Robert Henry, de 55 años, fue ejecutado por el estado de Florida la noche del pasado 20 de marzo, como culpable del terrible asesinato de dos mujeres, compañeras de trabajo, en noviembre de 1987. Momentos antes de morir, y tras un alegato en contra de la pena de muerte, reconoció su culpa y pidió perdón, diciendo que él había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador.

Henry fue declarado culpable de golpear y quemar a Janet Cox Thermidor y Phyllis Harris en 1987. Quería robar la tienda de tela Cloth World, donde trabajaba con las dos mujeres, a pesar de que no le hacía falta el dinero, como le dijo a los detectives que investigaron el caso.

Más tarde, Henry afirmó que era adicto al crack y que se encontraba bajo una "psicosis inducida por la cocaína" en el momento del horrendo crimen.

El crimen sorprendió por su brutalidad a los investigadores y especialistas, uno de los cuales declaró tuvo que buscar ayuda psicológica para hacer frente y superar lo que vio aquella noche.

Una de las mujeres fue golpeada y luego quemada hasta provocarle la muerte, pero la otra que sufrió el mismo tipo de ataque estaba aún viva en medio de terribles dolores cuando llegaron los bomberos. Murió doce horas más tarde, pero fue capaz de identificar a Henry como su asesino y el de su compañera antes de fallecer.

ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN
Henry pidió perdón “de corazón” a las familias de las víctimas durante su declaración final antes de ser ejecutado y dijo que estaba "sinceramente" arrepentido. "Yo he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y de buen grado perderé esta vida que tengo por una vida mejor que Él nos ofrece", añadió.

"Muere", le respondió el hermano de Themidor, Sal Cox.

Poco antes de la inyección letal, Henry cerró los ojos y durante un rato en el que aún permanecía consciente movía los labios, aparentemente en una oración elevada a Dios. Luego, poco a poco su respiración se fue deteniendoi hasta pararse por completo.

ALEGATO CONTRA LA PENA DE MUERTE
"Esperamos que en un futuro no muy lejano, esta sociedad pueda evolucionar en su legislación, y que de la misma forma que se sienten incómoda con castrar o violar a un violador, o con cortarle las manos de ladrones, piense igual respecto a por qué seguir asesinando a quienes han sido asesinos " expuso Henry en su declaración final antes de su ejecución y su petición de perdón por lo que había hecho.

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la relación racial de las víctimas de la pena de muerte en los EE.UU. es sorprendentemente alta desde el renacimiento de esta práctica en 1976, siendo desproporcionalmente alta en los juicios cuyos acusados pertenecen a las minorías étnicas.

Las estadísticas publicadas por el Departamento de Justicia Criminal de Texas muestran que 11 de los 16 presos ejecutados en el Estado de Texas en 2013 (Texas es responsable de casi el 40 por ciento de todas las ejecuciones en los EE.UU. desde 1976), eran afroamericanos o hispanos.

Desde 1973, 142 condenados a muerte en 26 Estados han abandonado el corredor de la muerte tras haberse probado su inocencia.

Según la organización Witness of Innocence, uno de cada nueve condenados a muerte en EE.UU. fue posteriormente declarado inocente. Después de recuperar su libertad cada uno de ellos había pasado por término medio 10 años de estancia en prisión.

La mayoría de los errores, de acuerdo con la misma fuente, se producen por una mala representación legal, los prejuicios raciales, malas prácticas de los fiscales y por diferentes errores cometidos durante la instrucción de los casos.

Por su parte los defensores de la pena capital argumentan que la liberación de condenados erróneamente prueba la fortaleza del sistema judicial y que la utilización de las nuevas tecnologías y avances forenses previene de cometer errores irreversibles

EL COSTE AÑADIDO DE LA PENA CAPITAL
Y por si alguien pudiera pensar que es una forma de ahorro brutal, la pena de muerte es mucho más cara que la cadena perpetua sin libertad condicional porque la Constitución exige un largo y complejo proceso judicial para los casos capitales.

Por ejemplo, Florida gastó en 44 ejecuciones de 1976 al 2000, $24 millones por cada una; Nueva York gasta $23 millones por cada persona ejecutada desde que se reimplantó en 1995; y California en 11 ejecuciones durante los últimos 27 años, ha gastado $250 millones combinando las gastos estatales y federales.