En los años finales del siglo, Washington hace ostentación de un imaginario apego por los derechos humanos -más allá de sus fronteras, desde luego- y utiliza el tema como parte de su arsenal de calumnias contra Cuba. La verdad histórica es que esta cuestión fue el origen de la primera contradicción entre ambos países cuando todavía en el gobierno cubano predominaban individuos conservadores y moderados, una buena parte de los cuales figurarían después, de manera prominente, en las organizaciones contrarrevolucionarias creadas por la CIA. Pero Estados Unidos siguió al lado de Batista y en contra del pueblo cubano, junto a los autores de las peores fechorías y en contra de sus víctimas. Washington rechazó todas las solicitudes de extradición que le presentó el gobierno que dirigía Miró Cardona -el mismo personaje que presidiría dos años después el "Consejo de Gobierno" que la CIA pensaba establecer en Playa Girón- y condujo a la extinción, de hecho, del tratado bilateral de extradición que existía entonces.

El compromiso con Batista y los batistianos fue un aspecto central de la política norteamericana, tan sólido que aún perdura, cuatro décadas más tarde. Hoy día son los batistianos, sus allegados y sus descendientes el componente principal del exilio contrarrevolucionario, como ilustra elocuentemente la nómina de directivos de la llamada "Fundación Nacional Cubano Americana". Todavía hoy las dos normas legislativas que constituyen los instrumentos decisivos de la política anticubana tienen, por su origen, contenido y finalidad un inequívoco y explícito carácter batistiano: La Ley de Ajuste Cubano, de 1966 y la Ley Helms-Burton de 1996. El elemento clave, en ambas, es una fecha: el día primero de enero de 1959. Por la primera se otorgan condiciones especiales a los cubanos que arriben al territorio norteamericano siempre que hayan llegado aquel día o después. Es claro su sentido subversivo y desestabilizador que busca promover la emigración ilegal, riesgosa y desordenada desde la isla para calumniarla y desvirtuar su imagen pero también es un hecho evidente que, ante todo, otorgaba una ventaja exclusiva a los batistianos al tiempo que discriminaba a los cubanos emigrados quienes formaban, hasta 1958, el mayor grupo migratorio de América Latina, superado entonces sólo por México.

La ley Helms-Burton, por su parte, enseña como, a la altura de 1996, sigue siendo el revanchismo batistiano el fundamento y la motivación de la política anticubana. La devolución a sus antiguos propietarios de las propiedades que perdieron el primer día de 1959, subraya con insistencia, es la condición indispensable para la terminación del bloqueo y la guerra económica y política contra Cuba. Es difícil imaginar una prueba mayor de perseverancia en el contubernio Batista-Washington.

El primer capítulo de la interminable agresión económica contra Cuba ocurrió mucho antes de lo que generalmente se dice y está indisolublemente asociado con la tiranía de Batista y el apoyo que Washington le siguió dando más allá de la fecha de su derrocamiento.

El robo de 424 millones de dólares de los recursos que en oro y dólares se produjo con la complicidad y la colaboración de las autoridades norteamericanas que facilitaron la fuga de los ladrones y los acogieron en su territorio. En Estados Unidos han permanecido, sin que nadie los haya molestado jamás, los peores violadores de los derechos humanos, los más empedernidos criminales que ha sufrido Cuba y a los bancos norteamericanos fueron a parar y allá están todavía los recursos y bienes que el pueblo cubano creó con su trabajo y sacrificio de muchos años. Ese fue, por cierto, el origen de muchas fortunas, engrosadas después con las incontables ventajas que han extraído de los contribuyentes norteamericanos por medio del presupuesto federal y de los fondos secretos de la CIA, que la propaganda imperial muestra como prueba del "ingenio" y la "capacidad emprendedora" de los llamados "cubanos de Miami”.

