Nuevos datos relacionan a la tenebrosa pareja de contrarrevolucionarios cubanos Fabio Murrieta y Grace Piney con el caso de corrupción en la Zona Franca gaditana, a su vez conectado a la mafia de Miami
inSurGente.- El Diario de Cádiz lleva dos días sacando a relucir los trapos sucios de la Zona Franca de Cádiz, presidida por la ultraderechista Teófila Martínez (arriba, a la derecha), que demuestran el nivel de la corrupción que allí se practicó en los tiempos en que su delegado era Manuel Rodríguez de Castro (arriba, a la izquierda), hoy en paradero desconocido. En el reportaje se mencionan las conexiones entre Rodríguez de Castro y la mafia de Miami, pero, curiosamente, se omite la "casual circunstancia" de que la pareja de contrarrevolucionarios cubanos Fabio Murrieta (abajo, a la derecha) y Grace Piney (abajo, a la izquierda) llegó a Cádiz de la mano del delegado delincuente y de su flamante presidenta, así como de que ambos trabajaron para la empresa Rilco. Para conocer todos los datos, hagan clic en "Leer más".
Miami Connection (I)Diario de Cádiz (15 de diciembre de 2005).-
El ex delegado del Estado en la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro adjudicó en un concurso irregular un contrato de 4,24 millones de euros a una empresa radicada en Florida, cuyos propietarios son Germán Leiva y Camila Leiva.
La Miami Free Zone Management Services Corporation (MFZMSC), que así se denomina la firma, ha levantado todas las sospechas de la Abogacía General del Estado, que en un escrito de denuncia la ha tachado de "ficticia", ya que no poseía ni trabajadores ni instalaciones aptas para realizar el trabajo que la Zona Franca le encargó.
Diario de Cádiz ha podido comprobar ahora que Rodríguez de Castro y los dueños de la MFZMC fueron socios en, al menos, dos empresas radicadas en Florida en la misma dirección.
El 1550 de Madruga Avenue, suite 406, de Coral Gable, una bonita ciudad del Estado de Florida.
Una de ellas, Iberiana, fue creada por los Leiva y Rodríguez de Castro sólo tres meses después de que el delegado del Estado en la Zona Franca tuviera que dimitir el 19 de febrero del año 2001.
Su sucesor en el cargo, Miguel Osuna, pagó el resto del contrato, 2,59 millones, de euros porque, según ha declarado, así lo consideró el abogado del Estado.
Pues bien: ese dinero se envió a la misma dirección de Coral Gables (Florida) donde está dada de alta MFZMC e Iberiana, la firma donde participó Rodríguez de Castro: el mismo que había adjudicado el contrato.
La otra sociedad en la que participaron los Leiva y Rodríguez de Castro es Valtec Corporation, que también tuvo su sede en Coral Gable.
Ambas ya han sido disueltas en el registro oficial de la Secretaría de Estado de Florida, sito en la ciudad de Tallahassee.
Valtec se dio de baja el mes de enero pasado, cuando comenzaron las investigaciones del Ministerio de Economía sobre la gestión de Rodríguez de Castro.
Diario de Cádiz habló ayer (por anteayer) con el notario que se encargó de disolverlas, Alberto Amoros, quien explicó que en su despacho de Florida dan de altas y de bajas muchas sociedades cada año, aunque sí recordaba Valtec.
"Aquí enterramos muchos muertos (en referencia a las sociedades) todos los días, pero no participamos en nada, nuestro trabajo es dar altas y bajas", dijo.
Valtec es una sociedad con ánimo de lucro, mientras Iberiana es una sociedad limitada.
Ambas firmas figuran en el registro de corporaciones del Estado de Florida, se pueden encontrar en el registro on-line de esta institución y sus números de identificación son: P00000107563, por Valtec, y L01000009353, por Iberiana.
La primera letra indica la naturaleza de la sociedad y los dos primeros dígitos el año de constitución. P es profit, una sociedad con lucro, y L es limited liability, una suerte de sociedad limitada.
