Cinco jóvenes defensores de los derechos humanos del pueblo cubano.

René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Gerardo Hernández Nordelo, Fernando González Llort y Antonio Guerrero Rodríguez, son cinco jóvenes cubanos luchadores contra el terrorismo y defensores de los derechos humanos del pueblo cubano. El Gobierno de los Estados Unidos aplica contra esos cinco jóvenes, detenidos de manera arbitraria hace cinco años en ese país, prácticas sostenidas, sistemáticas y graves de tortura y malos tratos, las cuales forman parte de una bochornosa confabulación encaminada a doblegar la integridad física y moral de estos cinco defensores de los derechos humanos del pueblo cubano. Estos valientes jóvenes, al riesgo de sus propias vidas, se mantuvieron alertando y previniendo la consumación de numerosas acciones terroristas contra Cuba, planeadas y organizadas por varios grupos que operan con impunidad en el territorio de los Estados Unidos. Ellos son todos intelectuales. Ninguno cometió acción violenta alguna. Los hechos por los que se les acusa están relacionados con el ejercicio pacífico del derecho de legítima defensa del pueblo cubano frente al terrorismo. Ellos trabajaban en defensa del derecho a la vida, al bienestar y al desarrollo de su pueblo. Actuaron sólo respetando su conciencia y principios e inspirados en un profundo amor a su pueblo. El único instrumento de lucha de cada uno de ellos fue su propia inteligencia y su sacrificio, convencidos de que de la información que obtuvieran para neutralizar las acciones terroristas de los grupos anticubanos asentados en Estados Unidos dependía la vida de hombres, mujeres y niños en Cuba. Miles de cubanos han sido asesinados o mutilados permanentemente en más de 40 años a consecuencia de la actividad de estos grupos, cuyos campos de entrenamiento y campañas de reclutamiento y recaudación de fondos tienen amplia cobertura publicitaria en ciudades como Miami. Las actividades criminales de esos grupos terroristas contra Cuba constan en documentos oficiales desclasificados del propio gobierno norteamericano y han sido reflejadas. A continuación se presentan algunos elementos que manifiestan el carácter amañado y políticamente manipulado del proceso seguido contra los Cinco jóvenes luchadores antiterroristas y defensores de los derechos humanos de su pueblo. - Miami: un lugar completamente hostil e imposible para la justicia. La garantía de un jurado imparcial fue totalmente ignorada al insistirse en realizar una farsa de juicio contra los Cinco jóvenes en Miami, lugar completamente hostil y parcializado contra los acusados. Se violaron groseramente la V y VI enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Miami es la ciudad de los Estados Unidos donde grupos terroristas han hecho estallar bombas y han agredido violentamente a quienes han querido ir a escuchar una orquesta cubana y donde se mantuvo secuestrado, a despecho de las decisiones de tribunales competentes, durante cuatro meses, al niño Elián González. - Violación del Principio del Debido Proceso Legal Se impusieron sanciones por graves delitos sin haberse presentado una sola evidencia concreta y exacta, violándose el principio de que la Fiscalía debe probar los delitos imputados más allá de toda duda razonable. La defensa se vio constantemente constreñida en su derecho a disponer libremente de la documentación considerada evidencias, para su estudio y examen, dado que fue clasificada bajo la CIPA (Ley de Procedimiento de Información Clasificada). Su desclasificación se produjo de manera arbitraria, dificultando muchas veces el acceso a los abogados de la defensa con la suficiente antelación para una adecuada valoración, al tiempo que no se accedía a varias solicitudes de la defensa para que algunos documentos que resultaban relevantes en el esclarecimiento de los hechos, fuesen considerados como documentos oficiales e incorporados como pruebas. Se permitió a la Fiscalía la manipulación constante de los testigos y se potenció una campaña de prensa dirigida a atemorizarlos, dificultando unas veces, e impidiendo otras, que se pusieran de manifiesto ante el jurado y la Corte, hechos e informaciones que constituyen evidencias favorables a la defensa de los acusados. - Condiciones de reclusiones crueles y dirigidas a obstaculizar gravemente la defensa, y que ha ocasionado a los Cinco y a sus familiares torturas y sufrimientos que califican como flagrantes violaciones a sus derechos humanos. En violación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, el artículo séptimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluso