Ayer jueves tuvo lugar, en el Congreso de los Diputados, un encuentro entre parlamentarios españoles y una delegación que representaba a los cinco cubanos que, desde 1998, permanecen en cárceles de los Estados Unidos por infiltrarse en organizaciones mafiosas de ese país con el objetivo de impedir ataques terroristas contra Cuba.

La delegación estuvo integrada además de por familiares de los Cinco, por el embajador cubano en España, representantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba y por Raúl Martínez, abogado que defiende esta causa en el Estado Español.

En el caso de las familias de Antonio Guerrero, René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Fernando González, fue Adriana Pérez, la esposa de Gerardo, la que acudió a la Cámara Baja para exponer el caso ante los congresistas españoles.

Se da la circunstancia de que con ella, los Estados Unidos han incurrido en una de las numerosas irregularidades que rodean el sumario de los Cinco ya que nunca ha podido visitar a su compañero, en la cárcel donde cumple condena, porque las autoridades norteamericanas le han negado, en reiteradas ocasiones, el visado para entrar en su territorio.

El encuentro se encuadra dentro del programa de actividades que forman parte de la Jornada Internacional por la liberación de los Cinco que lleva realizándose, en decenas de países, desde el pasado 12 de septiembre.

De él, cabe destacar la exposición que hizo Adriana Pérez acerca de la situación en la que se encuentra, actualmente, el proceso judicial que se sigue contra los revolucionarios cubanos prisioneros en Estados Unidos y que, en esencia, camina en dos direcciones.

En primer lugar, la defensa de los Cinco no va a presentar recurso, ante la Corte Suprema norteamericana, por el dictamen del Tribunal de Atlanta que, el pasado nueve de noviembre invalidó la sentencia previa del Onceno circuito de ese Estado y según la cual, tanto el juicio al que les sometió, como las sentencias derivadas del mismo fueron declarados nulos.

De hecho, y este es la segundo de los caminos a seguir, hay una directriz de la propia Corte Suprema que indica que se debe volver a la jurisprudencia de los tres jueces que sentenciaron a favor de los Cinco porque, en su momento, sólo dirimieron en referencia a uno de los argumentos presentados por la defensa (el de si la ciudad de Miami había sido, o no, el lugar adecuado para celebrar el juicio en las condiciones de imparcialidad legalmente exigidas). Basándose en ello, el resto de los 23 puntos (agrupados ahora en nueve) en los que se fundamentaba la defensa aún están pendientes de ser examinados y eso es lo que corresponde abordar en este momento

Por su parte, Raúl Martínez Turrero, que representa legalmente, en el Estado Español, a Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, se encargó de explicar a los diputados las características jurídicas y las arbitrariedades que, en el tiempo, han concurrido en este caso.

Para Martínez Turreeo, “cualquier persona, jurista o no, que se interese por el estudio del caso, puede percibir groseras infracciones y burdas arbitrariedades en el proceso seguido contra los Cinco.

Tanto el movimiento de solidaridad como numerosos juristas, de todas las latitudes e ideologías, hemos denunciado en múltiples ocasiones esas violaciones, entre las que destacan la falta de garantías del debido proceso, expresamente regulado en la Quinta Enmienda a la Constitución estadounidense. Se vulneró ese principio esencial al fijar Miami como sede judicial, quebrando el derecho de los Cinco a ser enjuiciados por un tribunal independiente e imparcial. A pesar de las peticiones de la defensa, perfectamente fundamentadas en la Quinta y la Sexta Enmienda -a las que se opuso la fiscalía-, que fueron rechazadas a pesar de estar amparadas por numerosos precedentes y en una indiscutible pericial también rechazada. Esta fue la razón principal que motivó la decisión de la Corte de Atlanta.

Además -añadió- hubo continuos obstáculos al correcto ejercicio del derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 11 de la DUDH. Cabe destacar, al respecto, que, apreciando infundadamente que se estaba conociendo de un asunto que afectaba a la seguridad nacional de los EEUU, se situó la prueba bajo la famosa CIPA -Ley de Procedimientos de Información Clasificada- en una maniobra para obstaculizar las tareas de defensa -no olvidemos que sólo la parte documental superaba con creces los 20.000 documentos, a los que los letrados tuvieron un acceso limitado. También se limitó el necesario contacto entre los Cinco y sus abogados, siendo éstos últimos objeto de numerosas presiones.

Finalmente, Turmero destacó las crueles condiciones de detención en celdas de castigo, denominadas en argot penitenciario “el hueco” o la “caja”, a que se sometió a los Cinco, en abierta contradicción con lo establecido en el artículo 5 de la DUDH. El impedir el acceso de sus familiares al régimen de visitas previsto por el ordenamiento jurídico de los EEUU. O la flagrante desproporción de las condenas de instancia.

“Se podrían poner innumerables ejemplos de cada una de estas irregularidades, que no por muchas veces repetidas dejan de ser menos graves y ponen al poder judicial estadounidense en evidencia”.

Sin embargo, el tema clave, según Martínez Turmero, es reclamar la liberación inmediata de los antiterroristas cubanos, ya que “ni siquiera procede que el juicio se repita. Los Cinco ya han cumplido penas superiores a las previstas para las acusaciones de las que fueron objeto”.

En su opinión, y así lo expuso ayer ante los diputados españoles, el trabajo principal se centra, a partir de ahora, en rebatir los argumentos de la Corte de Atlanta en cuya sentencia, del 9 de agosto último, no se apreciaba el tema del cambio de sede reclamado para un nuevo juicio habiendo pruebas más que suficientes para haber anulado el anterior.

