Llego a Caracas para intervenir en unas jornadas sobre El derecho ciudadano a estar informado que organiza Telesur. Participan personalidades de la talla de Tariq Ali, Danny Glover, Richard Gott, Fernando Solanas o Miguel Bonasso. Está el ambiente caldeado por el asunto de la no renovación de Radio Caracas Televisión (RCTV), cuya concesión expiró el pasado 27 de mayo. Asisto a un mitin del presidente Hugo Chávez, recientemente reelegido por 63%, quien explica que esa decisión está ajustada a derecho, y no significa ninguna arbitrariedad, ni ilegalidad.Añade que en Venezuela, donde el 80% de las estaciones de televisión son utilizadas por el sector privado, la absorción de los medios de comunicación por las grandes empresas ha ido convirtiendo el derecho a informar en un privilegio empresarial más que en un legítimo derecho ciudadano.

Converso con Francisco Farruco Sesto, gallego nacido en Vigo, llegado a Caracas a la edad de 12 años, y hoy nada menos que ministro de Cultura. Con sencillez y sosiego, Farruco me explica que toda esa alharaca internacional es un pretexto para atacar al presidente Chávez. "¿Por qué razón, me dice, Venezuela está hoy en el ojo del huracán, cuando gobiernos anteriores aplicaron la censura a diestro y siniestro, y acá jamás vino Reporteros Sin Fronteras, la SIP
[Sociedad Interamericana de Prensa], ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué nadie protestó cuando esa misma RCTV fue cerrada durante varios días, en 1976, por 'difusión de noticas falsas', o cuando, en 1980, fue lacrada durante 36 horas por 'sensacionalismo', o cuando fue de nuevo ocluida, en 1981, por 'difusión de programas pornográficos' o cuando fue condenada en 1984 por haber ridiculizado al presidente de la República?" Todo eso ocurrió antes de la primera elección de Hugo Chávez en 1998. Y ninguna organización internacional condenó esos abusos entonces. "De igual modo que no reprobaron el cierre del Diario de Caracas, o el despido masivo de los periodistas del Globo, o del Nuevo País. Si hoy se hace, es sólo para acosar al presidente y denostar el programa de la Revolución bolivariana".
El amigo Farruco tiene razón. Abundan los ejemplos, en diversos países, de concesiones no renovadas a canales de televisión y que no han suscitado protestas. Sin ir más lejos, en Francia, en 2004 se revocó la concesión de Al Manar TV, por considerar que este canal del Hezbollah libanés "pregonaba el odio". En Inglaterra, Margaret Thatcher canceló la concesión de una de las grandes cadenas de televisión por haber difundido noticias no gratas, aunque verídicas. En el mismo Reino Unido, la autoridad dispuso, en marzo de 1999, el cierre temporal de Med-TV-Canal 22; en agosto de 2006 revocó la licencia a One TV; en noviembre de 2006, la de StarDate TV 24, y en diciembre 2006, la del canal de televentas AuctionWorld.

Organismos independientes como el Observatorio Global de los Medios han denunciado, pruebas en mano, que RCTV participó en la conjura mediática que propició el golpe de estado del 11 de abril de 2002. Este canal, mediante manipulaciones e intoxicaciones, estuvo difundiendo falsedades y calumnias destinadas a fomentar la execración y la tirria hacia el presidente Chávez y sus partidarios. Semejante comportamiento ha sido condenado en otras latitudes. Por ejemplo, el Tribunal Internacional sobre el Genocidio de Ruanda condenó en 1994 a los promotores de Radio Mil Colinas por complicidad en el exterminio de los tutsis. En la ex Yugoslavia, el informe del representante de la ONU, Tadeusz Mazowiecki, condenó el papel de los "medios del odio" en las operaciones de limpieza étnica llevadas a cabo en Croacia y Bosnia-Herzegovina.

En Venezuela, RCTV ha sido un típico "medio del odio", despertando en la opinión pública instintos primarios, excitando y promoviendo una violencia que hubiera podido desembocar en guerra civil. ¿A qué se debe entonces todo este barullo en su favor? A la solidaridad del poder mediático internacional, que ve en la decisión del presidente Chávez una amenaza contra su actual dominación ideológica. Pero la guerra no acaba aquí.