EL PLAN BUSH CONTRA CUBA

Introducción

La publicación del Informe de la llamada "Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre", anunciada para el presente año, había sido dilatada desde el pasado 20 de mayo, fecha en que originalmente se previó su entrega a Bush.

Finalmente, el 10 de julio, se dio a conocer de forma oficial el Informe mediante una breve declaración escrita del presidente Bush y su presentación ante la prensa por los co-presidentes de la Comisión, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el Secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, así como el llamado "coordinador para la transición en Cuba" del Departamento de Estado, Caleb McCarry. Dos días más tarde, el 12 de julio, McCarry fue a rendir cuenta a los representantes de la mafia cubana de Miami, antes quienes presentó formalmente este informe.

El Informe del 2006 no sustituye ni modifica el Plan del 2004. Por el contrario lo toma como base y lo enriquece, adicionando medidas que refuerzan la política de guerra económica contra Cuba, incorporan nuevas fuerzas para lograr el derrocamiento de la Revolución e incrementan de manera significativa el financiamiento directo e indirecto a la subversión interna. Todas las medidas incluidas en el 2004 mantienen plena vigencia.

La existencia de recomendaciones en un anexo secreto alegando razones de Seguridad Nacional y para "lograr su efectiva realización" es una nueva particularidad de este Informe. Su mayor importancia radica en el hecho de que tales recomendaciones están referidas específicamente al Capítulo 1 dirigido a precipitar el derrocamiento del Gobierno revolucionario.

El Plan está basado en el estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley Helms-Burton, la que señala que el bloqueo se mantendría después del hipotético triunfo de la contrarrevolución, hasta tanto se cumplan un grupo de requisitos, cuyo principal reclamo es que "se registren progresos palpables en el proceso de devolución de las propiedades" a los antiguos explotadores (Sección 206) llegando incluso a señalar que la liquidación de este asunto es "condición indispensable para el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas" (Sección 207) entre ambos países.

El segundo Informe fue elaborado sobre la base de las recomendaciones del Plan del 2004 y consta solamente de 93 páginas, organizadas en los siguientes siete capítulos:

• Capítulo 1: "Acelerar el fin de la dictadura de Castro: Transición, no sucesión". 
• Capítulo 2: "Ayudar a los cubanos a responder a necesidades humanitarias y sociales críticas". 
• Capítulo 3: "Ayudar a los cubanos a lograr elecciones libres y justas". 
• Capítulo 4: "Ayudar a los cubanos a crear oportunidades económicas basadas en el mercado". 
• Capítulo 5: "El papel de la comunidad internacional". 
• Capítulo 6: "El papel vital de los cubanos en el exterior".

• Capítulo 7: "Prepararse ahora para apoyar la transición". 

En la confección del Plan Bush participaron más de 100 funcionarios de 17 departamentos y agencias federales.

Al igual que en 2004, el primer capítulo del Informe enuncia la estrategia y las medidas específicas que la Comisión recomienda aplicar de inmediato para precipitar el derrocamiento de nuestro Gobierno.

Capítulo 1: "Acelerar el fin de la dictadura de Castro: Transición, no sucesión".

Se argumenta la necesidad de elaborar este Informe debido a los cambios ocurridos dentro y fuera de Cuba. A lo interno, se mencionan el supuesto mayor activismo de la contrarrevolución, así como el desaliento y el desencanto de nuestro pueblo respecto a la Revolución.

A lo externo, se acusa a Cuba de utilizar el apoyo económico de Venezuela para promover la "subversión" de los "gobiernos democráticos" en el Hemisferio para lograr la continuidad de la Revolución y que resulta imperativo evitar el éxito de la estrategia de sucesión cubana "mediante el apoyo de gobiernos similares en particular Venezuela" que permitan contrarrestar las acciones norteamericanas.

El objetivo del gobierno de EE.UU. es evitar la continuidad del gobierno revolucionario por lo que las medidas de este capítulo ratifican el Plan en su totalidad, es decir:

• Fortalecer la contrarrevolución interna e intensificar la propaganda contra nuestro pueblo. 
• Diseñar una estrategia para lograr el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos del gobierno de EE.UU. por evitar la continuidad de la Revolución. 
• Intensificar el bloqueo y las medidas de asfixia económica contra Cuba.

