FORO, DEBATES, ANÁLISIS, TEORÍA, OPINIÓN Y CULTURA*.


MOVIMIENTO CIUDADANO INTERNACIONAL ATTAC PRAXIS MÉXICO.


= IMPUESTO "TASA TOBIN" A LAS TRANSACCIÓNES ESPECULATIVAS en MERCADOS DE DIVISAS.
= IMPUESTO LULA A TRANSACCIONES GLOBALES DE ARMAMENTO.
= NO A LA USURA BANCARIA.
= MEXICANIZACIÓN DE LA BANCA.
= Por la Carta Universal de los DERECHOS LABORALES.
= NO FUERO CONSTITUCIONAL.
= CÓDIGO DE ÉTICA POLÍTICA.

*ADVERTENCIA; Los documentos publicados no comprometen a la asociación "ATTAC PRAXIS MÉXICO" salvo mención en contrario. Pueden ser opinión de grupos temáticos, personas u otras organizaciones. Se trata solamente de aprovechar las experiencias e ideas disponibles para poder construir juntos OTRO MUNDO POSIBLE, para reapropiarnos de nuestro porvenir.
ALTOS HORNOS   

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PROCESO
Altos Hornos: Fox, como Salinas… A costa del erario y mediante negociaciones turbias, la administración de Vicente Fox ha salido en auxilio de dos de los empresarios favoritos de Carlos Salinas de Gortari: Alonso Ancira Elizondo y Xavier Autrey Maza, dueños de Altos Hornos de México acusados de evasión fiscal y ahora prófugos. Endeudada hasta la ignominia ­debe alrededor de 3 mil millones de dólares— la principal siderúrgica del país, que en el norte del país daba empleo a más de 12 mil personas y ahora sólo emplea a poco más de 3 mil, enfrenta un nuevo peligro, asociado a los afanes de "rescate" del foxismo: podría quedar en manos del capital extranjero JORGE CARRASCO ARAIZAGA PROCESO A la memoria de mi madre MEXICO, DF, 24 DE ABRIL/ Accionistas mayoritarios de Altos Hornos de México (AHMSA) que tienen en virtual quiebra a esta empresa, la siderúrgica más grande del país, Alonso Ancira y Xavier Autrey realizan una serie de arreglos ventajosos con el gobierno de Vicente Fox que pueden derivar en el control compartido, con inversionistas extranjeros, de la que llegó a ser una de las empresas más importantes del Estado. Como elementos de este pernicioso caso se encuentra la evasión y reducción de impuestos, negociaciones de deudas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y licitaciones dudosas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como una estra-tosférica deuda bancaria y compromisos con 3 mil acreedores que alcanzan saldos insolutos por mil 850 millones de pesos, lo que ha dado lugar a más de mil 200 demandas de pago, aparte de adeudos vencidos con el gobierno federal por mil 103 millones de pesos hasta octubre último. Formalmente prófugos por evasión de impuestos ­"administradores desde el exilio", los llama la compañía­, los empresarios encumbrados por el salinismo acaban de realizar desde el extranjero un movimiento administrativo para reforzar su control sobre la compañía luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aceptara el pago en especie de una deuda fiscal de 24 millones de pesos, con lo que pretenden estar en mejor posición para renegociar, este mismo año, el adeudo de los mil 850 millones de dólares contratado principalmente con la banca e inversionistas extranjeros. La ayuda de Hacienda a los dos empresarios se suma a la productiva relación que ambos han tenido durante este gobierno con la CFE, paraestatal dirigida por Alfredo Elías Ayub, que los ha beneficiado con jugosos contratos de compra de carbón térmico a través de una compañía "de papel", asegura el senador del PAN por el estado de Coahuila Luis Alberto Rico Samaniego, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Explica que, por medio de Coahuila Industrial Minera, una empresa de reciente creación, sin activos y sin historial financiero, Ancira y Autrey obtuvieron de manera indirecta un contrato por alrededor de 2 mil 400 millones de dólares para venderle 68 millones de toneladas de carbón térmico a la CFE, cuyas plantas car-boeléctricas en Coahuila generan casi el 8% del total de la energía eléctrica del país. De esa manera, agrega, la principal subsidiaria de AHMSA, Minera Car-bonífera Río Escondido (Micare), salvó el impedimento legal que tenía para ser proveedora del gobierno federal dada su condición de empresa en suspensión de pagos. El legislador dice que reportó esta irregularidad al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, para que se invalidara la operación, pero sostiene que no tuvo respuesta del funcionario. El señalamiento del senador, quien ya en abril de 2002 había logrado detener otra