Cuando el sindicato anunció la convocatoria de la huelga, el juez dictó un auto en el que prohibía a los trabajadores paralizar el transporte, por lo que podrían ser castigados con distintas sanciones que van desde la retención de dos días de salario, por cada jornada de ausencia, hasta una pena de prisión. El juez -que se apoyaba en una ley que prohíbe ejercer el derecho de huelga a los funcionarios públicos- impuso una multa de un millón de dólares por cada día que durase la protesta.

En los últimos días, tanto el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, como el gobernador, George Pataki, han ejercido una dura presión contra la huelga, bajo la amenaza de que, tanto el sindicato como los huelguistas podían ser multados. Muy mal tienen que estar las cosas para que, a pesar de la existencia de una ley anti obrera, los trabajadores decidan acudir a la huelga.

A los que opinan egoístamente que les parece necesaria la existencia de una ley semejante porque no tienen por qué padecer las consecuencias incómodas de una huelga, habría que preguntarles qué dirían si sus patronos les impusieran jornadas de trabajo de 16 horas, (que ya existen de hecho, y quienes no las aceptan son despedidos) o les rebajasen el sueldo y, encima, fueran multados, o encarcelados, por defender sus derechos.

La actuación judicial, jaleada por la patronal, es un acto represivo brutal y un ataque contra toda la clase obrera. La “democracia” occidental, de la mano de su economía fascista neoliberal, conduce a los trabajadores hacia el abismo y a la pérdida de los pocos derechos que aún mantienen, esa ley es buen ejemplo de ello.

En relativamente poco tiempo, sólo quedarán dos opciones: esclavitud o revolución.