TeleSUR

Autoridades colombianas anunciaron este lunes que investigan la misteriosa desaparición de los computadores y memorias de teléfonos celulares (SIM cards) de los jefes paramilitares que fueron extraditados recientemente a Estados Unidos. 

Los ordenadores contenían información relevante sobre las relaciones de los 'paras' con políticos y sus relatos sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados.

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general (r) Eduardo Morales, admitió que un disco duro y las tarjetas que contenían el registro de las llamadas realizadas de varios jefes paramilitares se extraviaron.

Otro ordenador, perteneciente al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, salió de la cárcel el pasado 9 de mayo supuestamente para recibir servicio técnico por presentar un virus y debía volver al día siguiente, pero nunca regresó, argumentó Morales.

El ministro del Interior y Justicia de Colombia, Carlos Holguín Sardi, opinó que este hecho "es una coincidencia desafortunada y muy desagradable" y aclaró que espera un informe sobre los hechos.

Mientras tanto, el vicepresidente Francisco Santos denunció que los dispositivos habían sido solicitados por la Fiscalía para ser inspeccionados pero éstos ya habían sido manipulados y sus memorias retiradas antes que las autoridades llegaran a las celdas.

"Tiene que ser el director del Inpec el que tiene que responder por esos aparatos. Él es el responsable de las cárceles y él tendrá que responder a ver dónde están y qué se hicieron", sostuvo.

El viernes pasado la Fiscalía había expresado que cinco computadores de los 14 paramilitares fueron manipulados después que los ultraderechistas salieron de sus celdas rumbo a Estados Unidos, donde sólo serán procesados por narcotráfico.

Estos cabecillas, según Morales, tenían permiso para tener las portátiles y los móviles, en el marco de los beneficios que otorga la polémica Ley de Justicia y Paz, que además les hacía merecedores de condenas de máximo nueve años a cambio de que abandonaran las armas y cooperaran con la justicia al brindar información sobre sus actividades ilegales y cómplices.

"Los computadores no habían ingresado ilegalmente a las cárceles, los tenían como parte de la ley de Justicia y Paz", se defendió Morales al tiempo que dijo que los procesadores habían sido entregados en custodia luego de la extradición.

Hace dos semanas, en una decisión calificada como sorpresiva, el presidente Álvaro Uribe, entregó 14 paramilitares a la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), bajo la excusa de que ellos habían incumplido con la Ley de Justicia y Paz, al continuar delinquiendo desde prisión.

Precisamente, gracias a la cooperación de los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) los fiscales designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habían logrado establecer nexos de unos 64 congresistas, mayoritariamente de la coalición uribista, con este grupo armado.

Uno de los más recientes acusados de obtener grandes extensiones de tierra con colaboración de las AUC fue el primo hermano de Uribe, el ex senador Mario Uribe Escobar.

Los testimonios de los supuestos paramilitares desmovilizados causaron una crisis institucional en el Congreso, donde ya se discute un proyecto de ley que castigue a aquellas agrupaciones políticas que incurran en el llamado "escándalo de la parapolítica".

Sin embargo, una de las consecuencias de la extradición de estos hombres que más ha causado revuelo es que en Estados Unidos sólo serán juzgados por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y no por las más de 200 masacres y 49 mil desapariciones forzosas de civiles.

El diario bogotano El Tiempo, cuya línea editorial apunta a beneficiar la política gubernamental colombiana, publica este martes en su sección editorial que "sólo en Locombia sucede que los computadores de "Raúl Reyes" sobrevivan a un bombardeo selvático, mientras los de los paramilitares se esfuman de cárceles de alta seguridad".

El gobierno conservador de Colombia se ha servido en los últimos meses de los datos de una computadora personal supuestamente perteneciente al ex número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), asesinado el pasado marzo, para acusar a Venezuela y Ecuador de mantener vínculos con esta guerrilla.

Reyes murió masacrado el pasado 1º de marzo en Sucumbíos, al norte de Ecuador, tras un ataque ilegal de tropas colombianas que primero bombardearon con aviones de guerra y luego incursionaron por tierra. El campamento quedó destrozado, mientras los ordenadores quedaron intactos.