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General: A UN PASO DE LA GUERRA CIVIL en TLALNEPANTLA, MORELOS, MÃXICO 135/01/04.
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| De: ATTACmx (Mensaje original) |
Enviado: 25/01/2004 23:30 |
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CIRCULAR INFORMATIVA ATTAC-MÉXICO # 135/01/04.
México D.F. Viernes 23 de enero de 2004
Se buscará en las mesas de negociación formas legales para no
cumplimentarlas, indica la SG
Dictan auto de formal prisión a 20 habitantes de Tlalnepantla, Morelos
Marcha en el DF el concejo autónomo y acepta el diálogo, pero sin Estrada ni
Osorio
LA JORNADA MORELOS, ALONSO URRUTIA Y MATILDE PEREZ U.
Cuernavaca, Mor., 22 de enero. La jueza penal Guillermina Jiménez Serafín
dictó auto de formal prisión a 20 habitantes del municipio de Tlalnepantla,
Morelos, por los delitos de asonada, motín y ataques a las vías generales de
comunicación, derivado del enfrentamiento ocurrido la madrugada del 14 de
enero durante el desalojo de la alcaldía de esa localidad.
En tanto, el jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación
(SG), Gonzalo Altamirano Dimas, dijo que aunque se hayan librado 20 órdenes
de aprehensión contra habitantes de esa localidad, en las mesas de
negociación se encontrarán los caminos legales para no cumplimentarlas y
facilitar el diálogo.
En ese sentido, el procurador de Justicia de Morelos, Guillermo Tenorio
Avila, expuso que aun cuando la dependencia cuenta con "algunas" órdenes de
aprehensión, no se girarán más contra los líderes del movimiento, y reiteró
que por órdenes directas del gobernador Sergio Estrada Cajigal, se prevé que
la tregua sirva para alcanzar acuerdos entre ambas partes.
En cambio, el concejo popular autónomo de Tlalnepantla rechazó tajantemente
la "tregua" anunciada ayer por el gobernador, y lo acusó de haber empleado
un doble lenguaje en el conflicto, ya que un día antes del desalojo había
prometido que promovería la desaparición de poderes en el municipio y no lo
cumplió.
La madrugada de este jueves, la jueza Jiménez Serafín informó en la rejilla
de prácticas a los 20 detenidos de los delitos por los cuales les dictó el
auto de formal prisión, y aunque los absolvió del delito de asociación
delictuosa, los procesados permanecen en el penal de máxima seguridad de
Atlacholoaya, aunque podrán obtener su libertad bajo fianza, que la jueza
fijó en 50 mil pesos para cada uno de ellos.
María Isabel Rodríguez Gómez, abogada de 19 de los reos, anunció que buscará
por conducto de los legisladores locales reducir la fianza hasta 50 por
ciento, debido a que los campesinos no tienen dinero.
La abogada, designada por la fracción del PRD en el Congreso local, indicó
que su defensa no incluye a Marco Antonio Lazcano, identificado por la
policía como quien aventó un tanque de gas a una patrulla que se incendió y
que simpatiza con el alcalde de Tlalnepantla, el priísta Elías Osorio
Torres.
De los habitantes detenidos, la jueza segunda penal sólo puso en libertad a
Mateo Rodríguez Segura, Julio González Lima y a Víctor Juan Espíndola Rojas,
y se confirmó también la liberación de dos jóvenes que estaban en el Consejo
Tutelar para Menores.
En tanto, integrantes del concejo popular autónomo de Tlalnepantla
rechazaron la tregua planteada por Estrada Cajigal, pues, recordaron, el
martes 13 de enero, un día antes del desalojo de la presidencia municipal,
el mandatario había prometido que desaparecería los poderes, sin embargo, al
día siguiente los desalojó.
Tras calificar las declaraciones del gobernador de ambiguas y poco creíbles,
los integrantes de la Comisión de Barrios y Poblados y del concejo popular
autónomo de Tlalnepantla en el exilio, afirmaron que sí se sentarán a
negociar en la ciudad de México con la comisión de legisladores federales y
de la Secretaría de Gobernación, pero "nunca con el señor Elías Osorio
Torres".
De su lado, el Congreso local acordó que los gobiernos federal y estatal
convoquen a las partes en conflicto para restablecer la mesa de diálogo, y
que las comisiones especiales de legisladores de las cámaras de ambas
instancias trabajen conjuntamente en la investigación sobre los hechos
violentos para que se deslinden responsabilidades.
Sin embargo, el líder de la bancada del PRD, Guillermo López Ruvalcaba,
consideró que para reiniciar el diálogo es indispensable la liberación de
los presos "políticos" que recibieron el auto de formal prisión, así como la
renuncia del secretario de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez, por ser el
responsable de la represión policiaca. "O renuncia o le iniciamos juicio
político", advirtió.
En la ciudad de México, la Secretaría de Gobernación consideró que la tregua
propuesta por el gobierno de Morelos, para no detener a los inconformes de
Tlalnepantla, podrá favorecer la distensión de la zona y posibilitará
encontrar salidas al conflicto mediante el diálogo.
Reiteró que la solución a este problema, cuyo origen es electoral, compete
exclusivamente a los morelenses.
