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Desde que EE.UU. autorizó la conexión de Cuba a Internet, la Casa Blanca estimula, financia y dirige el uso de la Red de redes contra la Revolución.

Mercenarios sin fronteras

El dinero que reciben las organizaciones contrarrevolucionarias para mantener una «imagen negativa de Cuba» en el ciberespacio es tan cuantioso, que incluso les ha permitido «comprar» voceros en otras partes del mundo.

Quizá en ese sentido el caso más típico sea el de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que desde 2002 ha recibido del Center for a Free Cuba (CFC) cuantiosas sumas para que calumnie a la Revolución en diversos tópicos, entre otros la famosa «libertad de Internet».

Estas subvenciones escondidas, que fueron descubiertas por la Red Voltaire y confirmadas por RSF ante la evidencia palpable, ascendieron en 2002 a 24 970 USD; ya en el 2003 se multiplicaron por más del doble, y el año pasado alcanzaron la cifra de 92 330 USD, un monto lo suficientemente jugoso como para que Robert Menard, secretario general de RSF, no tenga reparos en desvariar contra Cuba y su supuesta «represión a Internet», desconociendo que el país en más de una ocasión ha sido reconocido por organismos internacionales como un ejemplo de «desarrollo social» de la Informática.

Lo más curioso de esta situación es que el CFC está dando a Reporteros Sin Fronteras un dinero que en su mayoría proviene de donativos de la USAID, una agencia oficial del gobierno norteamericano, por lo cual el Center For a Free Cuba en la práctica actúa como un puente monetario entre la Casa Blanca y Menard.

Sin embargo, este no es el único ejemplo de encubrimiento de estas campañas, pues para ello la Oficina Oval utiliza a terceros organismos, supuestamente imparciales, y a periodistas y medios de prensa de todo el mundo, a quienes paga por calumniar a la Revolución Cubana y silenciar sus logros en materia de informatización de la sociedad.

Guerra asimétrica

Mediante organismos gubernamentales como la USAID, el Plan Bush en el año 2004 destinó 36 millones de dólares para promover la subversión y apoyar materialmente a los grupúsculos contrarrevolucionarios, a los cuales dota de modernas tecnologías que niega al pueblo cubano en virtud del bloqueo.

Esta llamada «Comisión para una Cuba Libre» otorgó adicionalmente en el 2004 otros cinco millones para difundir una imagen negativa de la nación, primordialmente a través de Internet, presentándolo como un país que viola los derechos humanos, promueve el terrorismo, fomenta la desestabilización, realiza actividades de espionaje y desarrolla un programa de investigación de armas biológicas.

Con estos fondos, que han aumentado a partir del endurecimiento de la política del bloqueo, se ha incrementado la agresión directa a las redes informáticas cubanas, estrechando así el cerco norteamericano en la red.

Ya el pasado 14 de febrero de 2006 el Departamento de Estado anunció la formación de un equipo que monitorea puntualmente a los países considerados «regímenes represivos que controlan el uso de la Internet», dentro de los cuales se apresuró a ubicar a Cuba.
El Global Internet Freedom Task Force (GIFTF), subordinado directamente a Condoleezza Rice, se concentrará en los «aspectos de política exterior de la libertad en Internet», por lo menos de forma abierta.

En realidad, el verdadero trasfondo de esta guerra cibernética ya anunciada por Donald Rumsfeld está en la noticia divulgada la semana pasada, cuando el secretario de la Fuerza Aérea, Michael Wynne, anunció que ese cuerpo armado tiene previsto crear lo que podría llegar a ser un comando destinado a «proteger el ciberespacio civil y militar de Estados Unidos».

Si a esto le unimos que una de las líneas de propaganda ideológica en la campaña de mentiras contra la Mayor de las Antillas es tratar de estigmatizarla como una «amenaza cibernética», no es de dudar que en el futuro próximo veamos fortalecer la ya evidente agresión.

Incluso Estados Unidos pudiera justificar el corte del servicio de Internet a Cuba con el supuesto «peligro informático», algo totalmente risible si se tiene en cuenta que por culpa de la Casa Blanca los cubanos tenemos para todo el país un ancho de banda de Internet similar al que tiene un solo usuario norteamericano o europeo. Y no exageramos en ese sentido, pues ya la guerra empezó, aunque en el plano económico, al impedir que empresas norteamericanas suministren equipos, tecnologías y software a homólogas cubanas o de terceros que comercien con estas.

En este sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés) mantiene una vigilancia estricta para impedir que los ciudadanos norteamericanos utilicen la web como pasarela para cualquier transacción electrónica que pueda beneficiar a una institución cubana.

