Aquella organización, atribuida a Clístenes en 510 ane., estaba basada en la existencia del Aerópago, compuesto por tres miembros, el consejo de la Bulé, encargado de redactar las leyes, supervisar la justicia y definir la política exterior y la eclesia o Asamblea Popular.

En esta última podían participar todos los ciudadanos de Atenas mayores de 20 años de edad, quienes proponían las legislaciones a la Bulé, que luego de darles forma las sometía de nuevo a la asamblea popular para la aprobación definitiva.

Sin embargo, con frecuencia se olvida en esta visión idealizada el hecho de que frente a unos 40 mil ciudadanos que podían dar su opinión en el ágora, en la vieja Atenas quedaban unas 400 mil personas apartadas de este derecho.

Además de que la política estaba vedada para las mujeres, existían otros 60 mil hombres libres ocupados en oficios manuales, comerciantes, intelectuales y artistas, y unos 300 mil esclavos a quienes se les prohibía la participación en el gobierno.

Para participar de la democracia ateniense era requisito indispensable ser propietario.

Quizás hubiese sido más exacto haber denominado aquella organización como "decimocracia", a partir de que era el poder de una décima parte de los integrantes de toda la sociedad ateniense.

Limitaciones aparte, desde muchos ángulos aquel principio parece superior a la organización posterior asumida por muchas sociedades, a partir del criterio de que grupos más complejos requieren un sistema de representatividad.

En la práctica este concepto de democracia representativa ha ido derivando en un sistema de representación de intereses de grupos que bien pudieran ser, proporcionalmente, un décimo de la población.

Como norma, para participar del gobierno de esta moderna "decimocracia" se requiere poder económico equivalente al de los ciudadanos atenienses y/o el respaldo de un grupo económico capaz de pagar cada vez más costosas campañas proselitistas.

La diferencia entre la vieja Atenas o el moderno Washington, digamos, es que hoy existe una parte de la población que disfruta de la ilusión de la participación, aunque sea limitada a la posibilidad de votar.

En la práctica, en la llamada democracia representativa toda la población tiene el derecho a votar, pero sólo los grandes propietarios o sus representantes pueden ser elegidos, salvo excepciones que evidencian el agotamiento de este sistema.

En la búsqueda de una verdadera democracia participativa, Cuba proclamó en 1976 una Constitución de la República que estableció los órganos de Poder Popular, de alguna manera un retorno a los principios originales del ágora, aunque sin sus limitaciones.

Por derecho constitucional los cubanos mayores de 16 años de edad pueden votar, a partir de un registro (padrón) electoral en el que toda la población queda inscrita automáticamente y de forma gratuita.

El próximo 17 de abril, se instalarán 37 mil colegios electorales en la isla para elegir a los delegados (miembros) de las Asambleas Municipales de Poder Popular, mediante un mecanismo poco divulgado internacionalmente.

Un hecho característico es que los candidatos a esos comicios no son determinados por partidos, sino por los propios vecinos que en asambleas de barrio los escogen en votaciones a mano alzada, en número nunca menor de dos ni mayor de ocho.

La propaganda anticubana, que intenta presentar esos aspirantes como candidatos del Partido Comunista de Cuba, oculta que esa organización política no fue concebida con fines electorales ni puede proponerlos.

Otro rasgo distintivo es que la propaganda proselitista en Cuba está prohibida y a los electores sólo se les presenta en cada circunscripción electoral las biografías de aquellas personas elegidas en las asambleas de postulación de candidatos por los vecinos.

Para ser elegido a los gobiernos municipales los cubanos sólo requieren, por tanto, ser ciudadanos mayores de 18 años de edad, haber sido elegidos candidatos en las reuniones de vecinos por más de la mitad de los votos y salir vencedores en la prueba de las urnas.

Como la Constitución exige que los delegados deben recibir más de la mitad de los votos emitidos, en aquellas circunscripciones donde ningún aspirante alcance ese respaldo se realizará una segunda vuelta el 24 de abril entre los dos candidatos más votados.

Aunque en Cuba el voto no es obligatorio, una participación superior al 95 por ciento de los electores se ha convertido en norma en las elecciones realizadas con este sistema desde 1976, hecho que las autoridades consideran expresión del respaldo popular.

Prensa Latina