Malvinas: una herida abierta.      Encubrimiento de una gran vergüenza nacional

Autor: Edgardo Esteban*

La guerra de Malvinas es una parte de la historia reciente argentina de la que poco se habla. Los datos y testimonios reunidos a lo largo de un cuarto de siglo han logrado quebrar el silencio oficial y poner al descubierto un hecho espeluznante: durante la guerra los soldados argentinos no sólo tuvieron que combatir al enemigo, sino al hambre, el frío y la inaudita incompetencia, cobardía y crueldad de sus propios jefes militares. Lo que vino después, el regreso, la posguerra, estuvo determinado por la indiferencia de una sociedad traumada por su irreflexivo apoyo a la dictadura y el silencio y el olvido impuesto por los militares. Volver fue el comienzo de un doloroso camino para una gran cantidad de soldados sacudidos por el horror vivido y por el porvenir, que ya no sería el mismo.

De alguna forma se combatió a los excombatientes, dándoles la espalda, obligándolos a la marginación, sepultándolos en el olvido, la indiferencia. Resultado: a la fecha los ex combatientes suicidados llegan 400, mucho más que los 267 muertos en combate. Los que aún viven padecen distintas afecciones, de graves consecuencias, englobadas en la denominación “Trastorno de Estrés Postraumático”...

La indiferencia social posterior al conflicto contrastó con el fervor patriótico que el 2 de abril de 1982 generó el anuncio de la “recuperación” de las Islas Malvinas, en boca del dictador Leopoldo Galtieri. La Plaza de Mayo de Buenos Aires, teñida de color celeste y blanco, se colmó de miles de ciudadanos, entre ellos muchos reconocidos dirigentes políticos y sindicales. Aclamaban a Galtieri, quien decía: “si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”.

Al final de la guerra, el 14 de junio, todo cambió de golpe. Tras la derrota, esa misma gente trató de incendiar la casa de gobierno, echó a Galtieri del poder y no quiso volver a hablar de Malvinas. El final del conflicto cerró el capítulo de la dictadura y fue un factor decisivo para la reinstauración de la democracia, pero en cuanto a la guerra, la sociedad no se hizo cargo de sus responsabilidades.

Las autoridades y la sociedad se comportaban como si los soldados fuesen los responsables de la derrota. Hubo un acuerdo tácito para olvidar la guerra, esconder a los que regresaban y borrar de las mentes lo vivido. Para obtener la baja militar, los oficiales hicieron firmar a los soldados una declaración jurada, en la que nos comprometíamos a callar y por ende a olvidar. Hablar de la guerra, de lo ocurrido durante la guerra, fue lo primero que nos prohibieron. Así, el dolor, las humillaciones, la frustración, el desengaño, la furia, quedaron dentro de cada uno de nosotros hasta tornarse insoportables en muchos casos. Es que hablar, contar, era el primer, necesario paso para exorcizar nuestro infierno interior y empezar a curar las heridas. Pero no se podía, eran cuestiones de Estado. De modo que el regreso fue cruel, en silencio, a escondidas, como si fuésemos un grupo de cobardes. La bienvenida quedó para el hogar.

Asignaturas pendientes

Nadie discute hoy, ni ha discutido nunca, el justo reclamo argentino de soberanía que la República Argentina mantiene sobre las Islas desde 1833. Pero eso nada tiene que ver con el análisis descarnado de lo ocurrido en 1982. Durante mucho tiempo se ha preferido eludir la autocrítica de la derrota, de la que nadie quiso hacerse cargo. Galtieri y recientemente el almirante Jorge Anaya murieron sin haber hablado, sin enfrentar sus responsabilidades políticas y militares. Ninguna guerra es buena, pero ésta, por la improvisación e incompetencia, fue peor.

Al margen de los errores tácticos y estratégicos que definieron la suerte de la guerra, lo que aparece como inaudito son los injustificados malos tratos, las crueldades de algunos oficiales y suboficiales hacia sus soldados: por ejemplo, “estaqueos” (1) durante horas en la turba mojada, con temperaturas bajo cero. En su gran mayoría eran castigos por robar comida. Teníamos hambre, porque la imprevisión y la incompetencia eran tales, que a pesar de que “invadimos” unas islas semidesiertas, estábamos al lado de nuestras costas y permanecimos allí 30 días hasta que llegaron las tropas inglesas y empezaron los combates... ¡no había casi comida!.

El genocidio iniciado por los militares y sus apoyos civiles con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, continuó de algún modo en Malvinas. La misma crueldad, la misma incompetencia, el mismo desprecio por la vida ajena, la misma cobardía. En Malvinas, los militares cometieron aberraciones progresivamente denunciadas por quienes las sufrieron en carne propia: tortura física y psicológica; traición. Con alguna otra excepción, sólo la valentía y capacidad técnica de los pilotos de la Fuerza Aérea quedan fuera de estas calificaciones.

