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Las autoridades cubanas han acusado al Gobierno de Estados Unidos de servir de "emisario" entre disidentes y grupos anticastristas de "carácter terrorista" con sede en Miami, acción que considera una flagrante intromisión en sus asuntos internos y una violación de la legalidad internacional. Cuba afirma poseer "pruebas contundentes" que demuestran que EE UU, a través de sus diplomáticos en La Habana, ha financiado a opositores que pretenden "subvertir el orden interno", y que lo ha hecho no sólo repartiendo fondos federales, sino facilitando la entrega de partidas de dinero procedente de grupos violentos del exilio.

La denuncia ha sido realizada por varios funcionarios cubanos, que acusaron al jefe de la Sección de Interes de EE UU (SINA) en La Habana, Michael Parmly, de servir de "vulgar correo" entre el anticastrista Santiago Álvarez, condenado en EE UU por posesión de armas, y la dirigente opositora Martha Beatriz Roque. Las pruebas presentadas por los funcionarios y por periodistas del programa de la televisión Mesa Redonda, que han anunciado más "revelaciones" en los próximos días, son fundamentalmente correos electrónicos interceptados a Roque en su correspondencia con varios activistas anticastristas de Miami.

Según La Habana, Roque recibía al menos 1,500 dólares mensuales de la Fundación Rescate Jurídico, creada por Álvarez meses antes de ser arrestado en Estados Unidos por poseer pertrechos militares. Alvarez, de 66 años, es amigo y benefactor del anticastrista Luís Posada Carriles, acusado de la voladura de un avión de Cubana de Aviación en 1976, y según el gobierno de Raúl Castro ha seguido enviando partidas de dinero a los opositores cubanos a través de la SINA desde la prisión

Cuba "siempre ha condenado por ilegal la utilización de fondos federales para promover la subversión interna" y "la implicación directa" de la SINA, ha dicho la directora de América del Norte de la cancillería, Josefina Vidal. Pero lo que" resulta doblemente indignante y escandaloso", ha agregado, es que diplomáticos estadounidenses "sirvan de emisarios y enlace entre un terrorista y mercenarios" en la isla. Preguntada sobre si su gobierno iba a emprender algún tipo de acción contra los diplomáticos de la SINA, Vidal ha respondido: "esperamos que sea el Gobierno de Estados Unidos el que tome medidas para rectificar la actuación de sus diplomáticos en La Habana".

EE UU aseguró el lunes que no viola el derecho internacional y que la "asistencia humanitaria" que proporciona a las familias de presos políticos en Cuba es un gesto "prudente" y "coherente" con la política de la administración Bush. Así lo afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, mientras desde La habana la SINA consideró que "es política de muchos años de Estados Unidos proporcionar ayuda humanitaria a la gente cubana, específicamente a las familias de presos políticos que son maltratados por su propio gobierno''. Según EE UU "esta ayuda no tiene ningún propósito político, sino que busca atender las necesidades cotidianas de las familias que están luchando para sobrevivir en el sistema actual''.