la VIII Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se les mantuvo tras su detención en confinamiento solitario en celdas de castigo, sin haber cometido indisciplina alguna, en dos períodos el primero de 17 meses y el segundo de 48 días. El pasado mes de abril de 2003, los Cinco fueron sometidos nuevamente a los horrores de El Hueco. En esta ocasión, el objetivo perseguido por las autoridades gubernamentales estadounidenses fue el de obstaculizar la preparación de los documentos apelatorios que fueron presentados en el XI Circuito de la Corte de Atlanta y la demanda de un juicio justo e imparcial fuera de Miami. - Malos tratos y tortura emotiva y sicológica contra los familiares de los Cinco jóvenes. Por la persistente negativa de visas de las autoridades estadounidenses Adriana Pérez y Olga Salanueva no han podido ver a sus respectivos esposos, Gerardo Hernández y René González, desde que fueron detenidos hace cinco años. La decisión afecta también a la pequeña Ivette, hija de René, que no conoce a su padre, pues tenía cuatro meses al momento de su detención. Con el objetivo de denunciar las flagrantes violaciones de derechos humanos de que son víctimas los Cinco y sus familiares, Olga y Adriana se entrevistaron con el Alto Comisionado Adjunto para los Derechos Humanos, Sr. Bertrand Ramcharan, con el Presidente del Grupo sobre la Detención Arbitraria, Sr. Louis Joinet, y con el Relator contra la Tortura, Sr. Theo C. van Boven, en el marco del 59º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra. En violación a las obligaciones y deberes establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el Departamento de Estado ha continuado creando obstáculos para que los funcionarios consulares cubanos cumplan con su deber y su derecho de brindar asistencia consular a los Cinco. Todo apunta a que en el año 2004 aumentará la presión y se incrementarán dichos obstáculos. (Ver Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba de 14 de Enero de 2004) - Defensores de los derechos humanos de su pueblo, sí; espías, no. En una acción sin precedentes, los Cinco fueron condenados por supuesto espionaje contra Estados Unidos, sin que se presentaran pruebas o testimonios que sustentaran daños, perjuicios o violaciones a la seguridad de los Estados Unidos o a los intereses de su pueblo. Hubo testigos que específicamente negaron que ellos hubiesen realizado espionaje, entre ellos el general Clapper, ex-jefe de la DIA, quien concurrió al juicio como experto de la Fiscalía y ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tales como los Generales Wilhelm y Atkeson, el Almirante Carroll y el Coronel Buckner. - No se cometieron actos de violencia o perjuicio alguno contra las personas o sus bienes. Resulta alarmantemente escandalosa la injusticia de condenar a Gerardo Hernández por asesinato premeditado, sin haberse presentado en su contra pruebas o testigos, ni siquiera evidencias circunstanciales, que lo vincularan personalmente con incidente alguno de tal naturaleza. Se le atribuyó, sin evidencias o testigos, responsabilidad en los sucesos del 24 de febrero de 1996, día en que las autoridades cubanas derribaron 2 avionetas que realizaron invasiones reiteradas a su territorio nacional. Al juzgar la decisión ejecutada ese día en legítima defensa por la República de Cuba, el Tribunal, violó la Doctrina del Acto de Estado que ha sido clara y reiteradamente reconocida por la Corte Suprema de Estados Unidos. Al juzgar la conducta del Estado cubano, el Tribunal de Miami violó el Derecho Internacional y el norteamericano y al personalizar esa conducta en Gerardo Hernández, quien no representaba a ese Estado, no desempeñaba ninguna función en la fuerza aérea cubana, ni tuvo participación alguna en el incidente ocurrido ese día, el Tribunal violó groseramente las nociones básicas del derecho penal. - Ocultamiento por el Gobierno estadounidense de las evidencias y pruebas de las acciones terroristas contra el pueblo cubano en el proceso contra los Cinco. El Gobierno estadounidense presentó varias mociones para excluir de las deliberaciones del juicio la consideración de las actividades de grupos terroristas contrarrevolucionarios asentados en Miami, que lógicamente eran la motivación del accionar de los Cinco. Con este objetivo, la Fiscalía preparó y presentó una moción para que connotados terroristas se acogiesen a la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana; impidiendo los testimonios de esos individuos y la declaración acerca de sus acciones terroristas contra el pueblo cubano, elementos claves en la argumentación de las