La derrota fue tan dura para la Junta Militar, que se vio obligada a nombrar a una Comisión Investigadora. Un digno general de la Nación, Benjamín Rattenbach, elaboró en 1983 un informe (2), a pedido de la Comisión de Análisis y Evaluación Político Militar de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur. El informe califica la Guerra de Malvinas como una “aventura irresponsable” (ver “El Informe...”). Señala que cada arma funcionaba por su cuenta, que carecían de preparación y que la conducción estuvo plagada de errores. Sobre esta base, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condenó a Galtieri a 12 años de reclusión con accesoria de destitución; al almirante Jorge Isaac Anaya a 14 años de reclusión con accesoria de destitución y al brigadier Basilio Arturo Lami Dozo a 8 años de reclusión. En cambio, quedaron absueltos, por prescripción de los delitos, los jefes militares Osvaldo Jorge García, Helmut Conrado Weber, Juan José Lombardo, Leopoldo Alfredo Suárez del Cerro, Mario Benjamín Menéndez y Omar Edgardo Parada. En 1988, al cabo de la revisión en segunda instancia civil y federal de la condena a Galtieri y demás responsables militares, un tribunal ratificó las condenas por los delitos cometidos unificándolas en 12 años solo para los tres máximos jefes militares. No hubo otros condenados por responsabilidades en la Guerra de Malvinas. Finalmente Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron indultados en 1990 por el presidente civil Carlos Saúl Menem.

Militares que cometieron violaciones de los derechos humanos como tortura, tortura seguida de muerte, (Art. 144 del Código Penal) y robos, homicidios y delitos conexos cometidos como miembros de una organización delictiva (dirigida por las juntas militares que gobernaron durante el llamado 'Proceso'), cobran pensión actualmente como ex combatientes de Malvinas. En algunos casos no se los juzgo o se los absolvió; en otros se los indultó o sus procesos se cerraron a causa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (3).

Entre los absueltos figuraba el entonces teniente de navío Alfredo Ignacio Astiz, miembro de los primeros comandos enviados a las islas Georgias del Sur, vecinas de las Malvinas y también bajo ocupación británica. Astiz se rindió con su tropa al enemigo sin efectuar la debida resistencia; fue capturado y remitido a Gran Bretaña. De regreso en el país y ya en democracia, fue juzgado en Argentina y condenado (en ausencia) en Francia por participar de secuestros y desapariciones durante la dictadura, entre ellos el de dos monjas francesas y de miembros de Madres de Plaza de Mayo. Otra de sus hazañas, realizada el 27 de enero de 1977 en la localidad de Palomar, cuando encabezaba un grupo de tareas que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), consistió en balear por la espalda a la adolescente sueca Dagmar Hagelin, cuando ésta corría asustada sin ofrecer resistencia. Estos actos de “valentía” en el servicio no los repitió Astiz en Malvinas: es conocido que ante el primer disparo del enemigo alzó la bandera de rendición y se entregó junto con su tropa.

El descarnado informe del general Rattenbach fue silenciado por sus camaradas, que no quisieron hacerse cargo del debate y sumir una autocrítica sobre lo ocurrido. Tampoco por los gobiernos civiles. Solo fue publicado en una edición del Centro de Soldados ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CESIM). Como dice el escritor Osvaldo Bayer, autor del prólogo: “Malvinas es la única guerra del mundo donde murieron los soldados y se rindieron todos los generales, almirantes, brigadieres, coroneles, vicealmirantes, contraalmirantes, mayores, capitanes, sargentos, cabos primeros”.(4)

Todos esos heroicos militares van muriendo en la cama, poco a poco, gozando de pensión completa. El cinismo continuó con la democracia, cuando se empezó a inaugurar monumentos a los “Héroes de Malvinas”, mientras los ex soldados comenzaban a suicidarse. Los “héroes” en realidad fueron víctimas. Mientras oficiales y suboficiales siguieron cobrando sueldos, pensiones y retiros al margen de su responsabilidad en los hechos de la guerra (y en otros hechos, durante la represión dictatorial), los “soldaditos” en un primer tiempo tuvieron que salir a mendigar.

El día después

Las pensiones a los ex-combatientes de Malvinas sólo se establecieron en 1990, casi una década después de la guerra y gracias a la ley nacional 23.848, que beneficiaba a los ex soldados conscriptos, comenzaron a cobrar 150 pesos mensuales.