licitación de la CFE a favor de Micare, se confirma con un reporte hecho por AHMSA a la Bolsa Mexicana de Valores, el cual, además, revela que Micare podría pagar sus millonarias deudas con recursos públicos: "En enero de 2003, Micare celebró un contrato con Coahuila Industrial Minera, SA de CV (CIMSA), y ésta a su vez con la CFE (…) para el suministro de 68 millones toneladas de carbón con un plazo mínimo de 5 años y máximo de 10 años". El documento agrega que CIMSA "adquirió diversos compromisos financieros, a ser fondeados de los flujos provenientes del propio contrato, tendientes a la reestructura de la deuda para el levantamiento de la suspensión de pagos de Micare". La otra ayuda gubernamental, la de Hacienda ­consistente en la aceptación de pagos en especie— se presentó el 10 de marzo pasado, una semana después de que la Procuraduría General de la República anunciara que Ancira y Autrey se encontraban prófugos por un adeudo fiscal de 24 millones de pesos, ínfima cantidad en comparación con los ya mencionados mil 850 millones de dólares, los más de mil millones de pesos acumulados en deudas con el gobierno federal y otras millonarias cantidades por pagar tanto a proveedores nacionales como extranjeros. Con el impacto laboral como coartada, el gobierno de Vicente Fox intervino en auxilio de los dos empresarios, quienes de por sí tienen una larga historia como sujetos de beneficios: Propietarios desde 1991, por la gracia del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, del Grupo Acerero del Norte (GAN), controlador no sólo de AHMSA sino de ricas minas de carbón y fierro en Coahuila, Chihuahua, Durango e Hidalgo; ahora, de la mano del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Altos Hornos pretende explotar gas natural en la Cuenca de Burgos, ubicada en el estado de Tamaulipas, por lo cual promueve la reforma energética de Fox, que haría posible ese proyecto. Mediante una propuesta de reforma presentada el año pasado por la senadora del PVEM Verónica Velasco en respaldo de la Cámara Nacional de las Industrias Minera y Extractiva ­presidida entonces por Alonso Encira­ se pretende modificar la ley minera para permitir la recuperación, uso, almacenamiento y enajenación de gas metano como subproducto de una explotación minera. La iniciativa se encuentra en comisiones para su análisis, y en caso de aprobarse beneficiaría directamente a AHMSA. El gobierno al rescate Desde hace casi cinco años, Altos Hornos y otras subsidiarias del Grupo Acerero del Norte están protegidas por la desaparecida Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos para hacer frente a sus estratosféricas deudas, agudizadas con la crisis siderúrgica mundial de 1999. No obstante, gracias a incentivos arancelarios y la recuperación del precio del acero, las distintas empresas de GAN se han mantenido en operación; en el caso de AHMSA, por ejemplo, esta compañía reporta cada año ingresos importantes por ventas al gobierno federal y al extranjero. De acuerdo con el reporte financiero más reciente de AHMSA, presentado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el pasado 2 de abril y correspondiente al tercer trimestre de 2003, la Secretaría de Hacienda "formalizó —el 10 de marzo de 2004— la recepción como dación en pago de impuestos federales de una planta de tratamiento de aguas residuales y un inmueble denominado Rancho Fresnillo". Ambos bienes se localizan en Monclava, Coahuila, y tienen un valor de 202 millones de pesos, alrededor de una quinta parte del adeudo acumulado con el gobierno federal, sin contar otros créditos fiscales que están en litigo y que suman mil 478 millones de pesos. "Con este pago en especie —dice el informe— se liquidaron impuestos federales vencidos (principalmente retenciones e IVA) a cargo de AHMSA y algunas de sus subsidiarias del período de marzo a agosto de 2003", con lo cual "al 10 de marzo de 2004 la compañía y sus subsidiarias no adeudan impuestos federales vencidos." Pero la cifra es sólo una parte de la deuda acumulada con el gobierno federal. En el mismo reporte se indica que al 21 de octubre pasado el adeudo vencido con el gobierno sumaba mil 103 millones de pesos. "Derivado de la falta de liquidez, la compañía y algunas de sus subsidiarias tienen pendiente de pagos impuestos, derechos y aportaciones de seguridad social vencidos por aproximadamente 766 millones y 337 millones convenidos para el pago de parcialidades", señala