Kyra Núñez

Estados Unidos puso en marcha una campaña de presión política para impedir la integración de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos, el cual debe ser electo por la Asamblea General de Naciones Unidas, que escogerá a los 47 miembros del nuevo organismo el 9 de mayo. 

La secretaria de Estado estadunidense, Condoleezza Rice, envió una misiva a las cancillerías de países amigos, en la cual reiteró tres principios a los cuales pretende se sumen públicamente otras naciones. Sostuvo que trabajar activamente por esta promesa será la mejor manera de reforzar la credibilidad del consejo, que empezará labores el 19 de junio.

Esos principios son: apoyar sólo a países con un compromiso genuino con los derechos humanos; optar, como Estados Unidos, por no respaldar las candidaturas de países que sistemáticamente violan esos derechos, incluyendo naciones bajo medidas de seguridad de acuerdo con los artículos 41 y 42 de la Carta de Naciones Unidas, relativos a abusos de los mismos derechos o patrocinadores de terrorismo.

El 6 de abril pasado, al anunciar que no buscaría un asiento en el consejo, Washington aseguró que "hará activa campaña contra los estados que violan sistemáticamente los derechos humanos", y mencionó a Irán, Cuba, Zimbabwe, Burma, Sudán y Corea del Norte.

Washington, que votó en contra de la creación del consejo el pasado 15 de marzo, ha dejado en claro que sólo los estados que respetan la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Final de la Comunidad de Democracias (Varsovia, 2000) y la Carta de Democracias Inter-Americanas (Lima, 2001) pueden aspirar a ser miembros del nuevo órgano, que vigilará el respeto a las libertades y a las garantías individuales en el mundo.

En la carta Rice mencionó los principios que según ella demuestran el grado de respeto de un gobierno a tales instrumentos internacionales: el derecho a elegir representantes mediante elecciones regulares, libres, justas y basadas en voto secreto; la existencia de un sistema plural de partidos políticos; las libertades de expresión, opinión, conciencia, religión, reunión pacífica y de asociación.

Además, estos gobiernos no deben practicar el arresto arbitrario ni hacer detenciones injustificadas; tampoco perpetrar torturas, ni penas crueles, inhumanas o degradantes. En cambio, deben contar con un sistema judicial competente, independiente e imparcial.

Los países que aspiren a pertenecer al consejo, asimismo, deben contar con "transparencia gubernamental; ciudadanía participativa y responsable, incluyendo control civil del aparato militar; sociedad civil libre, y medios de comunicación activos e independientes".

En Ginebra, una coalición de 15 grupos defensores de derechos humanos ligado a UN Watch ha denunciado la situación de los derechos humanos de detenidos cubanos para demostrar la "incapacidad" de La Habana para ser miembro del consejo.