motivaciones de los Cinco. - Irregularidades en la selección del jurado. En ninguna otra jurisdicción los acusados se verían obligados a utilizar 9 de sus 15 vetos perentorios, sólo para eliminar como miembros del jurado a personas vinculadas con los grupos anticubanos que operan en el sur de la Florida. La Fiscalía recusó 6 candidatos a integrar el jurado, sin causa distinta a la de ser afro-norteamericanos. - Comportamiento sospechosamente inusual del jurado A pesar de escuchar las declaraciones de 74 testigos (43 de la fiscalía y 31 de la defensa), en un período de casi siete meses, el jurado de Miami sólo deliberó por breves períodos de tiempo y anunció con gran antelación el día y la hora exactos en que pronunciaría su veredicto. No solicitó ninguna aclaración, no expresó duda alguna, a pesar de la complejidad que suponía su tarea decidir sobre una documentación de decenas de miles de páginas y decenas de cargos contra cinco acusados. Se emitió de forma expedita un veredicto de culpabilidad para los Cinco en todos los cargos imputados. - Carácter politizado e irracionalmente desmesurado de las sentencias. La jueza no aceptó ninguna de las circunstancias atenuantes probadas en el proceso y acogió las agravaciones solicitadas por la Fiscalía. Gerardo, fue condenado a dos cadenas perpetuas, más 15 años; Ramón, a una cadena perpetua, más 18 años; Antonio, a una cadena perpetua, más 10 años; Fernando, a 19 años; y René, a 15 años. Los Cinco son prisioneros políticos a los cuales se les niega su condición y se les mantiene sujetos al mismo régimen y en promiscuidad con delincuentes comunes, violándose el artículo 8 de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. - Los Cinco fueron dispersados en cinco cárceles, en 5 distintos Estados, en los puntos más distantes de la geografía estadounidense. Los Cinco se encuentran a una gran distancia de las oficinas de sus respectivos abogados en el territorio de Estados Unidos, lo cual hace sumamente difíciles sus contactos con ellos, así como con familiares y amigos, Se intenta dificultar el trabajo de preparación de la apelación por parte de ellos y de sus representantes legales. - El verdadero problema: Terroristas con impunidad Los Cinco demostraron en el juicio que sus únicas acciones de búsqueda de información en los Estados Unidos estaban relacionadas con la vigilancia al terrorista de origen cubano José Basulto y a la organización que creó bajo el apelativo de "Hermanos al Rescate", así como a las actividades de otros connotados terroristas de origen cubano que actúan con impunidad contra Cuba desde los Estados Unidos, como Orlando Bosch, responsable de la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano donde murieron 73 personas, incluido todo el equipo juvenil cubano de esgrima. Otro terrorista cuyas actividades contra el pueblo cubano fueron objeto de seguimiento por los Cinco, fue Luis Posada Carriles, quien actualmente está siendo procesado judicialmente en Panamá, junto a otros 3 terroristas también de origen cubano, por un plan de asesinato contra el Jefe de Estado cubano, Fidel Castro, que sería llevado a cabo colocando decenas de kilogramos de explosivos C-4 en el paraninfo de la Universidad de Panamá, y que serían detonadas en el momento en que el líder cubano se estuviera reuniendo allí con un millar de estudiantes y profesores panameños. Posada Carriles, con el dinero de la Fundación Nacional Cubano Americana con sede en Miami, orquestó los atentados terroristas realizados en hoteles cubanos en 1997, que tuvieron como resultado la muerte de un turista italiano, mientras varias personas resultaron heridas . - La jueza Joan Lenard cometió varias violaciones que contribuyeron a privar a los acusados de sus más elementales derechos y obstaculizó el trabajo de la defensa En la Corte Federal de Miami, la Jueza Lenard, primero rechazó la solicitud de los abogados de la Defensa para tener acceso a la documentación que fue clasificada - en la cual estaría la inmensa mayoría de las supuestas evidencias utilizadas para acusar y sancionar a los Cinco -, y luego otra moción presentada por el Sr. Weinglass, defensor de Antonio Guerrero (y a la que se sumaron el resto de los abogados de la Defensa), solicitando un nuevo juicio y su celebración en una sede distinta a Miami. Para esta moción, la Defensa presentó una nueva evidencia, basada en el caso Ramírez vs. Ashcroft, del año 2002, en el que concurrió una actitud dolosa y mal intencionada de un gobierno. En el litigio Ramírez vs. Ashcroft, la Fiscalía terminó siendo la acusada, y cuando tuvo que concurrir al juicio, el Gobierno alegó