Se han formulado cargos contra cuatro individuos como parte de los preparativos para su enjuiciamiento ante una comisión militar: David Hicks, ciudadano australiano; Salim Ahmed Hamdan, nacional de Yemen, al igual que Ali Hamza Ahmed Sulayman al Bahlul; e Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, ciudadano sudanés. Jumana Musa es abogada, con amplio conocimiento de la lengua árabe y miembro del personal de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional. Ella comunicará sus conclusiones al Secretariado Internacional de la organización en Londres, Reino Unido.

El hecho es que desde que fueron creadas esas comisiones militares, por una orden ejecutiva de Bush el 13 de noviembre de 2001, Amnistía Internacional se opone a ellas. Y lo que ha visto Jumana sólo confirma el rechazo. “Hoy es el segundo día de las vistas preliminares sobre las solicitudes formuladas en la causa de David Hicks. El día ha comenzado con la denegación por parte de la comisión militar de algunas de las solicitudes que la defensa había expuesto la víspera", cuenta la abogada.

Entre ellas había una moción para declarar la comisión indebidamente constituida y otra para sobreseer la causa por remisión indebida de los cargos. La defensa argumentó en favor del sobreseimiento basándose en una reclamación de igualdad de protección. Es decir, el gobierno estadounidense no puede juzgar a personas acusadas de los mismos delitos aplicando distintos criterios. Y afirmó que el destino de una persona no puede venir determinado por un factor tan fortuito como la nacionalidad. La defensa de Hicks prosiguió, según Jumana, argumentando que determinar el grado de justicia que debe obtener una persona en función de su ciudadanía no es, como exigen los criterios declarados de la comisión, “exhaustivo ni imparcial”.

La defensa del australiano no logró una sola concesión de la comisión, ni siquiera sobre principios de derecho básicos y aceptados. La acusación, que expone los argumentos en representación del gobierno, aseguró que ningún precepto legal, ni siquiera del derecho consuetudinario internacional, tenía validez en esta circunstancia. "Los fiscales aseguraron que la única ley que obliga a la comisión es el “Estatuto” de la Comisión, formado por órdenes, instrucciones y memorandos redactados por el Pentágono y por miembros de la comisión militar para acusar y juzgar a detenidos no estadounidenses recluidos en Guantánamo u otros lugares", dijo la delegada de Amnistía.

Lo más sorprendente es que argumentaron que a las personas acusadas ante las comisiones militares les asisten más derechos que los aplicables en virtud de los Convenios de Ginebra y el derecho federal estadounidense. Pero no es así pues quienes enfrentan a un juicio ante una comisión militar son privados de elementos esenciales para un juicio justo, como el derecho a una apelación independiente y la exclusión de toda prueba obtenida mediante tortura o coacción.

"Ningún Estado está por encima de la ley, y Estados Unidos no es una excepción. Las actuaciones de las comisiones militares no cumplen las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, y ninguno de los cambios superficiales introducidos en la composición de las comisiones y en las normas ha puesto remedio a este defecto fundamental”, declaró Jumana.

Amnistía ya había expresado que la orden ejecutiva estadounidense que creó las comisiones permite que las personas que no sean ciudadanos estadounidenses permanezcan detenidas indefinidamente, sin cargos ni juicio, o sean juzgadas por unas comisiones militares que son órganos ejecutivos, y no tribunales independientes o imparciales. "Sin embargo, lo único que podría haber sido peor habría sido que los juicios hubieran seguido adelante totalmente vedados para los observadores independientes de derechos humanos. En este sentido, acogemos con beneplácito la invitación de la administración de observar las actuaciones", afirmó la organización.

Los encarcelados de Guantánamo permanecen, antes de su enjuiciamiento, sin derecho a ver un abogado ni hablar con sus familiares, e incluso, sin enfrentar cargos formales en su contra. Son más de 600 hombres detenidos desde hace dos años. El gobierno estadounidense les llama "combatientes enemigos". Su único delito, supuestamente, es tener vínculos a la red terrorista de Al Qaeda y al Talibán.