Por último, el Comité Estatal en España por la Liberación de Cinco cubanos presos en Estados Unidos, que llamó de nuevo, desde el Congreso, a la participación ciudadana en la marcha que mañana sábado, 21 de octubre, exigirá la “libertad de estos verdaderos luchadores antiterroristas”.

En una nota previa difundida en distintas ciudades del Estado, el Comité ha informado de las dos actividades que tendrán lugar ese día, es decir, la marcha por las calles de la capital madrileña y el acto de clausura, en Polideportivo “Manuel Cadenas”, de Leganés, a partir de las 18:00 horas. La nota recuerda que la manifestación partirá de la Plaza de Tirso de Molina, a las 13:00 horas, y llegará hasta la estación de Atocha, donde concluirá con la lectura de un comunicado.

Ambas actividades, señala la nota, tienen como fin denunciar el doble rasero y moral del Gobierno de Estados Unidos.

Piñones: Prohibido y prohibitivo
por Sarah Peisch Friday, Sep. 01, 2006 at 9:57 AM
speisch@caribe.net

Donde proponen construir el proyecto Costa Serena es precisamente en la barrera costanera en Piñones.

Prohibido y prohibitivo
Por Sarah J. Peisch

Estremece otra vez la posible transformación de Piñones; se plantea una vez más la densificación de esta zona privilegiada de playa y cultura afroantillana con nuevos edificios, residentes y turistas. No obstante, en esta "ronda" de lucha y polémica en turno a los permisos y la política del proyecto llamado "Costa Serena" hay unas diferencias muy significativas. Ahora, en el 2006, tenemos el conocimiento y la experiencia indiscutible del peligro a la vida humana para las comunidades costeras por causa de las tormentas y huracanes.

El 29 de agosto marca el primer aniversario del Huracán Katrina, un desastre natural exacerbado por la pobre planificación y la viciada toma de decisiones por parte del gobierno. No menos de 2,000 personas murieron a causa de Katrina y miles de familias nunca han podido regresar a Nueva Orleans y otros pueblos de las costas de Louisiana y Alabama.

Los gobiernos responsables tienen en sus manos la planificación eficaz para minimizar la perdida de vidas a causa de los desastres naturales. Con el propósito de reducir los riesgos a la seguridad pública y proteger los recursos naturales de la costa, el Congreso de los EEUU aprobó la Ley Federal de los Recursos de la Barrera Costanera en 1983. Esta ley pretende desalentar la construcción y la urbanización de la zona costanera y designa algunas de las zonas con alto riesgo de inundaciones como barreras costaneras.

Los sectores del litoral costero que cumplen con los criterios para formar parte del Sistema de Barreras Costaneras son aquellos donde coinciden recursos ecológicos de alto valor y una alta vulnerabilidad para la gente por el peligro de inundaciones por el mar, ríos o ambos.

La Ley de los Recursos de la Barrera Costanera determina que las nuevas construcciones en estas zonas no cualifican para seguros federales de inundaciones. Los seguros federales de inundaciones son seguros del Programa Nacional de Seguros de Inundaciones (NFIP por sus siglas en inglés) que provee ayuda a los damnificados después de un desastre.

Es más, esta ley prohíbe el uso de fondos federales para la construcción de carreteras e infraestructura dentro de las zonas de barreras costaneras.

En 1990, la Junta de Planificación presentó los mapas donde se identifican las barreras costaneras en Puerto Rico y donde se eliminaron los programas federales. Donde proponen construir el proyecto Costa Serena es precisamente en la barrera costanera en Piñones.

Es importante destacar que las restricciones para estas zonas no se hicieron con el propósito de penalizar a las comunidades ya existentes que quedan dentro de una barrera costanera, ni pretenden eliminar sus seguros del programa federal. Sólo se aplican las restricciones a las construcciones nuevas, después de haber aprobado la ley. De hecho, la mayoría de los sectores poblados en Piñones se encuentran totalmente fuera de la barrera costanera designada por ley.

En julio de 2005, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales resaltó el peligro relacionado al proyecto de Costa Serena. Sometió comentarios indicando que el predio “queda aislado por crecidas ordinarias del Río Grande de Loíza. El ubicar un núcleo residencial en ésta tendrá el efecto en el Estado de tener que invertir en la evacuación de dichos residentes cada vez que ocurra un evento de inundación, lo que además conlleva el arriesgar la vida de los socorristas que harían la gestión de auxiliar a éstos.”

Frente a estos riesgos y limitaciones, el proyectista sólo indica que comprará seguros privados. No obstante, el costo de seguros privados para inundaciones para propiedad en zonas de riesgos es prohibitivo.

Recientemente la industria de los seguros reportó posibles incrementos de hasta un 40% en las pólizas como resultado de la experiencia del Huracán Katrina. Las primas para seguros privados, si se consiguen, pueden ser diez veces más caras que los seguros disponibles a través del Programa Nacional de Seguros de Inundaciones. Asimismo, los bancos están renuentes o imposibilitados en hacer prestamos para un proyecto dentro de la barrera costanera.

La gente adinerada compra seguros privados para construir en las zonas prohibidas de la costa, pero cuentan con los servicios públicos durante una emergencia. La densificación de la costa de Piñones implica una responsabilidad pública que paga el pueblo. Es muy preocupante como se sobrecargaría las rutas de evacuación y emergencia de la comunidad. Nos puede pasar en Piñones una situación tan lamentable como pasó en Nueva Orleáns y los otros pueblos del Golfo de México durante el Huracán Katrina: la ayuda para la gente pobre llegó muy tarde.

Conociendo los riesgos a la vida humana y los altos costos de recuperación a causa de las inundaciones y los huracanes, exigimos más cordura y más visión por parte del gobierno.