La nota, enviada por el funcionario de la embajada Michael Middleton Steere, estaba dirigida a Michael Hayden, el director de la CIA. Llevaba por título “Avanzando hacia la última fase de la Operación Tenaza” y en ella se actualizaban las actividades de una unidad de la CIA, designada con la sigla HUMINT (Inteligencia Humana), que está inmersa en acciones clandestinas para desestabilizar el próximo referéndum y coordinar el derrocamiento civil y militar del gobierno democráticamente elegido de Chávez. Las encuestas de la embajada y de la CIA reconocen que el 57% de los votantes aprobarán las enmiendas constitucionales propuestas por Chávez, pero también predicen una abstención del 60%.

Los agentes de la embajada subrayan su capacidad de reclutar a antiguos partidarios de Chávez entre los socialdemócratas (PODEMOS) y los seguidores del ex ministro de Defensa Baduel, y afirman haber logrado reducir el SÍ en un 6% con respecto a las predicciones originales. Sin embargo, también admiten que han tocado techo y reconocen su incapacidad para derrotar las enmiendas por la vía electoral.

Acto seguido la nota recomienda el inicio de la Operación Tenaza, que consiste en una estrategia de dos puntas de lanza destinadas a impedir el referéndum: la negativa a aceptar el resultado mientras que, al mismo tiempo, se pide voto negativo. El período previo al referéndum incluye la publicación de encuestas falsas, los ataques a funcionarios electorales y la propaganda en los medios privados acusando de fraude al gobierno y pidiendo que se vote NO. Las contradicciones carecen de importancia, señala cínicamente el informe.

La CIA/Embajada advierte sobre divisiones internas y recriminaciones entre los adversarios de las enmiendas, y se hace eco de algunas deserciones de su “grupo paraguas”. Las principales y más peligrosas amenazas para la democracia planteadas por la nota de la embajada destacan su éxito al movilizar a los estudiantes de la universidad privada (apoyados por administradores de alto nivel) para atacar edificios clave del gobierno, entre ellos el Palacio Presidencial, la Corte Suprema y el Consejo Electoral Nacional. La embajada elogia de forma particular al grupo ex maoísta Bandera Roja por sus violentas peleas callejeras. Irónicamente, pequeñas sectas trotskistas y sus sindicalistas se han unido a los ex maoístas para oponerse a las enmiendas constitucionales. A pesar de que rechaza la “retórica marxista” de éstos, la embajada percibe tal oposición como complementaria a su estrategia general.

El objetivo final de la Operación Tenaza es establecer una base territorial o institucional, en cuestión de tres o cuatro días (no está claro si antes o después del referéndum), con el “apoyo masivo” de la minoría electoral derrotada apoyada por un alzamiento de oficiales del ejército opuestos a la reforma constitucional, principalmente de la Guardia Nacional. El funcionario de la embajada reconoce que los conspiradores militares han tropezado con serios problemas, ya que algunos agentes de inteligencia fueron descubiertos, se decomisaron depósitos de armas y varios conspiradores están sometidos a estrecha vigilancia.

Aparte de la profunda implicación estadounidense, la principal organización de la elite empresarial venezolana (FEDECÁMARAS), así como todas las televisoras, radios y periódicos privados más importantes, han orquestado una feroz campaña de miedo e intimidación. Productores de alimentos y distribuidores al por mayor y menor han provocado una escasez artificial de artículos alimenticios básicos y una fuga de capitales a gran escala para sembrar el caos, con la esperanza de cosechar un voto negativo.

En un discurso pronunciado ante empresarios nacionalistas y chavistas favorables a las enmiendas (Empresarios por Venezuela - EMPREVEN), Chávez advirtió al presidente de FEDECÁMARAS que si continúa amenazando al gobierno con un golpe de Estado, nacionalizará todas sus empresas filiales. Con la excepción de los trotskistas y otras sectas, la mayoría de los trabajadores organizados, campesinos, pequeños granjeros y concejos de barrios pobres, empleados no calificados y estudiantes de escuelas públicas se han movilizado y manifestado a favor de las enmiendas constitucionales.

Esa mayoría popular se debe a algunas de las enmiendas clave: un artículo acelera la expropiación de tierras y facilita su redistribución entre los sin tierra y los pequeños productores. Chávez ya ha asentado a más de 150.000 trabajadores sin tierra en 800.000 hectáreas de territorio. Otra enmienda provee cobertura universal de la seguridad social a todo el sector no calificado (vendedores callejeros, trabajadores domésticos, empleados por cuenta propia), que constituyen el 40% de la fuerza de trabajo. La semana laboral de trabajadores sindicados y no sindicados se reducirá de 40 a 36 horas por semana (de lunes a viernes al mediodía) sin reducción de salario. La admisión gratuita y universal a una educación superior ofrecerá mayores oportunidades educativas a estudiantes de clases bajas. Las enmiendas permitirán que el gobierno pueda sortear la actual obstrucción burocrática de la socialización de industrias estratégicas, creando así más empleos con menos gastos. Pero más importante todavía es que una enmienda incrementará el poder y el presupuesto de los concejos vecinales para legislar e invertir en sus comunidades.

Los electores que apoyan las enmiendas constitucionales van a votar a favor de sus intereses socioeconómicos y de clase; el asunto de la posibilidad de reelección indefinida del presidente no está entre sus principales prioridades, por mucho que la derecha se haya centrado en esto para llamar a Chávez “dictador” y, al referéndum, “golpe de Estado”.

Con un sólido respaldo financiero de la embajada estadounidense (8 millones de dólares sólo en propaganda, según la nota de la embajada) y de la elite empresarial y el “apoyo gratuito” de los medios derechistas, la derecha ha organizado a la mayoría de los estudiantes de clase media y alta de las universidades privadas, secundados por la jerarquía de la Iglesia católica, amplios sectores de barrios ricos de clase media, sectores enteros de clases medias dedicados al comercio, bienes raíces y finanzas y, según parece, sectores del ejército, especialmente de la Guardia Nacional. Mientras que la derecha controla los medios privados más importantes, la televisión y la radio públicas apoyan las reformas constitucionales. Mientras que algunos seguidores de la derecha son generales y miembros de la Guardia Nacional, Chávez tiene el apoyo de los paracaidistas y las legiones de oficiales de rango intermedio y la mayoría de los demás generales.

El resultado del referéndum del 2 de diciembre es un evento histórico decisivo, en primer lugar para Venezuela, pero también para el resto del continente americano. Un voto positivo (Vota SÍ) facilitará el marco legal para la democratización del sistema político, la socialización de sectores económicos estratégicos, el acceso de los pobres al poder y la puesta en marcha de un sistema de autogestión de las fábricas. Un voto negativo (o bien un alzamiento militar y civil apoyado por USA, que se lleve a cabo con éxito) anulará la experiencia más prometedora de autogestión popular, de bienestar social avanzado y de socialismo democrático que hoy existe. Una derrota, en especial si se debe a los militares, conducirá a un inmenso baño de sangre como no hemos visto desde los tiempos del golpe de los generales indonesios en 1966, que mataron a más de un millón de trabajadores y campesinos, o del golpe de estado de Argentina en 1976, en el que más de 30.000 argentinos fueron asesinados por generales bajo los auspicios de USA.

Un voto claro por el SÍ no acabará con las campañas militares y políticas estadounidenses de desestabilización, pero sí debilitará y desmoralizará a sus colaboradores. El 2 de diciembre de 2007 los venezolanos tienen una cita con la historia.