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General: HUMAN RIGHTS WATCH publica su informe anual 2006
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| De: maribea05 (Missatge original) |
Enviat: 12/01/2007 15:03 |
les diran aqui los voceros del castrofacismo "gusanos" a HRW?
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2006
Cuba
Cuba sigue siendo una anomalía en América Latina: un gobierno no democrático que reprime casi todas las formas de disidencia política. El Presidente Fidel Castro, que ahora cumple 47 años en el poder, no ha mostrado voluntad alguna de considerar siquiera reformas menores. En cambio, su gobierno continúa asegurándose de la conformidad política mediante enjuiciamientos penales, detenciones a largo y corto plazo, acoso de masas, advertencias policiales, vigilancia, arrestos domiciliarios, restricciones sobre los viajes y despidos laborales por motivos políticos. El resultado final es la negación sistemática a los cubanos de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, asamblea, privacidad, movimiento y debido proceso legal.
Deficiencias legales e institucionales
Las estructuras jurídicas e institucionales de Cuba están en el origen de las violaciones de derechos humanos. Aunque, en teoría, los diferentes poderes del Estado tienen áreas distintas y definidas de autoridad, en la práctica, el Poder Ejecutivo retiene el control de todos los niveles de poder. Los tribunales, que carecen de independencia, socavan el derecho a un juicio justo al restringir seriamente el derecho a la defensa.
El Código Penal de Cuba ofrece la base legal para la represión de la disidencia. Las leyes que criminalizan la propaganda enemiga, la difusión de “noticias no autorizadas”, y las injurias a los símbolos patrios se emplean para restringir la libertad de expresión bajo la guisa de la defensa de la seguridad nacional. El gobierno también encarcela u ordena la vigilancia de personas que no han cometido ningún acto ilegal, recurriendo a disposiciones que penalizan el “estado peligroso” y permiten la “advertencia oficial”.
Presos políticos
A principios de julio de 2005, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, un respetado grupo local de derechos humanos, publicó una lista de 306 presos que, según la organización, estaban encarcelados por motivos políticos. La lista incluyó los nombres de 13 disidentes pacíficos que habían sido arrestados y detenidos en la primera mitad de 2005, de los que 11 estaban detenidos acusados de “estado peligroso”.
Seguían encarcelados 61 de los 75 disidentes políticos, periodistas independientes y abogados de derechos humanos juzgados sumariamente en abril de 2003. Los disidentes encarcelados, que cumplían sentencias con un promedio de 20 años, sufren malas condiciones y trato punitivo en las prisiones. Aunque varios de ellos sufren graves problemas de salud, a noviembre de 2005, el gobierno cubano no le había concedido la libertad por razones humanitarias.
El 13 de julio de 2005, un grupo de manifestantes conmemoraron el aniversario del hundimiento mortal en 1994 de una balsa repleta de personas que intentaban huir de Cuba. Los manifestantes marcharon hacia el malecón, en la costa de La Habana, y arrojaron flores al mar. Fueron arrestadas más de una docena de personas. Menos de dos semanas después, el 22 de julio, otra treintena de personas fueron detenidas durante un mitin frente a la Embajada de Francia en La Habana. Aunque la mayoría de los arrestados durante las dos manifestaciones han sido puestos en libertad, al menos diez de ellos seguían encarcelados cuando se escribió este informe.
Restricciones sobre los viajes y separación de familias
El gobierno cubano prohíbe a sus ciudadanos salir o regresar al país sin haber obtenido primero un permiso oficial, que suelen denegar. Los viajes no autorizados pueden acarrear un enjuiciamiento penal. El gobierno también prohíbe frecuentemente a ciudadanos que realizan viajes autorizados que se lleven a sus hijos con ellos al extranjero, manteniendo esencialmente a los hijos como rehenes para garantizar el regreso de los padres. Dado el temor generalizado a la separación familiar forzada, estas restricciones sobre los viajes suponen para el gobierno cubano un poderoso instrumento para castigar a los desertores y silenciar a los críticos.
