El peligroso riesgo de un indulto criminal; por Tadeo Sevilla

A George Walker Bush,  el desmoralizado e impopular cuadragésimo tercer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, sólo le restan poco más de doscientos días en la poltrona imperial. Tiempo suficiente para pronosticar e incluso esperar cualquier decisión descabellada –perdón, quise decir mucho más- en su larga lista de equívocos y fanfarronerías.

Para quienes conocen y han seguido el tema cubano en Estados Unidos, no fue una sorpresa saber que por estos días, en los pasillos de la Casa Blanca, del Congreso e incluso en el Senado, en medio de un ambiente  donde se mezclan la discreción y la euforia, los cabilderos cubano-americanos comentan la posibilidad de que el vaquero presidente, en un acto de cordial despedida con sus acérrimos correligionarios de Miami, apele al derecho que le otorga el artículo II, en su sección 2 de la Constitución norteamericana y decida otorgar un perdón presidencial a dos connotados terroristas de origen cubano.

Varias organizaciones contrarrevolucionarias de las tantas que abundan en Miami, con el apoyo absoluto de los congresistas republicanos de origen cubano Lincoln y Mario Díaz Balart e Ileana Ros-Lethinen, trabajan intensamente por lograr sean indultados nada menos que Luis Clemente Posada Carriles, uno de los más repugnantes terroristas que haya conocido el mundo moderno y responsable de la voladura en pleno vuelo de un avión civil con 73 pasajeros y Eduardo Arocena, líder del grupo criminal Omega 7, calificado por el FBI como «el más peligroso grupo terrorista dentro de Estados Unidos» y que estuvo vinculado a más cincuenta actos terroristas en territorio norteamericano y en Puerto Rico.
En prisión desde 1983, Arocena cumple una cadena perpetua más dos sanciones de 35 y 20 años respectivamente por el asesinato de un diplomático cubano en Naciones Unidas, conspiración para la fabricación de armas ilegales, 22 cargos de posesión de armas, así como uno de conspiración para construir bombas y 23 cargos relacionados con explosivos. En 1984 reconoció ante un Jurado haber introducido en Cuba, mediante técnicas de guerra bacteriológica, el virus del dengue hemorrágico que provocó 158 muertes, de ellas 101 niños.

Así andan las cosas, amigos míos. La nueva desvergüenza que se fragua en las madrigueras del exilio «histórico y radical de Miami» y que repercute en las altas esferas del poder norteamericano, se encamina a poner en libertad a dos criminales confesos que han dejado huellas sangrientas a lo largo de su repulsiva carrera mercenaria. Una abominable decisión que de consumarse, comprometería bochornosamente una vez más a la familia Bush en el largo rosario de acciones criminales contra Cuba.

La historia habla por si sola

Tan simple como repasar la historia. El 20 de julio de 1990, Orlando Bosch, uno de los terroristas más buscados en Estados Unidos, recibió un indulto presidencial otorgado por George Herbert Bush (padre), entonces presidente, que ni siquiera tuvo en cuenta las recomendaciones de la Justicia estadounidense, referentes al historial delictivo del autor intelectual del alevoso crimen de 73 personas a bordo de una aeronave de Cubana de Aviación siniestrada en pleno vuelo.

Vale la pena recordar las palabras del Fiscal General Adjunto norteamericano Joe D. Whitley en 1990, durante el fallido proceso de deportación seguido contra el sicario contrarrevolucionario. «Durante 30 años –argumentaba Whitley- Orlando Bosch se ha mostrado resuelto e inquebrantable en su propugnación de la violencia terrorista. Ha amenazado con y ha realizado actos terroristas violentos contra numerosos objetivos, incluyendo países amigos de Estados Unidos y sus más altos funcionarios. Ha expresado repetidamente y demostrado su disposición a causar heridas y muerte indiscriminadamente. Sus acciones han sido las de un terrorista, irrestricto por leyes o la decencia humana, amenazando e infligiendo violencia sin consideración por la identidad de sus víctimas.» De nada valieron las argumentaciones. George H. Bush padre pagó las viejas deudas contraídas en su época de alto ejecutivo de la Agencia Central de Inteligencia yanqui (C.I.A.) con el miserable mercenario.

En este proceso de indulto a favor del asesino Bosch tuvo mucho que ver Jeb, uno de los hijos del ex presidente Bush padre, que luego resultaría gobernador del estado de La Florida y que en 1990 dirigía la campaña política de la cubano-americana Ileana Ros-Lethinen para su elección a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quien ahora, 18 años después, aboga también por el indulto a favor de los criminales Luis Posada Carriles y Eduardo Arocena.