que en Miami no podía juzgarse con ecuanimidad e imparcialidad, puesto que el hecho tenía que ver con Cuba. ¿Cómo interpretar ese doble rasero? Estamos frente a un delito de prevaricación, por el uso premeditadamente doloso del poder que ejerce una autoridad. Por otra parte, la jueza no vaciló en sentenciar a Gerardo respecto al cargo más grave -conspiración para cometer asesinato en primer grado- que hasta la propia Fiscalía había reconocido no haber podido probar. - Lamentable y extraño rechazo de la Corte de Atlanta al Informe sobre los Cinco Cubanos Prisioneros en EE.UU. (junio del 2003). El rechazo por parte de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlantadel informe presentado ante ella por el jurista Erick Luna, reconocido profesor de la Universidad del Estado de Utah, a nombre de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales (recurso que se conoce comúnmente como Informe de amigos de la Corte), es un hecho que no ocurre casi nunca en el sistema jurídico estadounidense, pues sólo tiene como objetivo ampliar la visión de la Corte sobre los casos que juzga. En el informe se abundaba en la información de las actividades de terrorismo contra el pueblo cubano y otros datos de particular interés que permitirían probar la Defensa por necesidad, principio bajo el cual actuaron los Cinco y que está reconocido por el sistema legal de EE.UU. - Un nuevo juicio: imprescindible para reparar la injusticia. Para el 10 de marzo de 2004 está prevista la vista oral del proceso de apelación, respecto a la sentencia dictada contra los Cinco. La vista oral de la apelación es un acto típico del proceso civil y penal en Estados Unidos, donde la Defensa expondrá los puntos por lo que solicitan la revisión del caso, a la vez que la Fiscalía ofrecerá los argumentos para sostener el fallo. El jurado es de tres jueces, los que serán seleccionados de los 11 existentes en la Corte Suprema de Atlanta o de otros juzgados del distrito, pero cuyos nombres serán dados a conocer solamente el 24 de febrero de 2004. - Silencio cómplice de los medios de comunicación norteamericanos con relación al injusto proceso. El caso de los Cinco ha tenido todas las características de una noticia de interés nacional. Hubo exgenerales y exalmirantes testificando, 72 testigos, notas diplomáticas, Memorandums de la Casa Blanca, incluso, testificó un asesor del ex Presidente Clinton. Por otra parte, en el año en que tuvo lugar el juicio, fue el caso más largo en EE.UU. y, al mismo tiempo, fue el único juicio que involucró cuestiones de relaciones exteriores de Estados Unidos. Sin embargo, y siguiendo claras instrucciones de su Gobierno, el injusto e ilegal proceso contra los Cinco no ha recibido la más mínima atención de los numerosos medios de comunicación estadounidenses, con la excepción de los medios controlados por la mafia terrorista cubanoamericana, los que por supuesto, promovieron una vengativa cacería de brujas contra los Cinco luchadores antiterroristas. - Apoyo de la comunidad jurídica estadounidense y solidaridad internacional Algunas de las asociaciones de abogados y juristas más prestigiosos de los Estados Unidos y del mundo se han sumado a la batalla por la liberación de los Cinco. El Proyecto Nacional de Jurados, que está integrado por expertos destacados en el sistema de jurados de los Estados Unidos, ha presentado un alegato al Tribunal de Juicios instando a una nueva vista. Además, el National Lawyers Guild (Asociación Nacional de Abogados), que representa a cerca de 5000 letrados en los Estados Unidos, también ha presentado una solicitud formal al Tribunal pronunciándose por un nuevo juicio en una sede imparcial. Esa solicitud recibió el apoyo de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, que cuenta con miembros en 90 países y tiene entidad consultiva en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Existen ya 224 Comités de Solidaridad con los Cinco jóvenes luchadores antiterroristas injustamente en prisión en los Estados Unidos, creados en 79 países del mundo. Cada día crecen las voces solidarias en el mundo y dentro de EE.UU. en un esfuerzo por reparar la injusticia y lograr el regreso de los Cinco a su país y al seno de sus familias. El pueblo cubano reitera su demanda de justicia y solidaridad con estos Cinco defensores de sus derechos a la vida, a la libre determinación, al más alto grado de bienestar y al desarrollo, los cuales han sido violados y siguen siendo amenazados por las acciones de los grupos terroristas de origen cubano que actúan bajo el estímulo o la impunidad que les confiere el Gobierno de los Estados Unidos.