Nota de prensa
Masacre de El Amparo: impunidad cumple mayoría de edad

El 29 de octubre de 1988 un General de Brigada (Ej), Antonio Camejo
Arias, realiza una rueda de prensa. En ella informa que 16 miembros
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de nacionalidad colombiana,
habían resultado muertos en un enfrentamiento cuando intentaban
dinamitar una instalación petrolera en territorio venezolano.  Ni
guerrilleros ni colombianos: los 16 asesinados, cómo se demostró en
las investigaciones posteriores, eran pescadores residentes en la
comunidad de El Amparo, estado Apure.
La masacre había sido realizada por el Comando Específico "José
Antonio Páez" (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada. El
CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial
(PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención
(DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones y las
declaraciones de dos sobrevivientes, José Arias y Wolmer Pinilla,
develaron que los pescadores habían sido emboscados por funcionarios
del CEJAP, como manera de legitimar su papel en la ejecución de las
políticas represivas en la zona. En un año desde su creación, 28 de
octubre de 1987, este comando había realizado operaciones similares en
Caño Las Gaviotas, Los Totumitos y El Vallado. Para el Coordinador
General de Provea, Marino Alvarado, las irregularidades presentes en
El Amparo no fueron un hecho aislado: "En todas estas acciones hubo
denuncias que negaron que las víctimas fueran miembros de la
subversión colombiana".
Agotados los esfuerzos para obtener justicia y en virtud de las
irregularidades que ocurrían en el proceso judicial, las
organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la
Paz y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(Provea), elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). En 1994, esta instancia remitió el caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego que los
gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez incumplieran sus
recomendaciones. El 11 de enero de 1995, el Estado reconoció los
hechos y asumió la responsabilidad ante la Corte IDH. El 14 de
septiembre de 1996 dicho tribunal dictó sentencia fijando el monto de
las indemnizaciones que debían pagarse a los 2 sobrevivientes y a los
familiares de los fallecidos, ordenando que se continuara con las
investigaciones y se sancionara a los autores materiales e
intelectuales de la masacre.  En diciembre de 2005, 9 años después, el
Estado venezolano terminó de cancelar el monto de la indemnización,
pero no ha acatado la decisión de castigar a los responsables, por lo
que la masacre continúa impune. Los imputados en los hechos quedaron
en libertad a través de una sentencia inconstitucional emanada de la
Corte Marcial, confirmada por la Sala Penal de la extinta Corte
Suprema de Justicia.
El Coordinador General de Provea, a propósito del 18º aniversario de
la Masacre de El Amparo, relaciona aquellos hechos con la realidad del
país en el momento actual. "A pesar de que el gobierno condena en su
discurso las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el
pasado, su política implementada en las zonas fronterizas no se
diferencia de la lógica que en su tiempo llevó a conformar el CEJAP,
privilegiando el aspecto represivo y militar sobre el desarrollo de
una política integral en la zona que adelante, coordinada y
coherentemente, iniciativas en materia de salud, educación, empleo,
vivienda y otros derechos sociales". Por su parte, las organizaciones
de Derechos Humanos han mostrado su preocupación por las recientes
declaraciones de algunos parlamentarios que han sugerido la suspensión
de las garantías constitucionales en la frontera, como lo expresa la
reciente declaración realizada por el Foro por la Vida. Para Maria
Elena Rodríguez, coordinadora del Programa de Exigibilidad de Provea,
"las recientes denuncias sobre actuaciones irregulares de los Teatros
de Operaciones 01 y 05 (Masacres de El Nula y La Paragua) sugieren que
la impunidad aún caracteriza las actuaciones de los cuerpos de
seguridad del Estado, así como la falta de transparencia de las
investigaciones sobre los hechos".
Finalmente, Marino Alvarado rechazó que algunos de los imputados en la
Masacre de El Amparo continúen ocupando cargos públicos en la
actualidad, tanto en dependencias administrativas, en el seno de la
Fuerza Armada Nacional (FAN) y diversos organismos de seguridad del
Estado.

Prensa Provea
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