Frente al inaudito despojo los elementos más conservadores del gobierno provisional reaccionaron con la mayor mesura y confiados en la comprensión de Washington. Se limitaron a solicitar un préstamo para salvar de su inevitable derrumbe al peso cubano. Enviaron allá delegaciones a buscar la ayuda de sus amigos. El libro publicado en 1991 por el Departamento de Estado da cuenta de lo que sucedió. En febrero de 1959 el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos examinó el asunto. El veredicto, muy sencillo: escuchar a los cubanos, pero no darles ni prometerles absolutamente nada.

Cuando varios meses después, en mayo del 59, al promulgarse la ley de Reforma Agraria el Gobierno Revolucionario estableció la única compensación posible a los antiguos latifundistas -más generosa, por cierto, que la impuesta por el general Mac Arthur al Japón ocupado tras la guerra mundial- el propio Embajador de Estados Unidos en La Habana reconoció -y lo comunicó a su gobierno- que, en aquellas circunstancias, Cuba no tenía alternativa.

La eliminación del latifundio y la entrega de la tierra a los campesinos fue la causa que condujo al despliegue de la agresión económica y a la decisión de Washington de atacar también en el plano militar. Era una medida necesaria, indispensable para el desarrollo del país, de elemental justicia, que contaba con el respaldo del conjunto de la sociedad, era también un mandato de la Constitución de 1940 hasta entonces incumplido y correspondía exclusivamente a nuestra soberanía. Estados Unidos, sin derecho alguno, exigió el pago completo, inmediato y efectivo por las tierras expropiadas, algo que sabía era arbitrario, irrazonable e imposible debido a la situación financiera de Cuba de la cual, para colmo, eran culpables las autoridades norteamericanas por haberse apropiado de los medios de pago robados a Cuba.

Con el pasar del tiempo han inventado, una tras otra, las más variadas explicaciones para una conducta inexcusable. Todas son falsas. No fueron diferencias sobre ideología, sistemas políticos o posiciones internacionales lo que impulsó la agresión abierta contra Cuba. Tampoco lo era la retórica sobre "democracia" y "derechos humanos", términos que a la sazón consideraban malas palabras, lo que los movió a atacar a Cuba con la servil complicidad de las peores satrapías de América. Fue la arrogancia imperial y la necedad de creer que podrían imponerla fácilmente, la base del conflicto desatado en 1959. La misma arrogancia y semejante necedad explican el conflicto cuarenta y dos años más tarde.

Junto con la guerra económica Estados Unidos desató también una agresión política y propagandística que tampoco tiene precedentes. Desde el primer año se iniciaron, además, los preparativos de lo que denominaron el programa Cuba que conduciría, en lo inmediato, a la invasión mercenaria de Playa Girón pero que continuaría más allá y permanece vigente hoy.

En febrero de 1998 fue hecho público en Washington un documento de la CIA, fechado en octubre de 1961. Su autor era el señor Kirkpatrick, inspector general de la Agencia. Su asunto: la evaluación de lo que con el nombre de "Un programa de acción encubierta contra el régimen de Castro"(188) había sido aprobado oficialmente por Eisenhower el 17 de marzo de 1960. Mantenido en secreto por más de 26 años, omitiendo datos y preservando aun en la oscuridad algunas cuestiones, lo finalmente publicado, resulta interesante y a veces, alcanza una cierta reveladora locuacidad.

Desde la primera página el general aclara que "La historia del proyecto cubano empieza en 1959” y recuerda cuáles eran sus aspectos fundamentales: "a) formación de una organización exilada cubana... para dirigir las actividades de oposición y suministrar cobertura a las operaciones de la agencia; b) una ofensiva de propaganda en nombre de la oposición; c) creación dentro de Cuba de un aparato clandestino de acción y acopio de inteligencia que respondería ante la dirección de la organización exilada; d) desarrollo fuera de Cuba de una pequeña fuerza paramilitar e introducirla dentro de Cuba para organizar, entrenar y dirigir a los grupos de resistencia ".

