El gobierno colombiano denunció a los presidentes de Venezuela y
Ecuador por mentirosos y cómplices de genocidio. Bien. Hagamos un
balance de dicho juicio en contexto político e histórico y más allá
de las simulaciones tácticas de la jornada de clausura en la última
cumbre (Grupo de Río, 7-9 de marzo).


1. Conozco algo al presidente Correa porque tuve el gusto de ser
parte integrante de su buró de campaña electoral. Si algo
caracterizaba a Correa era su sentido de la sinceridad, su apego -
incluso tozudo- a los compromisos contraídos y a los actos
realizados. Su desprecio a la simulación, a las falsas apariencias,
al teatro y a las medias verdades. Vocación -a menudo vehemente- por
la verdad que en tantas dificultades puso a sus asesores
electorales. En ello tenía mucho que ver su ética cristiana
militante que, por otro lado, lo aleja de cualquier tipo de
subterfugio que pueda amparar cualquier tipo de violencia armada.
Correa no era un militante clásico de la izquierda ecuatoriana. Era
un producto alternativo, inteligente y refinado pero de cátedra y de
universidad, cuya única preocupación era su formación y producción
académica al servicio de su ideal progresista y antihegemonista. No
había tenido ningún tipo de vocación por querencias guerrilleras y
mucho menos por estrategias armadas -defensivas o no- hacia el
socialismo.
Cualquier persona, periodista o político que se acerque a su
biografía, a sus intervenciones y a su perfil personal podrá llegar
con facilidad a la conclusión de que jamás va a simular una gran
mentira y siquiera una simple falsedad. Aspecto radicalmente probado
en la última Cumbre [1] .


2. El presidente Chávez era otro ejemplo de prudencia estratégica y
equidistancia táctica con el conflicto colombiano. Durante años
nunca jamás se inmiscuyo lo más mínimo en el conflicto. Más bien al
contrario, ya que opto por intentar institucionalizar vías de
contacto muy medidas y pausadas con los gobiernos colombianos y
trabajar por ambiciosas líneas estratégicas de Estado. Hasta el
punto de que en los últimos años ha habido extradiciones a Colombia
de miembros de FARC y ELN y combates contra miembros de estos grupos
por unidades del ejecito venezolano. Hasta el punto de que se ha
sido extremadamente generoso con el secuestro de Rodrigo Granda por
parte de la inteligencia colombiana y extremadamente generoso con la
presencia de unidades especiales colombianas travestidas de
paramilitares en toda la zona fronteriza del Zulia-Tachira- Apure.
Hasta el punto de que los espacios político-sociales bolivarianos
soportan más de 400 muertes de líderes comunales, campesinos e
indígenas, en toda la zona de frontera, que han sido en la mayoría
de las ocasiones producto del accionar paramilitar colombiano. Para
no hablar, finalmente, de la amnistía decretada al grupo paramilitar
colombiano detenido en Caracas hace dos años.


3. ¿Por qué de todo este exordio sobré las cualidades éticas del
presidente Correa y las prudencias estratégicas del presidente
Chávez? Porque es la prueba definitiva de que al otro lado de la
frontera asistimos a la última entrega de los mejores valedores de
la estrategia de la mentira y del terrorismo de Estado. La
estrategia siniestra de los 180 grados donde el blanco se convierte
en negro y el negro en blanco. Y que en esa estrategia del "vale
todo" se están alcanzando las cotas más sobresalientes, impúdicas y
peligrosas. Estrategia en la que Rafael Correa y el pueblo
ecuatoriano han sido los penúltimos objetivos.
Al otro lado de la frontera están las oligarquías uribistas y los
asesores estadounidenses. Mil veces autoproclamados inocentes de
violaciones de derechos humanos y mil veces inculpados por todos los
informes de las agencias internacionales. Mil veces señalados de
construir falsas pruebas. Mil veces acusados de falsos testimonios.
Mil veces acusados de nexos con el crimen común y el crimen
político. Miles de acusados entre militares, policías, políticos,
diputados o empresarios. Acusados año tras año no sólo por Amnistía
Internacional o Human Rights Watch [2] sino por todos informes
anuales de Naciones Unidas (Alto Comisionado para los Derechos
Humanos) [3] . Y hace falta mucha militancia criminal para llenar
centenares de páginas acusatorias de los informes de Naciones Unidas.