el reporte. Así mismo, de manera desglo-sada indica que la deuda con Hacienda era de 398 millones de pesos, con el IMSS de 592 millones, y por otros conceptos, entre ellos consumo de agua, de 114 millones de pesos, lo que da un total de mil 104 millones de pesos. Más aún, AHMSA logró que el gobierno de Fox firmara convenios para cubrir con facilidades esas obligaciones: "La compañía obtuvo convenios para el pago en parcialidades de impuestos federales (enero y febrero de 2003), aportaciones de seguridad social (excepto Afores) y derechos por consumo de agua. Al 21 de octubre de 2003, la compañía adeuda 91 millones, 196 millones y 50 millones de pesos bajo tales términos, respectivamente". Además, la dependencia a cargo de Francisco Gil Díaz aceptó que el agua obtenida por la planta de tratamiento de la compañía, así como la extraída mediante los pozos localizados en el Rancho Fresnillo, "seguirá siendo utilizada por AHMSA en el proceso siderúrgico a través de un contrato de suministro a celebrarse con el gobierno federal o con quien éste designe". Jaime Guerra, abogado de Altos Hornos, asegura que la empresa que representa "se encuentra al corriente en el pago de impuestos con el gobierno federal". En respuesta a un cuestionario entregado por Proceso, indica que con Hacienda "las deudas se encuentran cubiertas. Algunos pagos se han realizado con atraso, con sus respectivos recargos y multas", mientras que con el IMSS "se están cubriendo los pagos y, en algunos casos, se han celebrado convenios para el pago de los mismos". El reportero hizo consultas en ambas instituciones para conocer los montos de los adeudos, los convenios y las formas de pago, pero en ninguna se informó al respecto, por "no estar autorizados para dar datos sobre ninguna persona física o moral". Por lo demás, el débito de AHMSA con el gobierno federal no sólo es de carácter impositivo. También suma créditos de la banca de desarrollo y pasivos con la Comisión Nacional del Agua y la Pro-curaduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por concepto de consumo de agua e inversiones para resarcir deterioros al medio ambiente. Hasta diciembre pasado, la empresa tenía pendiente una inversión comprometida con la Profepa por 9 millones de dólares, sin contar los 25 millones de dólares previstos entre 2001 y 2006. Los préstamos gubernamentales fueron del Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y el Banco Nacional de Obras (Banobras). Al primero, según el abogado Jaime Guerra, "no se le adeuda cantidad alguna", pues se llegó a un convenio para que el finan-ciamiento a las exportaciones de acero de AHMSA lo paguen directamente los compradores a Bancomext. Sin embargo, en el citado reporte financiero se indica que hasta el 30 de septiembre pasado la empresa tenía con el banco un saldo insoluto de 10.2 millones de dólares, "el cual al 21 de octubre de 2003 se encuentra vencido". A Banobras, agrega Guerra, "se le debe por parte de Micare 73 millones de dólares", deuda que ya fue reconocida en el proceso judicial de suspensión de pagos. Ese reconocimiento es independiente de la admisión de la deuda por mil 850 millones de dólares que AHMSA tiene con 3 mil acreedores, principalmente de la banca comercial y tenedores de bonos. Esa cantidad entró en litigio desde hace casi cinco años al amparo de la desaparecida Ley de Quiebras, con el objetivo de que la empresa se mantuviera en operación, conservara el empleo, se recuperara financieramente y, protegida por la justicia, renegociara con los acreedores Pero esto no ha ocurrido, salvo la operación y el ingreso de recursos a la compañía; las renegociaciones sólo las ha alcanzado con proveedores y empresas de servicios para mantenerse en operación. La Ley de Quiebras fue sustituida en el 2000 por la Ley de Concursos Mercantiles, pero aún se aplica a Altos Hornos, porque la empresa se acogió a ella unos meses antes del nuevo ordenamiento y es la que ha dado pie a un largo proceso judicial en el que los acreedores han estado sujetos a la voluntad negociadora de los accionistas mayoritarios de la compañía. Ancira y Autrey han aprovechado todos los espacios abiertos en aquella ley, que databa de 1943. Griselda Niesias Aldana, vocal jurídica del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), organismo dependiente del Consejo de la Judicatura Federal y creado a instancias de la nueva ley, asegura que el ordenamiento vigente tiene el