Hasta ahora, tanto el Ministerio de Economía como la Abogacía General del Estado habían reunido información suficiente para presentar una querella contra Rodríguez de Castro y los Leiva, y acusarlos de apropiación indebida ante un juzgado de Cádiz por el contrato concedido a Miami Free Zone.
Ahora bien, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Barjadí, dejó abierta la posibilidad de ampliar los posibles delitos si se demostraba que el contrato y los pagos a Miami fueron "previstos" con anterioridad, en cuyo caso consideraba que Rodríguez de Castro podría ser acusado, además, de prevaricación, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.
En la actualidad, es el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz quien tramita el caso.
El matrimonio Leiva debe declarar el próximo 27 de enero, pero de Manuel Rodríguez de Castro se desconoce su domicilio.
Diario de Cádiz llamó ayer al número de teléfono de Hispania, que es una sociedad que pertenece en la actualidad al anterior delegado: se corresponde, simplemente, con el mismo despacho del notario Alberto Amoros en Florida.
También solicitó información en la sede de Iberiana, resultando coincidir con la de Miami Free Zone. Allí sí se confirmó que trabajan Germán y Camila Leiva.
Sobre la razón social de las dos empresas en cuestión, Iberiana y Valtec, el notario de Florida informó que las empresas registradas en este Estado no tienen por qué indicar su actuación, simplemente pueden hacer todo lo que les permita la ley.
Este caso, el caso Rilco, es uno de los asuntos más enigmáticos de la gestión de Manuel Rodríguez de Castro, que estuvo al mando de la Zona Franca desde que José María Aznar ganó las elecciones hasta el 19 de febrero, día en el que tuvo que dimitir por la acumulación de gastos excesivos en promoción, viajes, dietas y compras de artículos personales.
Rodríguez de Castro creó la denominada Red Internacional de Logística y Comercio (Rilco), una empresa que, por medio de internet, iba a crear un portal de comercio electrónico con países sudamericanos.
El 27 de diciembre del año 2000, Rilco, es decir la Zona Franca, adjudicó a Miami Free Zone un contrato de 4,2 millones de euros al ganar un concurso en el que compitió con BT, Siemens e IBM.
El concurso fue irregular, porque los de Miami incumplían en pliego de condiciones, tal como ha demostrado el abogado General del Estado.
Justo el mismo día que dimitió, Rodríguez de Castro comenzó a pagar a Miami Free Zone tres facturas por un total de 1,6 millones de euros, pero restaban otros 2,6 millones.
Había dimitido frente a los medios de comunicación, pero el Gobierno del PP tardó varias semanas en hacer firme el cese.
Su sustituto fue Miguel Osuna, también del PP, y fue él quien pagó el resto. En esas facturas se detalla que la dirección de Miami Free Zone es la misma oficina de Madruga Avenue de Coral Gables donde se habían registrado Iberiana y Valtec, donde participó el anterior delegado.
Miami Connection (II)
Diario de Cádiz (16 de diciembre de 2005).- El Tribunal de Cuentas ya se encuentra investigando las cuentas de la Zona Franca en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004.
En el mismo se estudiará la fase final del mandato del ex delegado del Estado Manuel Rodríguez de Castro y el completo de su sucesor en el cargo, Miguel Osuna Molina.
Precisamente, se da la circunstancia de que éste es el periodo que atañe por completo a los contratos de Rilco, ya que el contrato se firma en noviembre del año 2000 y el primer pago de la Zona Franca hacia Miami Free Zone Management Services Corporation se produjo en febrero de 2001, justo en el momento en el que el propio Manuel Rodríguez de Castro dimite.
Hasta ahora el primer informe del Tribunal de Cuentas, que se encuentra en la Sección de enjuiciamientos, se había centrado en el periodo de 1996 a 2000, y en el se habían estudiado sobre todo los gastos personales de Rodríguez de Castro y los de publicidad y promoción, entre otros.
Se da la paradoja de que la Zona Franca todavía se encuentra pagando un crédito que le concedió El Monte para hacer frente al contrato que se firmó con Miami Free Zone.
