Elementos Exógenos del conflicto Mapuche
En la búsqueda de sus objetivos reivindicacionistas, las comunidades mapuches han encontrado respaldo en organizaciones nacionales e internacionales de protección a las minorías, a través de las cuales han recibido apoyo y orientación. Estas influencias, que han trasplantado a la situación chilena elementos socioculturales foráneos, sólo han contribuido a distorsionar la verdadera realidad de las comunidades indígenas en nuestro país.
Este complejo fenómeno debe ser entendido desde la perspectiva de la globalización y la corriente mundial de defensa de los derechos humanos, que, en este caso, acude en resguardo de una minoría étnica. A lo anterior se suman organizaciones protectoras del medio ambiente, las que comenzaron a actuar desde la puesta en marcha de las obras de la Central Ralco.
El resultado de las movilizaciones étnicas se ha traducido en una rebelión contra el actual régimen jurídico, impulsada y avalada por las organizaciones antes mencionadas e infiltradas por grupos asistémicos, como miembros del Frente Manuel Rodríguez (FMR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), los cuales, en conjunto, han encontrado en la reivindicación étnica el mecanismo a través del cual se obtengan, por un lado objetivos propagandísticos y, por otro, acciones concretas del Gobierno frente a la crítica situación que afecta a parte de la comunidad nacional azotada por los resultados de la actual crisis económica mundial.
Analizada la génesis del problema y los elementos que concurren a su actual desarrollo, debemos referirnos al impacto que este conflicto eventualmente podría generar en la Seguridad Nacional. Lo anterior, tomando en consideración, por una parte, su carácter cíclico, puesto que no es posible esperar que se haya solucionado definitivamente a través de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno, que los dirigentes mapuches ya calificaron de insuficientes e inadecuadas, y, por otra, los distintos mecanismos institucionales que estarían llamados a enfrentar hechos delictuales similares a los ya ocurridos, los que demostraron ser efectivos como herramientas de presión ante las recientes exigencias sectoriales.
De acuerdo con lo señalado en el Libro de la Defensa Nacional de Chile, la Seguridad Nacional "es toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país, de modo que asegure el libre ejercicio de la soberanía de la Nación, tanto en el interior como en el exterior, con arreglo a las disposiciones establecidas, a la Constitución Política del Estado, a las leyes de la República y a las normas de derecho internacional, según corresponda".
Del citado concepto y del análisis de las Actas emanadas de la Comisión de Estudios de la nueva Constitución Política, se desprende que la seguridad nacional no sólo comprende la defensa de la Patria, la integridad territorial de la Nación y la soberanía del Estado, sino que involucra el desarrollo socioeconómico, la cohesión ciudadana, el normal desarrollo de la institucionalidad, el nivel cultural y otros aspectos sociales. Por todo lo expuesto, debe entenderse la seguridad nacional como una condición que se consigue gracias a las acciones emprendidas en los diversos ámbitos nacionales y cuyo fin superior es el bien común.
Así, podemos señalar como dimensiones que la integran: la seguridad interior, en lo que se refiere a la mantención del orden interno y a la tranquilidad pública del país; la seguridad económica, en cuanto al establecimiento de las condiciones básicas para el desarrollo de todos los sectores productivos; la seguridad social, en relación con la igualdad de oportunidades y el acceso más equitativo posible a los frutos del desarrollo, y finalmente la seguridad externa, en lo referido al mantenimiento de la independencia nacional, la soberanía del Estado y la integridad del territorio.
El conflicto indígena, independientemente de las medidas implementadas por el Gobierno -por cuanto hay que esperar un tiempo prudente que permita evaluar sus efectos- atendidas sus características, claramente podría constituir un elemento de vulnerabilidad de nuestra seguridad nacional en consideración a los elementos que lo integran. En primer lugar, porque afecta el orden interno y la tranquilidad pública del país, a través de diversos llamados que los dirigentes del movimiento han efectuado a transgredir el ordenamiento jurídico. En segundo término, porque durante su desarrollo se ha pretendido, no sólo limitar, sino también vulnerar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución. En tercer lugar, porque han existido claras manifestaciones de extrapolar el conflicto local al plano nacional, incluso con la participación de elementos foráneos, como son los voluntarios internacionales y organismos extranjeros que tienen interés en la reivindicación de minorías a lo largo del orbe.
De acuerdo con lo establecido en el Art. 90 inc. 2º de la Constitución Política de la República, "las Fuerzas Armadas están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República".
De la norma transcrita se desprende que las misiones encomendadas por la Carta Fundamental a las Fuerzas Armadas las obliga a mantener una constante preocupación en aquellos temas que eventualmente pudieran constituir un foco de desestabilidad interna, los que debieran hacerse presentes a través de los mecanismos establecidos por nuestro ordenamiento, que en este caso abarca desde una representación del tema al Ministro de Defensa Nacional hasta la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional.
Desde el punto de vista judicial, ciertos ribetes del conflicto, fomentados por la eventual participación de activistas y personas infiltradas tras las demandas de los mapuches, podrían llevar al Gobierno a aplicar la ley de Seguridad del Estado, a través de la cual se procura la preservación del orden jurídico institucional del país.
Esta medida fue aclamada en su oportunidad por los propietarios de predios de la zona que fueron objeto de tomas, destrucción de los mismos y de disturbios que perjudicaron las faenas productivas, quienes se encuentran en constante tensión derivada de la inseguridad que se genera ante la posibilidad de que se produzcan tomas masivas en las regiones afectadas, aun luego de la solución parcial que se ha pretendido dar al tema.
En su oportunidad el Gobierno se negó a adoptar esta medida, probablemente porque reprimir a los indígenas podría tener un alto costo político al interior del país, en especial, por ser un año electoral. Internacionalmente, el precio se dejaría sentir a través de la presión de Organismos no Gubernamentales, situación que afectarían la imagen de Chile ante el mundo, ya que la "causa mapuche" está siendo ampliamente difundida en círculos extranjeros de defensa a los derechos humanos, etnias y grupos ecológicos, entre otros.
Tal como se esperaba, el Gobierno efectuó una lata evaluación de la que se desprendió la adopción de medidas calificadas como una clara política de discriminación positiva respecto de la cual hay opiniones antagónicas que, por lo demás, no aseguran una solución definitiva al problema.
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