Otro Bush, hermano de Jeb y nombrado George como su padre, también electo presidente de los Estados Unidos, siguió la saga de perdones a mercenarios de origen cubano, escondidos bajo las faldas de la bandera imperialista de las barras y las estrellas. A mediados de agosto del 2001 y a solo días del ataque criminal contra las torres del World Trade Center en New York, el recién electo presidente de Estados Unidos indultó a los mercenarios de origen cubano José Dionisio Suárez, conocido entre sus acólitos como “Charco de Sangre” –vaya usted a saber los avales que sustentan el mote- y a Virgilio Paz, condenados por el asesinato de Orlando Letelier, ex canciller chileno del derrocado gobierno de Salvador Allende y su secretaria norteamericana Ronni Moffit.

Virgilio Paz y Dionisio “Charco de Sangre” Suárez, de larga trayectoria terrorista en las filas de la contrarrevolución cubana, apoyada y financiada por la CIA y el State Department, participaron en la creación de la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (C.O.R.U.) el 11 de junio de 1976 en República Dominicana, junto a Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.

El 18 de noviembre del año 2000, también a instancias de las gestiones –y presiones- realizadas por la familia Bush, la ex presidenta panameña Mireya Moscoso, apenas 24 horas antes de concluir su mandato presidencial, indultó a los terroristas de origen cubano Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampol, Pedro Remón Rodríguez y Luis Posada Carriles, los que guardaban prisión por intentar dinamitar con explosivos C-4 las instalaciones del Paraninfo de la Universidad de Panamá, donde el Presidente cubano Fidel Castro daba un discurso ante dos mil personas, en el marco de la X Cumbre Iberoamericana. Hoy, todos disfrutan en Miami de la libertad que el Imperio ofrece a sus mercenarios.

Papeles son papeles

La historia de los indultos o perdones presidenciales en los Estados Unidos está plagada de controversiales decisiones que a criterio de algunos estudiosos, responden más a asuntos de conveniencia política que a corregir errores judiciales.  Desde que el presidente George Washington concedió los primeros perdones federales a varios líderes de la Rebelión del Whisky, entre 1791 y 1794 en protesta por los impuestos establecidos a las bebidas alcohólicas, se ha escrito y se ha dicho mucho sobre estos fallos.

Criticada fue la decisión de Gerald Ford al indultar al ex presidente Richard Nixon en 1974 después de ser inculpado por el escándalo Watergate que lo llevó al suicidio político. Se censuró la decisión de Jimmy Carter de indultar a los desertores de la guerra de Viet Nam, alarmó a muchos el perdón otorgado por George H. Bush (padre) a seis oficiales de la administración Reagan, involucrados criminalmente en el sonado caso Irangate y se cuestionó los 140 indultos otorgados por Bill Clinton en el último momento de su mandato. De cualquier manera, son asuntos de política doméstica que, estemos o no de acuerdo, merecen ser respetados.

Pero lo que si resulta bochornoso y denigrante para cualquier alto dignatario, sea de la corriente ideológica que sea, es otorgar perdones a criminales que se jactan públicamente de sus felonías, que sin un mínimo acatamiento de las leyes del país que los acoge como asilados, desarrollan sus actividades terroristas sin el menor respeto a la integridad física y la vida de sus ciudadanos.

Abominable es haber perdonado a Orlando Bosch, que dice sentirse feliz por el resultado de su monstruosa acción, junto a Posada Carriles, contra un avión civil cubano explotado en pleno vuelo con 73 seres humanos a bordo. Aborrecible es perdonar a dos asesinos que, sin respetar las convenciones internacionales, privan de la vida a un ciudadano extranjero que supuestamente, se acoge al amparo del país donde es asesinado a mansalva. Repugnante es presionar a un gobierno vecino para que se exonere de prisión a los criminales confesos de un frustrado magnicidio.

Ese es el nauseabundo record que presenta la familia Bush en su paso por la Casa Blanca al aplicar políticas contra Cuba. Esas son las verdaderas credenciales de una familia que no esconde sus intenciones de sembrar la muerte y el hambre en esta Isla del Caribe que no se amilana ni tiembla de miedo.

Que al término de su mandato presidencial el vaquero Bush decida indultar a dos asesinos de la calaña de Eduardo Arocena y Luis Clemente Posada Carriles, no sorprendería a nadie que conozca concienzudamente los estrechos lazos de la familia Bush con los peligrosos terroristas que tienen su centro de operaciones en el sur de La Florida. A fin de cuentas, quedan muchas deudas políticas que saldar con la fauna contrarrevolucionaria de Miami que se jacta de haberlo llevado al poder.

Un equívoco más del presidente norteamericano con más bajo perfil de inteligencia de toda la historia, es de esperar. Lo que si no dejaremos de hacer, es quitar el dedo de la llaga en esta guerra sin cuartel contra el terrorismo.

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