Panel de EEUU recomienda más presión sobre Castro
PABLO BACHELET / The Miami Herald
WASHINGTON
La comisión que dirige la política sobre Cuba de la administración Bush está recomendando crear un fondo de $80 millones para impulsar la oposición al gobernante Fidel Castro y apretar las sanciones económicas en la isla, ha conocido el Miami Herald.
Un borrador del reporte de la comisión también recomienda un gran esfuerzo diplomático para contrarrestar el ''eje Venezuela-Cuba'' e identifica al presidente Hugo Chávez como el personaje central cuya riqueza petrolera podría ayudar a extender el sistema comunista después de la muerte de Castro.
El informe resume el trabajo de más de 100 funcionarios de 17 departamentos y agencias del gobierno para la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre, copresidida por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el secretario de Comercio Carlos Gutiérrez, un cubanoamericano.
Las recomendaciones deben ser aprobadas por el presidente Bush, quien aprobó virtualmente todos los renglones en el primer reporte de la comisión en mayo del 2004. Eso condujo a restricciones más fuertes de viajes a Cuba, especialmente de exiliados cubanos.
A diferencia del reporte del 2004, la actual serie de recomendaciones incluye un adendo que se mantendrá clasificado ''por razones de seguridad nacional e implementación efectiva'', de acuerdo con el texto. No hubo una indicación inmediata sobre lo que contenía el adendo.
No recomienda cambios grandes a la política de EEUU hacia Cuba y el texto subraya repetidas veces que los cubanos son los que deben decidir el futuro curso de su transición, no el gobierno estadounidense.
Los funcionarios gubernamentales confirmaron que la copia del borrador obtenida por el Miami Herald es legítima, pero advirtieron que algunas cifras podían cambiar antes de que el texto final sea presentado a Bush, lo que podría ocurrir la próxima semana.
El nuevo informe se enfoca en las acciones de EEUU en los meses que seguirán a la muerte o incapacitación de Castro, y pide la creación de un fondo por dos años, de $80 millones, para el ``Fondo para un Futuro Democrático de Cuba''.
El dinero es para ``aumentar el apoyo a la sociedad civil cubana, ampliar la conciencia internacional, romper el bloqueo de información del régimen y continuar desarrollando iniciativas de asistencia para ayudar a la sociedad civil cubana a realizar una transición democrática''.
Después de dos años, la comisión recomienda agregar al menos $20 millones anuales al fondo ``hasta que la dictadura cese de existir''.
El borrador recomienda usar $31 millones del fondo para apoyar ''la sociedad civil en la isla''; $10 millones para financiar los intercambios académicos y un nuevo programa de becas para que los cubanos estudien en el extranjero; $24 millones para terminar con el ''bloqueo de información'' del gobierno de Castro, financiando la transmisión de programas anticastristas por satélite y distribuir equipos en la isla para recibir transmisiones internacionales; y $15 millones para apoyar los esfuerzos internacionales para ayudar a la oposición y planear para una transición a la democracia después de Castro.
El informe no especifica si el dinero es adicional a la ayuda que el gobierno de EEUU ya provee para programas anticastristas. Radio y TV Martí, con base en Miami, recibieron $35 millones por transmisiones a la isla en el 2006.
El borrador también toma un enfoque conciliatorio en relación con temas como la devolución de las propiedades confiscadas por Castro a sus antiguos dueños, muchos de los cuales viven en Estados Unidos. El gobierno cubano criticó el reporte del 2004 diciendo que ignoraba totalmente la soberanía cubana.
''Es un cambio de tono más bien que de sustancia'', dijo Phil Peters, un analista cubano en el Instituto Lexington que ha leído una copia del documento.
Peters añadió que el reporte anterior sugería que la gente sería desalojada de sus casas. ``Este reporte trata de revertir el daño poniendo las decisiones sobre propiedades en manos del gobierno cubano y exhortando a los cubanos a considerar las reclamaciones de propiedades en el contexto de una reconciliación nacional''.
Sin embargo, el texto recomienda ''vigorosamente'' la aplicación del Título IV de la Ley Helms-Burton de 1996, que da a los funcionarios de Estados Unidos el poder de revocar o denegar visas estadounidenses a los gerentes de compañías cuyas firmas hayan invertido en propiedades confiscadas, una sanción que, hasta ahora, sólo se ha usado muy cautelosamente.
Las compañías que invierten en industrias que le proporcionan al gobierno cubano divisas duras, como petróleo, turismo, níquel, tabaco y ron serían especialmente monitoreadas para sanciones, dice el reporte.
También recomienda la creación de un equipo especial interagencias para mejor aplicar las sanciones actuales, y prohibir a individuos que vayan a terceros países para mandar remesas a la isla. En general, aunque pide una más rigurosa aplicación de las actuales leyes, no recomienda ulteriores restricciones en los viajes a la isla.
El reporte también dice que hay crecientes pruebas de que ''altos funcionarios del régimen'' esconden sus finanzas en ultramar, incluyendo propiedades y cuentas bancarias. Recomienda rastrear esos activos para poder devolverlos ``para beneficio de un gobierno de una Cuba Libre''.
Según el texto, Castro y su círculo íntimo ''han empezado un proceso gradual pero esencialmente inestable de sucesión'' trabajando con ``gobiernos afines, particularmente Venezuela, para construir una red de apoyo político y financiero destinado a prevenir cualquier presión externa para un cambio democrático''.
Venezuela le da a Cuba más de $1,000 millones anuales en subsidios energéticos, dice el documento, y hay indicaciones de que Cuba usa el dinero de Chávez para ``reactivar sus redes hemisféricas con el objetivo de subvertir los gobiernos democráticos''.
El reporte sugiere una vigorosa campaña diplomática dirigida a Europa y América Latina para ''solidificar un consenso internacional'' en apoyo de la democracia en Cuba.
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