Todo es secreto hasta un día. Finalmente, el reformismo neocastrista se hace visible de la mano de uno de los funcionarios más competentes del entorno gobernante. Se trata del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón, quien declarara recientemente a EFE que la oposición puede presentar candidatos a las elecciones municipales programadas para el próximo mes de abril en Cuba.

 

Aunque Alarcón puntualizó que sólo podrán postularse aquellos opositores que no estén tras las rejas, incapacitados mentalmente o en libertad condicional con “licencia extrapenal”, este salto político, todo lo cualitativo que se quiera, constituye un primer gesto aperturista de cara a la definitiva normalización de relaciones entre La Habana y Bruselas. Hasta ahora, cuando la dirigencia cubana hablaba de “elecciones” se refería al proceso mediante el cual, después de competir consigo mismo, el castrismo intentaba justificar su sistema de partido único ante la opinión pública internacional. Hay que deducir de las declaraciones de Alarcón que ello es agua pasada y él en persona, en su calidad de presidente del órgano arriba mencionado, garantizará que las potenciales candidaturas alternativas ganen la orilla de las urnas o, sencillamente, comiencen a nadar.

 

Qué duda cabe de que la reforma propugnada por Alarcón abordará, en primer término, el problema de la seguridad de los candidatos independientes y sus familiares, asunto espinoso donde los haya. Es de conocimiento público que los disidentes cubanos, bajo el fuego cruzado de la marginación social y el terrorismo de Estado, perviven sistemáticamente hostigados por la policía política, por organizaciones paramilitares de muy variado pelaje y, en general, por sectores extremistas que, aunque minoritarios, son respaldados y hasta azuzados por el sistema judicial vigente, bajo cuerda del Ejecutivo. Así, el neocastrismo deberá hilar muy fino, porque garantizar la seguridad del disidente en tanto contendiente y/o emisor de programas electorales puede provocar una avalancha de candidaturas no oficiales. 

 

Por otra parte, será mucho más complicado convencer a la población de que puede elegir –siquiera oír– públicamente a sus candidatos o, para mejor decirlo, a candidatos opositores. ¿Cómo persuadir a una sociedad secuestrada por el Estado, democráticamente analfabeta e íntimamente convencida de la omnipresencia oficialista, a votar de verdad, efectivamente, sin temor a encerronas o represalias? ¿Cómo transmitirle al ciudadano de a pie que está en el derecho, durante una “reunión de vecinos”, de tomar asiento frente a un disidente y escucharlo, y levantar la mano, y tomar la palabra sin que necesariamente sea para calumniarlo y salvarse, porque la diversidad ha sido legalizada? Habría que instigar un reordenamiento cívico que posibilite la libre emisión del pensamiento, contexto altamente improbable mientras perdure la actual superestructura represiva.

 

Asimismo, en el hipotético caso de que los candidatos opositores puedan entrar en campaña, interactuar con sus potenciales votantes y ser votados por éstos, el inventario final deberá tener lugar en presencia de observadores internacionales y de la propia disidencia interna (previo conocimiento de la población). El sistema vigente deja a discreción del oficialismo el recuento de los votos, que es como confiar al gato la custodia de la pecera. Otro descomunal reto para Ricardo Alarcón, que en el camino hacia la credibilidad de los comicios deberá sortear el obstáculo de sus correligionarios, nucleados alrededor de su máximo líder.