“Quiero ser libre. Quiero salir, y quiero ir a la escuela”, reclamaba un chico de 9 años desde el micrófono de la prisión. La prisión no se hallaba en algún país lejano, no procedía de alguna de esas dictaduras que, se supone, encarcelan a los niños. Está encarcelado en los EEUU.

El chico, Kevin, está encerrado en Taylor, Texas, en el establecimiento carcelario T. Don Hutto Residencial Facility. Sus padres también están encerrados allí. La historia que llevó a esta familia llegó a la cárcel no es sino un ejemplo más del desjarretamiento de las políticas inmigratorias en neustro país. Es una historia de niños abandonados, de valores familiares puestos tras las rejas, del uso que se hace del dinero de vuestros impuestos.

Los padres son iraníes, y estuvieron 10 años en Canadá buscando asilo. Kevin, su hijo, nació en esa tiempo en Canadá. Su petición de asilo fue finalmente denegada, y fueron deportados de vuelta a Irán. Majad, el padre, dijo que él y su mujer fueron encarcelados y torturados allí. Pronto escaparon a Turquía y se hicieron con pasaportes griegos. Esperaban volver a pedir asilo en Canadá, pertrechados con la prueba de las torturas sufridas en Irán.

En el vuelo de regreso a Canadá, un pasajero tuvo una crisis cardíaca, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en Puerto Rico. Aunque jamás tuvieron la menor intención de entrar en EEUU, puesto que el avión hizo tierra allí, sus pasaportes fueron revisados, puestos en cuestión, y ellos mismos, detenidos. La familia fue trasladada a Hutto. Llevan allí más de tres semanas.

El arresto de las autoridades inmigratorias ha puesto a la familia en un limbo legal que podría llevarles a un encarcelamiento indefinido, acaso culminado con una deportación de regreso a la tortura en Irán.

Esa vergonzosa práctica de encarcelar a los niños es ya suficientemente mala. Peor es aún que la haga como empresa lucrativa la Corrections Corporation of America (CCA). La CCA es el mayor operador público de prisiones privadas en EEUU. La CCA tiene cerca de 70 establecimientos distribuidos pro todo el país, unos ingresos recientes de 1,33 mil millones de dólares y una ganancia en el precio de sus acciones del 85% el pasado año. Los analistas de la industria se refocilan ante el beneficio potencial que prometen las prisiones privadas. Su mercancía: seres humanos.

Un informe reciente elaborado conjuntamente por dos organizaciones sin ánimo de lucro —la Women’s Commission for Refugee Women and Children [Comisión de mujeres para niños y mujeres refugiados] y el Lutheran Immigration and Refugee Service [Servicio luterano para inmigrantes y refugiados]—, intitulado Locking Up Family Values: The Detention of Immigrant Families [Poner los valores familiares entre rejas: la detención de familias inmigrantes] pinta una imagen sombría de las condiciones que han de soportar esas familias. Aunque en 2005 el Congreso dio instrucciones al Department of Homeland Security and Immigration and Customs Enforcement [Departamento de seguridad nacional y de inmigración y protección de las costumbres] en el sentido de mantener detenidas a las familias en “establecimientos no-penales, de ambiente hogareño”, el informe describe con detalle el estilo de todo punto carcelario del establecimiento de Hutto. Aunque Hutto fue declarado instalación de nueva planta, antiguamente fue una prisión.

A la tierna edad de 6 años, los niños son separados de sus padres, mantenidos en prisión en celdas dotadas de pesadas puertas de acero equipadas con un sensible sistema láser de alarma. Los niños visten uniformes carcelarios. Reciben escolarización una hora al día, y tienen otra hora al día de recreo. Cualquier visita que no sea de abogados está categorizada como de “no-contacto”, lo que obliga a hablar con micrófonos a través de una ventana de plexiglás, a fin de ahorrarse un cacheo corporal completo tras cada visita. El presidente del comité directivo de la CCA, William Andrews, lo ve de otro modo: “Los informes proceden de grupos con intereses particulares, que tratan de acabar con la privatización y de replantear por entero la cuestión inmigratoria... Los establecimientos familiares, muy particularmente el de T. Don Hutto, son casi como hogares.” Informes recientes estiman que el número total de niños en Hutto oscila entre 170 y 200.

A punto de cumplirse un año de las marchas masivas en favor de los inmigrantes que se desarrollaron en todas las grandes ciudades norteamericanas, la política inmigratoria sigue desjarretada, con golpes espectaculares a los trabajadores inmigrantes indocumentados, la planificación de un muro multimillonario a lo largo de la frontera entre EEUU y México y más de 26.000 inmigrantes en la cárcel.

Las acciones de la CCA están al alza en el mercado de valores, pero el espíritu del nueveañero Kevin anda por los suelos, languideciendo en su celda de una prisión privada federalmente subvencionada. Quiere ir a su Canadá natal. En manos de los funcionarios estadounidenses de inmigración está su destino y el de sus padres: o deportación a una posible tortura en Irán, o asilo político y un posible regreso al Canadá. Con un Congreso obsesionado con las resoluciones no vinculantes y la Administración Bush que trajo consigo Abu Ghraib y el escándalo de deportación de Maher Arar, las perspectivas de Kevin y de sus padres son, por decir lo menos, sombrías.

Amy Goodman edita Democracy Now!, un noticiario diario radiotelevisivo que se emite desde 500 estaciones en Norteamérica.