El calvario de la asturiana Antonia Fernández Sampedro comenzó hace ya dos años y aún se le llenan los ojos de lágrimas cuando relata su historia, marcada por sentencias que no se cumplen, apelaciones fuera de plazo, retrasos injustificados y convenios internacionales que son ignorados.

Foto: Susana Sanmartín

Esta llanisca afincada en Venezuela no se podía imaginar hace dos años que su decisión de regresar a España podría negarle el derecho a vivir con su hijo mayor (que ahora tiene 13 años), del que tiene la guarda y custodia desde que se divorció de su primer marido, Enrique Edo. Entonces, el menor tenía cuatro años.

Los hechos se remontan a mayo de 2006 cuando Antonia decidió volver a su Asturias natal con su actual pareja, el hijo de ambos y su primogénito, Enrique José Edo Fernández. Antes de eso, el niño disfrutó de su mes de vacaciones con su padre, tal y como había hecho durante toda su infancia. Lo que nunca imaginó Antonia es que su ex marido decidiera unilateralmente que el menor no regresara a España tras su periodo de vacaciones, vulnerando así la sentencia de divorcio obtenida en 1999. Desde aquel día, la relación con el pequeño se vio limitada a conversaciones semanales por teléfono en las que Antonia ha comprobado un desapego progresivo hacia ella. «Me lo tiene cambiado, ya no es el mismo», repite una y otra vez. «Su padre le da todo lo que quiere y no le exige ningún tipo de disciplina, así que a mí ya no me escucha», lamenta.

Tras varias «conversaciones poco fructuosas y varias mentiras» por parte de su ex pareja, Antonia decidió interponer ante el Ministerio de Justicia una solicitud de devolución del menor según el convenio de la Haya de 1980 suscrito por el país venezolano, por el que todos los gobiernos están obligados en estos casos a devolver a los menores «en un plazo de una semana» a la persona que ostenta su custodia. Era agosto de 2006, pero no fue hasta febrero de 2007 cuando Antonia recibió lo que tanto esperaba, la orden de repatriación inmediata a España de su hijo.

Retrasos continuos

Ya no le importaban los retrasos –justificados por las autoridades venezolanas por estar en periodo vacacional– sino que sólo pensaba en el viaje de regreso de su hijo. «Quería abrazarle y que volviera otra vez conmigo», recuerda emocionada. Por eso, inició de inmediato la contratación del vuelo con un servicio de compañía para el menor e, incluso, solicitó la colaboración del consulado español en Venezuela para que la autoridad española estuviera presente en el momento del embarque.

Ninguna de sus precauciones sirvió de nada. Dos días antes del vuelo –retrasado en una ocasión por estar celebrándose los carnavales en el país– se paralizó el proceso de repatriación después de que el padre interpusiera un recurso de amparo y solicitara que la sentencia se dictaminase ante otros jueces con el argumento de que la opinión del menor no había sido tenido en cuenta.

La justicia venezolana daba así la espalda a la madre –quien ostenta su custodia– y, en octubre de 2007, se declaró nula la orden de repatriación. «Alegó que mandar al niño a España suponía un riesgo porque era un país peligroso y destituyeron al juez que me había dado la razón por corrupto», explica incrédula.

La responsable del centro asesor a la mujer en la comarca del Oriente, Miriam Castaño, ha sido «su muleta» durante todo este tiempo pero ambas se mostraban ayer desesperadas. «De nada sirve que vivas en un país lleno de leyes si fuera se ríen de ellas. Ni siquiera estamos seguras de que si finalmente el juez nos da la razón alguien va a garantizar que se ejecute la sentencia», recrimina la abogada.

Pero Antonia nunca ha estado dispuesta a tirar la toalla. Preocupada por los continuos retrasos, antes de recibir este jarro de agua fría había presentado ante el Juzgado de Instrucción de Llanes –en setiembre de 2007– una denuncia por lo penal contra el padre de su hijo por un presunto delito de sustracción internacional de menores. Fue admitida a trámite en España, pero, una vez fuera de nuestras fronteras, «ha quedado totalmente paralizada».

«He vivido muchos años en Venezuela y sé perfectamente cómo funcionan allí las cosas. He llegado a pensar en ir y traer a mi hijo por la fuerza, como hizo su padre, pero sé que es probable que no pueda regresar y temo que a mi hijo le pase algo. Ya no sé qué hacer», reitera.

Situación desesperada

La situación de Antonia es tan desesperada que ha solicitado una concesión durante las vacaciones escolares para poder ver a su hijo, comprometiéndose incluso a devolvérselo a su padre a la espera de una resolución firme por parte del Tribunal, pero la respuesta ha sido nula y, Antonia lo sabe, el tiempo corre en su contra.

«Al principio mis conversaciones con él estaban vigiladas por su padre para que él no se pudiera expresar con libertad, pero ahora está muy cambiado e incluso a veces me llegó a colgar el teléfono. Para él su padre es un Dios porque sufre un claro síndrome de alineación parental», indica. Antonia sabe que es difícil competir con la vida «desorganizada y alocada» que dice llevar el padre, pero está dispuesta a luchar hasta el final por la custodia de Enrique José. «No quiero que de mayor pueda echarme en cara que no hice todo lo que estaba en mi mano para que volviera conmigo», alega.

CRONOLOGIA DEL CASO

1999: Antonia Fernández y Enrique Edo obtienen el divorcio y la sentencia otorga a la madre la guarda y custodia de su único hijo.

28 de junio de 2006: el menor se encuentra de vacaciones con el padre en Caracas, quien informa a la madre de que no volará a España en la fecha prevista.

18 de agosto: tras agotar la vía del diálogo decide tramitar procedimiento para la restitución del menor según el convenio de La Haya.

12 de febrero: se recibe orden dictaminada el 24 de enero de repatriación inmediata a España.

28 de febrero: tras reiterados retrasos se le comunica que el padre ha interpuesto un amparo que paraliza el proceso.

16 de julio de 2007: la madre solicita régimen de vistas provisional mientras se cierra el proceso.

7 de setiembre 2007: presenta una denuncia por un presunto delito de sustracción de menores que se ha aceptado en España, pero que fuera del país está paralizada.

2 de octubre 2007: se declara nula la sentencia del 24 de enero alegando que España es «un país peligroso» para el menor.