Por debajo del telón de los grandes actos de condolencia de este 11 de septiembre, quinto aniversario del atentado contra las Torres Gemelas, el magistrado Norbert Garney recomendó la liberación de Luis Posada Carriles de la cárcel de inmigración de El Paso, Texas, en la que se encuentra recluido.
El caso fue presentado ante el tribunal federal de El Paso por el abogado de Posada Carriles, a través de una petición de habeas corpus que argumenta que su detención indefinida (ya que Estados Unidos no ha logrado deportarlo a un tercer país) viola la constitución.
Cubadebate pudo contactar, vía telefónica, con el doctor José Pertierra, abogado que representa a Venezuela en el caso de extradición del terrorista. Posada es acusado en ese país por el homicidio de las 73 personas que murieron por el estallido de una bomba dentro de un avión civil cubano, el 6 de octubre de 1976, frente a las costas de Barbados.
-¿La recomendación del magistrado supone la pronta liberación del terrorista?
-El Magistrado que dicta esta decisión no tiene la potestad jurídica para liberarlo. Solamente puede hacer recomendaciones que un Juez Federal usualmente adopta posteriormente. Antes de que el Juez Federal decida, la Fiscalía tiene 10 días para refutar las conclusiones del Magistrado. Igual que en el trámite inmigratorio en El Paso durante el cual la Fiscalía del Departamento de Seguridad no presentó testigos o evidencia, el proceso de habeas corpus también se destacó por la ausencia de testigos o evidencia de la Fiscalía. La vista ocurrió el 14 de agosto de 2006 ante el Magistrado Garney.
-Exactamente qué argumenta el magistrado para liberar a Posada…
-Posada presentó varios documentos sobre su estado de salud, más dos testigos: 1.) Miguel Jiménez (un amigo), y 2.) Donald George (un oficial de la unidad de deportación del Departamento de Seguridad).
Ambos atestiguaron que habían hecho varias gestiones para ver si algún otro país estaría dispuesto a aceptar a Posada Carriles y así facilitar su expulsión de los Estados Unidos. Los siete países con los cuales se comunicaron fueron Canadá, México, El Salvador, Panamá, Guatemala, Honduras, y Costa Rica respondieron negativamente. Es curioso que fue el propio Posada el que citó al agente del Departamento de Seguridad como testigo. El Sr. George admitió que en estos momentos los Estados Unidos no están haciendo gestión alguna para expulsar a Posada a un tercer país.
-Por lo que usted dice se infiere que el propio magistrado se lamenta de que a la Fiscalia no le interesa presentar evidencias de la peligrosidad de Posada Carriles.
-El Magistrado Garney aclara que el Departamento de Seguridad “no presentó evidencia alguna durante el proceso”, y argumenta que debido a que Posada sostuvo el peso de la prueba y demostró que, después de haberse cumplido seis meses de la orden de expulsión, los Estados Unidos no lo ha expulsado, la Fiscalía tiene la obligación de demostrar con “suficiente evidencia” la “posibilidad significativa” de poder deportarlo a un tercer país. “La Fiscalía no presentó evidencia, y consecuentemente el gobierno federal no ha sostenido el peso de la pruebas para justificar la prolongada detención de Posada Carriles”, concluyó Garney.
La posibilidad de que un tercer país acepte a Posada es “remota”, dice Garney, y una “remota posibilidad” de deportación a un tercer país no justifica una detención indefinida, salvo en muy limitadas circunstancias a las cuales alude posteriormente.
-Sin embargo, en la carta del Departamento de Seguridad del 22 de marzo de 2006 se presenta a Posada Carriles como un “peligro a la comunidad” y a la “seguridad nacional de los Estados Unidos” por su historia delictiva de violencia.
-El Magistrado concluye que la carta no justifica mantener a Posada preso después de que hayan pasado seis meses de la orden de expulsión.