En resumen se trataba de fabricar, organizar, financiar y dirigir a la llamada “oposición” cubana. Según Kirkpatrick "el concepto era clásico". Aunque, desde luego, advertía el general: "La mano del gobierno de Estados Unidos no aparecería".

Pero esa mano fue dadivosa. Gastó en el proyecto, en unos meses, más de 46 millones de dólares. Una buena parte fue destinada a los preparativos de la invasión derrotada en Playa Girón pero también se usaron para crear y financiar periódicos y revistas y programas de radio y televisión y realizar giras de propaganda anticubana por conferencistas que eran empleados suyos.

El inspector aporta algunos datos precisos. Los jefes de las organizaciones contrarrevolucionarias de exilados solicitaron un presupuesto de medio millón de dólares mensuales aunque la CIA accedió a pagarles solamente 131 mil, para salarios y gastos personales, excluyendo, por supuesto, los costos de las actividades paramilitares. La revista nombrada "Bohemia Libre" costaba a la CIA 35 mil dólares cada semana. La emisora Radio Swan, creada por la Agencia, alcanzó a transmitir diariamente 55 horas por onda media y 26 horas por onda corta y utilizó para ello 14 frecuencias.

Pero la CIA no se contentó con organizar, financiar y dirigir hasta el detalle la operación para derrocar a la Revolución Cubana. Impulsada por desmesurado optimismo fue mucho más allá. Aparte de la fuerza mercenaria y de los numerosos agentes operativos, había "seleccionado cuidadosamente" y entrenado con esmero a 239 individuos a quienes destinaba a organizar los servicios de inteligencia y de seguridad del régimen que impondría en Cuba. Se tomó el trabajo de puntualizar quienes entre ellos deberían asumir de inmediato tales funciones y quienes formarían un grupo de reserva. Nadie debe asombrarse. La Agencia había seleccionado, igualmente, a quienes integrarían el futuro Gobierno de Cuba y además había confeccionado cinco listas con los nombres de sus funcionarios subalternos.

Nada raro hay en el hecho de que informaciones de este tipo puedan ser ahora del dominio público. No es que un espíritu de apertura y transparencia se haya instalado en los despachos oficiales de Washington o penetrado en las bóvedas secretas de Langley. Por una parte, no han sido pocos los esfuerzos realizados por instituciones y ciudadanos norteamericanos para alcanzar, aunque sea en una medida limitada, algún grado de libertad de información. Por otra parte, lo que se revela siempre es controlado, restringido, es sólo una parte de la verdad y a ella sólo se accede luego que han transcurrido unos cuantos años, a veces décadas, como en los materiales referidos anteriormente.

Es perfectamente natural que, con las limitaciones usuales, Estados Unidos admita que se dedicó a fabricar la "oposición cubana en el exilio y dentro de la isla. Porque lo que antes hacían en secreto es ahora algo que proclaman pública y abiertamente y expresan incluso, con mandato de ley, en la Torricelli y la Helms-Burton. Se puede leer periódicamente en los reportes de la AID, por ejemplo, lo que han entregado a los grupúsculos contrarrevolucionarios a un lado y otro del estrecho de la Florida. Para conocer lo que ahora hace la CIA, por supuesto, habrá que esperar que avance un poco más el siglo XXI. Pero al menos se sabe que la AID desembolsó para esos fines más de 8 millones de dólares entre 1996 y el 2000 y para el año 2001 ha comprometido, hasta ahora, otros 5 millones.

Nunca han cesado la CIA y otros instrumentos al servicio de Washington en su agresión contra Cuba. Son notorias la Operación Mangosta y las revelaciones de la Comisión Church y otras que han alcanzado el conocimiento público. Otras, muchas más, se mantienen en secreto. Muchos miles de millones de dólares ha gastado Estados Unidos, en los últimos 42 años para fabricar una oposición contrarrevolucionaria dentro y fuera de Cuba, establecer estaciones de radio y televisión, editar libros, revistas y periódicos, promover reuniones y giras internacionales, comprar políticos, académicos y periodistas, para lanzar contra Cuba, en fin, la mayor, más intensa y totalizadora agresión en el plano de las ideas y la propaganda.