Libertad de asamblea
La libertad de asamblea está seriamente restringida en Cuba, y se prohíbe generalmente a los disidentes políticos que se reúnan en grupos numerosos. A finales de mayo de 2005, casi 200 disidentes asistieron a un raro encuentro masivo en La Habana. Sus organizadores lo consideraron un éxito, a pesar de que algunos destacados disidentes se negaron a participar por los desacuerdos con respecto a la estrategia y las posiciones. Aunque prohibió la asistencia de algunos observadores extranjeros, la policía permitió la celebración del evento de dos días sin mayores impedimentos. Los participantes aprobaron una resolución pidiendo la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
Condiciones penitenciaras
Los presos viven generalmente en malas condiciones y en situación de abuso, con frecuencia en celdas hacinadas. Suelen perder peso durante el encarcelamiento, y algunos reciben una asistencia médica inadecuada. Algunos tienen que soportar también al abuso físico y sexual, normalmente por parte de otros presos con la aquiescencia de los guardias.
Los presos políticos que denuncian las malas condiciones en las prisiones o incumplen de otro modo las normas penitenciarias son castigados con frecuencia con largos períodos de aislamiento en celdas de castigo, restricciones de las visitas o negación de tratamiento médico. Algunos presos políticos llevaron a cabo largas huelgas de hambre para protestar las condiciones abusivas y el maltrato por parte de los guardias.
Pena de muerte
De acuerdo con la legislación cubana, la pena de muerte existe para toda una serie de crímenes. Dado que Cuba no hace pública la información relativa al uso de esta pena, es difícil afirmar la frecuencia con la que se emplea. Sin embargo, hasta donde se sabe, no se ha producido ninguna ejecución desde abril de 2003.
Defensores de los derechos humanos
Al negarse a reconocer la observación de las condiciones de derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega la condición de legalidad a los grupos de derechos humanos. Las personas que pertenecen a estos grupos se enfrentan a un acoso sistemático: el gobierno interpone obstáculos para impedirles que documenten la situación de los derechos humanos. Además, no se permite que organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, envíen misiones de averiguación a Cuba. Sigue siendo uno de los pocos países del mundo que niega el acceso a sus prisiones al Comité Internacional de la Cruz Roja.
Principales actores internacionales
En abril, con motivo de su 61º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó con 21 votos a favor y 17 en contra (y 15 abstenciones) una resolución poco contundente sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. La resolución, propuesta por Estados Unidos y copatrocinada por la Unión Europea, extendió simplemente durante un año más el mandato de la experta de la ONU sobre Cuba. El gobierno cubano continúa impidiendo la visita de la experta de la ONU al país, a pesar de que su informe de 2005 sobre la situación de los derechos humanos en Cuba fue inexplicablemente e injustificablemente suave.
El embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba, vigente durante más de cuatro décadas, continúa imponiendo penalidades indiscriminadas a la población cubana y bloqueando los viajes a la isla. Sin embargo, una excepción al embargo que permite ventas de alimentos a Cuba sólo en efectivo ha resultado en un comercio sustancial entre los dos países. De hecho, en noviembre de 2005, el responsable de la agencia de importación de alimentos de Cuba confirmó que Estados Unidos era el mayor proveedor de alimentos de la isla. Ese mismo mes, la Asamblea General de la ONU votó a favor de una petición para que Estados Unidos pusiera fin al embargo.
En junio de 2004, con la intención de privar de fondos al gobierno cubano, el gobierno de Estados Unidos dictó nuevas restricciones sobre los viajes por motivos familiares a Cuba. Conforme a estas reglas, sólo se puede visitar a familiares en Cuba una vez cada tres años, y sólo si los familiares encajan en la limitada definición oficial de la familia—una definición que excluye a tías, tíos, primos y otros familiares cercanos que constituyen frecuentemente una parte integral de las familias cubanas. Las nuevas políticas sobre viajes, justificadas como medio para promover la libertad en Cuba, vulneran la libertad de circulación de cientos de miles de cubanos y cubanoamericanos, y perjudican profundamente a las familias cubanas.
Los países miembros de la UE siguen sin ponerse de acuerdo en cuanto a la mejor estrategia con respecto a Cuba. En enero de 2005, la UE decidió suspender temporalmente las sanciones diplomáticas que había adoptado poco después de la campaña de represión oficial de 2003 contra los disidentes, y en junio extendió la suspensión durante un año. Los disidentes criticaron la nueva posición de la UE, defendida por España, y a la que se había resistido especialmente la República Checa.