4. En estos días numerosos medios de comunicación -con el diario
español El País a la cabeza- hablan de los crímenes de la
narcoguerrilla, de las complicidades de Chávez y de Correa con los
terroristas, jalean la cínica recriminatoria de Uribe ante la Corte
Penal Internacional acusando al presidente Chávez de complicidad con
el genocidio… ¿Genocidio? En sus crónicas desaparecen todos los
datos sobre la estructura de horror que preside Colombia desde hace
décadas y en donde la insurgencia es un actor sobrevenido y en
ningún caso actor principal de la tragedia.
Hasta ahora, hasta ayer, hasta anteayer. Hasta el asesinato de ayer
mismito de Carmen Carvajal o Gildardo Gómez. ¿Sabe -quiere saber- el
diario "El País" -y otros voceros- que sólo en la última semana el
paramilitarismo ha asesinado selectivamente a cinco señalados
sindicalistas especialmente significados en el ejercicio de la
libertad de manifestación al ser organizadores de la marcha pacífica
del día 6? ¿Puede dedicar dos líneas siquiera a personas honradas y
relevantes socialmente como lo era la asesinada Carmen Cecilia
Carvajal Ramírez docente de la normal superior del municipio de
Ocaña-norte de Santander y afiliada a Asinort o el asesinado
Gildardo Antonio Gómez Alzate educador y delegado de la Asociación
de Institutores de Antioquia-ADIDA y miembro del Centro de Estudio e
Investigaciones Docentes-CEID? ¿Los policías, soldados o diputados
apresados pueden merecer miles de líneas de su periódico y los
sindicalistas, campesinos o líderes comunales ni una solo? ¿Lo
pueden explicar o se explica por sí mismo? ¿Merecen alguna línea? ¿O
sólo le interesa seguir hablando de las FARC (van para diez días
consecutivos de monográfico).


5. En el año 2001 -después de una estancia de investigación en
Colombia- escribí un artículo que comenzaba con los datos del
terrorismo de Estado en Colombia. Ahí se constataba una casuística
perfectamente individualizada que daba miles de asesinados y
desaparecidos en todos los últimos años [4] .
a) en el año 2000 se registró un total de 1.803 ejecuciones
extrajudiciales y 401 desapariciones por persecución política [5] .
b) en el año 2000 se estimó en 315.000 el número de personas
desplazadas a causa de la violencia política [6] .
c) en el primer semestre de ese año del 2001 la cifra recogía 880
ejecuciones extrajudiciales y 133 desapariciones, de las cuales 91
eran de cuadros de la principal central sindical [7] .

Cifras que eran semejantes a todas las de años anteriores.


6. Se culpa a la insurgencia (FARC o ELN) de no querer asumir los
pactos de 1990 -por el que se desmovilizaron otros grupos armados
como el M-19- y la Constituyente de 1991. La historia demuestra que
no había condiciones objetivas para ello. Las pruebas son las cifras
del horror que se dieron justo a continuación de la misma. De 1990 a
1994 -y a pesar de la muy patentizada buena voluntad de los sectores
de la sociedad civil-popular y de la insurgencia desmovilizada-
durante los cuatro años de la administració n Gaviria -sólo cuatro
años- fueron registrados, en un primer nivel, 10.830 asesinatos y
desapariciones políticas. Consenso y pacto en el que una parte de la
sociedad civil pactante persevera a pesar de que la estructura-red
de violencia política para-estatal posibilita, en esa teórica misma
coyuntura política de renovación, el asesinato de los tres
candidatos presidenciales más proclives a una nueva composición
política de apertura de espacios y construcción de un Estado social
y democrático [8] .


7. Las anteriores cifras son las cifras de un estado de terror
continuado y de una guerra nada acorde con los principios del DIH.
Cifras demostrativas de cómo Colombia vivía una situación de mucha
mayor excepcionalidad y represión que cualquiera de las dictaduras
iberoamericanas de las últimas décadas. Para una muestra estas son
las cifras de las diferentes dictaduras:
- En Brasil, durante quince años, hubo 125 víctimas documentadas.
- En Uruguay, 16 años de dictadura, dejaron 220 víctimas muertas o
desaparecidas.
- En Bolivia, en un lapso de 17 años, se contabilizaron 2.021
víctimas.
- En Chile, durante la considerada paradigmática dictadura de
Pinochet, la Comisión "Verdad y Reconciliació n" recibiría 2.666
denuncias por asesinato o desaparición.
- En Argentina, durante ocho años, fueron registrados 9.000 casos
aproximados, casi todos ellos de desaparición con resultado de
muerte [9] .


