profunda preocupación por la gravedad y el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales”.
Durante más de 30 días hemos vivido un estallido social que se ha materializado en numerosas expresiones ciudadanas en el espacio público. La protesta social, como una herramienta fundamental para la transformación social, ha develado el
profundo descontento de diversos sectores ciudadanos, principalmente de juventudes cuyas voces han sido excluidas de la participación en nuestro país. La indignación por la violencia y el cansancio por las condiciones actuales de desigualdad y pobreza se han trasladado de manera permanente al espacio público.
Así mismo, ante esta situación de protesta social, la respuesta más rápida e inmediata por parte del Gobierno ha sido la represión y el uso excesivo y abusivo de la fuerza. Esta situación ha evidenciado que una Reforma Policial es de carácter
urgente y, así mismo, se ha vuelto una de las principales exigencias del Paro Nacional. La violencia policial se ha exacerbado durante este mes. Desde nuestra plataforma GRITA, hemos podido registrar al menos 3692 hechos de violencia
policial, es decir, durante este mes, en promedio ha habido 113 hechos de violencia policial al día.
Dentro de estos casos, fue posible clarificar las siguientes cifras:
1133 víctimas de violencia física
45 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública²
1445 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
648 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas
62 víctimas de agresiones oculares
175 disparos con arma de fuego
25 víctimas de violencia sexual
6 víctimas de violencia basada en género
Además de estas cifras alarmantes, hemos podido identificar algunas prácticas sistemáticas realizadas por miembros de la Fuerza Pública que atentan contra los derechos y la integridad tanto de la ciudadanía que ha salido a manifestarse en las calles, como de transeúntes y personas que desarrollan actividades en el espacio público o que se resguardan en sus viviendas.
A lo largo de este mes, hemos podido constatar un preocupante incremento en:
I. El uso indiscriminado de armas de fuego en contra de los manifestantes por parte de la Fuerza Pública, además de la complicidad con los ataques por parte de civiles armados.
II. El uso de armamentos en contra de las caras y el pecho de los manifestantes para dispersar protestas pacíficas.
III. Disparos con arma venom de largo alcance en lugares residenciales, disparos horizontales violando los protocolos internacionales y la normatividad nacional de disparo parabólico y distancia del metraje.
IV. La imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad.
V. El lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas y de barrios residenciales.
VI. Allanamientos sin orden judicial.
VII. El uso de la figura del traslado por protección para conducir a lxs manifestantes a estaciones de policía en las cuales no hay presencia del Ministerio Público.
Es por estas razones por las que, desde Temblores Ong e INDEPAZ, manifestamos nuestra disponibilidad para ampliar información ante el Parlamento Europeo sobre las violaciones a derechos humanos perpetradas por parte de la fuerza pública en el marco del Paro Nacional.
¹Constitución Política, artículo 213: Artículo 213 ARTICULO 213º—En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.
²Otros 34 casos de homicidio se encuentran en proceso de verificación de circunstancias de tiempo, modo, lugar, contexto social y presunto
agresor.
Reportajes Pipoll amistadessinfronteras.org@gmail.com
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