Las Damas de Blanco, un grupo de esposas y madres de disidentes encarcelados, fueron uno de los tres galardonados con el prestigioso Premio Sajarov 2005 a la Libertad de Conciencia. El Parlamento Europeo concede cada año este premio en reconocimiento al trabajo en la protección de los derechos humanos, la promoción de la democracia, la cooperación internacional y la defensa del Estado de Derecho. En el momento de escribir este informe, no estaba claro si el gobierno cubano permitiría que representantes de las Damas de Blanco viajaran a Francia a recibir el premio en diciembre de 2005.
Las relaciones entre Cuba y la República Checa continúan siendo tirantes. En mayo de 2005, Cuba expulsó sumariamente al senador checo Karen Schwarzenberg, que estaba visitando La Habana para asistir al encuentro de dos días de disidentes. El 28 de octubre, fecha del 87º aniversario de la independencia de Checoslovaquia, las autoridades cubanas prohibieron una recepción que estaba planeando la Embajada Checa en La Habana, calificándola de “acción contrarrevolucionaria”. Se informó de que los cubanos estaban enojados por la decisión de la embajada de invitar a la celebración a representantes de las Damas de Blanco.
Venezuela sigue siendo el más estrecho aliado de Cuba en América Latina. El Presidente Castro y el Presidente de Venezuela Hugo Chávez disfrutan de relaciones cercanas, y Venezuela suministra a Cuba subsidios petroleros y otras formas de asistencia. |
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De: maribea05 |
Enviat: 12/01/2007 19:33 |
VENEZUELA
Venezuela
Desde que ganó un referendo nacional sobre su presidencia en 2004, Hugo Chávez y su coalición mayoritaria en el Congreso han adoptado medidas para debilitar la independencia del Poder Judicial del país copando la Corte Suprema con sus aliados. También han promulgado leyes que amenazan seriamente la libertad de prensa y la libertad de expresión. Varios miembros destacados de la sociedad civil han sido objeto de enjuiciamientos por cargos altamente dudosos, y los funcionarios del gobierno han acusado repetidamente a los defensores de los derechos humanos de conspirar contra la nación. La violencia policial, la tortura y las condiciones penitenciarias abusivas se encuentran también entre los problemas más graves del país en materia de derechos humanos.
Independencia del Poder Judicial
El Congreso de Venezuela propinó un duro golpe a la independencia judicial en diciembre de 2004, al copar la Corte Suprema con 12 nuevos magistrados. Una mayoría de la coalición gobernante, dominada por el partido del Presidente Chávez, nombró a los jueces que ocuparían los puestos creados por una ley aprobada en mayo de 2004, que amplió la composición de la Corte de 20 a 32 miembros. Además de los magistrados nombrados para los 12 puestos, se nombraron cinco jueces más para cubrir las vacantes creadas en los últimos meses, y otros 32 fueron nombrados como magistrados de reserva.
La toma política de la Corte Suprema agravó el daño que ya habían provocado a la independencia judicial las políticas de la propia Corte. La Corte, que ostenta el control administrativo de la judicatura, no ha ofrecido seguridad en el puesto al 80 por ciento de los jueces del país.
Libertad de expresión
Algunas leyes aprobadas desde finales de 2004 han introducido nuevas restricciones onerosas sobre los medios de comunicación. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y televisión, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2004, establece reglas detalladas sobre el contenido de los programas de radio y televisión. Por ejemplo, cuando se considere que una estación hace “apología o incite” a la alteración del orden público o emita mensajes públicos “contrarios a la seguridad de la nación” podrán imponérsele duras multas o ordenar la suspensión de las emisiones durante 72 horas; si vuelve a incurrir en un delito, se le puede retirar la licencia de emisión durante un período hasta cinco años. Los términos clave como los antes citados no están bien definidos, lo que invita a una aplicación con motivos políticos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) puede dictar “medidas cautelares” para prohibir la transmisión de contenidos ilegales.
En marzo de 2005, entraron en vigor enmiendas al Código Penal que ampliaron el alcance de las leyes venezolanas sobre desacato, y aumentaron las penas por este delito, la difamación criminal y el libelo. Al ampliar las disposiciones sobre desacato, Venezuela ignoró las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se resistió a una tendencia a revocar este tipo de leyes en todo el continente.