8. Está claro que en una guerra la violencia acaba por contaminarlo
todo y que en todos los bandos hay prisioneros aleatorios, muertos
colaterales, combatientes asesinos y psicópatas… víctimas inocentes.
Pero ello no quita para hacer una valoración asimétrica de los
conflictos donde no hay que confundir víctimas y verdugos, causas y
consecuencias, actores principales y actores sobrevenidos. Y ese es
el trabajo estratégico de numerosos medios de
comunicación/ intoxicació n.
Colombia es un ejemplo -ad nauseam- donde el actor principal de esta
tragedia es la oligarquía nacional y el pivote imperial
estadounidense. Cuatro elementos:
a) El actor en la eliminación secular de todo tipo de disidencia
social, política o académica (gamonalismo y paramilitarismo) .
¿Por qué no cuentan que el "terrorista" -trabajador de la
multinacional Nestlé, Raúl Reyes, se integro en la insurgencia
cuando varios de sus compañeros sindicalistas fueron asesinados por
paramilitares?

b) El actor en la estructuració n de un modelo liberal de
bipartidismo excluyente (Frente Nacional).
¿Por qué no cuentan que el "terrorista" -intelectual Alfonso Cano se
integro en la insurgencia cuando todos sus mejores amigos,
integrantes del grupo legal Unión Patriótica, fueron eliminados en
el lapso de 2 años por el paramilitarismo oficialista.
c) El actor en la facturación de Colombia como el principal peón
estratégico-militar de Estados Unidos en la zona.
¿Por qué no cuentan que el terrorista-campesin o Manuel Marulanda, no
se llamaba así sino que se llamaba Pedro Antonio Marín y que cambio
el nombre en el momento que un amigo suyo llamado Manuel Marulanda
murió en Corea cuando el servil gobierno colombiano había obligado a
miles de jóvenes a combatir en la guerra imperial de Estados Unidos?
d) El actor de la estructura histórica de represión natural que ni
siquiera quiso/pudo construir, durante décadas, algo equiparable a
un Estado básico.
¿Por qué no cuentan que el "terrorista" -intelectual Jacobo Arenas
fundó las FARC después de que comunidades campesinas de mujeres y
niños, organizadas en autodefensas (el origen del término es sólo
este), fueran masacradas por unos gobiernos que no las habían sabido
proteger ni de la violencia política ni de la delincuencia
organizada?
¿Por que no cuentan que miles y miles de los combatientes de la
insurgencia son producto histórico de ese sistema político-social de
terror estructural, ilegítimo, que siquiera era acreedor al concepto
Estado? ¿Por qué no concluir que toda la sociedad colombiana es
víctima de una estructura administrativa de dominio que no merece el
calificativo de Estado?
¿Dónde están los delincuentes? ¿Quiénes son los terroristas? ¿Cómo
puede hablar de genocidio Uribe? ¿Cómo puede siquiera mencionar a la
Corte Penal intencional cuando es el Estado-ejemplo de cómo eludir
su jurisdicción al firmar con Estados Unidos numerosos protocolos de
impunidad para sus funcionarios, en un reconocimiento explícito de
que estos funcionarios pueden ser procesados como criminales de
guerra y genocidas? (art. 98, Estatuto de Roma).


9. Esto es el presente. Hay que mirar al futuro. Y el futuro va a
ser tan duro y tan inmisericorde como la última acción de guerra de
Uribe y toda la historia estructural de crimen de Estado en
Colombia. Y el futuro lo marca una situación evidente de dialéctica
con Estados Unidos y de coyuntura crítica con su peón-Estado
Colombia. En estas dos últimas semanas el tandem oligárquico USA-
Colombia -con la cooperación esencial de todo el aparato táctico del
Sistema- ha progresado sustancialmente en cuatro objetivos:
a) Dificultar la liberación de Ingrid Betancourt, figura política de
futuro nada funcional para la oligarquía colombiana.
b) Eliminar vías para la salida política al conflicto (ejecución del
más inteligente valedor de una salida política negociada al
conflicto).
c) Criminalizar ante la Opinión Pública internacional a Venezuela y
Ecuador como cómplices del terrorismo internacional.
d) Extender esa sensación respecto de múltiples partidos y
colectivos políticos y sociales empáticos con el proceso de cambio
bolivariano.