La difícil recuperación de las secuelas de la guerra y de la reinserción social, el “Trastorno de Estrés Postraumático” (TEP) afectó en diverso grado a todos los ex combatientes. El TEP es un estado depresivo crónico, propio de alguien que ha experimentado de forma directa la guerra. Genera una constante sensación de temor, angustia u horror y pesadillas, miedos, problemas de relación, irritabilidad, dificultades para conciliar el sueño, sobresalto, un elevado nivel de violencia e irritabilidad, inclinación por las adicciones, entre tantos síntomas.

Según datos estadísticos obtenidos en el 2004 por  el Ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires (5), un 77.9% de los ex combatientes sufre de trastornos de sueño. Un 10% reconoce haber padecido síntomas psicóticos tales como delirios, alucinaciones y manifestaciones paranoicas. Un 20% asegura sufrir algún tipo de fobia y un 60% se queja de trastornos de la memoria (olvido constante de nombres, fechas, situaciones, etc.). Un 32% declara padecer de ideas obsesivas ligadas a Malvinas y la relación de Malvinas con hechos posteriores. Un 28% de los ex combatientes encuestados tiene ideas recurrentes respecto al suicidio; un 10 % reconoce que ha realizado intentos de suicidio en una o más ocasiones. El 37% se reconoce violento; un 26% usa comúnmente armas de fuego.

Los estudios (6) ayudan a entender las particularidades de la población de ex combatientes: el 41% alcanzó la escolaridad primaria; el 60% no tiene resuelta en forma estable su situación laboral; el 36% padece discapacidad física y/o psíquica. Si bien el 99% cuenta con obra social, el 72% no concurre al médico y el 91% no recibe atención específicamente psiquiátrica y psicológica. El 88% nunca concurrió a un centro de salud. Entre el 25 y el 39% de los ex combatientes (varía según su zona de residencia), padece el TEPT.
Las formas más frecuentes de TEPT en estos ciudadanos son: trastornos depresivos severos con intentos de suicidio o idea suicida persistente; violencia familiar; bajo o nulo control de los impulsos; intoxicación por drogas o alcohol; abstinencias; episodios de descompensación psicótica, trastornos de ansiedad en sus distintas formas. La fantasía suicida, los intentos concretos de suicidio, o bien las conductas de autodestrucción y auto agresión se verifican en casi todos los casos de urgencia. Al margen del altísimo número de suicidios consumados, hay un número de casos de “suicidio encubierto” (sobredosis, accidentes, etc.), de los que no se tiene un registro claro.

En los últimos años la situación de los ex combatientes de Malvinas mejoró notablemente. Los Centros de de ex combatientes (organizaciones creadas por los propios soldados, unas 30 ONG en todo el país), han logrado acceder a la participación en la discusión de políticas públicas con el Estado, con objeto de revertir la situación. 26 años después de terminada la guerra, recién ahora se está realizando un relevamiento socio-sanitario nacional de los ex combatientes, para atender aquellos casos de alta vulnerabilidad, a cargo del INSSJP-PAMI, obra social que atiende a los ex combatieres y a su grupo familiar.

Con el incremento de las pensiones, la situación económica de los ex combatientes ha mejorado. A partir del 2004, el estado nacional otorga una pensión de 1.700 pesos, equivalente  a tres jubilaciones mínimas y en muchos casos los estados provinciales también otorgan pensiones y coberturas en las obras sociales provinciales. A partir de enero de 2007, la provincia de Buenos Aires, que tiene el 50 % del padrón –unos 5.500 ex soldados-, otorga una pensión equivalente a tres salarios mínimos del estado provincial, unos 1.500 pesos. En la provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Ushuaia, entre otras, la situación es similar.

También existen encuadres para el acceso al trabajo. En la provincia de Buenos Aires, los ex soldados tienen prioridad para ocupar cargos auxiliares (porteros) en la Dirección General de Escuelas, donde trabajan 1.000 ex combatientes. Así mismo, en el 2007 el ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) reconoció un error en la liquidación de los haberes de las pensiones devengadas en años anteriores, estimado en 30.000pesos por ex combatiente.

Durante 10 años no hubo ningún tipo de asistencia ni ayuda, por lo que se reclama una ley de reconocimiento histórico por el periodo que abraca desde 1982 hasta 1990.

Los militares fueron a Malvinas cobrando salario y con cobertura social, en tanto que los conscriptos se encontraban cumpliendo con la Ley de servicio militar obligatorio, derogado en 1994.

El ahora

En el año 1992, una década después, escribí “Iluminados por el fuego” (7), libro que sin dudas contribuyó a abrir un debate sobre lo ocurrido en Malvinas. Hasta ese momento poco o nada se sabía sobre los suicidios y los traumas de posguerra entre los soldados, y la película (8) realizada luego por Tristán Bauer mostró la cotidianidad de la guerra; el hambre, las torturas a soldados por sus propios jefes. Desde entonces se multiplicaron las denuncias de los soldados sobre los malos tratos.