Por esto, causa indignación el discurso oficial yanqui cuando, con el mayor descaro, aduce que su política está inspirada en la promoción de los "derechos humanos" y la "democracia".

Los gobernantes de Estados Unidos han sido y son responsables por los peores crímenes y las más groseras y sistemáticas violaciones de los derechos de todos los cubanos. Tienen una deuda moralmente impagable. Son culpables de genocidio contra una nación entera que siempre han tratado de aniquilar.

En cuanto a la democracia no es Washington quien pueda darle lecciones a nadie. No habría tiempo ni espacio para mencionar siquiera los datos irrefutables que prueban como, desde la expansión inicial de las Trece Colonias hasta el día de hoy, dentro de sus fronteras y hasta el último rincón del planeta, la plutocracia estadounidense ha sido y es el mayor enemigo de la justicia y la libertad, el principal antagonista de la idea misma del gobierno popular.

En 1958 trataron de escoger a quienes reemplazarían a Batista. Desde 1959 se han dedicado a reclutar, seleccionar y entrenar a los que pretenden imponer como gobernantes de Cuba, a sus funcionarios y empleados y hasta a sus verdugos. Esa ha sido y sigue siendo la esencia de su política hacia Cuba: tratarla como a una colonia suya, una colonia tiranizada. Imponerle una tiranía importada, fabricada por ellos y para ellos. Sería la realización de la vieja quimera anexionista y la negación absoluta, definitivamente y para siempre, de cualquier noción de democracia. Cuba carecería de gobierno propio porque la Patria habría dejado de existir.

En efecto, tras despojarla de sus reservas financieras, luego de privarla de los suministros petroleros y de liquidar su cuota azucarera, medidas todas ellas constitutivas de una guerra económica, Estados Unidos suprimió totalmente el comercio con Cuba mediante decisión del presidente Kennedy, el 3 de febrero de 1962. A esa acción llaman simplemente "embargo comercial" cuando en realidad es un bloqueo y no sólo comercial sino también económico, financiero y diplomático, que forma parte de la guerra económica que estaba en marcha ya desde 1959.

A partir de la orden presidencial Washington estableció un conjunto de normas y regulaciones contenidas en la parte 515 del título 31 del Código de Reglamentos Federales. Ellas eliminan completamente cualquier intercambio entre Cuba y Estados Unidos. Pero nunca se limitaron al comercio bilateral directo, entre ambos.

Desde el primer momento, en forma específica y detallada, han incluido cualquier producto que tuviera alguna parte que hubiese sido o procediera de alguno de los dos países aunque integrase ya, algo propiedad de un tercero, y ha extendido su aplicación a cualquier persona natural o jurídica de Estados Unidos o vinculada a él aunque resida en otra parte del mundo y prohíbe a Cuba el empleo del dólar en sus transacciones con los demás.

No son pocos los comentaristas que aluden a la extraterritorialidad de las acciones norteamericanas como si ella surgiera de las leyes Torricelli y Helms- Burton ignorando que las regulaciones anteriores han tenido siempre ese carácter. Es cierto que ambas leyes intensificaron esa inaceptable violación del derecho internacional y la agravaron al imprimirle el sello parlamentario y la sanción presidencial. Pero las disposiciones que las antecedieron y su aplicación práctica siempre implicaron transgresiones a la soberanía de otras naciones.