10. Todos los aspectos anteriores deben conducir a una estrategia
con un objetivo central que SÍ asumimos de verdad, desde nuestra
posición bolivariana: el proceso de paz. La estrategia de firmeza
debe igualar cuando menos las del enemigo más allá de cínicos
simulacros diplomáticos.
Para ello los Estados iberoamericanos que militen en una cultura de
la paz esencial -y principalmente Ecuador y Venezuela- deberían
elaborar una rigurosa estrategia. Seis simples aspectos son
inaplazables:
a) Apoyar y fortalecer al tejido civil-popular colombiano como
máximo garante del fin de las hostilidades y de la apertura de un
gran proceso político-social en Colombia, fuera del escenario de una
estructura de violencia.
b) Apoyar a las facciones políticas colombianas que luchan por un
verdadero Estado democrático y por amplios espacios de libertad.
c) No establecer ningún tipo de relación económica o comercial que
pueda beneficiar a un Estado agresor. Generar medidas diplomáticas
coherentes con una situación de real guerra-fría.
d) Los Estados de frontera. Deben dejar de ser un santuario impune
para los numerosos grupos y mafias paramilitares. Toda acción
paramilitar, o de complicidad con la misma, debe ser cortada de
raíz. Para ello los Estados de Venezuela y Ecuador deben articular
un dispositivo de seguridad policial y militar total.
e) El territorio de frontera. Debe de ser controlado hasta en el más
mínimo de los movimientos. No puede ser económica o socialmente útil
para los enemigos -enemigos de la paz- para lo que se hace
imprescindible la articulación de una estrategia de seguridad
económica y social. En la que deben estar habilitados y
comprometidos no sólo funcionarios de élite de los respectivos
Estados sino también amplios espacios de la sociedad civil-popular.
Generando medidas arancelarias y fiscales en coherencia con dicho
planteamiento.
f) Generar una subestructura militar hábil y en correspondencia con
la orografía y las circunstancias socio-políticas.
Señores Presidentes y queridos camaradas: cualquier concesión, a
partir de ahora, pone en riesgo no sólo la paz en Colombia sino la
pura y simple superviviencia del movimiento civil-popular en Ecuador
o Venezuela. Así de grave y de serio.


Pdt.: nunca se me habría ocurrido dar un consejo comercial a una
multinacional. Voy a hacer una excepción al hilo de la exposición
del inefable policía Naranjo: no pierdan la oportunidad de
publicitar que el versátil e inmortal computador de Raúl Reyes era
de su marca. No habrá nunca mejor campaña publicitaria.


[1] . Ver el discurso de Rafael Correa en la Cumbre del Grupo de Río
(Marzo, 7-9 2008). El propio Presidente da datos sobre campamentos
desmantelados y miembros de las FARC detenidos.
[2] . Es espacialmente significativo el monográfico de Human Rights
Watch titulado The "Sixth Division". Military-paramilita ry ties and
U.S. policy in Colombia, New York, 2001.
[3] . Vid. todos los informes anuales del Alto Comisionado de DDHH
para Colombia.
[4] . Artículo titulado "Violencia, Derechos Humanos y Democracia en
Colombia: la precaria o imposible justificación del Estado
constitucional" , El vuelo de Icaro. Revista de Derechos humanos,
crítica política y análisis de la economía, Liga Española de Derecho
Humanos, Madrid, 2002, pp. 249-313.
[5] . Vid. "Banco de datos. Gráficos y estadísticas generales del
año 2000", Noche y Niebla. Panorama de Derechos humanos y violencia
política en Colombia, nº 18, CINEP & Justicia y Paz, Bogotá, 2000,
pp. 29-59 (sin contar los departamentos de Amazonas, Boyacá, Guanía,
Guaviare, Vaupés y Vichada, de los que se dice no tener información
solvente).
[6] . El monitoreo de lo últimos 15 años arrojaría una cifra de
2.160.000 desplazados, superior a la de la gran mayoría de
conflictos bélicos, cfr., L. ROMERO (comp.), El desplazamiento
forzado en Colombia, C.P.DD.HH, C.A.J.A.R., Bogotá, 2001.
[7] . Vid. "Cifras de la violencia política. Enero-Junio de 2001",
Noche y Niebla. Panorama de Derechos humanos y violencia política en
Colombia, nº 20, CINEP & Justicia y Paz, Bogotá, 2001, pp. 25-34.
Evidentemente los datos excluyen el tipo de hechos acaecidos en
combate.
[8] . En marzo de 1990 sería asesinado Bernardo Jaramillo, candidato
presidencial de la Unión Patriótica; al mes siguiente fue eliminado
Carlos Pizarro, candidato del desmovilizado M-19; y pocos meses
antes lo había sido el candidato del Partido Liberal, Luis Carlos
Galán, que simbolizaba la efectiva búsqueda de consenso y apertura
de espacios, desde el ámbito más institucional.
[9] . Cifras referenciadas en Proceso a la impunidad de crímenes de
lesa humanidad en América Latina 1989-1991, bajo la coordinación del
Tribunal Permanente de los Pueblos (Bogotá, 1991).