El gobierno cubano ha iniciado una ofensiva sin precedentes contra la corrupción. Es verdad que ha habido otras anteriormente, pero ninguna de esta envergadura. Su objetivo va desde la lucha contra la distribución y venta ilegal de productos agropecuarios, al mercado negro de gasolina o las ilegalidades en los restaurantes privados, llamados paladares. Algunos medios de comunicación están presentando fuera de Cuba esas medidas como represivas o arbitrarias, tal y como suelen hacer con casi todas las decisiones del gobierno cubano. En otras ocasiones, las agencias y medios han calificado las intervenciones como una cruzada contra los “nuevos ricos”, término inapropiado porque la lucha no es contra la riqueza sino contra las vías ilegales de enriquecimiento a costa de los fondos comunes que un estado social dispone para atender las necesidades de los ciudadanos. Por todo ello, quizás sea bueno conocer esas medidas con precisión.

La corrupción es, indiscutiblemente, un hecho excesivamente común en todo el mundo y, especialmente, en América Latina. Cuba no es ninguna excepción, sin embargo, la existencia de un sistema socialista permite que no existan unos métodos y que aparezcan otros. En los países capitalistas una forma muy habitual de corrupción es el soborno a un funcionario o político por parte de una empresa para ser la adjudicataria por el Estado para la prestación de un servicio o la venta de un producto. En Cuba eso no puede suceder, no hay empresas privadas adjudicatarias de limpieza, de mantenimiento, de sanidad, de educación... Otra corrupción generalizada en el mundo es la ligada a las constructoras y las calificaciones de terrenos. Son los políticos quienes deciden cuándo una superficie puede ser construida y su precio pasa a multiplicarse varias veces su valor, es lógico por tanto deducir las connivencias ilegales entre propietarios de terrenos y políticos que tienen en su mano la recalificación de esas superficies, la autorización para construir o el número de alturas de los edificios. Son sólo dos ejemplos de formas de corrupción inherentes en el capitalismo. Hay muchas más: la financiación de las campañas electorales, las políticas de subvenciones públicas a determinadas empresas o sectores, etc... Ninguna de estas corrupciones existen en un sistema socialista.

Sin embargo, un sistema como el cubano puede generar otras corrupciones, y es contra ellas contra las que se está actuando por parte del gobierno. Estos días algunos mercados agropecuarios amanecieron convulsionados por las medidas de inspección y control que se establecieron por sorpresa. Se trata de mercados que ofrecen productos a precios liberalizados procedentes de un determinado porcentaje de la producción agrícola que se le permite a los campesinos y cooperativas distribuir en el mercado libre. Las cooperativas cubanas disponen de ayudas para insumos, maquinaria, combustible, e incluso la cesión de tierras, por parte del gobierno a cambio de que gran parte de su producción se venda al estado a un precio tasado. De este modo, los consumidores pueden acceder a frutas y verduras a un precio menor del que correspondería por ley del mercado, algo que no sucede en el resto de países de América Latina. El resto la pueden vender en el mercado libre.

La creación de mercados agropecuarios de precio libre fue una medida aprobada en el periodo especial que ayudaba a que los escasos productos agrícolas pudieran llegar a las capitales y no quedarse para el consumo exclusivo de las zonas productoras. La mejora de la economía y el acceso a recuperado al combustible para la maquinaria agrícola ha permitido aumentar la producción hasta el punto de que estos mercados libres ya no son tan imprescindibles para garantizar el suministro de las capitales, al contrario, restan suministros a los mercados estatales a precios más accesibles para los cubanos. Además, la picaresca ha provocado el desvío cada vez mayor de productos que deberían distribuirse vía precio limitado al Estado, hacia el mercado libre, con mayor margen de ganancia para campesino pero, sobretodo, para redes de distribución no controladas que encarecen los productos y desabastecen los mercados estatales. El resultado es la ausencia de productos baratos y asequibles en los mercados estatales y su aparición en los mercados liberalizados con su precio multiplicado. Otras veces es sólo el desvío de los mejores productos, dejando para el gobierno los de peor calidad. Es por eso que las inspecciones ahora han confiscado decenas de camiones que burlaban la ley e impuesto importantes multas.

A mediados de octubre, La Habana se despertó con otra medida relámpago. Los expendedores de las gasolineras, llamados pisteros, fueron sustituidos súbitamente por trabajadores sociales. El operativo se fundamentaba en la sospecha gubernamental de que los empleados de Cuba Petróleo (Cupet) sustraían ilícitamente combustible y lo revendían a bajo precio. Son muchos los funcionarios que tienen adjudicado una determinada cantidad de combustible que no utilizan y que, con la complicidad de los trabajadores de las gasolineras, desviaban al mercado negro. Todo ello afecta negativamente a los recursos públicos y, por tanto, a los servicios gratuitos o subvencionados que ofrece el sistema cubano a los ciudadanos. Los jóvenes trabajadores sociales interceptaban ahora la complicidad de las gasolineras y registraban la matrícula de cada automóvil que repostaba combustible. Con esa acción se hicieron “grandes ahorros de combustible, con sumas importantes para el país", señaló el presidente. Según los trabajadores sociales, hoy se esta recaudando el doble y el triple de dinero que antes. También se ha aumentado el control del puerto de La Habana con el propósito de fiscalizar todas las operaciones de carga y descarga, donde eran habituales los robos y desapariciones.

Por otro lado, en los últimos días se han incrementado los controles a los restaurantes privados, llamados paladares, permitidos en 1994 en pleno periodo especial como vía para poder resolver los ingresos de algunos cubanos mediante un tipo de trabajo por cuenta propia hasta entonces ilegal. El gobierno ha acusado a estas empresas de parasitarias al estar disfrutando de los precios subsidiados y casi gratuitos de electricidad, agua y otros servicios públicos, con el consiguiente daño a la economía pública. Las medidas adoptadas no pasan por la prohibición, sino sólo por el control de su actividad, número de mesas, personal, etc...

En conclusión, lo que está sucediendo en Cuba no tiene nada que ver ni con medidas represivas ni con obsesiones persecutorias contra ningún tipo de cubano que no sean los que buscan enriquecerse a costa del patrimonio y del trabajo colectivo de toda la sociedad. Parece que hasta esos objetivos molestan a los enemigos del socialismo cubano. Probablemente vean que, una vez más, les están arrebatando argumentos para atacar a Cuba y eso no lo perdonan.