En julio, el Fiscal General Isaías Rodríguez ordenó una investigación para dilucidar si el periódico El Universal había sometido ilegalmente al organismo que dirigía y al Poder Judicial del país a un ultraje institucional con la publicación de un editorial titulado “Justicia Arrodillada”. En octubre, en un fallo bien recibido, la Corte Suprema concluyó que el editorial en cuestión no constituía de hecho un “ultraje institucional” prescrito por la ley. La Corte señaló, sin embargo, que la Constitución prohíbe el uso de la libertad de información y opinión “con fines de desestabilización de las instituciones democráticas”.
Asesinatos por parte de la policía
El asesinato de tres inocentes estudiantes en el distrito Kennedy de Caracas, el 27 de julio de 2005, subrayó la violencia y la ilegalidad de las fuerzas policiales venezolanas. Leonardo González, Eric Montenegro y Edgar Quintero murieron cuando agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) abrieron fuego contra el vehículo en el que regresaban de la universidad. Se informó de que los policías habían confundido el automóvil de los estudiantes con un vehículo que estaban persiguiendo, y abrieron fuego cuando no obedecieron la orden de detenerse. El cuerpo de González fue hallado en una calle cerca del vehículo, con orificio de bala en el ojo. Según un testigo presencial, hombres con ropa civil y encapuchados capturaron a Montenegro y Quintero en un callejón, les hicieron tumbarse en el suelo y les dispararon a sangre fría. La policía colocó aparentemente armas en el lugar para que pareciera que habían disparado primero.
Se han denunciado cientos de ejecuciones policiales en los últimos años, aunque el problema proviene de mucho antes que el actual gobierno. Aunque la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo han denunciado estos abusos, se han realizado muy pocos avances en el enjuiciamiento de los policías responsables o la introducción de las reformas necesarias para combatir esta práctica. En agosto de 2005, la Fiscalía General anunció que estaba investigando 5.520 presuntas ejecuciones extrajudiciales—relacionadas con 6.127 víctimas—cometidas entre 2000 y el 31 de julio de 2005. Los fiscales han formulado cargos contra 517 de los 5.997 policías y militares supuestamente implicados y, cuando se escribió este informe, sólo habían sido condenados 88 (1,47 por ciento).
Condiciones penitenciarias
Las condiciones en las prisiones venezolanas son notoriamente abusivas. El hacinamiento es crónico y las bandas armadas mantienen el control dentro de los muros de las prisiones. Los motines carcelarios y la violencia entre reclusos se cobran cientos de vidas cada año. En octubre de 2005, el Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización con sede en Caracas, afirmó que 314 presos habían muerto y 517 habían resultado heridos en incidentes violentos ocurridos durante el año.
Seguridad fronteriza y el derecho a la condición de refugiado
Las autoridades venezolanas y colombianas continúan implementando planes conjuntos para asistir a los cientos de refugiados que cruzan la frontera con Venezuela para huir de la violencia de los grupos armados irregulares en Colombia. Dada la inseguridad en las regiones fronterizas, muchos de los colombianos que huyen del conflicto armado se enfrentan a un futuro incierto pero más seguro en las ciudades de Venezuela. En junio, un grupo de 62 personas, muchas de ellas niños, se refugiaron en un asentamiento del pueblo indígena barí en el estado de Zulia. En septiembre, después de negociar con los líderes de la comunidad barí que querían que se fueran, la Comisión Nacional para los Refugiados transportó a los refugiados con helicóptero a un lugar más seguro y mejor equipado.
Defensores de los derechos humanos y sociedad civil
Los funcionarios públicos y los medios de comunicación oficiales siguen emprendiendo iniciativas para desacreditar a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno y los legisladores progubernamentales acusaron públicamente a Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones y crítico destacado de la política penitenciaria, de iniciar una protesta carcelaria. En enero, se informó de que Prado había recibido amenazas anónimas en su teléfono celular. En marzo, COFAVIC, una reputada organización de derechos humanos, informó de que los medios oficiales habían insinuado que la organización se había apropiado de una parte del dinero pagado por el Estado como indemnización a las víctimas de asesinatos policiales durante las protestas del Caracazo de 1989, una acusación firmemente rechazada por la organización.