En 2007, tras un profundo trabajo de investigación y denuncia por parte del Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, Pablo Andrés Vassel y la decisión colectiva de los ex combatientes (realizan congresos provinciales cada tres meses), se llevó a cabo una recopilación para el libro “ Memoria, verdad, justicia y soberanía, Corrientes en Malvinas” (9), donde se denuncia la muerte de cuatro conscriptos –uno ametrallado; los otros por desnutrición y un enorme número de estaqueados. Vassel comenzó a recopilar estos testimonios en 2005, luego del preestreno en Corrientes de “Iluminados por el fuego”, al que asistieron numerosos ex combatientes. Vassel narra que después de la proyección hubo un debate y que al comentar los vejámenes lo sorprendió que todos confirmaran las denuncias de la película, pero que al respecto ésta se había quedado corta. Así nació la idea de reunir las denuncias.

Poco tiempo después Vassel filmó y armó con ellas el cuerpo central de los casos. Los primeros testimonios fueron presentados en el 2007 al entonces presidente Néstor Kirchner, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y a la ministra de Defensa Nilda Garré. Posteriormente, el (FECHA), el documento fue presentado a la jueza Federal de Río Grande (Tierra del Fuego, jurisdicción de las Islas Malvinas), a cargo de la jueza federal Lilian Herraez.

El texto denuncia que algunos efectivos militares de carrera, oficiales y suboficiales, trataron a los soldados conscriptos de manera similar, o con los mismos criterios y métodos de terror, que había utilizado la dictadura militar ante el conjunto de la población. Simulacros de fusilamiento, torturas sistemáticas, vejámenes repetidos y desprecio absoluto por la vida. Varios soldados correntinos murieron de hambre, y ésto no fue una circunstancia inevitable de la guerra, sino consecuencia de un tratamiento humano indigno, ya que todos los testimonios hablan de que el personal de cuadro no sufría privaciones.

Por ejemplo, el ex combatiente Jorge Delgado recuerda: “El hambre que teníamos era una constante, porque estábamos muy mal alimentados; la carne y la verdura se repartían entre los oficiales y suboficiales”. Marcos Ojeda agrega: “Al mes del combate el 90% del regimiento estaba con desnutrición, incluso mi compañía tuvo un deceso por esa causa. Yo siempre pesé 70 kilos y cuando terminó la guerra estaba en 52 kilos y medio”. Mario Romero: “Nosotros estábamos a un kilómetro del puerto, y ahí pegado había un lugar donde los ingleses faenaban las ovejas y tiraban las vísceras. Los soldados iban y alzaban eso (...) buscaban cáscaras de papa, de naranja, y comían; juntaban y comían. Llegó un momento en que parecía que no éramos soldados, éramos linyeras buscando comida. Se tomaban sanciones contra quienes hacían esto. Los estaqueaban o lo enterraban en un pozo, con sólo la cabeza afuera”.

A mediados de agosto de 2007, la jueza Herraez y la secretaria Cecilia Incardone se instalaron en la ciudad de Corrientes, en el Juzgado Federal. Allí tomaron los primeros 23 testimonios y se presentó una segunda denuncia con 15 nuevos casos de estaqueamientos de soldados de la provincia de Corrientes, dos de Chaco, uno de Santiago del Estero, tres de Rosario y uno de Buenos Aires. Este último, “Cacho” Núñez, un ex soldado del Batallón de Infantería de Marina 5 (de Río Grande), compartió la pena con el suboficial retirado del ejército Guillermo Insaurralde, castigado... porque se compadeció y lo liberó del cepo. Fue muy importante el testimonio de un ex conscripto de la Fuerza Aérea, Alberto Fernández, de Casilda (Santa Fé), quien fue enterrado hasta el cuello en la turba helada a causa del acto “indisciplinario” de tomar un paquete de galletitas para alimentarse.

El expediente cuenta con tres cuerpos de 200 fojas cada uno. La Fiscalía interviniente está a cargo de Marcelo Rapoport. La causa está en la etapa probatoria, todavía sin procesados, aunque a raíz de las revelaciones el ministerio de Defensa separó a algunos militares, como el subteniente Gustavo Malacalza, subdirector del Liceo San Martín. También la Armada inició sumarios internos.

De los casos analizados por la Justicia el más grave es el de Rito Portillo, un soldado ametrallado por un cabo. Los militares lo hicieron figurar como muerto en combate y amenazaron con un Consejo de Guerra a un compañero de Portillo que intentó denunciar lo que había sucedido. Entre los muertos por desnutrición está Remigio Antonio Fernández, de quien recuerda uno de los testimonios: “Era un compañero mío, muy flaquito, muy quedado diría yo. No se la supo rebuscar, y falleció en la trinchera, arrolladito”.

(Continuarà)

                                                          SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                                              (Gran Papiyo)