Precisamente en este capítulo se plantea que muchas de las medidas concebidas contra Cuba permanecerán clasificadas, alegándose "razones de seguridad nacional" y la necesidad de garantizar "su efectiva aplicación".

Las medidas anunciadas en el Capítulo 1 pueden ser agrupadas en ocho categorías, a saber:

1) Aumento del financiamiento a la subversión interna y las campañas propagandísticas contra Cuba. Se crea el "Fondo Cuba para un Futuro Democrático", al cual se asignan 80 millones de USD, a ser provistos en dos años, que se desglosan como sigue: 31 millones de USD para apoyar a la contrarrevolución interna y crear una "sociedad civil" al estilo norteamericano; 10 millones de USD para becas y cursos de entrenamiento en universidades de los EE.UU. y terceros países a individuos seleccionados por la contrarrevolución interna; 24 millones de USD para la propaganda contra nuestro pueblo, incluida a través de Internet; y 15 millones de USD en apoyo a los esfuerzos internacionales para la subversión contra Cuba y la "planificación de la transición" al capitalismo neocolonial en nuestro país. Además, recomienda otorgar cada año no menos de 20 millones de USD para financiar la subversión contra nuestro gobierno revolucionario, mientras este exista. 

2) Incremento de la guerra radio electrónica contra Cuba. Propone financiar las transmisiones de TV "Martí" hacia Cuba por vía satélite, suministrar equipamiento a la contrarrevolución interna para recepcionar transmisiones internacionales, expandir las transmisiones contrarrevolucionarias hacia Cuba desde terceros países, diseñar programas especiales hacia la juventud cubana y celebrar reuniones trimestrales entre agencias del gobierno de los EE.UU. para coordinar la estrategia sobre estas transmisiones. Aunque el Informe no menciona a Radio "Martí", estas trasmisiones continuarán de acuerdo con la guerra radio electrónica que mantiene el gobierno de los EE.UU. contra Cuba.

3) Ofensiva para que gobiernos y ONG de terceros países, así como determinados organismos internacionales se sumen a la política de los Estados Unidos contra Cuba. El segundo Informe hace énfasis en la necesidad que tiene el gobierno de los EE.UU. de ampliar el consenso internacional en torno a su política contra Cuba, por medio del desarrollo de una "campaña de propaganda y desinformación".

Para ello se proponen crear una coalición de países para apoyar el "cambio de régimen" en nuestro país y establecer compromisos bilaterales con países de Europa y América Latina para sumarlos a esa política.

Establecen una distinción entre países amigos de Cuba que apoyen la continuidad de la Revolución, como Venezuela e Irán, y los aliados de EE.UU. que respalden el regreso al capitalismo. Estimulan la presentación de casos contra nuestro gobierno en la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

4) Recrudecimiento del bloqueo a través de medidas dirigidas a ejercer una mayor presión económica y financiera sobre Cuba. Entre las medidas se destacan:

- Establecimiento de nuevos mecanismos entre las agencias del gobierno de los Estados Unidos para perfeccionar la implementación de las regulaciones del bloqueo y la adopción de sanciones contra los violadores, incluyendo el enjuiciamiento penal.

- Prohibición del envío directo de remesas a través de instituciones establecidas en terceros países.

- Prohibición de las ventas de equipos médicos que sean destinados a programas para extranjeros, con el objetivo de entorpecer los programas de la Revolución para ofrecer servicios médicos a otros pueblos del Mundo, tanto en Cuba como en el exterior, como por ejemplo la labor de la Brigada Henry Reeve y la Operación Milagro.

- Establecimiento de un órgano conformado por distintas agencias norteamericanas, la Fuerza de Tarea Interagencia del Níquel Cubano, para incrementar el control sobre las importaciones de productos que puedan contener níquel cubano y desalentar el comercio internacional de níquel y cobalto cubanos, con lo cual reconocen el potencial y la importancia alcanzados por esta actividad económica en nuestro país.

- Prohibición de la exportación de artículos humanitarios, no por "organizaciones controladas" como el Consejo de Iglesias de Cuba.

