Hugo Chávez ofreció entre 100 y 150 millones de US$ para adquirir una empresa que opera poderosos satélites de observación. Cuando el negocio estaba a punto de cerrarse, Israel tumbó la operación. Hoy, Casto Ocando y Gerardo Reyes revelan la historia en “El Nuevo Herald”

Este es el reportaje:

Cuando se trata de espionaje y defensa, el cielo no es el límite para el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Según documentos y versiones que salen a la luz en una demanda civil que se tramita en Nueva York, el mandatario venezolano ofreció entre $100 y $150 millones en una negociación para adquirir parcialmente una compañía que opera un poderoso satélite de observación capaz de detectar objetos de 70 centímetros en cualquier lugar de la Tierra, con fines militares.

Chávez ofreció adquirir una participación del 20 al 30 por ciento en ImageSat International, propietaria de los satélites Eros A y Eros B, este último lanzado hace dos años por Israel para espiar el programa nuclear de Irán.

Pero el negocio fue saboteado por el gobierno de Israel en noviembre del 2006, cuando un directivo de la empresa notificó al representante en Venezuela, Stephen E Wilson, que suspendiera todas las actividades en ese país, alega la demanda.

Según los alegatos, detrás de la decisión estaba uno de los socios mayoritarios de la firma, el poderoso conglomerado de defensa del gobierno israelí, Israel Aircraft Industries (IAI).

En los documentos judiciales a los que El Nuevo Herald tuvo acceso, se menciona también que la negativa a proceder con la negociación con Caracas fue influida por el embargo militar impuesto por el Departamento de Estado estadounidense al gobierno venezolano.

“Estaban motivados por la deteriorada relación de Estados Unidos con Venezuela y por el deseo histórico de Israel de mantener buenas relaciones con Estados Unidos”, afirma la demanda presentada en el Tribunal Federal de Distrito Sur de Nueva York en julio del año pasado por accionistas, fundadores e inversionistas originales de ImageSat International.

Un intento inicial del gobierno de Venezuela en el 2003 de obtener una licencia con la misma firma para utilizar el satélite en forma autónoma por unos $77 millones también fracasó, sostiene la demanda.

Pero en esa oportunidad la razón fue que los directivos de la empresa querían que el gobierno de Venezuela concentrara sus recursos en repotenciar la flota de cazas M-16 y Mirage, contrato al que la IAI aspiraba.

Las primeras conversaciones con la empresa las sostuvieron militares venezolanos con Wilson en Caracas, pero la multmillonaria propuesta de inversión fue presentada directamente por Chávez, sostiene la demanda.

“[Chávez] lo hizo tan explícitamente [presentar la oferta de compra] para negar versiones de algunos de sus asesores, y de los canales de información internacional de Venezuela, de que ImageSat había dejado de ser una compañía comercial apolítica y se había convertido en una fachada de la IAI, el Ministerio de Defensa de Israel y de sus contrapartes en el sector de Defensa de Estados Unidos”, agregó el documento.

La negociación estuvo tan cerca de cerrarse que documentos del contrato fueron firmados y sellados por oficiales del Ministerio de la Defensa de Venezuela.

Según se desprende de la narrativa de la demanda, ImageSat llevó a Caracas un sofisticado sistema de demostración de la capacidad del satélite, directamente desde Tel Aviv, a la que aparentemente tuvieron acceso oficiales venezolanos. No se menciona si la demostración se preparó especialmente para impresionar al presidente Chávez.

Además de ImageSat, la demanda incluye a la empresa israelí Elbit System, una firma privada de defensa, la segunda mayor de Israel dedicada a la fabricación de componentes para satélites de observación de la Tierra. También figuran como demandados 14 ejecutivos de estas firmas.

En el documento de casi 200 páginas, los demandantes sostienen que los ejecutivos no reconocieron su voz como minoría en las decisiones de la empresa y se dedicaron a hacer ‘‘transacciones fraudulentas” y a “sabotear” grandes oportunidades de contratos y ofertas de inversión por puras razones políticas.

Esto provocó “la pérdida de millones de dólares’‘ en el valor de la empresa, sostuvieron.

Alegan que ImageSat, a pesar de sus vínculos con el gobierno de Israel, es una empresa que se acordó que se debe manejar en forma independiente y autónoma para ofrecer servicios satelitales a los gobiernos “en apoyo de su propia agenda de seguridad nacional”.

Sin embargo, agrega la demanda, “la compañía existe para el beneficio principal de los accionistas de la industria israelí, IAI y Elbit, y más específicamente para apoyar e impulsar la agenda de los intereses geopolíticos globales del Ministerio de Defensa de Israel”.

La empresa lanzó al espacio en el 2000 el satélite Eros A y en abril del 2006 el Eros B , un satélite de última generación de menos de 300 kilogramos de peso y un costo de unos $30 millones.

Wilson, ex presidente fundador de ImageSat y quien encabeza la lista de demandantes, sostiene en la demanda que tanto él como otros ejecutivos desarrollaron un modelo de comercialización mediante el cual cada país podría operar el satélite en su calidad de Socio Operador del Satélite (SOP) cada vez que el aparato sobrevolara la porción correspondiente del globo terráqueo. La única limitación para conceder la licencia de SOP era que se tratara de un país “renegado” (Irán, Cuba y Corea del Norte) o situado en un radio de 2,500 kilómetros de la estación de Israel.

En 1999 el Ministerio de Defensa de Israel expidió 60 licencias de exportación de SOP, entre ellas a Venezuela, Angola, Taiwan, India y China.

En una muestra de independencia, que hoy sirve de argumento a los demandantes, el Ministerio rechazó un embargo a India solicitado por Estados Unidos después que ese país comenzó sus pruebas nucleares.

La compañía inició conversaciones en 1999 con Venezuela como principal objetivo de un contrato de SOP que le reportaría ingresos de unos $18 millones anuales. Como alternativa en la zona se pensó en Colombia.

Wilson se mudó a Venezuela a finales del 2001 y “se dedicó virtualmente a tiempo completo”, desde entonces hasta noviembre del 2006, a sacar adelante lo que pensaba sería una próspera y lucrativa relación con el gobierno de ese país.

Las negociaciones con Venezuela produjeron tanto entusiasmo que en un mensaje electrónico enviado por Vola Levin, un empleado de ImageSat en Tel Aviv, se menciona un refrán ruso según el cual “aquí [en Venezuela] podemos lograr el sustento para toda nuestra vida”.

Los documentos judiciales muestran también cómo Wilson y otros ejecutivos de IAI tenían acceso a altos oficiales de la fuerza armada venezolana, entre ellos un general de la aviación que despachaba desde el Fuerte Tiuna, y al propio jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).

Los demandados han respondido que la querella no debía aceptarse porque está fuera de la jurisdicción y han negado las acusaciones de que los directivos se comportaron fraudulentamente en detrimento de las oportunidades de negocios de la empresa.

El juez del caso no se ha pronunciado.

Las revelaciones sobre el intento de Chávez de adquirir tecnología avanzada de espionaje por satélite se producen en momentos que el gobierno de Caracas dirige un ambicioso programa de compras militares en el que ha invertido alrededor de $5,000 millones desde el 2005.

“Este movimiento de Chávez de adquirir capacidad de espionaje satelital podría usarse contra países vecinos, principalmente Colombia, y se convertiría en una amenaza hemisférica, especialmente para los gobiernos latinoamericanos que no comulgan con Chávez”, dijo el vicealmirante retirado Rafael Huizi Clavier, ex inspector general de las fuerzas armadas venezolanas.