La
paralización de la protesta se acordó previa firma de un acta entre
representantes de las comunidades y el alcalde del municipio Gran Sabana, Manuel
Vallés, quien se comprometió a anular el decreto de la municipalidad con el cual
se pretendía expropiar las tierras de las comunidades para el levantamiento de
diversas empresas.

De acuerdo a
la información suministrada por la periodista Lilia Córdova, quien se encontraba
en el lugar, "la protesta afectó a los más diversos sectores, más de cien
vehículos se encontraban paralizados, desde líneas de transporte provenientes de
Caracas, Manaos, hasta gandolas que transportaban gasolina hasta Santa Elena de
Uairén, así como transportes de carga de diversas empresas nacionales y
transnacionales".

Acota la
información que "un grueso número de turistas extranjeros provenientes de Europa
y Japón, también se sumaron entre los afectados de esta protesta, que se inició
parcialmente desde este miércoles cuando se abría el paso cada 45 minutos, pero
se hizo total desde este jueves, en vista que las autoridades del municipio Gran
Sabana no se hicieron presentes".

Tony
Rodríguez, miembro de la comunidad Kumara Kapay, conocida como San Francisco de
Yuruaní, explicó a la periodista que esta semana se reunieron los capitanes de
las diferentes comunidades indígenas y junto al pueblo acordaron, "como primer
punto, realizar una manifestación pacífica en contra de los secuestros y la
inseguridad en la Gran Sabana; en segundo lugar, justicia contra los asesinos de
nuestro hermano pemón y por último, la eliminación del decreto 001, aplicado por
el alcalde de Gran Sabana, el cual podría permitir la expropiación de tierras
indígenas y por ende la proliferación de invasiones".

Asistencia obligada
Voceros de las comunidades que
estaban protestando explicaron que el burgomaestre se negaba a presentarse en el
sitio de la protesta, por cuanto estaba en una reunión que se efectuaba en Santa
Elena con el ministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, para la
celebración de una mesa técnica de minería; pero una comisión encabezada por el
comandante del Teatro de Operaciones número 5, general Jesús Vitelmo Wilhem
Becerra, prácticamente "llevó obligado" al alcalde hasta San Francisco de
Yuruaní, donde se realizaba la concentración.

Explicaron los
presentes que fue el propio secretario del gobernador quien "rompió en dos" el
decreto ante la negativa del alcalde a ceder a la petición de las comunidades y
finalmente Vallés fue "prácticamente obligado" a firmar un acta en la que se
compromete a anular el decreto.

En esta
reunión los cuerpos de seguridad discutieron el tema sobre la seguridad y se
planteó la posibilidad de crear un cuerpo policial, formado por
indígenas.

Inseguridad constante
En cuanto al segundo motivo de
la protesta que era la inseguridad que hay en la zona, explicaron que voceros
del gobierno regional y del TO5 aseguraron que las investigaciones por el caso
del indígena Esteban Acosta, de la comunidad de Uoroy Uaray, cuyo cadáver
apareció hace más de 20 días, están adelantadas y aunque "no podía revelar los
resultados de las investigaciones" aseguraron que ya están identificados los
autores del hecho.

El capitán
indígena de Kumarakapay, Pablo Delfonzo señaló que desde el año 1964 han
ocurrido doce asesinatos de "hermanos pemones, nuestra protesta no es por el
único caso ocurrido el mes pasado".

Denunció que
todos los culpables de dichos crímenes permanecen en libertad. "No se está
aplicando justicia cuando se trata de casos de indígenas. Por ser indígenas no
se toman en cuenta, pero por eso mismo no nos vamos a quedar de brazos
cruzados".

Resaltó que la
inseguridad que afecta a las comunidades indígenas es producto de factores
externos, "porque esto nunca había ocurrido en la Gran Sabana, esto es nuestro
hábitat".

Delfonzo
expresó que el pueblo pemón es más solidario con sus hermanos, al contrario de
lo que ocurre en "las ciudades, allá no les duele y por eso hay tantos muertos,
pero para nosotros estos 12 muertos son muchos y nos duelen".