- Mayor persecución contra las operaciones comerciales cubanas a través de otras compañías y contra las transacciones financieras de Cuba, sumando a otros países y entidades internacionales en este esfuerzo.

5) Aplicación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton. Aplicar el Título III de la Ley Helms Burton, que permite entablar demandas en tribunales norteamericanos, contra los inversionistas extranjeros de aquellos países que apoyen la continuidad de la Revolución en Cuba. Respecto al Título IV, que niega visas para viajar a EE.UU. a ejecutivos de compañías y sus familiares, establecen su aplicación más rigurosa a empresarios que invierten en sectores estratégicos para nuestro país como son la perforación y extracción de petróleo, el turismo, el níquel, el ron y el tabaco.

6) Medidas contra funcionarios del Gobierno cubano, entre ellas:

- Elaborar una Lista de Esbirros, que facilite el "ajuste de cuentas" que anhelan tras el derrocamiento de la Revolución, y en la cual incluirían a quienes consideren que han participado en acciones para neutralizar a la contrarrevolución interna, establecen así, la represión masiva y generalizada de los revolucionarios. Los incluidos en esta Lista la que aclaran que podía ser larga, estarían descalificados para recibir visas de entrada a los EE.UU., y se les negarían los "beneficios" de residencia permanente en los EE.UU. que garantiza la Ley de Ajuste Cubano.

- También se proponen enviar a INTERPOL los nombres de los funcionarios cubanos que ellos vinculan al derribo en 1996 de las avionetas de la organización contrarrevolucionaria "Hermanos al Rescate".

7) Acciones para evitar la continuidad del gobierno revolucionario en nuestro país, a través de campañas de opinión pública y desinformación proyectar la imagen de que ha llegado el momento del "cambio" en Cuba y por tanto es necesario acelerar los esfuerzos para el derrocamiento de nuestra Revolución.

8) Temas migratorios. El informe manipula a la emigración cubana como una fuerza a ser priorizada por el gobierno de los EE.UU. para lograr el regreso al capitalismo. Acusa cínicamente a Cuba de violar sus compromisos con los Acuerdos Migratorios y recomienda hacer esfuerzos diplomáticos para "notificar" al Gobierno cubano sobre sus supuestos "incumplimientos" de estos acuerdos y su "interferencia" en la política migratoria norteamericana.

En sus capítulos 2, 3 y 4 el Informe retoma muchos de los elementos expuestos en el "Plan de 2004", que se refieren a los pasos que el gobierno de los EE.UU. daría para intervenir directamente en el proceso revolucionario cubano, con el objetivo de desmantelar el sistema económico, político y social de Cuba y crear las condiciones necesarias para facilitar el sometimiento y la anexión de nuestro país.

Capítulo 2: "Ayudar a los cubanos a responder a las necesidades humanitarias y sociales críticas".

Se centra en seis temas esenciales de los cuales teóricamente se ocuparía el gobierno contrarrevolucionario para el desmantelamiento de la Revolución y el regreso al capitalismo: el abastecimiento de agua y los servicios de sanidad; la salud y nutrición; la seguridad alimentaría; la vivienda; la protección de sectores poblacionales vulnerables; y la educación.

Este capítulo niega los logros sociales alcanzados por la Revolución en beneficio del pueblo y acusa a nuestro gobierno de no dar respuesta a las necesidades humanitarias más importantes de la población, afirmando que esta situación no cambiará mientras exista el gobierno revolucionario.

Reconocen que la "transición" al capitalismo generaría pobreza, desplazamientos poblacionales y, por consiguiente, problemas de alimentación, sanidad y salud, y traspasa a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e iglesias gran parte de las responsabilidades que actualmente tiene el Estado socialista en el aseguramiento de los servicios básicos.

Además, consciente de la "crisis humanitaria" que la "ocupación" provocaría, este capítulo declara la supuesta "disposición" del gobierno de los EE.UU. a brindar su "ayuda" en estas esferas, algo que no es capaz de garantizar a una parte significativa de su propia población, como demuestra el abandono a su propia suerte de los miles de víctimas del huracán Katrina.