En agosto de 2005, el Tribunal Supremo rechazó una petición de otra organización de derechos humanos, PROVEA, para que ordenara que el Presidente Chávez se retractara públicamente de unas declaraciones en las que sugería que ambos grupos estaban participando en una conspiración contra el gobierno apoyada por Estados Unidos.
Durante 2005, la Fiscalía General abrió una investigación criminal contra uno de los abogados de derechos humanos más respetados del país, Carlos Ayala Corao (antiguo presidente de la CIDH y actual presidente de la Comisión Andina de Juristas), por su presunta participación en el fallido golpe de 2002 contra Chávez. El fiscal encargado de la investigación se negó a informar a Ayala de los detalles y el fundamento de la acusación, y un juez respaldó al fiscal cuando Ayala cuestionó la actuación del fiscal. Después de una campaña concertada por activistas de derechos humanos locales e internacionales, el fiscal retiró finalmente los cargos en octubre.
En julio, un tribunal de Caracas ordenó el enjuiciamiento de cuatro líderes de la sociedad civil acusados de traición. La corte ordenó el juicio de María Corina Machado, Alejandro Plaz y otros dos colegas acusados de traición por un fiscal público porque su organización gubernamental, Súmate, habñía aceptado fondos extranjeros para un programa de fomento de la participación ciudadana en un referendo de 2004 sobre la presidencia del Presidente Chávez. Fueron acusados, en virtud del artículo 132 del Código Penal de Venezuela, de “conspirar para destruir la forma política republicana” porque Súmate había recibido apoyo financiero del National Endowment for Democracy (NED). Según la NED, una organización financiada a su vez por el Congreso de Estados Unidos, Súmate recibió 31.150 euros, que se destinaron a talleres para educar a los ciudadanos sobre el proceso de referendo constitucional en Venezuela. Si fueran condenados, Machado y Plaz podrían cumplir una pena de hasta 16 años de prisión.
Principales actores internacionales
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siguen caracterizándose por la hostilidad y la mutual desconfianza. El gobierno de Bush está preocupado por las estrechas relaciones comerciales con Cuba y la amistad de Chávez con Castro, así como su influencia percibido en países políticamente inestables como Bolivia. La Secretaria de Estado Condoleeza Rice se refirió a Venezuela como una “fuerza negativa en la región” durante las sesiones para su confirmación en el Senado en enero de 2005.
Las críticas de Chávez al gobierno de Bush siempre han sido abiertas. En un programa de televisión emitido en febrero, confió que estaba seguro que Washington estaba planeando asesinarle, y amenazó con responder a la agresión suspendiendo las exportaciones de petróleo a Estados Unidos.
En respuesta a la CIDH, el gobierno venezolano sostuvo que el análisis y las recomendaciones de la Comisión con respecto a Venezuela en su informe de 2003, vulneraban la soberanía nacional del país. La Comisión había criticado la débil separación de poderes en Venezuela, la concentración de autoridad en el Poder Ejecutivo y la creciente participación de las fuerzas armadas en el gobierno. En su informe anual de 2004, publicado a principios de 2005, la Comisión señaló que las pretensiones del gobierno eran “incompatibles con el derecho internacional y la propia Convención Americana”. |
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De: maribea05 |
Enviat: 12/01/2007 19:34 |
AAAAAAARGEEEEENTIIIIIIINAAAAAAAAAA
Argentina
La violencia en las hacinadas prisiones de Argentina empeoró en 2005. La brutalidad de los guardias, que ha sido especialmente bien documentada en la provincia de Buenos Aires, es generalizada y no parece que vaya a disminuir.
Los fiscales continúan investigando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1976-1983). En junio de 2005, la Corte Suprema declaró, en un fallo histórico, la inconstitucionalidad de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, eliminando los obstáculos legales que quedaban para la celebración de juicios.
Condiciones penitenciarias
Según la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo gubernamental, tres presos fueron asesinados cada semana en la provincial de Buenos Aires hasta marzo de 2005, lo que triplica el nivel de violencia registrado en 2004. Los presos de otras provincias también sufren hacinamiento, condiciones deplorables y violencia entre reclusos. En febrero de 2005, en un motín ocurrido en una prisión de la provincia de Córdoba, ocho personas resultaron muertas, entre ellas cinco presos, dos guardias y un agente de policía. En la prisión, diseñada para albergar a menos de un millar de reclusos, había 1.700 presos cuando ocurrieron los hechos. Dos meses después, trece reclusos murieron a consecuencias de un enfrentamiento entre reclusos en el Instituto Correccional Modelo de la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe. Según los informes oficiales, once murieron a consecuencia de disparos y dos fueron quemados vivos.
