En su presunta lucha antiterrorista, contrastó, el gobierno de Bush mantiene encarcelados desde hace siete años a cinco luchadores cubanos contra ese flagelo y ampara a criminales como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.

Alarcón se refirió al injusto cautiverio que sufren Gerardo Hernández, René González, Ramón Labiñino, Fernando González y Antonio Guerrero, quienes se dedicaban a monitorear las acciones violentas de la ultraderecha cubano-americana.

Acá están las esposas y madres de mis cinco compatriotas, encerrados en las peores prisiones por haber cometido un solo crimen, el de luchar dentro de Estados Unidos contra los terroristas que Bush apaña, enfatizó el dirigente. Cuba ha calificado de acto vergonzante y vergonzoso la actuación de las autoridades estadounidenses, al dejar vencer el plazo para apelar ante el ridículo y simulado proceso migratorio seguido al terrorista Luis Posada Carriles. Por otro lado, pero en un acto que completa el anterior en el diseño de la estrategia de protección del terrorismo anticubano por el gobierno de los EEUU, la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta aceptó considerar la apelación de la Fiscalía contra la decisión tomada unánimemente por un panel de jueces del mismo Circuito el pasado 9 de agosto de 2005 y que revocaba la totalidad de las condenas de los Cinco, ordenando la realización de un nuevo juicio. Esta aceptación, que fue decidida por mayoría y no por la totalidad del pleno de los jueces del Circuito, propicia un alargamiento del proceso, entorpeciendo la posibilidad de que se haga justicia de forma inmediata y los jóvenes luchadores antiterroristas puedan regresar a la Patria.
   
Un editorial publicado por el diario oficial Granma, denuncia los planes de la actual administración norteamericana para obstruir la acción de la justicia y complacer a la mafia cubanoamericana, que controla los destinos del sur de la Florida. Ello responde, afirma, a que a ese grupo de contrarrevolucionarios le debe, entre otros caros favores, la fraudulenta llegada al poder de George W. Bush en el 2000.

Tal actitud confirma las denuncias de Cuba, pues el 26 de octubre los representantes del Departamento de Seguridad Territorial (DHS) dejaron vencer el plazo para apelar el dictamen, que no investigó los medios para la entrada de Posada Carriles a Estados Unidos. Una vez más, expresa el comentario, se revela la desfachatez y doble moral de Washington en el enfrentamiento al terrorismo, al bendecir la farsa de El Paso y hacer expedito el alojamiento definitivo en territorio estadounidense de ese criminal.

El texto refiere cómo el propio abogado de Posada Carriles, Eduardo Soto, esperaba no hubiera apelación, luego de sus impúdicas revelaciones acerca del abierto chantaje que negoció en Miami, mientras se montaba la farsa de audiencia. Otra jugarreta empleada por el DHS es jugar con la grosera mentira de que el juez de inmigración William L. Abbott, armó un dictamen que sirvió a una feroz campaña de difamación contra el gobierno venezolano y abrió el camino al amparo del terrorista confeso y prófugo de la justicia, señala Granma.

El editorial alega que nunca aparecerá un tercer país disponible para aceptar a Posada Carriles, ante el argumento de no deportarlo a Cuba y Venezuela al no proceder de acuerdo con el Convenio Internacional contra la Tortura.

Antes como ahora, el final será otro perdón presidencial de un miembro de la dinastía Bush, al estilo de Orlando Bosch, otro de los dos terroristas más peligrosos del hemisferio, asegura el diario.

De tal forma, el abogado Soto, con la desfachatez que le otorga la impunidad negociada, anunció que "al cumplirse los 90 días de la decisión", dará curso a los trámites para sacar en libertad a su cliente, añade.

Con la autoridad moral que le otorga su condición de víctima principal y su renuncia a juzgar al asesino, Cuba exige una vez más que se atienda la demanda de Venezuela y que termine la farsa orquestada por el gobierno norteamericano. Basta de mentiras y enmascaramientos en interés de que un terrorista sea un protegido de la nación que hoy sacrifica a sus jóvenes en el altar de una falsa guerra al terrorismo, sanciona el editorial. Subraya que quienes ordenaron el infame dictamen de El Paso son los mismos que no lo apelaron. Todos son, en definitiva, funcionarios de la misma administración a las órdenes directas de Washington.

Esta es una nueva bofetada a los que sufren por las víctimas del sabotaje al avión de Cubana en Barbados, a las madres norteamericanas de los más de dos mil muertos que ha costado ya la guerra insensata y mentirosa contra el terrorismo, precisa. Silenciar la verdad, advierte el editorial, es un crimen imperdonable, mucho más cuando en ella está la posibilidad de dar justo castigo a los asesinos y merecido reconocimiento a los héroes.

Reitera la declaración que Cuba no se cansará de demandar respuesta a la verdad que confirma cuán peligrosos siguen siendo Luis Posada Carriles y sus cómplices, no sólo para la isla sino también para la propia sociedad norteamericana. Los que callan, otorgan refugio a los terroristas y cárcel a los luchadores contra el terrorismo, son responsables de guerras ilegales en nombre de una mentira, evidente e inaceptable, de ahí el compromiso con la verdad y la causa de los justos, asevera el texto.


Los Cinco

En el caso de los Cinco, alargar y entorpecer la ejecución de la justicia es precisamente lo que buscaba la Fiscalía al apelar el dictamen del 9 de agosto, considerado por los expertos, como una prueba irrebatible de que los Cinco fueron víctimas de un proceso arbitrario, minado por los prejuicios de una comunidad que hace más de 45 años vive bajo la presión del odio hacia todo lo relacionado con Cuba y la Revolución, odio particularmente exacerbado durante el periodo en que transcurrió el juicio por la prensa local.

Aquel fallo unánime de los tres jueces de Atlanta ordenando un nuevo juicio, ya tenía otro contundente antecedente en la resolución emitida el 27 de mayo pasado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que declaró ilegal e improcedentes el apresamiento y todo el proceso posterior contra los Cinco.

No olvidemos que los representantes de la mafia, Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, no escatimaron imputaciones y ofensas contra los tres jueces de Atlanta y que los medios más agresivos de Miami, llegaron a calificar esa instancia de la Justicia norteamericana como "castrista", reaccionando al fallo del 9 de agosto, con las más groseras expresiones del odio visceral que los invalida para ser justos en cualquier cosa que tenga que ver con Cuba.