Constantes y numerosas han sido las presiones, amenazas y el chantaje de Estados Unidos contra otros países, sus empresas y ciudadanos para impedir o frustrar sus vínculos con Cuba aunque ellos no tengan relación alguna con capitales, productos o servicios norteamericanos. Dicho de otro modo, Washington ha hecho todo lo posible para que los demás países también pongan fin a todo intercambio con Cuba y para lograrlo no sólo ha empleado normativas jurídicas sino que ha recurrido a los más diversos métodos, incluyendo la extensión y las represalias. Año tras año, Cuba ha denunciado ante las Naciones Unidas, con pruebas fehacientes, esas acciones ilegítimas a las que dedican buena parte de su tiempo los diplomáticos y otros agentes norteamericanos en todo el mundo.

Pero extraterritorial ha sido toda la conducta de Estados Unidos desde el primer día, todos los días con sus noches, de estos 42 años. Grosera y criminalmente extraterritorial, puesto que toda ella busca sojuzgar a Cuba, un país que no le pertenece y al que nunca podrá esclavizar.

No fueron pocas las ocasiones en que otros gobiernos, rechazaron la pretensión norteamericana de imponer su voluntad sobre actividades realizadas en territorios bajo jurisdicción ajena. Algunos parlamentos y gobiernos de países afectados adoptaron legislaciones específicamente concebidas para contrarrestar la injerencia yanqui. Lo que entonces se llamaba Comunidades Económicas Europeas -antecesor de la actual Unión- elevó más de una vez su protesta.

Las contradicciones con algunos estados llegaron a ser agudas. Hasta en la propia Organización de Estados Americanos se discutió el asunto y en julio 29 de 1975 se aprobó por mayoría -sin el voto de Washington- una resolución que dejaba en libertad a sus miembros en cuanto a las relaciones con Cuba.

Fue en ese contexto y como resultado de la protesta internacional que Estados Unidos se vio obligado a modificar la norma que impedía sostener negocios con Cuba a las llamadas subsidiarias norteamericanas ubicadas en el exterior. A partir del 21 de agosto de 1975 podrían hacerlo si para ello recibían una licencia específica de Washington.

Aunque arrogarse la facultad de otorgar o negar permiso para comerciar con Cuba a empresas colocadas fuera de su jurisdicción fue, lógicamente, objetada por otros Estados, esa decisión, al menos, permitió el desarrollo de un comercio, fundamentalmente en alimentos y medicinas, que llegó a más de 700 millones de dólares en 1991.

Pero en 1992, con la Ley Torricelli, se le puso fin. Washington no autoriza más esas ventas obligando así a empresas incorporadas en otros países a acatar el "embargo" estadounidense y desconocer las leyes de los Estados donde radican. Adicionalmente implantó un nuevo y grave castigo: los barcos extranjeros que trasegasen hacia o desde Cuba productos cubanos o de terceros no podrían entrar a puertos norteamericanos durante los seis meses posteriores a su presencia en la isla (antes se les prohibía descargar o recoger productos en Estados Unidos, ahora no se les permite siquiera entrar, cualquiera fuese el motivo, aunque se tratase de una arribada forzosa, lo cual significa una brutal agresión a las leyes de navegación)

La Ley Torricelli cerró para Cuba cualquier posibilidad de adquirir alimentos y medicinas, aunque sean producidos en cualquier país del mundo, si en la empresa que los produce participa algún norteamericano.

Como se ve, la historia de las agresiones de Estados Unidos contra Cuba es larga, viene de mucho tiempo atrás. Podríamos seguir escribiendo páginas y páginas para dar constancia de ello. Lo que ha reflejado siempre es lo mismo que refleja hoy. La ambición anexionista de Estados Unidos. El deseo no contenido de apoderarse de la isla. De imponer en ella un régimen neocolonial. Ese y no otro es el trasfondo de todo este asunto.

Notas: 187. Para una amplia información sobre la Historia de Cuba, se recomienda Instituto de Historia de Cuba, la Historia de Cuba en cinco volúmenes. 188. Ver Andrés Zaldívar Diéguez, Los orígenes de la guerra económica contra Cuba en: http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/comentarios/coment139.htm.