inSurGente/ Prensa Latina (Alejandro Gómez).- El juicio contra el líder de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, comienza hoy en Washington, precedido de una manifestación a favor de su liberación. Decenas de manifestantes, la mayoría de ellos estadounidenses, consideran que el proceso de Trinidad en ese país constituye una intromisión de Washington en los asuntos internos de Bogotá. En declaraciones a la emisora colombiana W, el presidente del Comité de apoyo para la liberación de Ricardo Palmera, Tom Burke, aseguró que la administración del mandatario Geroge W. Bush no tiene autoridad legal ni moral para enjuiciarlo. Por ello, las FARC apuntan que "se trata de un revolucionario, un rebelde, que es encerrado en las mazmorras del imperio en un proceso amañado y una extradición inmoral y apátrida".


Agregó que los estadounidenses, a través de los impuestos, pagan cinco mil millones de dólares para el mantenimiento del Plan Colombia y ellos no quieren que su país se involucre en esa guerra, que sólo corresponde resolver a los colombianos.

Sobre el juicio contra Trinidad, Burke sostuvo que ese caso se debe ventilar en Colombia y que de hacerse en Washington resulta una violación de las leyes de la nación andina.

Además, destacó, "antes de la administración Bush y de la llamada guerra contra el terrorismo , tanto la Oficina de Control de Drogas como ex presidentes colombianos estaban de acuerdo con que las FARC no estaban involucradas en el tráfico de drogas a Estados Unidos".

El respaldo a la liberación de Trinidad lo confirmó un comunicado de las FARC del 31 de diciembre de 2004 (día en que fue extraditado), en el cual asevera que el insurgente no estaría sólo en Estados Unidos.

Allí, apunta, lo acompañará la solidaridad de millones de personas que en el mundo luchan contra las políticas guerreristas de Washington y porque Trinidad es un nuevo símbolo de la lucha antiimperialista.

El líder rebelde se presenta ante la Corte del Distrito de Columbia, Washington, donde lo acusan de terrorismo, narcotráfico y la muerte de un ciudadano estadounidense, delitos que el rebelde rechazó y aseguró constituyen un montaje en su contra.

Por ello, las FARC apuntan que "se trata de un revolucionario, un rebelde, que es encerrado en las mazmorras del imperio en un proceso amañado y una extradición inmoral y apátrida".

Pese a los pedidos en contra, el presidente Álvaro Uribe firmó el envío de Trinidad a Estados Unidos, luego que las FARC no respondieran su ultimátum de que para evitar esa extradición debían liberar antes del 30 de diciembre de 2004 a 63 de los retenidos en su poder.

La extradición del negociador de las FARC se produjo el 31 de diciembre de 2004, bajo las críticas de buena parte de la sociedad colombiana que calificó como desacertada esa decisión de Uribe.

En cuanto al proceso, expertos estadoinidenses en leyes coinciden en que este juicio será histórico.

La semana pasada el juez Tom Hogan, quien presidirá el juicio, supervisó la selección del grupo de jurados que se encargará de determinar su culpabilidad o inocencia.

Como en la mayoría de los procesos en Estados Unidos, son 12 ciudadanos escogidos al azar quienes se reunirán durante unas seis semanas a escuchar argumentos de fiscales y defensores.

Los fiscales, dirigidos por el abogado del Departamento de Justicia, Kenneth Kohl, tratarán de demostrar que Simón Trinidad es co-responsable del secuestro, así no exista evidencia de su participación directa en los hechos.

El defensor público Bob Tucker subrayó que el caso contra el guerrillero es frágil, porque Trinidad hace parte de un grupo insurgente que está en guerra con el Estado colombiano y, por lo tanto, merece inmunidad de acuerdo con la Convención de Ginebra.