Desde que Bush anunció el endurecimiento de las acciones contra el pueblo cubano en 2003, las que entraron en vigor en 2004, el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha regulado los vínculos de los norteamericanos con 13 empresas de Cuba o vinculadas a la Isla. De estas, cinco operaban o tenían expresión por Internet y mantenían sitios que fueron incluidos en la lista negra: www.caribesol.ca, www.cimexweb.com, www.havanatur.cu, www.cuba-shop.net y www.sercuba.com.

Ciberterroristas «buenos»

Es muy significativo que con todas estas medidas y agresiones contra el ciberespacio cubano, Estados Unidos no solo viola las más elementales regulaciones internacionales en materia de comunicación, sino que pisotea sus propias leyes, incluyendo legislaciones recientes como la Ley Patriótica, que condena el terrorismo, y la Ley Antispam.
Hoy el gobierno norteamericano permite con total impunidad, y hasta de manera encubierta financia, a páginas web de corte terrorista como las de Alpha 66 y la de la radioemisora La Poderosa, y otras que exhiben contenidos terroristas o llaman a través el ciberespacio a su práctica, sin que nunca hayan sido molestadas.

Alpha 66, por ejemplo, en su sitio muestra fotografías de grupos armados terroristas entrenándose en campos cercanos a Miami o escalando armados montañas en el sur de California, sin que el FBI jamás haya «detectado» este ciberterrorismo, a pesar del rastreo constante de la red con programas espías.

Además, muchos de estos grupúsculos y hasta las web financiadas oficialmente por el gobierno estadounidense, violan la legislación federal y también la estatal de Florida que pena el «spam», al permitir el envío masivo de mensajes de correo electrónico no deseados, con la complicidad de empresas informáticas como AOL, Yahoo y Hotmail. Sin embargo, a pesar de las denuncias públicas de estas prácticas, y la complicidad de grandes empresas informáticas, en esto, como en muchas otras facetas, las leyes norteamericanas son ciegas, sordas y hasta mancas, pues con solo dar un par de clic pudieran cancelarse muchos sitios que hoy promueven impunemente el ciberterrorismo contra Cuba.

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Hace apenas unos días, un estudiante cubano de informática intentó «descargar» desde su computadora el lenguaje de programación Java, desarrollado por la compañía Sun Microsystems en la década del 90 y de amplia difusión hoy.

Un cartel bien explícito le advirtió que su intento de descarga sería infructuoso, pues su país no tiene autorización para usar ese programa producido por una empresa norteamericana. Al cartel solo le faltó explicarle al atónito joven que la negativa es una expresión más del bloqueo norteamericano.

El constante torpedeo al acceso de los cubanos a todo tipo de programas, servicios o nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones forma parte de una estrategia muy bien planeada y exquisitamente desarrollada por el gobierno norteamericano, que incluso mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) persigue a quienes intenten violar en el ciberespacio el fortísimo cerco virtual que ha tendido la Casa Blanca.

Las limitaciones son tan agudas, que incluso alcanzan hasta grandes y famosas empresas .COM, como se les conoce a las entidades comerciales del mundo de la tecnología. De las limitaciones no escapa ni siquiera el gigante buscador Google, que a pesar de haber contratado un dominio bajo el .cu, autorizado sin limitantes por el Registro de Nombres de Dominio de Cuba, actualmente niega a los cubanos servicios como Google Code Search, sin dar más explicación al respecto en inglés que: «Lo sentimos, pero Code Search no está disponible en su país».

Peligro en la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

La presencia cubana como Estado miembro en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se vio amenazada en el 2006 por las presiones del bloqueo sobre bancos suizos que normalmente sirven de depositarios de la cuota que deben pagar los miembros de la or-ganización internacional.

El 6 de enero de este año, el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de Cuba realizó las acostumbradas tramitaciones anuales pertinentes con el Banco Financiero Internacional S.A. para efectuar el pago por concepto de la cuota de Cuba como Estado miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por un monto de 80 557 CHF (Francos Suizos).

Sin embargo, este pago fue rechazado por el banco donde posee su cuneta la UIT, en Suiza, argumentando: «los fondos no pueden ser acreditados debido a la imposición de sanciones económicas». Esto, además de hacer peligrar la presencia de Cuba en un organismo internacional de Naciones Unidas, y constituir una aplicación extraterritorial del bloqueo, también implicó gastos adicionales por las gestiones que se tuvieron que efectuar para poder ejecutar esta transferencia a través de otro banco, así como retrasos en los pagos de casi seis meses.