Como muestra de su desprecio total hacia los avances de Cuba en materia de salud, el Informe reitera que los EE.UU. ayudarán al "gobierno títere" a "desarrollar campañas de vacunación, controlar la inmunización permanente de todos los niños y la de los menores de cinco años que no hayan sido vacunados".

En la esfera de la seguridad alimentaría, previendo el caos que sobrevendrá durante la "ocupación", el Capítulo 2 asegura que los EE.UU. brindarían ayuda para "suministrar al sistema escolar suplementos nutritivos para los niños, a fin de mantener una dieta adecuada mientras el gobierno contrarrevolucionario estabiliza el sistema de salud pública".

En lo que respecta a la educación, otra vez, en previsión de la situación anárquica que reinaría en el país, el Informe repite que los EE.UU. ayudarán al gobierno instaurado por ellos a mantener las escuelas abiertas y a que los estudiantes permanezcan en el sistema escolar", así como a "asegurar que las instalaciones y los servicios educacionales estén disponibles para la mayor cantidad posible de personas".

Por último, como muestra del dominio que los EE.UU. pretenden ejercer, el Informe plantea que el gobierno norteamericano se compromete a "organizar grupos de maestros voluntarios del exterior", así como sustituir los libros de texto existentes con el apoyo de donantes y editores extranjeros, en particular de países miembros de la OEA. Con esto evidencian la intención de eliminar el actual sistema estatal de educación y todos los impresionantes avances alcanzados por nuestro país en esta esfera.

Capítulo 3: "Ayudar a los cubanos a obtener elecciones libres y justas".

Este acápite no oculta que el primer objetivo que los EE.UU. tratarán de alcanzar durante la ocupación es el desmantelamiento del sistema político socialista y, en primer lugar, del PCC, lo que se considera un requisito indispensable para asegurar la posterior dominación del país en todos los órdenes.

En este sentido, se afirma abiertamente que el nuevo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos, como máxima prioridad, en la organización de "elecciones multipartidistas" y "no sobrecargarse con otras tareas relacionadas con el desarrollo y crecimiento de la sociedad cubana".

Se establecen una serie de precondiciones para que los EE.UU. den cualquier tipo de ayuda en este proceso, entre las cuales sobresalen la liberación de los contrarrevolucionarios sancionados y la eliminación del papel que la Constitución le confiere al PCC, como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado.

El Informe reitera que los EE.UU. ayudarán al nuevo gobierno a modificar las leyes, regulaciones y políticas e identificar aquellas que deben ser revocadas o enmendadas.

Por último, este capítulo menciona también la asistencia técnica y material que los EE.UU. brindarían para el regreso de la prensa capitalista, que represente y defienda sus intereses.

Capítulo 4: "Ayudar a los cubanos a crear oportunidades económicas basadas en el mercado".

Se refiere esencialmente a las medidas que adoptaría el gobierno neocolonial con el apoyo de los EE.UU. para lograr la "estabilidad macroeconómica" capitalista, la "integración en el sistema comercial y financiero internacional" subordinada a los dictados económicos de los EE.UU., el estímulo la restauración del capitalismo en Cuba, y el supuesto papel de este gobierno en apoyo a los "derechos laborales, de propiedad, a la agricultura e infraestructura".

Desacredita en su totalidad a la economía socialista cubana y crea ilusas expectativas sobre los supuestos "beneficios" que conllevaría la sumisión a los postulados de dominación económica y financiera de Washington.

Reconoce que los "cambios" económicos causarían "ansiedad" y serían "duros", al mismo tiempo que pretende fundamentar una supuesta aptitud del pueblo cubano para la economía capitalista, prometiendo que las transformaciones propuestas garantizarán empleo y crecimiento económico, y generarán mayor inversión extranjera e ingresos turísticos.

Por otro lado, el Informe recuerda que tiene reservadas para Cuba recetas de ajuste neoliberal, al condicionar la normalización de las relaciones crediticias con el exterior a la aceptación de un programa del FMI, y anunciar que cualquier tratamiento serio de la deuda externa cubana requeriría una aprobación del Congreso de los EE.UU. Asimismo, promete trabajarían con los aliados en la consecución de acuerdos de libre comercio con Cuba.