Los Estados Unidos, dice la decisión del Magistrado Garney, han tenido “otros mecanismos a su disposición para justificar la detención de Posada pero escogió no utilizarlos”. Específicamente, el Procurador General tendría que certificar que Posada ha cometido actos terroristas y revisar dicha certificación cada seis meses. Con esa certificación, el Departamento de Seguridad tendría la autoridad legal para detener a Posada. Los Estados Unidos no cumplieron con este requisito y nunca han certificado a Posada como terrorista.
El Magistrado señala con toda lógica que en vez de presentar cargos de terrorismo contra Posada, el Departamento de Seguridad lo tramitó simplemente como un indocumentado que ingresó en el país ilegalmente.
El Magistrado también alude a otras “circunstancias especiales” que pudieran haber justificado la detención de Posada, como por ejemplo crímenes que haya cometido anteriormente que representan un peligro a la comunidad o a la seguridad nacional del país. Para utilizar ese mecanismo, la Fiscalía tendría que presentar una moción a un juez de inmigración. Sin embargo, la Fiscalía escogió no presentar dicha moción.
Debido a la ausencia de evidencias de la Fiscalía, a la nula certificación de terrorismo del Procurador General, y a que el Departamento de Seguridad no presentó una moción a un juez de inmigración que permitiría la detención de Posada, el Magistrado recomienda la liberación del reo bajo la supervisión de la unidad de detención del Departamento de Seguridad.
-¿Puede decirse que ahora es más obvio que nunca lo que se ha estado denunciado por más de un año y medio, que la administración Bush protege deliberadamente a este criminal?
-Es evidente que los Estados Unidos han pretendido procesar por una corte migratoria a Posada para engañar a la opinión pública, pero la decisión de Garney muestra claramente que no lo han procesado por sus crímenes, y que el gobierno de los Estados Unidos no está interesado en extraditarlo o detenerlo. La realidad no coincide con las apariencias. Tenemos que desenmascarar el circo mediático que han montado desde le principio. Leer la decisión del Magistrado cuidadosamente nos muestra la ausencia de voluntad del gobierno estadounidense para cumplir con sus obligaciones legales en este caso.
-Desde el punto de vista de las leyes norteamericanas, ¿que procede a partir de ahora?
-El Magistrado Garney retó al gobierno federal con esta decisión. Le dio 10 días para que hagan lo que deberían haber hecho hace más de un año. Es decir, certificar a Luis Posada Carriles como terrorista. En los propios archivos desclasificados de la CIA, y en las declaraciones hechas a la prensa por Posada, sobran las evidencias de que este individuo es un terrorista. Le corresponde al Fiscal General de la nación, Alberto Gonzales, certificarlo como terrorista y de esa manera evitar que el juez federal ordene su liberación.
También, el Magistrado Garney reta a la Fiscalía a que presente una moción ante el juez de inmigración para continuar la detención del terrorista, algo que debería haber hecho la fiscalía hace más de un año.
El Departamento de Justicia tiene también a su disposición otra manera de mantener a Posada preso. Una que el gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela pidió desde mayo del año pasado. Darle curso a la solicitud de detención preventiva a fines de extradición.
-¿Es o no una gran paradoja que esta recomendación del magistrado se produzca el 11 de Septiembre?
-En el quinto aniversario de los ataques terroristas del 9-11, un magistrado federal nos muestra cómo los Estados Unidos hacen caso omiso de los mecanismos legales a su disposición para mantener preso al Osama Bin Laden de América Latina.
No culpo al magistrado por esta decisión. La culpa la tiene la Casa Blanca que actúa con insoportable ligereza y prefiere proteger a este terrorista, y no enjuiciarlo o encarcelarlo. Hace todo lo contrario a lo que dicen las leyes norteamericanas y a lo que expresan minuto a minuto todos los políticos de esta administración.
-¿Cuáles serán los próximos pasos de Venezuela?
- Venezuela seguirá insistiendo en que se haga justicia en este caso. Y con el apoyo de la ley, de la comunidad internacional, y con la memoria de las víctimas inocentes que Posada Carriles asesinó a sangre fría el 6 de Octubre de 1976 en ese avión de pasajeros, seguiremos luchando para que se haga justicia.
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