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La reforma sanitaria presentada por el Gobierno, que ha sido publicada hoy en el BOE, fija las nuevas condiciones que establecen el aseguramiento universal de los ciudadanos españoles. Una de las medidas instauradas por la reforma, publicada en el artículo 3 del decreto, afecta a los mayores de 26 años, que hasta dicha edad podrán ser beneficiarios de un asegurado, siempre que residan en España. En el aire quedan los mayores de 26 años que no estén asegurados y que no hayan cotizado nunca, que solo podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial.
Esta norma establece que, para poder tener una cobertura total de la Sanidad Pública, se debe «ostentar la condición de asegurado», que engloba a aquellos que sean trabajadores o pensionistas, que cobren algún subsidio o, en el caso de haber agotado las prestaciones, esten apuntados al paro, sean cónyuges o hijos hasta los 26 años y no lleguen a un nivel máximo de ingresos. Fuera quedan los jóvenes de 26 años o más que sobrepasen ese nivel mínimo de ingresos y nunca hayan cotizado a la Seguridad Social, por ejemplo opositores o estudiantes universitarios. Únicamente podrían obtener una cobertura sanitaria si el Estado les reconociese como persona sin recursos.
Este polémico cambio, es uno de los argumentos que ha llevado a la Junta de Andalucía a poner a sus servicios jurídicos a estudiar la posible inconstitucionalidad del Real Decreto Ley. La Junta advierte de que los jóvenes mayores de 26 años y sin empleo previo (principalmente estudiantes) no tendrán ahora derecho a la atención sanitaria no urgente «salvo que soliciten y acrediten estar por debajo de los ingresos que se determinen reglamentariamente».
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también se ha referido a este punto de la reforma que ha pasado prácticamente desapercibido. Según los socialistas, los mayores de 26 años que no figuren en los servicios de empleo tendrán que pagar los servicios sanitarios.
La Xunta de Galicia ya había puesto esta marcha esta medida antes de la reforma del Gobierno central. El 29 de septiembre del 2011 el Sergas envió un protocolo de trabajo a las unidades que tramitan las tarjetas sanitarias en los centros de salud y en las direcciones provinciales. En ese protocolo se especificaba que las personas sin recursos solo podrían ser atendidos en urgencias mientras estaban tramitando la tarjeta sanitaria, que es el carné que acredita el derecho a la asistencia.
Desde la Consellería de Sanidade, cuyos técnicos han estudiado hoy el decreto publicado en el BOE, aseguran que el párrafo en el que se deja en el aire la asistencia sanitaria gratuita de los mayores de 26 años se refiere únicamente a los extranjeros. La Voz de Galicia se ha puesto en contacto con el Gabinete del Ministerio de Sanidad y se han limitado a contestar que «todos los españoles y extranjeros con situación regularizada pueden tener la condición de asegurado por la vía del apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto Ley».
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