El martes pasado una nueva “jornada” de lucha conmovió a Francia, acompañada de huelgas parciales, incluso en la industria privada. En una cierta medida representó una profundización de toda la movilización precedente, como se ve en la masividad que adquirió en el interior del país, por ejemplo en la ciudad de Marsella y en la región de Bretaña. Por otro lado, comenzó a aparecer el reclamo de la renuncia de Chirac, el presidente de la República. Un diputado socialista, frente a estas evidencias, se animó a decir en el parlamento que Francia asistía a “una crisis de régimen”. La caracterización llega tarde: la crisis de régimen ha provocado una rebelión popular.

No es casual que los partidos que marchan a remolque de la situación, no planteen la caída del gobierno mientras las masas se encuentran en la calle. Los acosa, por otra parte, la pesadilla de que la movilización en curso, relativamente encuadrada por la burocracia de los sindicatos y por los sindicatos de estudiantes, empalme con una nueva “rebelión de los barrios”, como la que tuvo lugar en noviembre pasado. Saben también que arrastran una crisis de poder no resuelta desde abril de 2002, cuando la izquierda y la derecha tuvieron que unirse para poder elegir a un presidente (Chirac) con mayoría absoluta de votos (Chirac había obtenido el 19% de los votos en la primera vuelta).

La bandera de lucha sigue siendo la derogación del decreto llamado de ‘primer empleo’, que precariza al máximo las condiciones de trabajo. Para “la calle”, observa una corresponsal (La Nación, 1/4), este decreto “presagia una derogación del Código de Trabajo”, o sea la eliminación del derecho laboral. No en vano la patronal francesa sostiene a muerte el decreto. Le Monde (29/3) relata que “la poderosa federación metalúrgica, la más importante del Medef (la central patronal), ha anunciado claramente su apoyo al dispositivo”.

La presidenta del Medef, por su parte, ha denunciado “la gestión catastrófica” que el gobierno ha hecho del tema, porque “ha comprometido duraderamente toda reforma ulterior del código de trabajo”. Pocos se han dado cuenta, sin embargo, de lo instructivos que son estos planteos, porque hace sólo un par de años, Francia estaba discutiendo (y había aprobado) la reducción de la semana laboral a 35 horas sin afectar los salarios.

No solamente está claro que esta veleidad reformista ha fracasado en las condiciones concretas del capitalismo, sino que fue esa ‘reforma’ el antecedente de la precarización laboral posterior, porque ella autorizó, como canje por la reducción de la semana de trabajo, todo un conjunto de medidas de flexibilización laboral y de congelamiento de los salarios. El horario de trabajo se ‘anualizó’; se desregularon las normas dentro de las empresas; se admitieron los contratos por tiempo parcial. Los trabajadores franceses han perdido poder adquisitivo y creció el desempleo. A pesar de esta experiencia, la izquierda francesa separa la lucha contra la presente ley de trabajo juvenil de la cuestión del poder, como si la precariedad laboral y la desocupación pudieran ser superadas bajo el Estado capitalista.

Al cabo de un mes de movilizaciones, el gobierno manejado por la dupla Chirac-Villepin está completamente derrotado. La posta la ha tomado el ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, que rivaliza con esa dupla por la candidatura a la presidencia por el partido oficial en las elecciones de 2007. Al cabo de tres semanas de movilizaciones, en las cuales apoyó a su gobierno y al decreto de ‘primer empleo’, Sarkozy declaró que “no se metería en un combate inútil por la ley, y menos aún cuando no lo asociaron a su elaboración”. Sarkozy es una suerte de Berlusconi francés: pro-yanqui, defensor de la ‘burguesía nacional’, partidario de la mano dura contra los trabajadores. Como fusible de recambio, se presenta ahora con el lema de la ‘reconciliación social’, seguro de que el retiro de la ley de precarización será cargado a la cuenta de su competidor, Villepin. La burocracia de los sindicatos y los partidos socialista y comunista han dado la bienvenida a esta mediación que la derecha del régimen pretende timonear en su propio beneficio. La llamada ‘izquierda plural’ espera que, vacaciones de Pascuas mediante, una negociación satisfactoria con Sarkozy sirva para ‘descomprimir’ la presión de la calle.

Pero incluso en este caso la crisis persistirá ‘peligrosamente’, porque Sarkozy no puede hacerse cargo de un gobierno en ruinas sin comprometer sus posibilidades electorales para el año que viene. La caída del gobierno, no la “crisis de régimen”, está a la orden del día. El paso subsiguiente sería obtener el acuerdo de Chirac para que abandone el gobierno anticipadamente y adelantar las elecciones. El riesgo aquí sería repetir en mayor escala lo ocurrido en abril de 2002, con el agravante de que esta vez los dos principales partidos, la UNP derechista y el partido socialista, se encuentran completamente divididos. El propio Villepin, cuyo estruendoso fracaso ha herido de muerte al gobierno, declaró a modo de advertencia que “mi misión es estar en la realidad, concentrar la mirada colectiva para evitar un nuevo 21 de abril, un 21 de abril de 2002...” (Le Monde, 29/3).

Sarkozy ya ha adelantado, incluso bastante antes de la crisis en curso, que si gana las próximas elecciones pretende modificar el actual régimen político francés para instalar una presidencia activa, que intervenga en el parlamento, o sea, un demagogo político que pueda recurrir a la movilización de las clases propietarias o semi-propietarias atemorizadas por la crisis, contra la izquierda y las organizaciones obreras. No hay evidencia de que la burguesía apoye esta suerte de aventurerismo político, ni que lo considere compatible con una estabilidad política de la Unión Europea. Lo que no cabe ninguna duda es que las alternativas en danza ponen de manifiesto un empantanamiento político extraordinario. Aunque muy conciente de la creciente miseria social, no hay evidencia de que en Francia la vanguardia de los trabajadores o la izquierda tenga conciencia de esta verdadera crisis de poder. No existe, ni siquiera a nivel del análisis, tampoco de la propaganda, no digamos ya de la agitación, el menor atisbo de consigna que plantee el gobierno de los trabajadores. La llamada ‘extrema izquierda’ teme mucho más pecar de radicalismo que de conservadorismo; los fracasos del pasado la han acobardado. Para ella también lo que pasa hoy en Francia no tiene ningún punto de contacto con Mayo del ‘68.

Es claro para cualquiera que la crisis no es francesa, pues toda Europa se encuentra en una impasse. La situación italiana es explosiva, por eso la burguesía recurre a su ala ‘izquierda’, incluso su ‘extrema izquierda’. Las amenazas a la Unión Europea ponen al desnudo la fragilidad de la restauración capitalista en Europa oriental, cuya base es el capital europeo internacional. La cuestión del poder está planteada por una crisis internacional de conjunto. Es precisamente lo que aterroriza a la izquierda reformista y paraliza a la izquierda no reformista.

Prensa Obrera