Un tercer motín mortal se cobró treinta y dos vidas en octubre, cuando se declaró un incendio en la prisión Magdalena de la provincia de Buenos Aires. Aunque el fuego fue provocado por los presos amotinados, algunos informes alegan que los extintores no funcionaron y los bomberos nunca entraron en la prisión para combatir el fuego.
La gran mayoría de los reclusos de las prisiones argentinas todavía no han sido juzgados. En febrero de 2005, sólo el 11 por ciento de los reclusos de la provincia de Buenos Aires habían sido condenados. Los centros de detención preventiva son gravemente inadecuados. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una reputada organización de derechos humanos, en abril de 2005, 5.951 detenidos de la provincia de Buenos Aires estaban hacinados en comisarías por falta de espacio carcelario regular.
En mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró que todas las prisiones del país debían acatar las Reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos. La declaración de la Corte fue la respuesta a una petición de hábeas corpus presentada por el CELS en 2001 en representación de las personas recluidas en prisiones y comisarías de la provincia de Buenos Aires. En agosto de 2004, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y la Organización Mundial contra la Tortura presentaron un escrito de amicus curiae apoyando la petición. En diciembre de 2004, la Corte Suprema celebró una vista pública sobre el asunto, la primera en un caso de derechos humanos, en la que participaron el CELS, Human Rights Watch y el gobierno provincial de Buenos Aires. Además de declarar que las reglas de la ONU eran normas mínimas nacionales, la Corte requirió que se prohibiera la detención de menores de edad y personas enfermas en comisarías de policía.
Tortura
La tortura y otros tipos de brutalidad son un fenómeno generalizado en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. En mayo de 2005, guardias de prisiones de La Plata golpearon al recluso Cristián López Toledo y le aplicaron electrochoques en represalias por haber denunciado anteriores palizas al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial para la Memoria. Un médico forense confirmó el uso de electricidad partiendo de una muestra de la piel. No se han adoptado medidas efectivas para implementar las recomendaciones del Comité desde la publicación de su informe sobre abusos en el sistema penitenciario, en octubre de 2004.
Rendimiento de cuentas por abusos cometidos en el pasado
Argentina sigue avanzando en el enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos durante la llamada guerra sucia, en la que “desaparecieron” al menos 14.000 personas. En junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” por una mayoría de siete votos a favor, uno en contra y una abstención. Las dos leyes de amnistía, aprobadas a finales de los ochenta, concedían inmunidad a los responsables de tortura, asesinatos y desapariciones durante el régimen militar. Aunque el Congreso anuló las leyes en 2003 y se reabrieron los casos, los avances han sido lentos ya que los investigadores esperaron el fallo definitivo de la Corte sobre la constitucionalidad de las dos leyes.
Se han formulado cargos relacionados con los derechos humanos contra 330 antiguos miembros de las fuerzas armadas y la policía, y unos 180 se encuentran recluidos en prisiones o centros militares, o bajo arresto domiciliario. La atención pública se ha concentrado en dos “megacasos” relacionados con la detención ilegal y la tortura por parte del Primer Cuerpo del Ejército, y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un centro de tortura de la capital donde se cree que estuvieron detenidas clandestinamente unas 5.000 personas antes de ser asesinadas.
En el caso del Primer Cuerpo del Ejército han sido detenidos 43 presuntos responsables, y otros siete han huido de la justicia. Están arrestados 18 antiguos oficiales de la ESMA. Entre ellos el ex Capitán de Navío Alfredo Astiz, recluido ahora en una instalación de la armada y a la espera de juicio por la “desaparición” de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, entre otros crímenes. Los restos de Duquet, que llevaban 28 años enterrados en una fosa sin marcar, fueron finalmente identificados mediante muestras de DNA en agosto de 2005. En 1990, después de un juicio en rebeldía, un tribunal francés condenó a Astiz a cadena perpetua por este crimen. Otros 30 oficiales de la ESMA, entre ellos Jorge Acosta, alias “El Tigre”, han sido acusados de robar pertenencias de los detenidos que “desaparecieron”.