El capitán
Delfonzo denunció la deficiente actuación de los cuerpos de seguridad, "cuando
nuestros muchachos indígenas organizaron la búsqueda, encontraron el cuerpo a
las 11:00 de la mañana de ese viernes, el Cicpc se presentó a las 7:00 de la
noche y además de eso no realizaron su labor, porque fueron nuestros muchachos
quienes levantaron los cadáveres".

Tony
Rodríguez, miembro de la comunidad indígena, también señaló que "además de no
hacer su labor, los miembros del Cicpc maltrataron a nuestros muchachos,
diciéndoles: indígenas burros". Por otro lado, "no recogieron huellas, ni
realizaron pesquisas que pudieran aportar datos para encontrar a los
criminales".

Los
representantes de las comunidades expresaron en la reunión su preocupación por
la ola de inseguridad que hay en todo el estado Bolívar. "Los niveles de
inseguridad son elevados y mientras tanto se interviene la Policía, siguen
presentándose los secuestros, siguen los problemas por la minería ilegal y los
enfrentamientos con la FAN", acotaron.

A pesar de que
la protesta se levantó, los capitanes afirmaron que las conversaciones deben
continuar, pues las comunidades indígenas continuarán a la expectativa de las
conversaciones mantenidas con las autoridades.

El decreto de
la discordia
El decreto 001 emitido por la Alcaldía de Gran Sabana debía ser
ejecutado y publicado a partir del 15 de febrero de 2006 y allí se proponía el
Plan de Desarrollo Urbano de Santa Elena de Uairén y de sus "6 mil 232
hectáreas", pero tal como lo refutaron los capitanes indígenas esta cantidad
excede alrededor de 50% de la población fronteriza.

"Santa Elena
no cuenta con esa cantidad de hectáreas y esto da lugar a que se toquen tierras
indígenas", mencionó uno de los capitanes en la asamblea "y no se puede decir
que las tierras indígenas son ociosas ni baldías, porque lo dice un
decreto".

Por otro lado,
el general Wilhem Becerra tajantemente mencionó al inicio de la asamblea,
"quieran o no Gran Sabana se va a desarrollar, porque las puertas del Mercosur
no es la frontera de San Antonio del Táchira, sino ésta".

Becerra
recordó que está aprobada la construcción de una Universidad Bolivariana y un
hospital, "además es necesario un mercado y un matadero", en el territorio de
Gran Sabana.

Delfonzo
expresó que la aprobación de este decreto, en nombre del desarrollo urbano,
incrementará el número de invasiones "como ha venido ocurriendo" y a su vez
aumentará el índice delictivo y una muestra "es lo que pasó con nuestro hermano
pemón el mes pasado".

En el
encuentro también se denunció ante el burgomaestre la adjudicación de unos
terrenos "a una empresa de Duty Free en San Antonio, y un fiscal de salvaguarda
determinó la responsabilidad del alcalde en esa transacción".

Un
baño picante
Aprovechando la presencia del alcalde Manuel Vallés en
la comunidad de San Francisco de Yuruaní, las mujeres indígenas aprovecharon
para realizarle un ritual de la cultura pemón que se aplica siempre a los "niños
malcriados".

Explicaron que
Vallés fue rodeado por todas las mujeres presentes en la manifestación, quienes
empezaron a aconsejarle y advertirle lo que -a su juicio- se está haciendo
mal.

Según la
tradición, si luego del regaño la persona sigue con una posición intransigente y
se "alza" lo rocían con un picante.

Usualmente
este ritual se hace con los niños malcriados o jóvenes que no quieren hacer caso
a las directrices de la familia.

Recordaron que
cuando se produjeron los enfrentamientos entre indígenas y efectivos de la
Fuerza Armada Nacional, que los efectivos castrenses lanzaban bombas
lacrimógenas y perdigones a los miembros de la comunidad que se oponían a la
construcción del tendido eléctrico, se realizó este mismo ritual al encargado de
las operaciones militares. En aquella oportunidad las mujeres le quitaron el
casco, lo rodearon y como el efectivo seguía intransigente lo cubrieron con el
picante pemón.