Herman Martínez escapó de su país cuando la organización derechista conocida como los Escuadrones de la Muerte lo pusieron a él y a otros izquierdistas salvadoreños en una lista para asesinarlo. En agosto de 1980, Martínez huyó y llegó a Estados Unidos, y permaneció sin ser detectado hasta que en 1985 agentes de Inmigración lo detuvieron en una granja tomatera de Homestead e iniciaron los trámites para deportarlo. Martínez solicitó asilo, pero los funcionarios de inmigración no creyeron su historia y lo presionaron para que regresara voluntariamente a su país.

''Me negué'', dijo Martínez, quien eventualmente permaneció en el país bajo una ley de amnistía de 1986. ''Si me hubieran enviado de regreso, me hubieran matado a mi llegada al aeropuerto'', aseguró Martínez.

En la actualidad, Martínez, de 47 años, trabaja como activista de los derechos de los emigrantes del sur de la Florida para la organización American Friends Service Committee. En la década del 80, sin embargo, era uno más de los miles de salvadoreños que eran desalentados para que pidieran asilo, una práctica que terminó en 1988 cuando un juez federal de Los Angeles emitió una ley donde ordenaba a las autoridades de inmigración que a los inmigrantes salvadoreños se les debía informar sobre sus derechos para solicitar asilo.

En la actualidad, la Ley Orantes está siendo atacada de forma oficial. El Departamento de Seguridad Territorial está presionando a una corte federal de Los Angeles para que la desestime, al tiempo que le ha pedido al Congreso que prohíba en el futuro leyes similares.

La lucha se concentra en nuevas decisiones estratégicas tomadas por el Departamento de Seguridad Teritorial para agilizar la deportación de inmigrantes centroamericanos indocumentados y apoderarse del control de una frontera llena de problemas.

De igual modo, los activistas que representan a los inmigrantes guatemaltecos dicen que los funcionarios de del Servicio de Inmigración y Ciudadanía han comenzado a rechazar sistemáticamente miles de reclamaciones de asilo de guatemaltecos que huyeron en los años 80, argumentando que la normalidad regresó a Guatemala desde los acuerdos de paz de 1996.

Mientras tanto, otros inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua dicen que cada vez crecen más sus temores de una posible deportación si el gobierno de George W. Bush no les renueva sus permisos de trabajo temporal y de residencia, que expiran a finales del presente año.

Más de medio millón de inmigrantes centroamericanos podrían enfrentarse a procedimientos de deportación si se termina su estatus temporal, se desestima la Ley Orantes y fracasan la mayor parte de las reclamaciones de asilo de los guatemaltecos. Entre 50,000 y 100,000 de estos inmigrantes viven en el sur de la Florida, según los activistas de los derechos de los inmigrantes. Se cree que un juez federal en Los Angeles determinará dentro de poco la moción del gobierno para terminar con la Ley Orantes.

Cualquier extranjero puede pedir asilo, pero sólo a los salvadoreños en proceso de ser deportados se les puede aconsejar acerca de la opción de solicitar asilo.

Por lo general, los cubanos indocumentados que llegan a territorio de Estados Unidos pueden quedarse en el país bajo la llamada política de ``pies secos/pies mojados''.

Linton Joaquín, director ejecutivo del Centro Nacional de Leyes Migratorias (National Immigration Law Center), dijo que los abogados del goibierno de EEUU arrgumentaron el mes pasado en la corte que la Ley Orantes ya no está en vigor, toda vez que la guerra civil ya se acabó en El Salvador. Joaquín es uno de los abogados que ayudó a crear la Ley Orantes en 1988, y hoy día forma parte del equipo legal que trata de convencer a la jueza de distrito Margaret Morrow de que la ley no debe ser eliminada.

La ley tomó su nombre de Crosby Wilfredo Orantes-Hernández, un salvadoreño detenido por agentes de inmigración en Culver City, California, en 1981. Al igual que Martínez, Orantes también fue presionado para que aceptara volver voluntariamente a su país, pero se negó.

Michael Chertoff, secretario del Departamento de Seguridad Territorial, ha dicho que terminar la Ley Orantes es una prioridad ya que evita que los funcionarios de inmigración deporten con rapidez a los salvadoreños indocumentados. Los salvadoreños son el ''número más grande de inmigrantes ilegales detenidos, con la única excepción de los mexicanos'', según un informe que dio a conocer en agosto el Departamento de Seguridad Territorial.

Entretanto, la situación de los guatemaltecos se ha hecho preocupante desde que un grupo de derechos a los inmigrantes, Casa de la Cultura de Guatemala con sede en Los Angeles, descubrió que Inmigración había comenzado a negar asilo a muchos guatemaltecos llegados en la década de 1990.

La organización Florida Immigrant Advocacy Center, con sede en Miami, impidió la deportación de Erlinda Alvarez Mendoza y logró que se concediera asilo a tres de sus cuatro hijos. Alvarez Mendoza se gana la vida limpiando casas y negocios en el sur de la Florida.