objetivo de eliminar los "incentivos negativos" que tenían las empresas bajo la anterior. Los altos ejecutivos de AHMSA entendieron y aprovecharon esos vacíos. Así, el 24 de mayo de 1999 solicitaron la suspensión de pagos en favor de Altos Hornos y sus subsidiarias Micare, Minerales Monclova (Mimosa), Minera del Norte (Minosa) y Cerro. La solicitud fue aceptada un día después por el juez primero de lo civil de Monclova, Javier Alonso Martínez, en el inicio de un proceso que, actualmente, está entrampado en los vericuetos judiciales y que ha dado curso a mil 200 demandas de pago, según declaraciones hechas en noviembre de 2002 por el juez. Las actuaciones de Autrey y Ancira ante sus acreedores bancarios indican la manera en que utilizaron esos "incentivos negativos". Al ser declarada en suspensión de pagos, AHMSA se benefició en automático, toda vez que su deuda dejó de generar intereses. Además, los compromisos asumidos en dólares se convirtieron en pesos al tipo de cambio vigente el 25 de mayo de 1995, de 9.3589 pesos. Esa medida le ha representado ahorros por 2 mil 890 millones de pesos por pérdida cambiaria. Así mismo, los contratos de deudas que carecían de garantía hipotecaria o prendaria dejaron de generar intereses. Por este rubro ha dejado de pagar otros 9 mil 586 millones de pesos. Mientras más pasa el tiempo para reconocer su deuda, la empresa sigue ganando respecto de sus acreedores, quienes han visto disminuir el valor de su capital inicial comprometido. El caso más significativo es el de Bank of America, el principal acreedor bancario con cerca de 135 millones de dólares. Ante la falta de negociación, en diciembre pasado este banco optó por vender su deuda en el mercado secundario al fondo inglés Ashmore Investment, que le pagó alrededor de 9 centavos por cada dólar. Orlando Loera, representante del banco y que en un tiempo lo fue también del Comité de Bancos Acreedores de AHMSA, dijo en entrevista que la falta de seriedad de Ancira y Autrey impidió la reestructura. Mañas jurídicas Otro elemento que ha favorecido a los empresarios prófugos es la posibilidad jurídica de interponer cuantos recursos consideren en el proceso de suspensión de pagos. Hasta hace un año, Altos Hornos se había amparado y apelado por lo menos 100 sentencias de reconocimiento de crédito de acreedores ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con sede en Saltillo. Bajo la nueva ley, las empresas están obligadas a reestructurar en un plazo máximo de un año. La indefinición de plazos, precisamente, es el principal incentivo aprovechado por Autrey y Ancira. Eso explica que aún no se haya pasado de la primera etapa de reconocimiento de los créditos, lo que permitiría definir quiénes son los acreedores, cuánto se les debe y en qué orden se les debe pagar. El alargamiento y las acciones judiciales de AHMSA en su contra han provocado que los acreedores pierdan el control de las negociaciones y dependan de la voluntad de los accionistas principales. Desde su despacho en Mon-terrey, Eduardo Canales Santos, abogado de inversionistas de Nueva York que poseen el 5% de los bonos emitidos por AHMSA, explica en entrevista telefónica que la suspensión de pagos se ha prolongado por "la inexplicable decisión del juez Alonso Martínez de detenerse en la primera etapa del proceso", que consiste en el reconocimiento del adeudo por parte de la compañía. Señala que, a pesar de que AHMSA debe presentar, con el aval de los acreedores, una lista de todos los adeudos que reconoce, después de cinco años no se ha completado siquiera esa etapa, debido a que el juez pidió revisar cada una de las deudas en los libros de los acreedores. Esto, dice Canales, dio lugar a que los controladores de la empresa interpusieran amparos en contra de los créditos ya reconocidos por el juez. "En un desahogo normal, el juez sólo estaba obligado a allegarse elementos de la deuda, sin necesidad de que se revisaran los libros contables", asegura el abogado de los tenedores de bonos, los cuales represen tan el 30% del total de la deuda de Altos Hornos. Después de medidas de fuerza como la de octubre de 2002, cuando los acreedores bancarios buscaron destituir a Ancira y Autrey del Consejo de Administración para declarar la quiebra de la empresa y éstos respondieron con cargos penales, desde su condición de prófugos los industriales salinistas realizaron hace tres semanas un enroque administrativo para conservar el