Al dar a conocer este pronunciamiento de la dependencia, el jefe de la
Unidad de Gobierno, Gonzalo Altamirano Dimas, dijo que tendrá que ser en las
mesas de diálogo donde se discuta la situación de los detenidos.
"El hecho de que no se ejecuten órdenes de aprehensión, que no se aprehendan
a más personas, dará pauta para que se hagan revisiones mesuradas de los
procesos que se siguen", afirmó.
En el análisis afirmó que con el objetivo de que puedan obtener su libertad
los detenidos, deberá revisarse que no estén acusados de delitos graves y
así, "con el ánimo de solucionar el problema, puedan obtener su libertad la
mayoría de ellos".
Sin embargo, Altamirano Dimas sostuvo que el gobierno federal coincide con
la postura asumida por la administración del gobernador Sergio Estrada
Cajigal, en el sentido de "rechazar que grupos de agitación, o que quieren
provocar violencia" (como llamó a los miembros del Consejo General de Huelga
de la UNAM y a campesinos de San Salvador Atenco), a quienes se "desarmó" el
domingo pasado cuando pretendían ingresar al municipio "porque no pueden
actuar impunemente".
Altamirano Dimas acusó a estos grupos de no querer una salida pacífica al
conflicto, por el contrario, "algunos de ellos querían atizarlo, por eso fue
buena la actuación del gobierno del estado". Ojalá -dijo en alusión al
Gobierno del Distrito Federal- otras entidades sigan este camino, con el
propósito de que se eviten que grupos externos se trasladen a sus estados a
"atizar los conflictos".
La posición del gobierno, añadió, es llamar a estos movimientos a que se
conduzcan por los cauces de la ley, pero cuando en algunos casos no lo
hacen, como el domingo en Morelos, "hay que actuar con energía y con apego a
la ley".
En tanto, el consejo popular autónomo y la Comisión de Barrios y Pueblos de
Tlalnepantla refrendaron su demanda sobre la instalación de una mesa de
diálogo con el gobierno federal en la ciudad de México; la liberación de 20
pobladores detenidos, y la salida inmediata de la policía estatal del
municipio. Pero, puntualizaron, "no queremos que en el diálogo participe
Elías Osorio Torres (el alcalde priísta), ni el gobernador Sergio Estrada
Cajigal".
La demanda de dicho concejo fue apoyada por las cerca de 2 mil personas de
la Central Unitaria de Trabajadores, Frente Popular Francisco Villa, San
Salvador Atenco y Comité General de Huelga, que participaron en la marcha
que la tarde de ayer partió del Angel de la Independencia hacia la
Secretaría de Gobernación.
Estrechamente vigilados por los cuerpos policiacos, los manifestantes
exigieron que cese la represión en el municipio morelense, así como que se
someta a juicio político al gobernador de la entidad.
Las peticiones del concejo popular autónomo y de la Comisión de Barrios de
los Pueblos de Tlalnepantla fueron negadas por la Secretaría de Gobernación,
pues en el gobierno de Morelos ya está instalada dicha mesa y, además, es un
asunto estatal. Respecto a la salida de los cuerpos policiacos asentó que su
presencia garantiza la seguridad de las partes en conflicto.
Las demandas del concejo y Comisión de Barrios de Tlalnepantla fueron
presentadas por una comisión de 12 personas de las organizaciones que
asistieron a la marcha, pero en la que no participó ningún integrante de
Tlalnepantla.
Con los machetes en alto, los pobladores de San Salvador Atenco repudiaron
la actuación del gobernador Sergio Estrada Cajigal, y no dejaron de
señalarlo como responsable de la muerte de Gregorio Sánchez Mercado.
En el mitin, Alfredo Lima, integrante del concejo popular autónomo y uno de
los refugiados en la ciudad de México, aseguró que en Tlalnepantla continúa
la violación a las garantías individuales de los habitantes que se oponen al
alcalde priísta.
Urgieron al secretario de Gobernación, Santiago Creel, a iniciar el diálogo
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para restablecer la gobernabilidad
en el municipio. Pidieron la participación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y de la comisión plural de senadores y diputados que fue
designada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, además de
analistas políticos invitados por el concejo popular autónomo.
Agregó que en ese diálogo deberán atenderse los siguientes puntos: libertad
de los 20 detenidos; retiro inmediato de la fuerza pública del municipio;
reconocimiento a la autonomía y libre autodeterminación del pueblo de
Tlalnepantla; indemnización a los familiares de Gregorio Sánchez, así como a
las familias que tuvieron que abandonar sus casas y siembras de nopal.
Alfredo Lima y Benyosef Laguna denunciaron que gente de Elías Osorio llegó a
preguntar por ellos en Santa Ana y San Lorenzo, Milpa Alta, además de que
los vigilan desde vehiculos particulares. Agregaron que hasta ayer ningún
diputado o senador se había comunicado con ellos para conocer de la
situación que hay en su municipio.
La comisión de las 12 personas de las organizaciones que marcharon ayer y
que fueron recibidas por el director de Atención Ciudadana de la SG,
Apolonio Méndez, advirtieron que radicalizarán sus acciones ante la negativa
de las autoridades federales a atender las demandas del concejo popular
autónomo de Tlalnepantla.
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