Poco tiempo después de los ataques del 11S, el Consejo Estadunidense de Miembros y Graduados (ACTA), de Lynne Cheney, esposa del vicepresidente norteamericano, publicó un informe espeluznante titulado Defendamos la civilización: Cómo nuestras universidades están fallando a Estados Unidos y qué podemos hacer al respecto.Los autores del documento se quejan de que "el ámbito universitario es el único sector de la sociedad estadunidense que está claramente dividido en su respuesta a los ataque sufridos por EU". Suele etiquetar a las universidades sospechosas como "eslabón débil en la respuesta norteamericana".

El director de inteligencia de la revista Executive Intelligence Review, Jeffrey Steinberg dice que, entre otras medidas que se dispararon después de David Horowitz, presidente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular proporcionó los fondos a un antiguo alumno de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), de 24 años, Andrew Jones, para que fundara la Asociación de Graduados Bruin, grupo globalista que ofrecía pagar a los alumnos para que grabaran las clases de los profesores sospechosos de ser izquierdistas. Como consecuencia de sus "investigaciones", Jones publicó un folleto titulado Dirty Thirty («Los treinta abominables»), en el que denunció a otros tantos profesores a los que se hizo blanco de ataques por sus inclinaciones izquierdistas. Hay una lista en circulación que se refiere a 28 de los 30 anunciados. Dos "están por anunciarse". Entre los primeros se encuentran Doglas Kellner, Gabrielle Piterberg, Robert Watson, Sondra Hale, Saree Makdisi y otros.

En cuanto el entramado de las denuncias fue hecho público, Horowitz despidió a Jones, aunque en febrero de 2005 el dirigente del Centro para el Estudio de la Cultura Popular presentó su libro The professors: the 101 Most Dangerous Academics in America. cuya publicidad recibida lo decía todo: Pronto en tu universidad más cercana habrá terroristas, racistas y comunistas; tú los conoces como los profesores. Los académicos radicales actuales no son la excepción sino la legión. Lejos de de ser inofensivos escupen un antinorteamericanismo violento, predican el antisemitismo y celebran el asesinato de soldados y civiles norteamericanos; todo mientras cobran dólares de los impuestos y las colegiaturas para que nuestros hijos sean inductrinados.

Para septiembre de 2005, la campaña de terror sembrada por Lynne Cheney y David Horowitz había creado ya las condiciones para que el FBI entrara directamente a los claustros universitarios. El 15 de septiembre el director del buró Robert S. Mueller anunció la creación de la Junta Consultiva de Seguridad Nacional en la Educación Superior, que será el enlace para la colaboración de los cuerpos docentes universitarios con el FBI. Su objetivo es combatir el espionaje y la subversión en las universidades. En ese engranaje de vigilancia el papel de la junta consiste en controlar el destino de los millones de dólares que las universidades reciben de sus benefactores para labores de investigación y desarrollo de la técnica.

La obsesión por el terror

Aaron Yule, miembro de la redacción de « EIR» en español agrega que la política del gobierno de Bush ha sido el combate al terror, no sólo en el exterior, en otros países, sino también entre sus propios ciudadanos. Se está utilizando la propaganda más aterradora para mantener a la población estadunidense en un estado de incertidumbre total y de miedo para hablar de las medidas de Bush.

No obstante los esfuerzos por atemorizar a los ciudadanos y los menores de edad mediante la difusión masiva de mensajes alarmantes y generadores de paranoia, no han podido evitar la resistencia de muchos jóvenes al clima de demencia que intenta implantar el gobierno bushista.

Ha sido el entusiasmo de los jóvenes en edad universitaria por poner punto final a la locura desenfrenada del gobierno federal lo que está haciendo que renazca el optimismo ante la posibilidad de que el Partido Demócrata llegue a significar un cambio absoluto si llega al poder en las próximas elecciones federales de 2008.

¿Una educación para el imperio?

El primer intento de legislar sobre la implantación del miedo data de principios de 2003 cuando llegó la fecha de renovar el Título VI de la Ley de Educación superior de 1965, que proporciona financiamiento a los programas universitarios del país.