control de la empresa e iniciar la rene-gociación de su deuda, una vez que el gobierno de Vicente Fox decidió finalmente intervenir en el conflicto, presionado por los inversionistas. Como prófugos, Ancira y Autrey renunciaron a la dirección operativa de AHMSA pero quedaron como presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo de Administración de GAN. En una asamblea ordinaria de los accionistas mayoritarios "en exilio", Autrey cedió la presidencia a Ancira y acordaron dejar la dirección de la empresa al estadunidense William H. Bricker, quien ya estuvo a cargo de la administración de otra siderúrgica en suspensión de pagos, LTV Cor-poration, la tercera empresa más importante de su ramo en Estados Unidos. Bricker fue designado por sugerencia de la Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, otro de los empresarios destacados del salinismo y que durante un tiempo formó parte del Consejo de Administración de Altos Hornos. En Vector trabajó hasta hace poco Pedro Aspe Armella, quien como Secretario de Hacienda de Salinas fue el encargado de la venta de AHMSA y de la que fue presidente del Consejo de Administración entre 1989 y 1991, período en el que preparó el terreno para Ancira y Autrey, entonces carentes de experiencia en la siderurgia. Vector fue designado por éstos como agente para la reestructuración financiera. Según el contralor interno de la Secretaría de la Función Pública, Rosendo Villarreal ­designado por Fox "para crear un ambiente favorable de negociación", de acuerdo con lo expresado por el funcionario a este reportero en entrevista­ la reestructura se puede firmar en el curso del próximo medio año. Pero todos, advierte, "van a tener que ceder algo", lo que puede derivar en una nueva estructura accionaria de la empresa, incluido un control mayoritario de capital extranjero, toda vez que la principal deuda está contratada con Banamex y Bancomer, ahora en propiedad del Citibank de Estados Unidos y BBVA de España, respectivamente. Los bancos, que han sido criticados por haber prestado a AHMSA con suma facilidad, se negaron a dar a conocer su posición. Por lo pronto, los dueños de AHMSA depositaron en un fideicomiso sus acciones para garantizar acuerdos con los acreedores. Villarreal explica que el momento es favorable para buscar un acuerdo, toda vez que los precios internacionales del acero se incrementaron. Estima que si las ventas de la empresa el año pasado fueron de mil 200 millones de pesos, este año podrían oscilar entre mil 400 y mil 500 millones de pesos. Leandro Martínez Valdez, presidente de la Canacintra en Coahuila y representante de empresas a las que AHMSA adeuda más de 200 millones de dólares, explica desde Monclova que la empresa vende más de 3 millones de toneladas de acero al año y que éste lleva más de un año a la alza. Dice que son precios "históricos", pues la tonelada de placa laminada ha pasado de 4 mil 800 a 8 mil pesos por tonelada. Villarreal, un panista influyente en la política de Coahuila, explica que el acuerdo puede incluir la quita de deuda o un cambio de posesión de la empresa, aunque para acreedores como los tenedores de bonos representados por Ernesto Canales "en México los accionistas siempre se quedan con una tajada, sin importar que los acreedores pierdan". La posición del gobierno, en voz de Villarreal, es que la empresa no quiebre. "El objetivo del gobierno es que la empresa subsista", si se considera el impacto laboral que tiene en la región norte de Coahuila. A su vez, Martínez Valdez afirma que la insolvencia de la empresa hizo de esa ciudad la de mayor desempleo en el país, y agrega que, sean quienes fueren los dueños, la compañía debe mantenerse abierta, pues los trabajadores directos e indirectos han resultado muy afectados. Las estimaciones sindicales indican que en GAN trabajan 20 mil sindicalizados, además de los 150 mil empleos indirectos que se generan entre proveedores y vendedores. Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, trata de minimizar el impacto laboral del desastre de AHMSA, aunque reconoce que falta cubrir unas mil 100 vacantes en las minas. De acuerdo con los reportes de AHMSA a la BMV en 1998, poco antes de entrar en suspensión de pagos había una plantilla de 12 mil 670 obreros. Ahora es de 10 mil 388, mientras que el número de empleados pasó de 5 mil 567 a 3 mil 664. ©Todos los derechos reservados

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