Por Eduardo Febbro
Desde París

 

Una pesadilla de la primera hasta la última línea, como son las historias reales donde los intereses de los Estados arrojan al precipicio la vida de los individuos. El primer capítulo lo constituye una serie de sabotajes y atentados perpetrados en Cuba a partir de 1997 contra hoteles de la capital, La Habana. El 4 de septiembre, uno de esos actos terroristas perpetrado en el hotel Copacabana provocó la muerte de un turista italiano, Fabio Di Celmo. El segundo capítulo es una nota enviada por Fidel Castro al entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a través del escritor colombiano Gabriel García Márquez. La nota, entre otras cosas, decía: “Un asunto importante. Se mantienen planes de actividad terrorista contra Cuba, pagados por la Fundación Cubano Norteamericana y usando mercenarios centroamericanos. Se han realizado ya dos nuevos intentos de hacer estallar bombas en nuestros centros turísticos antes y después de la visita del Papa”. En el mismo texto Castro decía que las agencias de inteligencia de Estados Unidos detentaban informaciones sustanciales sobre los responsables de esos actos y advertía que “ahora están planeando y dando ya pasos para hacer estallar bombas en aviones de las líneas aéreas cubanas y de otro país que viajen a Cuba trayendo y llevando turistas desde y hacia países centroamericanos”.

El tercer capítulo es la cita que Gabriel García Márquez tenía el 6 de mayo a las 11 y cuarto de la mañana en la Casa Blanca a fin de entregar el texto de Castro. Allí, el premio Nobel de Literatura debía entrevistarse con Clinton, pero no fue recibido por el presidente sino por tres funcionarios. Estos, al cabo de 50 minutos de audiencia, le dijeron: “Su misión era en efecto de la mayor importancia, y usted la ha cumplido muy bien”. En un relato sobre esa mediación, Márquez escribió: “Salí de la Casa Blanca con la impresión cierta de que el esfuerzo y las incertidumbres en los días pasados habían valido la pena. La contrariedad de no haber entregado el mensaje al presidente en su propia mano me parece compensada por lo que fue un cónclave más informal y operativo cuyos resultados no se harían esperar”.

Las consecuencias fueron inmediatas porque –hecho poco común– se instauró una suerte de cooperación formal entre La Habana y Washington. A mediados de junio, especialistas cubanos y oficiales del FBI se reunieron en la capital cubana para analizar las pruebas y los documentos sobre las acciones terroristas que tenían como blanco a Cuba. La seguridad de Estado cubana suministró al FBI 230 páginas, así como grabaciones y conversaciones telefónicas y videos sobre los planes en curso. Los agentes del FBI dejaron La Habana con la promesa de dar una respuesta rápida a las inquietudes cubanas. La cooperación terminó allí y empezó el cuarto capítulo.

Estados Unidos dio una respuesta pero totalmente al revés del esquema abierto presentado por Cuba. Toda la información recabada en Cuba fue utilizada para arrestar en Miami a cinco agentes cubanos que estaban en territorio norteamericano con la meta de infiltrar a los grupúsculos de extrema derecha y frenar sus acciones en la isla. Era un caso típico de operación exterior destinada a la protección interior. La administración Clinton dio vuelta los argumentos, se sirvió de las informaciones que Castro le entregó a García Márquez y, el 12 de septiembre de 1998 detuvo a los cinco cubanos: Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino. Hoy conocidos como los cinco cubanos de Miami, fueron sentenciados a penas de cárcel que van de los 15 años a cadena perpetua. Juicio expeditivo y para muchos juristas “alucinante” porque la Justicia de la primera potencia mundial fue incapaz de presentar la más mínima prueba de sus acusaciones. Los cargos son, además, contradictorios con la misión que estaban cumpliendo: “conspiración de espionaje”, o “conspiración para asesinar” son dos de los cargos que figuran entre los 26 delitos imputados.

La jurisprudencia de “geometría variable” aplicada por Washington es tan escandalosa que la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) organizó esta semana en el Senado francés un coloquio sobre el caso de los cinco cubanos de Miami. La condena de los agentes cubanos es una enormidad tanto más abusiva cuanto que deja aún más al descubierto la impunidad con que la Casa Blanca actuó cuando la CIA montó los ya famosos vuelos secretos en los que transportaba de un país a otro a supuestos terroristas miembros de Al Qaida.

A la injusticia se le suma al carácter inhumano con que se trata a las familias de los detenidos. Magali Llort, madre de Fernando González, contó en el Senado la “batalla que hay que dar para abrir las puertas de la cárcel y poder dar un beso a su hijo”. De hecho, Estados Unidos hace todo cuanto está a su alcance para no otoargar visas a las familias. Olga Salanueva, la esposa de René González, y Adriana Pérez, la compañera de Gerardo Hernández, llevan diez años esperando una visa. Leonard Weinglass, célebre abogado norteamericano que defiende a Antonio Guerrero, recalcó durante el coloquio que la forma en que actuó la Justicia norteamericana viola todas las convenciones existentes.

En mayo de 2005, el grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias consideró justamente que el arresto de los cubanos constituía una detención arbitraria. El mismo año –agosto 2005–, luego de que los cinco cubanos apelaran el fallo ante la decimoprimera Corte de Apelaciones de Atlanta –Georgia– tres jueces de dicha Corte hicieron público un documento de 93 páginas en el que anulaban el veredicto. La troika estimó que los cinco cubanos no habían tenido un proceso equitativo en Miami y ordenó un nuevo juicio. Detalle sobresaliente de esa decisión, los tres jueces admitieron que las pruebas presentadas por la defensa eran válidas. ¿Y qué había en esas pruebas? A nadie le llamará la atención que en ellas figuraba el nombre de ese gran amigo de la democracia norteamericana que es Posada Carriles, el agente de la CIA implicado en varios atentados anticubanos y protegido con todas las armas de la ley por la administración Bush.

Y aquí se inicia el quinto capítulo, siempre abierto. Si bien la troika ordenó la realización de otro proceso, los cinco cubanos siguen esperando. Alberto González, ex consejero de George Bush y luego ministro de Justicia norteamericano, intervino ante el tribunal para solicitarle que revisara la decisión de la troika de Atlanta. Nada sorprenderá saber que el 31 de diciembre de 2005 los jueces aceptaron revisar lo ya revisado.

Los juristas presentes en París enumeraron con azoro las irregularidades del juicio contra los cinco cubanos, en particular la inicial: los acusados no cometieron ningún crimen, no atentaron contra la seguridad de Estados Unidos, el proceso contra ellos se realizó en Miami, una ciudad que la misma Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos consideró “hostil e irracional” con el gobierno cubano. Peor aún, los cubanos pueden permanecer en ese limbo de injusticia por tiempo indefinido. La revisión de la revisión está en curso y las partes ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre el lugar donde podría llevarse a cabo el próximo proceso.

¿Cómo explicar tanta desmesura? Leonard Weinglass aduce que este drama infinito no es ajeno a la ambición política de la entonces ministra de Justicia de Estados Unidos, Janet Reno, candidata al Senado por el estado de Florida y a quien le hacían falta los votos cubanos. Roberto González Sehwerert, abogado de René González, argumenta que el caso de los cinco cubanos “revela la contradicción entre el derecho y la política. El mantenimiento de los cubanos en la cárcel corresponde a un interés político frente a la ley”.