No obstante, no es el único ejemplo de los intentos por cortar el flujo de conocimientos y tecnología al país, o de impedir sus contactos en este campo con el exterior. Las imposiciones llegan incluso a boicotear la confianza de las redes informáticas cubanas, como lo demuestra la negación a la Oficina para la Seguridad de las Redes Informáticas (OSRI) de utilizar las siglas CuCERT para el Equipo de Respuestas a Incidentes Computacionales, cuya misión es la de prevenir y responder a los incidentes computacionales en Cuba.

La OSRI ha tratado de obtener autorización para utilizar las siglas CERT con el propósito de aprovechar el reconocimiento internacional que la misma posee, que facilitaría el alcance de los objetivos de este equipo, tanto nacional como internacionalmente, así como su identificación con instituciones homólogas en el extranjero con similares misiones y objetivos que los nuestros. Esta autorización redundaría en beneficios de alcance mundial en la lucha contra los incidentes computacionales y el «cibercrimen».

A pesar de esto, y aunque desde finales de octubre de 2004 la OSRI viene haciendo gestiones vía correo electrónico con el Instituto de Ingeniería de Software, de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburg, Pennsylvania, Estados Unidos, la propietaria de la Marca Registrada CERT, después de múltiples y extensas gestiones, respondió el pasado 17 de marzo de 2006 que «...desgraciadamente, debido a las políticas del Gobierno de Estados Unidos», eran incapaces de satisfacer nuestra demanda de permiso en este momento (se refiere al uso de las siglas CERT).

Cables cortados

Además de impedir que el país se conecte con las redes internacionales de fibra óptica, el gobierno norteamericano también ha tratado de evitar que esta importante vía de conexión se extienda por el interior del país, negando la exportación de cables a las empresas estadounidenses que los producen o amenazando con sanciones a las extranjeras.

CUBATEL, la entidad encargada de esa tarea, solicitó durante 2006 ofertas a un total de 45 entidades relacionadas con la producción o comercialización de diversos tipos de cables, accesorios o equipos relacionados con las comunicaciones por fibra óptica. De todas, solo cuatro enviaron respuestas diciendo que no estaban interesadas o no podían hacer negocios con Cuba como resultado de las leyes del bloqueo; dos respondieron acerca de la posibilidad de contactar por intermedio de sucursales en terceros países, y las restantes 39 simplemente no respondieron. Algunos correos con respuestas negativas a la parte cubana por hombres de negocios norteamericanos son más que evidentes de la intención de empresas de ese país de establecer relaciones comerciales normales, las que se ven imposibilitadas por la absurda política del bloqueo.

Así, Saif Usmani, funcionario del Departamento de Ventas de Standard Marketing Incorporated, respondió: «Le agradecemos por contactarnos para sus requerimientos industriales, pero tenemos que declinar su solicitud porque no podemos romper la ley federal. En el caso de que las relaciones USA-CUBA mejoren en el futuro cercano y el embargo sea levantado, amaríamos ofrecerles nuestros productos».

Mientras, Scott Clay, funcionario de ventas de 3M Telecommunications, explicaba: «Desearíamos poder hacer negocios con ustedes, pero debido al embargo de EE.UU. con Cuba nos están prohibidas esas actividades. Si nuestras regulaciones cambian alguna vez, estaremos felices de asistirlos en el futuro».

Garrotes extraterritoriales

Hasta programas tan nobles como el de llevar la computación a todas las escuelas cubanas, la creación de salas de video, consultorios médicos o centros para el acceso a las nuevas tecnologías, muchos de estos ubicados en lugares de difícil acceso y que por ende deben funcionar con paneles solares, se ven afectados por la cacería criminal contra cualquier intento la Mayor de las Antillas de acceder a nuevas tecnologías.

Un ejemplo en este sentido es la situación con los inversores de corriente y otros equipos que se utilizan como parte indispensable de los Sistemas de Energía Fotovoltaicos que obtenían de una empresa canadiense, la cual, debido a sus intereses de negocios con Estados Unidos, se negó a seguir vendiendo estos productos a otra entidad del mismo país que negocia con la cubana COPEXTEL, lo cual provocó tener que buscar un suministrador alternativo y por ende el encarecimiento de los precios.

De hecho, hasta las sucursales en Canadá de los tres principales suministradores de equipos de computación en Estados Unidos: Ingram Micro, Tech Data y Sinnex se han negado a suministrar medios a una compañía canadiense porque esta hace negocios con Cuba, a pesar de que la mayor parte de estos suministros ni siquiera son fabricados en territorio de Estados Unidos, en franca aplicación extraterritorial del bloqueo.

Son apenas algunos pocos ejemplos de un ensañamiento cruel e innecesario contra los cubanos, quienes a pesar de eso cada día alcanzan un mayor dominio de las nuevas tecnologías, basado en el uso social de estas a favor del desarrollo de todo un pueblo.