La información publicada en la edición de ayer por Diario de Cádiz, en la que se informaba que Manuel Rodríguez de Castro había sido socio de los apoderados de Miami Free Zone, el matrimonio Leiva, ha causado algunas reacciones entre los partidos políticos, sobre todo el PSOE e Izquierda Unida, ya que el Partido Popular ha declinado hacer cualquier tipo de declaraciones por el momento.
El diputado en el Congreso y portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Román, calificó todo el entramado que había organizado el ex delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, en torno a la empresa Rilco como "un verdadero chiringuito".
A juicio del propio Román, el portal informático en cuestión era "una tapadera". En este sentido, Rafael Román se mostró convencido de que en este caso "hay una presunta trama organizada para delinquir".
Sin embargo, el portavoz socialista no sólo centró sus críticas en Rodríguez de Castro, sino que las extendió a su sucesor, el también popular Miguel Osuna: Román confesó no entender por qué Osuna siguió abonando el dinero del contrato presuntamente irregular a Miami Free Zone Management Corporation y calificó de "incomprensible" el hecho de que el dinero llegara finalmente a Florida y de que se ingresara, "percatándose o no, eso ya los tendrán que aclarar los interesados", en la dirección de Madruga Avenue.
El socialista dijo que todavía está esperando "una explicación" por parte del Partido Popular y de la presidenta del Consorcio, Teófila Martínez, y solicitó que esta formación afronte una depuración de responsabilidades políticas.
Por su parte, el diputado provincial y parlamentario autonómica de Izquierda Unida, Ignacio García, pidió tanto al Partido Popular como a Teófila Martínez que se personen de manera inmediata en la causa para declarar y dar explicaciones "si no quieren salir escaldados".
García señaló que la actuación de Rodríguez de Castro "le coloca en los aledaños de la delincuencia", e hizo hincapié en que no entiende la actitud de Miguel Osuna ni por qué siguió pagando, "cuando cualquiera, con la situación que se produjo entonces, hubiera suspendido los pagos".
Manuel Rodríguez de Castro está en paradero desconocido; así parece desprenderse del hecho de que la querella dirigida contra él no se le haya podido notificar.
Mientras que el resto de los imputados ya tienen fecha para declarar, del ex delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz no se sabe nada, tan sólo los cargos que se le imputan: prevaricación, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.
Lo otro se presume: que está entre México y Miami (Estados Unidos).
La pregunta es qué pasa ahora, qué mecanismos tiene la Justicia para continuar adelante con el procedimiento penal abierto contra esta persona.
Según los expertos consultados por este periódico (Diario de Cádiz), la respuesta está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma que establece unas reglas iguales para todos y que garantiza un proceso adecuado al imputado, al perjudicado, al denunciante y al querellante.
El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el trámite de apertura del juicio oral.
Hasta entonces cumplirá el abogado el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.
Pero para ello es preciso que primero se le localice.
Si ocurre, en la primera comparecencia ante el juez, en la que deberá estar asistido de abogado, se le informará en la forma más comprensible, como dice la ley, de los hechos que se le imputan.
El juez de instrucción es quien dirige la investigación ordenando la práctica de cualquier diligencia para averiguar la verdad de los hechos.
Dice la Ley que cuando el que debe ser citado no tiene domicilio conocido o no es encontrado por la Policía Judicial en el plazo señalado a ésta, el juez o tribunal mandará publicar la correspondiente cédula por el medio que estime más idóneo para que pueda llegar a conocimiento del interesado, y sólo cuando lo considere indispensable acordará su divulgación por los medios de comunicación social.
Estas cédulas son las requisitorias, que se insertarán en el fichero automatizado de los Cuerpos de Seguridad, publicándose en el tablón de anuncios del juzgado, normalmente por un plazo de 10 días, para que el imputado comparezca, y tenga la advertencia de que será declarado rebelde.
La requisitoria puede ser nacional o internacional y en ella se especificará si sólo se pide a las fuerzas de seguridad que averigüen su domicilio y paradero o que se proceda a la búsqueda, detención y personación, o el ingreso en prisión o, para el caso de la requisitoria internacional, la búsqueda y detención para extradición.