La ley ha sido muy importante para reglamentar el funcionamiento de las escuelas, pero en septiembre de ese año se sometió el Proyecto de Ley HR 3077 (Ley de estudios internacionales en la Educación superior) ante la la Subcomisión sobre Educación y fuerza Laboral para reformar el Título VI. La resolución fue presentada por el representante republicano Pete Hoekstra, aunque no fue él el autor de su contenido. La autoría del documento es atribuida a Stanley Kutz, del Instituto Hoover. Uno de los cambios propuestos por Kurtz, con el propósito de detener la discriminación política, fue el de que el Congreso "cree una junta de supervisión a cargo del Título VI y que determine quién recibe su financiamiento". Dicha junta se conoció en la resolución 3077 de Hoekstra con el nombre de Junta Consultiva de Educación Internacional. cuando a Stanley le preguntaron si había sido influido por Hoekstra, respondió:

Sí creo que algunos de sus comentarios son válidos. No creo que estos estudios deban usarse para promover un punto de vista ideológico. Estoy a favor de que se eduque a los estudiantes en asuntos internacionales, no de que se les meta en un aula para que los indocrinen en una ideología política.

La resolución fue aprobada por la cámara de Representantes el 21 de octubre de 2003. David Brodsky, escritor y asesor que tiene varios posgrados en la Universidad de Yale bautizó la Resolución 3077 como la ley de educación para el imperio. Y merced a la oposición abrumadora a la resolución, el Senado la rechazó a fines de 2003 en espera de pasar a una subcomisión. Mientras tanto, Horowitz y otros neocons se organizan para legitimar los comités de vigilancia. Pittsburg.com informó en febrero de 2005 cuál es el objetivo de este grupo:

La Carta de los Derechos Académicos es una declaración de independencia de la tiranía de opresores intelectuales en las universidades. David Horowitz, presidente del Centro para el Estudios de la Cultura Popular, es su padre fundador.

Las universidades dominadas por la izquierda autoritaria permiten que profesores de mentalidad afín cometan actos intolerables de coerción intelectual contra quienes no aceptan su ortodoxia extremista.

La Asociación Estudunidense de Profesores Universitaruios declaró, desde el inicio de su actividad en 1915 que la facultad debía evitar aprovecharse injustamente de la inmadures de los estudiantes para indoctrinarlo con las opiniones personales de los maestros.

Sí, los profesores alguna vez tuvieron esta ética.

El TLC hará proliferar el nuevo macartismo

Esta Carta de los Derechos Académicos es una verdadera declaración de guerra contra la Constitución. También es un atentado a las leyes fundamentales de los estados signatarios del TLC, Canadá, Estados Unidos y México el programa globalizador que se prondrá en marcha en los tres países, al parecer sin oposición, como consecuencia de la persuasión llevada a cabo por organismos integrados por globalistas a sueldo. Ellos son el Consejo de Relaciones Exteriores (FRC) de Estados Unidos; el Consejo Canadiense de Altos Ejecutivos (CCAE) y el socio mexicano del FRC: el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sus propósitos están enmarcados en el documento titulado La construcción de una comunidad en América del Norte.

Su objetivo es nada menos que establecer un gobierno supranacional de intereses privados en la región para el 2010, cuyos confines quedarán definidos. como lo ha afirmado el grupo especial, su recomendación medular es el establecimiento de una comunidad económica y de seguridad de América del Norte, cuyos confines quedarán definidos por un perímetro común arancelario y de seguridad exteriores.

El grupo especial lo copresiden El banquero estadunidense Bill Weld; Pedro Aspe, representante mexicano del nefasto Carlos Salinas de Gortari, educado en Harvard; y el canadiense John P, Manley, ex alto funcionario del gobierno que encabezó la Comisión de Seguridad Pública tras los ataques del 11S.

Es de esperar que la política de seguridad común anunciada por estos perros guardianes de la globalización americana apunte asimismo hacia las universidades del área continental. Por lo pronto, los privatizadores mexicanos han aplaudido los primeros pasos en favor de que la educación pública desaparezca dejando de recibir fondos gubernamentales. El desastre de los centros de cultura ocurrirá a menos que la inminente administración demócrata cambie el rumbo.