Los enjuiciamientos han discurrido lentamente, debido sobre todo a los numerosos recursos interpuestos por los acusados. A pesar de estos retrasos, los grupos de derechos humanos esperan que algunos de los casos se juzguen a puerta abierta en 2006. En marzo de 2005, la Corte Federal de Apelaciones declaró inconstitucionales los indultos promulgados por el ex Presidente Menem en 1989 y 1990 a favor de seis antiguos generales del ejército. Tres de los seis que siguen vivos—Carlos Suárez Mason, Juan Bautista Sacian y Jorge Olivera Rovere—están acusados de violaciones de los derechos humanos siendo oficiales del Primer Cuerpo del Ejército. La Corte de Apelaciones llegó a la misma conclusión en otro caso en julio. Declaró inconstitucionales los indultos de dos viceadmirales, Antonio Vañek y Julio Torti, acusados ambos de violaciones de los derechos humanos en la ESMA. Se espera que los cinco sean llevados a juicio en los próximos meses.
Derechos reproductivos
En Argentina, las mujeres continúan padeciendo restricciones arbitrarias y discriminatorias de sus decisiones reproductivas y el acceso a los anticonceptivos y el aborto. El acceso a una de las formas más efectivas de anticoncepción—la esterilización femenina—sigue siendo objeto de limitaciones discriminatorias. Se dice con frecuencia a las mujeres que para tener derecho a la esterilización necesitan autorización de su esposo, tienen que haber tenido al menos tres hijos y haber cumplido los 35 años.
Muchas mujeres tienen que elegir entre un embarazo no deseado o arriesgado y un aborto ilegal y peligroso. Según el Ministerio de Salud, todos los años se producen aproximadamente medio millón de abortos ilegales en Argentina, lo que supone el 40 por ciento de todos los embarazos.
En 2005, en una importante medida para garantizar el derecho de las mujeres a acceder a los servicios de atención sanitaria, el gobierno argentino publicó directrices nacionales sobre el cuidado humano después del aborto.
Libertad de expresión
Las propuestas legislativas para ampliar los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información no avanzaron en 2005. Un proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja en mayo de 2003, que otorgaría a los ciudadanos argentinos el derecho a la información en poder de organismos públicos, se vio debilitada en el Senado y ha sido devuelta a la Cámara Baja. Un proyecto de ley anterior para que la difamación pública de funcionarios públicos sólo fuera sancionable con indemnizaciones civiles, en lugar de sanciones penales, tampoco ha avanzado. La necesidad de este tipo de leyes sigue siendo manifiesta. En junio de 2005, el Secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, presentó una querella criminal por difamación contra periodistas y directores de la revista Noticias y la editorial Perfil, por un artículo de enero en el que se criticaban sus políticas sobre el reparto de la publicidad oficial. El Secretario, que había solicitado la pena máxima de tres años, retiró después la demanda judicial.
Principales actores internacionales
En diciembre de 2004, el Comité de la ONU contra la Tortura informó sobre la aplicación en Argentina de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Algunas de las preocupaciones expresadas por el Comité fueron el alto número de denuncias de tortura y malos tratos, la pequeña cantidad de condenas, la detención de niños por debajo de la edad de responsabilidad penal, y el hacinamiento y las malas condiciones en las prisiones.
En abril de 2005, un tribunal español condenó al antiguo oficial de la Armada Argentina, Adolfo Scilingo, a 640 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Scilingo fue a España voluntariamente en 1997 para confesar su participación en el los vuelos para arrojar a presos al mar, pero se retractó después de su declaración. El Juez Baltasar Garzón también está investigando el caso de Ricardo Miguel Cavallo, otro agente de la ESMA, que fue extraditado desde México en 2003 acusado de genocidio y terrorismo.
En julio, en un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno argentino aceptó formalmente su parte de responsabilidad por no haber prevenido el atentado con bomba de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), y no haber investigado adecuadamente después el crimen. No se ha condenado a ninguna persona por el atentado, mientras que cinco han sido absueltas por falta de pruebas. |
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