Todo ello, según los expertos consultados, porque el juez puede acordar la detención o cualesquiera medidas privativas de libertad o restrictivas de derechos y medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas.
A la vista de lo actuado, cuando el juez considere que debe seguirse el procedimiento y una vez que el Ministerio Fiscal y las acusaciones hayan presentado sus escritos de acusación, se declara abierto el juicio oral, se emplaza al imputado, personalmente, con entrega de copia de los escritos de acusación, para que en el plazo de tres días comparezca en la causa con abogado que le defienda y procurador que le represente y para que en plazo de diez días presente su defensa.
Si, abierto el juicio oral, los acusados se hallan en paradero desconocido y no hacen la designación de domicilio prevista y si la pena solicitada excede de los límites establecidos en la ley, dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años, se manda nuevamente expedir requisitoria para su llamamiento y busca, declarándolos rebeldes.
La celebración del juicio oral requiere preceptivamente la asistencia del acusado y del abogado defensor.
La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente, o en el domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 775, no será causa de suspensión del juicio oral cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años.
Según la ley, será declarado rebelde el procesado que en el término fijado en la requisitoria no comparezca, o que no fuere hallado y presentado ante el juez o tribunal que conozca de la causa.
Si la causa estuviera en sumario, se continuará hasta que se declare terminado por el juez o tribunal competente, suspendiéndose después su curso y archivándose los autos y las piezas de convicción que pudieren conservarse y no fueren de un tercero irresponsable.
Si al ser declarado en rebeldía el procesado, se halla pendiente el juicio oral, se suspenderá éste y se archivarán los autos. Cuando el declarado rebelde se presente o sea encontrado, se abrirá nuevamente la causa.
Los jineteros del apocalipsisinSurGente.- Este diario digital, por su parte, ha hecho sus propias indagaciones, descubriendo una nueva conexión que, para serles sinceros, no nos sorprende en absoluto.
Nos referimos a que la pareja de contrarrevolucionarios cubanos formada por Fabio Murrieta y Grace Giselle Piney Roche -viejos conocidos de los lectores habituales de
inSurGente- aparece metida de lleno en esta salsa.
Así, podemos contarles que, siendo delegado de la Zona Franca gaditana el delincuente Manuel Rodríguez de Castro, éste comunicó a su personal la inmediata incorporación a las oficinas de dos cubanos (en referencia a Fabio Murrieta y Grace Piney) "recomendados por Teófila Martínez" (la ultraderechista alcaldesa de Cádiz) y que había "que tratarlos muy bien".
En teoría, el motivo de su contratación era que se iban a encargar de realizar un periódico digital, pero nunca llegaron a hacerlo, limitándose a elaborar noticias de la empresa Rilco, en cuya nómina figuraban.
El recuerdo que dejaron entre sus compañeros de trabajo no fue muy bueno; pero mejor que lean algunas opiniones recabadas por este diario: "eran gente muy rara y bastante facha", "él iba de divo", "siempre le (a Fabio) parecía poco lo que hacía, porque aspiraba a más", "tenía (Fabio) manía persecutoria y solía decir que era perseguido por los periodistas del grupo PRISA", etc.
Es de destacar el hecho de que, cuando empezaron a destaparse las irregularidades en la gestión de la Zona Franca de Cádiz, Fabio Murrieta elaboró un manifiesto de apoyo a Manuel Rodríguez de Castro, procediendo a presionar a los trabajadores para que lo firmaran, algo a lo que la inmensa mayoría se negó.
Fabio Murrieta permaneció en Rilco hasta bien entrada la etapa de Miguel Osuna (otro militante del PP, sustituto de Rodríguez de Castro), abandonando la empresa por propia voluntad cuando la situación era ya insostenible.
Sería interesante conocer la relación de viajes a Miami, pagados por la Zona Franca o sus empresas filiales, en esa época. Seguro que el juez titular del juzgado número 4 de los de Cádiz, encargado del caso, se lleva una sorpresa.
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